Jueves, 17 de julio de 2008

Elimina el gobierno coberturas para el precio del gas natural

■ Cambia el esquema por un mecanismo de deslizamiento, como en las gasolinas

■ Desde el 1º de agosto se aplicarán aumentos de 6.5% y más, hasta que se paguen 12.6 dólares, como el referente internacional

■ La decisión afecta a casi 10 millones de usuarios

Víctor Cardoso

Apenas un año después de haberse establecido el sistema de coberturas para el precio del gas natural con el propósito de proteger a los consumidores de la volatilidad de precios, el gobierno federal decidió eliminar de manera unilateral el esquema y cambiarlo por un mecanismo de deslizamiento, similar al que opera en el caso de las gasolinas.

De esta forma, el primero de agosto se comenzarán a aplicar aumentos –primero mensuales y luego anuales– de 6.5 por ciento o más, hasta cubrir la brecha entre el precio protegido por coberturas de 7.5 dólares y los 12.6 dólares que cuesta el referencial internacional.

Tentativamente el nuevo esquema se anunciará hoy de manera oficial, a pesar de la oposición de industriales y distribuidores, estos últimos mayoritariamente extranjeros. Sólo en lo que va de 2008 el precio de referencia del combustible se elevó 93.5 por ciento, al pasar de 6.51 dólares el millón de BTU (siglas de unidades térmicas británicas, una unidad calorífica de referencia en el mundo), a 12.60 dólares, pero en México los consumidores, por las coberturas adquiridas en 2007, sólo pagan 7.50 dólares.

La medida, se quejó el presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), Agustín Humann, afectará a casi 10 millones de usuarios de ese tipo de combustible, quienes se verán discriminados frente al subsidio que se otorga a los consumidores del gas licuado de petróleo (LP).

En tanto, Alfredo Phillips Green, presidente de la comisión de Energía de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), advirtió que la eliminar las coberturas desatará una escalada de precios, porque el sector industrial será el más afectado por el alza tarifaria.

Los industriales, dijo, sólo estarían dispuestos a aceptar un precio de 8 dólares por millón de BTU, es decir, un aumento de sólo 6.5 por ciento. “Hace algunos años se impulsó por todos los medios que la industria reconvirtiera sus procesos al uso de gas natural; en las principales cuidades del país se instalaron amplias redes de distribución para el uso residencial de ese combustible por ser más barato, menos contaminante y peligroso. Ahora que ya no se puede dar marcha atrás es cuando pretenden elevarlo de precio”, dijo.

Estira y afloja

Desde hace por lo menos un mes, representantes de las secretarías de Energía y Economía, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Petróleos Mexicanos (Pemex), distribuidores e industriales, iniciaron negociaciones para renovar el esquema de coberturas aplicado en 2007 y con miras que el precio del combustible continuara estable.

Sin embargo, las posiciones se mantuvieron polarizadas, e incluso alcanzaron lo que uno de los asistentes denomina “lucha fuerte” por evitar que el precio del gas natural en México se estableciera a partir del precio de referencia de ese combustible vigente en el sur de Texas.

El último encuentro, realizado el pasado martes, no se caracterizó por su tersura. Allí, se supo, los representantes de la CRE se concretaron a informar sobre el mecanismo que se aplicará en adelante, sin presentar mayores detalles.

La AMGN informó luego de la reunión que la CRE presentó una propuesta que “estaría por formalizarse” (al parecer este jueves) y en la que “no está claro aún si con ello se logrará evitar el impacto a los consumidores de este combustible. Tampoco tenemos la certeza de que se resolverá el problema estructural de largo plazo en los mecanismos para la fijación de los precios de los combustibles y su administración por decretos”.

El presidente del organismo, Agustín Humann, declaró su insistencia en mantener el esquema de coberturas financieras a precios de mercado, a pesar de no ser una solución a la discriminación y competencia desleal que existe para los consumidores del gas natural (residenciales e industriales) frente a los subsidios que se aplican a las gasolinas, diesel y gas LP, que en este último caso ronda el 50 por ciento.

Se calcula que el gas LP llega a más de 90 millones de mexicanos para uso doméstico, ya que ocho de cada 10 hogares utilizan este combustible. México ocupa el cuarto lugar mundial en el consumo de este gas y el primero en uso doméstico (el uso residencial representa 63.1 por ciento del consumo total; la industria utiliza 13.5 por ciento; 13.3 corresponde al sector del autotransporte; 8.3 a servicios, y 1.9 por ciento se consume en el sector agropecuario).

La demanda nacional de gas natural se cubre en 84 por ciento con producción nacional y en 16 por ciento con importación. Por ello, según Phillips Green, establecer un precio bajo no representaría un costo significativo para el país. Este combustible llega a 10 millones de usuarios, de los cuales 41 por ciento corresponden a la industria petrolera; 34 a la industria eléctrica; 23 por ciento a la industria, comercio y servicios y sólo 2 por ciento se utiliza en el segmento residencial.

 

Pemex deberá abrir información sobre los negocios de Mouriño

■ Ordena el IFAI a la paraestatal hacer públicos los contratos

■ La empresa argüía que tales documentos eran “inexistentes”

Elizabeth Velasco C.

Tras indagar que existen 108 contratos de franquicias, suministro y crédito suscritos entre Pemex Refinación y el corporativo Estaciones de Servicio del Grupo Energético del Sureste (ESGES), propiedad de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) efectuar una búsqueda exhaustiva de los contratos referidos y hacerlos públicos.

Durante la sesión pública de este miércoles, el comisionado ponente del recurso 1451/08, Alonso Gómez Robledo, destacó que pese a la declaratoria de inexistencia de los contratos suscritos entre Pemex e Ivancar y Grupo Energético del Sureste (GES), ambos de la familia de Mouriño Terrazo, se encontró lo siguiente:

La existencia de 16 contratos firmados entre Pemex Refinación e Ivancar, los cuales ya son del dominio público y están accesibles mediante el Sistema Informatizado de Solicitudes de Información (SISI), con el folio 1857600019108. Además hay 108 contratos más que revelan una relación comercial entre Pemex Refinación y el corporativo ESGES (al que pertenece GES), divididos entre 37 contratos de franquicia; 37 contratos de suministro y 34 cuatro contratos de crédito, por lo cual la paraestatal no puede negar la información referida.

Asimismo, en el recurso referido, en el cual se amplía la investigación que realizó el IFAI, se indica que el propio corporativo GES en su página electrónica sostiene que ha celebrado diversos contratos de franquicia con Pemex Refinación para la instalación de unas 40 estaciones de servicio.

A su vez, en el Directorio de Estaciones de Servicio y Estaciones de Autoconsumo, elaborado por Pemex Refinación en 2007, aparece registrada el corporativo ESGES, el cual cuenta con estaciones de servicio en Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

También hace hincapié en los 16 contratos relativos a la flota de camiones de transporte de combustibles que posee Ivancar para suministrar productos de Pemex a las estaciones de ESGES y GES.

Otras “incursiones”

Aunado a ello, en su página electrónica el grupo GES revela que ha incursionado en otro tipo de franquicias como Burger King, Church’s Chicken, Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorería Max, GES Autowash y Tiendas de Conveniencia Ges Express.

En el recurso, el IFAI advierte que es obligación de la gerencia jurídica de contratos de Pemex llevar el registro de “todos los convenios” que la paraestatal suscribe con entes privados, por lo cual declara su “extrañeza” sobre la declaración que la entidad realizó en torno a la “inexistencia” de tales documentos; revoca tal declaratoria y ordena una búsqueda exhaustiva de esos materiales.

Televisa-Creel, ¿Stalinismo o error?
jenaro villamil

MÉXICO, D.F., 15 de julio (apro).- En algún manual de aquellos que la propaganda del régimen soviético utilizaba para el control informativo, el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, habrá tomado la fantástica idea de ordenar que la imagen de Santiago Creel, presidente del Senado, se borrara de las transmisiones del debate sobre el foro energético. Claramente se observa esta operación, al estilo de Beria, el policía político de Stalin, en la emisión de Primero Noticias, del 2 de julio pasado.

Un día después de que Creel denunciara esa maniobra y a 13 días de que se detectara en pantalla, la empresa Televisa envió un comunicado para lamentar el incidente y puntualizar que “la producción del noticiario ya tomó las medidas pertinentes para que no se repitan este tipo de errores que, adujo, comprometieron nuestros propios criterios informativos”.

El comunicado de la empresa se produjo poco después de un tardío “extrañamiento” de la Dirección General de Radio y Televisión de la Secretaría de Gobernación que pidió explicaciones por la “anulación” de la imagen de Creel.

La denuncia de Creel no se trata de un caso aislado. Desde que Televisa y TV Azteca decretaron que Creel era un “traidor” por haber apoyado la reforma electoral, lo único que han logrado con sus maniobras cercanas a la “purga” ideológica es otorgarle al exsecretario de Gobernación foxista la credibilidad que perdió durante el sexenio pasado.

El caso de Santiago Creel tiene varias derivaciones que convienen apuntar:

1. Con demasiada frecuencia a Televisa y TV Azteca se les olvida que vivimos en una república y no en una dictadura de pantalla. Creen que su verdad es la verdad informativa. Lo único que han logrado con su grotesca censura, sus vendettas y la manipulación de los hechos es despertar un hartazgo en las audiencias. Ambas empresas podrán monopolizar 80% del rating, pero han perdido de manera acelerada la credibilidad. Sólo de esta manera se explica que un personaje como Santiago Creel –a quien han borrado de la pantalla desde hace casi un año-- siga siendo el panista con mayor índice de reconocimiento en casi todas las encuestas. La opinión pública ya no se guía únicamente por los índices de audiencia sino por la consistencia y credibilidad en las causas y en determinadas coyunturas.

Lo mismo ha sucedido con otros políticos, como Andrés Manuel López Obrador, que aún puede convocar a movilizaciones masivas en el Zócalo, sin que Televisa se ocupe mínimamente por informar –aunque sí editorialice constantemente- las acciones del autoproclamado “presidente legítimo”.

En sentido contrario, Televisa promueve a golpe de infomerciales a Enrique Peña Nieto, pero esto no le ha dado al góber precioso, la solidez para otorgarle la credibilidad necesaria. Podrá ser muy popular por guapo, pero sus propuestas son tan efímeras como un spot.

2. La censura a Creel y su cese grosero en la coordinación de la bancada del PAN fueron una maniobra consentida por el gobierno de Felipe Calderón. Pensaron que de esta manera, al atender los reclamos de Televisa y de TV Azteca, lograrían el apoyo necesario en la pantalla para promover su reforma energética.

La maniobra ha resultado ser un peligroso boomerang. La propaganda no es lo mismo que la información y los spots millonarios que la Presidencia de la República ha pagado en Canal 2 y Canal 13 no convencen ya a una opinión pública que mayoritariamente cree que las iniciativas de Calderón van en contra de los intereses de Pemex.

3. ¿Dónde estaba la Secretaría de Gobernación antes de la denuncia? ¿Por qué la dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía que cuenta con un monitoreo permanente hasta este martes envió un “extrañamiento” a Televisa?

Con demasiada frecuencia también se olvida que las concesiones que detentan las empresas de Azcárraga Jean y de Salinas Pliego son bienes públicos concesionados. Ellos podrán ser dueños de la infraestructura y de los activos de sus empresas, pero eso no justifica que manipulen la información, las imágenes y pretendan ignorar que existe un presidente del Senado, por muy mal que les caiga Santiago Creel.

Es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación vigilar la equidad, el respeto a la libertad de expresión, a las instituciones y al derecho a la información que deben ejercer las televisoras.

4. ¿Por qué el grupo de 15 escritores y comentaristas televisivos que han presentado amparos en contra de la reforma electoral no han escrito ni se han pronunciado frente a las maniobras de Televisa y TV Azteca? ¿Acaso no afecta a la libertad de expresión la descarada pretensión del duopolio televisivo de doblegar al Congreso para que no legisle –ahí está el caso de la iniciativa de Ricardo García Cervantes que frenaron el último día del periodo extraordinario-- o el ninguneo a Creel y a todo legislador que se atreva a criticarlos?

El silencio de este grupo de notables también tiene otra explicación. Es muy claro que ni a Televisa ni a TV Azteca les preocupa la libertad de expresión ni el derecho a la información. La mayoría de estos intelectuales trabaja en las televisoras y buscan congraciarse con sus dueños.

En realidad, les molesta que se haya puesto límites al mercadeo publicitario electoral. Prohibir la compra de spots con fines político-electorales no limita la libertad de expresión. La verdadera amenaza a esta libertad fundamental es la concentración monopólica y la impunidad televisiva.

Ninguno de estos destacados escritores y comentaristas se atrevió a condenar las maniobras de la Ley Televisa, ninguno osó criticar la salida de Carmen Aristegui de W Radio e, incluso, insistieron en que no se trató de un caso de censura. A muy pocos les parece grave que se acuse al Senado y a la Suprema Corte de Justicia de aplicar políticas fascistas, como cada noche hace el noticiario Hechos de TV Azteca.

¿No sería el caso de Creel una buena oportunidad de deslindarse de este estalinismo televisivo?

 


Publicado por solaripa69 @ 9:33
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