Lunes, 21 de julio de 2008

Quedan fuera de la UNAM y del Poli más de 91% de estudiantes

■ Entran a la universidad 14 mil 677 alumnos de los 167 mil 668 que hicieron el examen

■ Sin un lugar, 48 mil 890 jóvenes que pretendían ingresar al Politécnico Nacional

Karina Avilés

De los 167 mil 668 aspirantes que realizaron examen para ingresar en una de las carreras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el ciclo escolar 2008-2009, 152 mil 991 (91.2 por ciento) no tendrán un lugar, mientras que sólo 14 mil 677 (8.7 por ciento) lograron acceder a la máxima institución educativa del país.

En tanto, 48 mil 890 aspirantes a la educación superior en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tampoco obtendrán un espacio. En suma, serán casi 200 mil jóvenes, entre los solicitantes de la UNAM y el Poli, los que quedarán fuera del sistema educativo si no tienen otra opción.

En el primer periodo del examen de la máxima casa de estudios, cuyos resultados se dieron a conocer en abril pasado, 96 mil 10 jóvenes quedaron fuera y, en el segundo periodo, cuyos resultados fueron difundidos ayer, 56 mil 981 alcanzaron lugar, lo que en conjunto suma 152 mil 991. En contraste, en la primera fase sólo fueron seleccionados 8 mil 804 y en la segunda 5 mil 873, que hacen un total de 14 mil 677.

De acuerdo con los resultados de esta segunda etapa, publicados ayer en la Gaceta UNAM, de los 5 mil 873 alumnos aceptados (9.3 por ciento) apenas 30 lograron obtener más de 110 de los 120 puntos que tiene la prueba.

El estudiante con el mejor desempeño alcanzó 116 aciertos e ingresará a la Facultad de Medicina (FM) en Ciudad Universitaria (CU), mientras el resultado más bajo fue de un aspirante a la carrera de pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores (FES)-Acatlán, quien apenas tuvo 11 aciertos.

La Facultad de Ingeniería en CU fue la dependencia más exigente, al establecer 104 aciertos como mínimo para ingresar a la carrera de ingeniería en mecatrónica, mientras la FES-Cuautitlán pidió el menor número de aciertos: 46 puntos para ingresar a la carrera de ingeniería eléctrica.

En esta segunda fase se registraron un total de 62 mil 854 aspirantes. De ellos, 56 mil 981 (90.6 por ciento) no obtuvieron un sitio, en tanto sólo 5 mil 873, (9.3 por ciento) fue aceptado. La oferta de lugares fue de 5 mil 930.

Los puntajes más altos, de 110 puntos o más, se ubicaron entre aspirantes a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, las facultades de Medicina, Filosofía y Letras, Ciencias, Química, Ingeniería y Odontología.

Por el contrario, los puntajes más bajos se localizaron entre aspirantes a las FES Acatlán, Cuautitlán, Aragón y Zaragoza, quienes obtuvieron de 11 a 18 aciertos.

En la Facultad de Medicina –donde se ubicó el estudiante con mayor número de aciertos–, el puntaje más alto fue de 116, y el más bajo, de 22. En Filosofía y Letras, donde un alumno logró 115 aciertos, el rango más bajo fue de 24 puntos. Mientras que en Ingeniería, el puntaje más alto fue de 115 aciertos y el menor, de 20.

Por su parte, el IPN informó ayer que el próximo martes difundirá los resultados del Proceso de admisión a nivel superior 2008-9, en el que 72 mil 890 jóvenes presentaron el examen para aspirar a uno de los 24 mil espacios. De esta forma, 48 mil 890 alumnos se quedarán sin lugar.

 “En la lucha popular hay que ser terco”

■ Doña Mere, símbolo de justicia en Chimalhuacán

René Ramón (Corresponsal)

Chimalhuacán. Méx., 2 de julio. Emerenciana López Martínez se ha convertido, en el último cuarto de siglo, en la única esperanza para los pobres de este lugar para quienes no existe la impartición de justicia. Pese a que estudió sólo la primaria, es respetada por policías, agentes ministeriales, jueces y organismos internacionales, y todo gracias a su labor altruista.

Hoy está sola, enferma, vive en la pobreza y con los años encima ya piensa en el retiro en su vivienda. Esta mujer longeva, ganadora de la presea Isidro Fabela, otorgada al mérito ciudadano. Ahora quisiera el apoyo de sus hijos a quienes, reconoce, descuidó durante estos años de lucha, donde no obtuvo gratificación alguna, lo cual, dice, no espera, pues “hay que dar hasta que te duela; sino, mejor no das nada”.

Pese a su estado de salud, la mayor preocupación para la originaria de San Luis Acatlán, Guerrero, es morir y que se pierda el trabajo que logró consolidar en la defensa de los derechos humanos y la familia. “Yo quisiera que alguien aprendiera, que se enseñara; pero la gente trabaja por dinero. Yo no tengo un salario; pero cualquier persona pasa a verme y me deja 20 o 30 pesos y después de casi tres décadas estoy haciendo mi casa, pero así –enferma– se me hace que ni siquiera la voy a estrenar.

“Y no falta quien me dé arena, grava, cemento o algunos pesos, pues la gente sabe que yo trabajo a la hora que me busquen”. Dice que no sabe a cuánta gente ha ayudado, aunque menciona algunos casos: “una niña abandonada vivió conmigo más de 18 años. También seis chamacos adoptivos, pues el papá dejó a la mamá y a los niños. Ya crecieron, una se casó y se fue a vivir a Acapulco. Otros están en Estados Unidos y me hablan, yo con eso me conformo”, dice.

Menciona que sí ha puesto en peligro su vida pues “hay gente que cree que uno lo hace por maldad”. Dice que cuando ayudó a una señora, su esposo llegó con pistola en mano, y gritaba “¡salte!, ¡salte!” Yo le dije aquí no escondemos a nadie, que su mujer “se vino a refugiar aquí por sus fregaderas”.

–¿Qué la hace diferente a un abogado?–

–El abogado hace su trabajo, hace lo que puede y cobra su dinero. En esto de lo social hay que ser terco. –“El abogado nada más (llega) hasta donde puede y uno como defensora popular trabaja muchas cosas que el abogado no trabaja. –“Yo no dejo los casos hasta que se solucionan; ahí está el caso del Pista –un extinto asesino serial– que al salir de la cárcel otra vez traía su lista y decía que yo era la primera, pero Dios no se lo concedió, lo mataron y, ¡zas! se acabó.

Dice que desde que vivía en Guerrero le gustaba servir a la gente y que hizo lo mismo cuando llegó a vivir a Santa Elena: “empecé a organizar a las mujeres, pues los hombres se iban a trabajar, nos quedábamos solas, andábamos detrás de las pipas de agua potable. En esa época Gilberto de Jesús Peralta González, de 19 años de edad, era comandante de la delegación de Santa Elena, y fue cuando empezaron los asaltos y las muertes”.

Señala que su lucha le ha permitido viajar, conocer a otras mujeres preparadas que luchan. Ha viajado a Cuba, Guatemala, El Salvador, y a Nueva York y Washington, en Estados Unidos.

Reconoce que su salud no es buena: “ando mal de mí estómago, de mis riñones, tengo 18 años de diabética”. Menciona que quisiera dejar su legado a Rocío, su hija, que vive en Estados Unidos, “porque es luchona, porque no hay como una mujer para esto”. Se necesita que sea una mujer porque a un hombre, ¡lo matan!”

 

Las revelaciones de Creel

En medio de su batalla más ruda, librada en contra de Televisa y de TV Azteca, y ante el silencio del gobierno de su correligionario Felipe Calderón, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Santiago Creel, revela los hechos que desembocaron en su desencuentro con el poder mediático y con el grupo que encabeza la presidencia del PAN, publica Proceso en su edición 1655.

En una extensa entrevista con Proceso, Creel responde a los cuestionamientos sobre su papel como secretario de Gobernación en la administración foxista, en torno a su precandidatura a la Presidencia de la República y acerca del “error de edición” del martes 15 cometido por los técnicos de la empresa de Emilio Azcárraga Jean para borrarlo de la información de los foros de debate energético.

En cuanto a la polémica Ley Televisa, Creel sostiene que las presiones de la empresa televisiva para lograr una enmienda similar provienen de 2002, año en que él favoreció el “decretazo” como un “mal menor” y se interrumpieron las mesas de diálogo en torno a la nueva ley de medios.

También admite que fue “inoportuno” haber otorgado 198 permisos para juegos y sorteos, 130 de ellos a una empresa filial de Televisa, en mayo de 2005, hecho que “despertó suspicacias” sobre una posible alianza entre él y el consorcio televisivo en busca de la candidatura presidencial del PAN.

Tres años después de estos hechos, Creel reconoce que “la estructura monopólica del juego no se ha modificado y estamos ante el enorme riesgo que apunta al crimen organizado”, destaca Proceso en su número 1655.

 

 

La autocracia de Calderón

 

En México, los representantes “populares” –como el presidente Felipe Calderón, considerado espurio por un amplio sector social– son inamovibles. Luego de emitir su voto, los ciudadanos carecen de mecanismos legales para incidir en las decisiones que toman sus gobernantes y legisladores, aun cuando éstas contravengan a la Constitución o el principio filosófico del Estado: el bien común

Nancy Flores. 

Veinticuatro meses después de ganar las cuestionadas elecciones del 2 de julio de 2006, con una diferencia a su favor de menos de un punto porcentual, Felipe Calderón Hinojosa aún se sostiene en la Presidencia de la República. El 1 de diciembre de ese año asumió el máximo cargo de elección popular, bajo el estigma del fraude y con el apoyo del Ejército.
Ni él, ni los gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca; Juan Sabines, de Chiapas (considerados represores del activismo social y pacífico); el góber precioso de Puebla, Mario Marín (que usara el aparato de administración de justicia a favor del empresario Kamel Nacif); Emilio González, de Jalisco (quien financiara con recursos públicos la novela Las tontas no van al cielo, de Televisa), pueden ser destituidos de sus cargos por la vía legal.
Para juristas y legisladores consultados, el problema es que en México la democracia no es participativa, sino representativa. A diferencia de Europa occidental y América Latina –donde los representados tienen garantizadas, entre otras, las figuras de revocación del mandato, plebiscito, referéndum, asamblea participativa e iniciativa popular–, en México el papel del ciudadano se reduce al voto.
Cada trienio o sexenio, los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus representantes, pero carecen de mecanismos para exigirles que cumplan las promesas de campaña. Al cerrarse los caminos legales, la única posibilidad para descargar la disconformidad social, respecto de las decisiones gubernamentales y legislativas, es la rebelión.
—El proceso de descomposición que sufre el Estado mexicano ha ido cerrando, paulatinamente, todas las posibilidades de transformación por la vía legal –explica el abogado Juan de Dios Hernández Monge–. El fraude electoral de 2006, que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral de la Federación y el Instituto Federal Electoral no vieron, es un ejemplo.
Al saberse a salvo en sus puestos de elección popular, pues ninguna ley faculta a los mexicanos para revocarles el mandato, los gobernantes y legisladores privatizan los bienes nacionales, reforman las leyes para relajar la soberanía nacional, firman tratados internacionales en detrimento de la nación, aumentan las tarifas de los servicios públicos, solventan las deudas privadas con el erario y criminalizan la protesta social.
—El Estado mexicano nunca ha sido el representante de la sociedad, es el representante político del capital. Los intereses que representan los poderes de la Unión son los fácticos, por desgracia, del capital extranjero –explica Hernández Monge, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas–. Ejecutivo, Legislativo y Judicial realizan funciones exactamente a la inversa de lo que es el fin filosófico del Estado, de buscar el bien común.
Miguel López Olvera, doctor en derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que en la actualidad sólo hay dos mecanismos para destituir a los funcionarios que incumplen sus deberes o actúan en forma contraria a éstos: la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y el juicio político.
Respecto de este último, reconoce que al estar en manos del aparato legislativo, sea federal o estatal, muy pocas veces prospera. Menos aún cuando se trata de juicio político por traición a la patria.
—La traición a la patria se establece en la Constitución pero es un concepto jurídico indeterminado: podría tener muchas interpretaciones, es muy ambiguo. Por ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría haber constituido traición a la patria. Algunos podrían considerar como traición a la patria privatizar a Petróleos Mexicanos. Entonces, bajo ese mecanismo no es viable (la destitución del cargo). La gente podría considerar al presidente como traidor a la patria, pero éste no es el que aprueba las leyes y las reformas, él propone al Congreso, pero finalmente los que las aprueban son los legisladores y es a ellos a quienes se tendría que juzgar.
La revocación del mandato
López Olvera explica que en las democracias participativas, cuando los ciudadanos están inconformes con el actuar de sus mandatarios, se aplica la revocación del mandato. Agrega que “si en un periodo determinado las autoridades no están cumpliendo con las expectativas que tiene el ciudadano, éste puede promover que se les separe del cargo”.
Por ello, opina, “hace falta revisar todo el marco legislativo de México, para adecuarlo a un verdadero estado de derecho democrático”.
El experto en derecho administrativo y procesal indica que es facultad del Poder Ejecutivo garantizar los mecanismos de participación ciudadana, con base en la garantía de audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, según la propia interpretación de la SCJN:
“Nadie podrá ser privado de su libertad, propiedades o derechos si no mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
De acuerdo con López Olvera, esta garantía implica que antes de que se dicte cualquier acto de una autoridad –sea el Congreso, un juez o una autoridad administrativa– se tiene que dar la oportunidad a las personas para que expresen lo que a su derecho convenga y que ofrezcan pruebas, en apego a la Constitución. Añade que, en países como Argentina y Brasil, la garantía de audiencia es la base jurídica de los mecanismos de participación ciudadana.
No obstante, el diputado perredista David Mendoza –quien promoviera en diciembre de 2006 una de las más de 10 iniciativas que se han discutido en el Congreso para legislar la participación ciudadana– considera necesario reformar los artículos 40 y 73 constitucionales: sólo así el Congreso tendrá la facultad de legislar la democracia participativa. De lo contrario, no hay algún fundamento legal.
Para el legislador, en el marco jurídico vigente no hay referencia que sustente los mecanismos de participación ciudadana. Por tanto, dice, la democracia participativa debe estar considerada como un principio de la República en
la Constitución.
Los mecanismos
Aunque en la democracia participativa el ciudadano tiene un papel activo –está facultado para incidir en las decisiones gubernamentales y fiscalizar la actuación de los mandatarios, desde el presidente de la República hasta los cabildos municipales–, el diputado por el Partido Acción Nacional Gildardo Guerrero considera que el sistema representativo es suficiente.
El legislador explica que, en el ámbito internacional, los mecanismos de participación ciudadana son poco utilizados. El principio de representación, por medio de la Cámara de Diputados y del propio Ejecutivo, se tiene para que estos poderes “tomen las decisiones que tengan que tomar sin que todo lo estén preguntando, porque para eso fuimos elegidos”, indica.
Agrega que los ciudadanos mexicanos pueden participar a través de los partidos políticos. “Nosotros buscamos la democracia perfecta, que implica que la soberanía resida en el pueblo, pero mientras no haya un avance en la cultura democrática pues vemos estos mecanismos con una amplia duda”.
El abogado Juan de Dios Hernández Monge advierte que, si bien es cierto que los legisladores son representantes populares, en la práctica no se conducen como mandatarios sino como mandantes. “Los mandatarios son los que cumplen las órdenes del mandante, que es la ciudadanía, pero en este país si acaso acuden con los ciudadanos es cuando son candidatos y están en campaña electoral; una vez electos, jamás se vuelven a parar frente a sus representados. Se convierte en una autocracia (sistema de gobierno absoluto en el cual la voluntad de una sola persona es la ley suprema) y no en una democracia”.
En el caso de los legisladores, explica, un verdadero representante popular es aquél que antes de votar una ley, una reforma constitucional o legislativa acude a su distrito, expone el hecho en cuestión, escucha a sus representados y, con base en lo que éstos deciden, emite su voto. Esto, advierte, no existe en México.
De acuerdo con una investigación del diputado David Mendoza, 26 de las 32 entidades federativas del país contemplan en sus constituciones la participación ciudadana y dos más cuentan con una o varias figuras. No obstante, el abogado Hernández Monge indica que los mecanismos de participación ciudadana vigentes buscan avalar las decisiones gubernamentales.
En el Distrito Federal, ejemplifica, “los ciudadanos somos convidados de piedra, porque son mecanismos de control que más que propiciar la participación ciudadana buscan controlar con fines específicamente electorales a la población. La realidad es que hay un divorcio absoluto entre los órganos del Estado y los supuestos representados”.
—Una de las propuestas centrales de La Otra Campaña es un nuevo congreso constituyente y una nueva constitución: en dicho pacto político se buscaría incorporar elementos que permitieran la revocación automática del mandato y la rendición de cuentas permanente –detalla Hernández Monge–. La base de la democracia, dice, es el principio de “mandar obedeciendo”, que ya se aplica en las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas.
Para el jurista López Olvera, tener ciudadanos que vigilen la actividad de los poderes del Estado es muy benéfico para toda la sociedad. “Los ciudadanos que estamos inconformes con la actuación de los servidores públicos tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y que se respete la ley”.
—La mayor ventaja de la participación ciudadana es que podemos tener la opinión de todas las personas a favor y en contra (respecto de un tópico específico), y eso es lo que implica la democracia: que todos puedan participar.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:36
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