Viernes, 18 de julio de 2008

Compensa Pemex lo que grandes empresas no pagan al erario

■ En el sexenio de Fox se devolvieron $680 mil millones a consorcios, afirma González de Aragón

■ En el Senado, el auditor superior propone acabar con los regímenes impositivos especiales

■ Critica el alto grado de discrecionalidad en inversiones de la paraestatal en 54 de sus filiales

Enrique Méndez y Andrea Becerril

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, cuestionó ayer que la debilidad de recaudación del sistema tributario, que permitió en el sexenio de Vicente Fox devolver 680 mil millones de pesos a grandes empresas, se compensa con la transferencia cada vez mayor de los excedentes petroleros a la hacienda pública.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) desempeña una función básica de instrumento recaudatorio del gobierno federal, y entre 1995 y 2004 su carga fiscal tributaria fue de 3.3 billones de pesos”. A esto se añade, explicó, que el pasivo total por los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) es de 1.7 billones.

Al participar en el penúltimo de los foros de debate de la reforma petrolera, con el tema Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Pemex, el auditor resaltó que persiste un alto grado de discrecionalidad y opacidad en el manejo de las inversiones de la paraestatal en 54 empresas, cuyo valor ascendía a 6 mil 533.6 millones de pesos, en diciembre de 2004, y de las cuales 21 operan en el extranjero.

En el Senado, González de Aragón propuso acabar con los regímenes especiales a favor de las grandes corporaciones que, recordó, en 2004 pagaron sólo 74 pesos de ISR y 69 de IVA, en promedio. Cuestionó que los excedentes y el fondo de estabilización se utilizan con opacidad y discrecionalidad, y consideró inaceptable “que al amparo de la modernización estos factores incrementen su nivel de riesgo, que invita a la corrupción”.

Tal discrecionalidad, señaló, permitió un manejo poco transparente de los excedentes petroleros en la administración foxista, que ascendieron a 720 mil millones de pesos, y que en su mayoría se utilizaron para el gasto corriente del gobierno del Partido Acción Nacional. Detalló: 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, 14 a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa.

De la misma forma, explicó el auditor, se ha manejado el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, del cual el gobierno federal no ha acreditado debidamente la forma en que se ha aplicado. Más aún, expuso, el exceso de discrecionalidad de funcionarios de Pemex en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, derivó en la presentación de denuncias penales por un probable daño al erario de 3 mil 400 millones de pesos.

Como parte de su exposición, González de Aragón propuso que la reforma combata la opacidad, la corrupción y la impunidad existentes, mediante una cultura de rendición de cuentas y cero tolerancia a conductas indebidas.

Porque, refirió, a pesar de las denuncias que ha presentado la ASF ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, -éstas no han prosperado.

Confirmó que el área donde existe mayor opacidad en el manejo de las finanzas es en Pemex Internacional (PMI), que opera empresas en el extranjero “que no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia” en las cuentas públicas que entrega el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

En este caso, refirió que la petrolera no proporcionó, en la cuenta pública de 2004, informe de comisarios de 40 de sus filiales, no contaba con un esquema integral de administración que le permitiera tener el control de sus inversiones y, en el extranjero, no reportó su participación en la aseguradora Kot Insurance Co.

González de Aragón presentó otro ejemplo de discrecionalidad en la venta de acciones que Pemex tenía en Repsol, operación para la que utilizó –reveló– a la empresa RepCon Lux, como “vehículo financiero”, que emitió un bono por mil 373.7 millones de dólares con vencimiento a enero de 2011, a una tasa de 4.5 por ciento anual, y mediante la cual la paraestatal cedió a los tenedores la plusvalía.

El auditor presentó una serie de propuestas para lograr “una reforma de fondo” que beneficia a la paraestatal, entre ellas mejorar la administración y recaudación tributaria; mantener como irrenunciable la facultad del Congreso de revisar y fiscalizar a Pemex; fortalecer la autonomía y ampliar las facultades del órgano fiscalizador para que imponga sanciones administrativas y económicas; destinar los excedentes a inversión; reducir la burocracia y los trámites, así como revisar a fondo el régimen laboral de la empresa.

Porque, alertó, su pasivo laboral ascendió, al cierre de 2007, a 528 mil millones de pesos, equivalente a 4.7 por ciento del PIB. En ese mismo año, dijo, se erogaron 24 mil millones, en ese rubro, que representa 45 por ciento de la nómina.

Imperan en Pemex opacidad y corrupción
jenaro villamil

México, D.F., 17 de julio (apro).- El Auditor Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, exhibió hoy la opacidad y la corrupción que imperan en Petróleos Mexicanos, males que, dijo, no se resolverán con las seis iniciativas presentadas al Congreso por el presidente Felipe Calderón.



Durante su participación en el vigésimo foro sobre la reforma energética en el Senado, González de Aragón destacó que es urgente mejorar “la eficacia recaudatoria del Estado”, para liberar a Pemex de una carga fiscal que representa 60% de sus ingresos, mientras que existen 50 grandes contribuyentes en el país que sólo pagaron 74 pesos en Impuesto sobre la Renta y 67 pesos de IVA el año pasado.

El titular de la ASF también señaló que existen 54 empresas donde Pemex tiene inversiones accionarias, con valor de 6 mil 500 millones de pesos, y sólo 13 operan como paraestatales, y 21 operan en el extranjero, sin rendir cuentas.

“Todas estas empresas operan bajo un esquema que limita la información de sus operaciones”, advirtió González de Aragón, quien señaló que como resultado de la fiscalización efectuada por el organismo a su cargo, “Pemex no proporcionó informes de comisarios de 40 empresas filiales, no tenía un esquema integral de administración que le permitiera el control de gestión de sus inversiones, no proporcionó documentación comprobatoria de las autorizaciones del Consejo de Administración para invertir en 9 empresas”.

Una de las inversiones de Pemex en una empresa ubicada en el extranjero, emitió un bono por mil 374 millones de dólares, con vencimiento en enero del 2011, a una tasa de cuatro y medio por ciento anual, y “cedió a los tenedores de los bonos los beneficios de la plusvalía que podía tener 58.7 millones de acciones de la empresa Repsol, que era propiedad de Pemex”, subrayó el auditor.

Indicó también que el “fondo de estabilización de ingresos petroleros”, creado con remanentes de la recaudación fiscal del 2000, ha tenido un manejo discrecional, “sin acreditar debidamente las aplicaciones”.

Los datos proporcionados por González de Aragón cayeron como balde de agua fría en el recinto del Senado. Los legisladores del PAN no pudieron rebatir estas cifras y hasta el funcionario de Pemex presente en este debate, Gabriel Moctezuma Muñoz, fue corregido por el Auditor Superior, quien le aclaró que la deuda por concepto de Pidiregas (proyectos de impacto diferido) asciende a 1 billón 700 mil millones de pesos y no a la mitad.

Agregó que tan sólo el pago de su servicio representará 103 mil millones de pesos, gasto que se duplicará en el 2012, cuando llegue al nivel máximo de 204 mil millones de pesos.

“Se detectó opacidad, complejidad y confusión en las inversiones de Pemex en acciones de empresas nacionales y extranjeras, con múltiples fines, de las cuales 21 de ellas no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia en la Cuenta Pública”, sintetizó González de Aragón.

El auditor también informó, en contraste con las cifras oficiales de Pemex, que, al cierre de 2007, el pasivo laboral de la empresa ascendió a 528 mil millones de pesos, equivalente a 4.7% del PIB.

La disminución de sus reservas implicará que en los próximos diez años “Pemex presentará serias dificultades para enfrentar su pasivo laboral”, advirtió.

González de Aragón propuso que se mantenga como “irrenunciable” la facultad del Poder Legislativo de fiscalizar a Pemex, fortalecer la autonomía y ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para que “imponga sanciones administrativas y económicas”, así como revisar a fondo el régimen laboral de Pemex, “incluyendo su relación con el sindicato y su sistema de pensiones.

Críticas y denuncias a la corrupción de contratos

Los datos proporcionados por el Auditor Superior se sumaron a las duras críticas que expresaron en el foro el priista Mariano Palacios Alcocer, el representante del “gobierno legítimo”, Octavio Romero Oropeza, así como el representante de la organización Fundar, especializada en rendición de cuentas, Jorge Romero León.

En especial, Romero Oropeza documentó distintos casos “desastrosos” de contratos con la iniciativa privada que ha tenido la paraestatal. Subrayó que en el periodo del gobierno de Vicente Fox, las reservas bajaron de 38 a 28 años, es decir, en seis años disminuyeron 10 años.

Romero Oropeza criticó el proyecto de abrir el capital privado para explorar en aguas profundas. Calculó que cada uno de los dos mil pozos que prevé licitar la Secretaría de Energía en el Golfo de México, tendrá un costo de 20 a 30 millones de dólares, es decir, 20 mil millones de dólares durante los próximos 12 años y el porcentaje de éxito será de sólo 15%, en comparación con las inversiones más baratas y seguras que se deben realizar en aguas someras.

“Han sido un fracaso los contratos de servicios”, indicó el exoficial mayor del Distrito Federal, en especial, en Chicontepec, donde se otorgaron en 2003 contratos a las empresas Schlumberger (de Francia) y Halliburton de Estados Unidos). Sólo se incrementó 6% la producción y la inversión se incrementó en 70%, advirtió.

El perredita Graco Ramírez, durante el mismo debate, denunció que existe una empresa Pemex Service North America, que opera en la opacidad, con contratos of shore, al tiempo que Pemex Internacional (PMI) contrata deuda en el extranjero sin pasar por el permiso.

Específicamente, Graco Ramírez, vicepresidente de la Comisión de Energía, denunció que el funcionario de Pemex, Sergio Guaso, quien estuvo en el décimo tercer debate, mantiene una “íntima relación” con despachos de consultores a los que se les han pagado 200 millones de dólares y que, a su vez, defienden los intereses de grandes empresas como Mobil, Exxo o Texaco.

Por su parte, el exdirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, criticó como “poco convincente” la propuesta presidencial de crear un Comité de Transparencia y Administración, dependiente del nuevo Consejo de Administración en Pemex, en donde sus consejeros sólo actúen tiempo parcial. Reclamó que sean de tiempo completo y que sus sesiones sean públicas.

Palacios Alcocer criticó la fiscalización que ha realizado la Secretaría de la Función Pública sobre Pemex, porque duplica funciones y no genera una auténtica autonomía.

Sobre el tema de autonomía de gestión, Palacios también consideró “del todo insuficiente”, el articulado propuesto por Felipe Calderón para “regular las contrataciones de obras, de servicios y adquisiciones de la empresa, facultad del Consejo de Administración para quien defina el régimen correspondiente”.

Por su parte, Jorge Romero León, representante de la organización Fundar, criticó la opacidad existente ahora en Pemex, pero también advirtió que el Comité de Transparencia y Auditoría no garantiza que las decisiones sigan siendo discrecionales.

“La iniciativa presidencial no incrementa, además, la autonomía de gestión y operación de la empresa, por el contrario, incrementa el margen de acción y discrecionalidad del Ejecutivo en la toma de decisiones de paraestatal”, afirmó Romero León.

El especialista sugirió la creación de una “fiscalía especial para atender casos de corrupción”, así como un nuevo esquema de contrapeso legislativo para darle mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación y establezca mecanismos de control.

Tibia defensa

Ante la contundencia de las cifras, las críticas a la iniciativa presidencial que no garantizará mayor transparencia, la defensa fue tibia y corrió a cargo del consejero presidente del IFAI, Alonso Lujambio; del gerente de Pemex-Gas, Gabriel Moctezuma Muñoz; del especialista Roberto Zavala Echavarría; y, en menor medida, de Alberto Núñez Esteva, quien habló a favor de la consulta vía Internet que ha realizado su organización Sociedad en Movimiento.

Lujambio destacó que Pemex es la tercera entidad con mayor número de solicitudes de acceso a la información en el IFAI, con 13 mil 235, pero indicó que es muy compleja la labor de transparencia y rendición de cuentas ante la paraestatal. Se han emitido 862 resoluciones de los consejeros para conocer las cuentas de la paraestatal.

Lujambio consideró positivo la creación del Comité de Transparencia y Administración, al cual consideró “vanguardista”, a pesar de que en el debate 6 de los 8 participantes destacaron que este organismo no garantiza una mayor rendición de cuentas y sí una mayor discrecionalidad, ya que sus consejeros dependerían de la designación presidencial.

Por su parte, Moctezuma Muñoz se limitó a reseñar las propuestas de nueva estructura de organización en Pemex, con la incorporación de cuatro nuevos consejeros “independientes” al Consejo de Administración de la paraestatal, designados por el Ejecutivo federal, la emisión de “bonos ciudadanos” y “mecanismos innovadores” para la contratación de obras y servicios.

A diferencia de otras sesiones, los legisladores del PAN no orientaron sus baterías contra los críticos de las propuestas presidenciales. Rubén Camarillo, senador del PAN, exhortó a que todas las irregularidades expuestas se traduzcan en denuncias penales y le discutió al auditor superior, González de Aragón, sus cálculos sobre el incremento del pasivo laboral.

 

Llama AMLO a responder no en la consulta petrolera

■ El país, en grave peligro con las iniciativas de Calderón, afirma

■ La privatización significaría cancelar el futuro, sostiene en Coahuila

Fabiola Martínez (Enviada)

Sierra Mojada, Coah., 17 de julio. Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a que responda “no” a las dos preguntas incluidas en la consulta ciudadana sobre las iniciativas de reforma energética.

Argumentó que el país está en “grave peligro” con las iniciativas enviadas por Felipe Calderón a la Cámara de Senadores, en las que propone “entregarle a un pequeño grupo de mexicanos y sobre todo a extranjeros, el derecho de apropiarse de los beneficios que sólo deben corresponder al pueblo de México”.

En el arranque de su gira 68 (en el contexto de visitar todos los municipios del país), el político tabasqueño viajó a la zona árida de esta entidad, colindante con Chihuahua, donde existen comunidades aisladas, pobres, en medio de prósperos establos de la industria lechera; pueblos con calles semivacías, en las que transitan principalmente niños, mujeres y viejos, porque los jóvenes optaron por emigrar al norte.

Aquí, López Obrador empezó a difundir entre los brigadistas del movimiento en defensa del petróleo y los adherentes al “gobierno legítimo de México” una carta en la cual alienta a participar en la consulta que se realizará en todo el país en tres etapas: 27 de julio, 10 y 24 de agosto.

“Por eso te invito a que en la consulta que se llevará a cabo el domingo 27 del presente mes, digas NO a la participación de empresas privadas en la industria petrolera y NO a la reforma energética entreguista que se debate en el Congreso de la Unión (&hellipGui?o No permitas que nos roben el derecho a la esperanza”, expresó.

Al igual que lo hace en los mítines, en la misiva advierte sobre los estragos de la política económica aplicada en el país durante los 25 años recientes que ha derivado en una desigualdad sin precedentes.

“De 1982 a la fecha –precisó– se han privatizado más de mil empresas públicas y es cosa de preguntarnos: ¿en qué se ha beneficiado la mayoría de los mexicanos? La verdad es que sólo se ha profundizado la desigualdad y la corrupción.”

Agregó que a pesar de esta amarga realidad, por la ambición al dinero los potentados y sus representantes en el gobierno están empeñados en continuar con la misma política entreguista y de privilegios, como lo demuestra el hecho de que ahora quieren apoderarse de la industria petrolera nacional.

Eso, se advierte en la carta firmada por el “presidente legítimo”, llevaría a más pobreza, desempleo, frustración, inseguridad y violencia.

“En pocas palabras, la privatización del petróleo significaría apostar a la destrucción del país y cancelar el futuro de millones de mexicanos, sobre todo de las nuevas generaciones.”

Desde noviembre pasado, López Obrador ha señalado, en sus recorridos por el país, los riesgos de entregar la industria petrolera al capital privado.

Este jueves, temprano, en el ejido Gilita, municipio de Viesca, el ex candidato presidencial escuchó los problemas cotidianos de la gente: desempleo, contaminación del agua y abandono del campo.

Más tarde, en el ejido Coyote, municipio de Matamoros, alertó sobre los riesgos de la unión entre PRI y PAN y de los intentos frustrados del blanquiazul por aprobar “en madruguete” la reforma a Petróleos Mexicanos: “Arriba se ponen de acuerdo; comen en el mismo plato”, expresó, y afirmó que “hubiera sido un error negociar con los que nos robaron”.

López Obrador recorrió municipios coahuilenses acompañado, entre otros, por Arturo Babún, presidente municipal de San Pedro de las Colonias, quien, a diferencia de otros perredistas de la región, ha resistido –como expresó el tabasqueño– a los intentos de quienes “le han querido agarrar la pierna, lo han querido manosear, políticamente hablando, pero no se deja”, dijo en referencia al intento del PRI por llevarlo a sus filas.

En Matamoros y más tarde en Sierra Mojada, López Obrador criticó a Calderón y al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, porque carecen de autoridad moral y se están revelando como ineptos, señaló.

De Mouriño aseguró que posee una riqueza mal habida, sustentada en el tráfico de influencias, y de Calderón indicó que mantiene al país en una situación muy lamentable de desempleo, inseguridad, carestía y violencia.

–¿Dónde está Calderón?

–No sé dónde está; aparece, pero como si no existiera.

El ex candidato de la coalición Por el Bien de Todos ha recorrido en esta etapa aproximadamente mil 400 municipios y en los próximos tres días difundirá su carta para invitar a la población a que participe en la consulta ciudadana en 16 municipios más de Coahuila, zona gobernada en su mayoría por el PRI.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:49
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