Mi?rcoles, 23 de julio de 2008

Convocan a evitar que tribunales externos decidan sobre PEMEX.

 

■ El plan de Calderón responde a presiones de Estados Unidos, afirman analistas

■ Establece el dominio de las trasnacionales, afirma Bartlett Díaz

■ Va contra la tendencia a nacionalizar los energéticos, sostiene Jalife-Rahme

■ El rechazo es mayoritario: Flores Olea

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Ampliar la imagen Aspecto del último foro de debate sobre la reforma energética en la Cámara de Senadores Foto: José Carlo González

Durante el último foro de debate sobre la reforma petrolera, Manuel Bartlett Díaz, Alfredo Jalife-Rahme y Víctor Flores Olea alertaron sobre los riesgos de aprobar las iniciativas del Ejecutivo federal, porque responden a presiones económicas y geopolíticas de Estados Unidos y, en contra de la tendencia mundial de nacionalizar los recursos energéticos, proponen la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el foro realizado en el patio central de la Cámara de Senadores, Bartlett Díaz pidió a los legisladores dictaminar contra “las iniciativas del Ejecutivo”, porque vulneran la soberanía nacional y establecen el dominio de las trasnacionales.

El embajador Flores Olea, a su vez, reivindicó la consulta ciudadana sobre las iniciativas en materia energética, que se realizará el próximo domingo, e hizo un exhorto a quienes votarán la reforma a “no permanecer sordos a algo que ya se presenta como el clamor de las inteligencias de este país, que es el rechazo mayoritario a las iniciativas de Calderón”.

Contra la privatización silenciosa

Fue el foro número 21, con el tema Relaciones con compañías extranjeras y jurisdicción de tribunales extranacionales, y ahí el analista Jalife-Rahme recalcó que el último “recurso tangible” que queda a Pemex “para no pasar a la irrelevancia como una vulgar franquicia de las trasnacionales”, es “la preservación absoluta e integral de sus hidrocarburos”. Eso significaría, afirmó, obtener “la segunda independencia”.

Sin embargo, recalcó, “la reforma calderonista”, contra la tendencia de “los tiempos presentes” de “desprivatización y restatización” de los hidrocarburos, pretende decretar “la privatización silenciosa y oficiosa de Pemex” frente a competidores globales de menor ranking, como la española Repsol.

Al presentar su ponencia, Bartlett Díaz recalcó que “el plan Calderón” asume “dócilmente” un nuevo orden internacional petrolero, impuesto por los países consumidores de crudo, por el que se protege la inversión por encima del recurso natural.

El político priísta y ex senador de la República insistió: dentro de la red de tratados y contratos que conforman el “nuevo orden internacional del petróleo”, la pieza clave es la imposición del arbitraje internacional, ya que sustrae el petróleo de la jurisdicción nacional, obligando a los países a someterse a tribunales extranacionales, creados por ellos, en los que se imponen los privilegios concedidos a la inversión, bajo la amenaza de sanciones, embargos”.

De esa forma, explicó, cualquier cambio que pretenda el país productor es impugnado en el exterior, y la soberanía legislativa, administrativa y fiscal se pierde. Utilizan a la empresa pública para simular control nacional, aunque el “nuevo régimen global” reduce los derechos soberanos de los estados, porque una vez que las empresas extranjeras entran, los derechos de dominio eminente sobre el petróleo se subordinan a los tratados internacionales.

“El país es dueño del petróleo, en principio, pero su explotación se somete a los derechos supremos del capital”, recalcó el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Puebla. Resaltó que “la sumisión del modelo Calderón a intereses externos” se manifiesta en “acuerdos orientados a integrar el petróleo mexicano al mercado de Estados Unidos”.

Bartlett citó el Informe Cheney, de 2001, en el cual se define como meta lograr mercados energéticos unificados y aprovechar para ello el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Aludió también al proyecto energético contenido en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, donde se impulsan medidas privatizadoras de los energéticos.

Bartlett, quien se llevó ayer una de las ovaciones más prolongadas de los foros de debate, hizo un análisis de las seis iniciativas y, a manera de conclusión, expuso que “el modelo Calderón” es el mismo que permitió privatizar a la brasileña Petrobras. Son propuestas que van en contra de la tendencia mundial en la que los países productores aseguran sus reservas y recortan privilegios a las trasnacionales. Puso como ejemplos que Estados Unidos impidió a China comprar una petrolera estadunidense y que Rusia recupera ahora “lo que cedió Yeltsin”.

Reduccionismo fiscalista

Asimismo, el analista político Jalife-Rahme sostuvo que “la reforma calderonista peca de reduccionismo fiscalista neoliberal” y evade la brújula geoestratégica “al desconectarse ingenuamente de la realidad internacional y su nueva correlación de fuerzas”.

Las nuevas “siete hermanas” del siglo XXI, manifestó, son las principales empresas estatales del mundo, entre ellas Gasprom, de Rusia; Aramco, de Arabia Saudita; Nioc, de Irán; Petrochina; Petronas, de Malasia; PDVSA, de Venezuela. y Petrobrás, de Brasil, las que “han desplazado a las otrora omnipotentes trasnacionales privadas anglosajonas”, que en la década de los 70 llegaron a controlar hasta 80 por ciento de las reservas mundiales.

Destacó que sorprende que México ignore, “a riesgo de su propio suicidio, las alertas geopolíticas de las dos principales potencias nucleares: Rusia y Estados Unidos, que definen los hidrocarburos como ‘arma estratégica’”.

Por su parte, Flores Olea, quien fue, entre otras cosas, embajador de México ante la Unión Soviética, representante ante la UNESCO y director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó la reforma de Calderón de “simple y simplista, porque ante los reales problemas del país y de Pemex se conformó con una salida de coyuntura”.

Durante los 21 foros de discusión que se han realizado en la Cámara de Senadores “se ha rechazado mayoritariamente la iniciativa, porque carece de visión estratégica; pero además, Felipe Calderón parece ignorar que los países con el mayor crecimiento son los que se han alejado de las reformas estructurales del Consenso de Washington y que, en este tiempo, a diferencia de lo que ocurre en México, se reafirma cada vez más la rectoría del Estado en materia económica y también en materia de hidrocarburos”.

En una materia tan grave como la reforma de Pemex, agregó, “resulta muy importante la consulta pública que se pondrá en marcha” y que debiera aplicarse siempre que se pretendan “modificar las decisiones fundamentales del pueblo de México, como ésta, recogida en el artículo 27 constitucional sobre el dominio directo e imprescriptible de la nación sobre los yacimientos petroleros y otras riquezas del subsuelo”.

Bartlett, en tanto, propuso que se exija a Calderón que detenga la destrucción de Pemex y que se finquen responsabilidades a quienes han propiciado “el desastre petrolero”.

 

Debe el Estado “rescatar” a los miles de rechazados de la educación: Gertz Manero

■ Presidente del consejo del Ceneval, propone financiar estudios aun en universidades privadas

■ El sistema de enseñanza y sus exámenes, diseñados “para preservar la segmentación social”

Karina Avilés

Para el rector de la Universidad de las Américas de la ciudad de México, Alejandro Gertz Manero, con el dinero público se debe hacer un “rescate” de los miles de rechazados de la enseñanza superior, en quienes ve la oportunidad para promover el viejo anhelo del sector privado, consistente en que el Estado pague la educación de los estudiantes que “no tienen dinero”, sin importar si es en una escuela privada.

Esto, con la justificación de que el Estado “no debe financiar la educación pública, sino a los estudiantes”.

El ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno foxista acusa a las administraciones federales –desde los 60 hasta hoy– de solapar la proliferación de las “escuelas patito”, y afirma que el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que tienen muchos de estos centros para poder operar se convirtió en un “privilegio” de los gobiernos estatales, “igual que las notarías, los taxis y las líneas de los camiones”.

En entrevista, Gertz Manero considera que para “negociar” con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo, se realizó la federalización de 1992, por la que los gobiernos locales adquirieron la facultad de administrar la educación. Sin embargo, “nunca pudieron manejarlo (al sindicato)” y los gobiernos de las entidades empezaron a emitir los registros de validez de estudios, mientras que en el nivel federal “permitieron, haciéndose omisos, la expansión de estos centros de baja calidad”.

Ahora –dice– se sorprenden de estos centros, que son un “fraude”, pero si existen es porque “hubo un gobierno que los permitió, que los dejó nacer” –especialistas en la materia calificaron el sexenio de Fox como el de “la expansión de las escuelas patito”– y ahora, “están tratando de meterle orden; a ver si pueden”, en referencia a las actuales acciones que realiza la Secretaría de Educación Pública en la materia.

Nombrado en días pasados presidente del consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), reconoce que el sistema de enseñanza y sus exámenes están diseñados para preservar e incrementar las diferencias y la segmentación social.

No obstante, rechaza que dicho consejo –que precisamente se ha encargado de la elaboración y calificación de las pruebas por las que miles de jóvenes son “rechazados”, como el llamado examen único de ingreso a la educación media superior– sea un instrumento de dicho sistema de estratificación.

Así, señala que es necesario “salvar”, “rescatar”, a aquellos que forman parte de los cerca de 200 mil “rechazados” de la educación superior pública. Para ello tiene una solución, según él, muy sencilla: “estos rechazados tienen derecho a ir a la universidad que ellos escojan. No tienen dinero para pagarlo, lo paga el Estado. Y así, los comienza uno a rescatar”.

–Es decir, que con dinero público se financie la educación privada –se le cuestiona.

–No, no, no. Con dinero público se financia a los estudiantes mexicanos. Nosotros no debemos financiar ni a la educación privada ni a la pública, ni zánganos de un lado, ni vividores del otro.

–¿El Estado no debe financiar la educación pública?

–No. El Estado debe financiar a los estudiantes.

En esta defensa del sector universitario que representa, el también ex secretario de Seguridad del DF insiste en que las universidades públicas no son perfectas por ese carácter, ni las privadas “son malas” por el hecho de serlo.

Considera que no sólo se debe examinar, sino “rehacer” el sistema educativo, y como parte de ello plantea un sistema nacional de evaluación, manejado por la “sociedad civil y la vida académica” para hacer una calificación de los programas, las escuelas y las universidades que cumplan con los niveles académicos de alta calidad.

Al cuestionarle si presentará esta propuesta a la Secretaría de Educación Pública –que el sector privado ha tratado de impulsar al menos en los últimos dos sexenios–, señaló que “hace seis meses ellos dijeron que iban a ser los que encabezaran este proyecto... Ellos son los que van a discutirlo con nosotros, y vamos a ver si logramos algo”.

Bartlett: se afana Calderón en “desnacionalizar el petróleo”
jenaro villamil

MÉXICO, DF, 22 de julio (apro).- En el último foro sobre la reforma energética, el exsenador priista Manuel Bartlett Díaz consideró que las iniciativas presidenciales buscan la “desnacionalización del petróleo”, y por ello instó a los legisladores a votar en contra. Incluso sostuvo que, en el modelo calderonista, “Pemex queda como simple agencia de contrataciones”.

Bartlett, firme impugnador de los contratos de riesgo desde el sexenio pasado, recibió una larga ovación de parte de los presentes en el debate petrolero luego de su intervención.

Previamente se enfrascó en un debate con los defensores de la iniciativa del presidente Felipe Calderón, en particular con Néstor García Reza, abogado general de Pemex, quien negó que la reforma fuera privatizadora, así como con Miguel Estrada Sámano, representante de los abogados internacionales.

Por su lado el diplomático Víctor Flores Olea, fuerte crítico también de las iniciativas, advirtió que con la reforma se abren vías reales a la “corrupción, la opacidad y a la falta de transparencia y rendición de cuentas de Pemex y del gobierno”.

Calificó de “simple y simplista” la reforma, pues en ella se propone “entregar Pemex a la iniciativa privada”.

Indicó que el gobierno de Felipe Calderón “parece ignorar que los países con mayor crecimiento son los que se han alejado de las reformas estructurales del Consenso de Washington y que, a diferencia de lo que ocurre en México, se reafirma cada vez más la rectoría del Estado en materia económica, y en especial en materia de hidrocarburos”.

Secundó las impugnaciones el abogado y exfuncionario priista mexiquense Humberto Lira Mora, quien advirtió que en esas iniciativas existe un “propósito de apertura indiscriminada”.

Cabe señalar que el tema del foro se circunscribió a las “Relaciones con compañías extranjeras y jurisdicción en tribunales extranacionales”.

Mientras el analista geopolítico Alfredo Jaime Rahme criticó las iniciativas porque exhiben “perturbadores elementos balcanizadores”, y subrayó que la apertura de Pemex va en contra de la tendencia geopolítica registrada en Rusia, en Brasil y en otros países que están recuperando el control sobre sus hidrocarburos.

El especialista advirtió que “la reforma calderonista no se ha enterado de la guerra de oleoductos en el Cáucaso y de la consideración expuesta por The Economist, que sostiene que en esa región se puede escenificar, por los gasoductos y oleoductos, la tercera guerra mundial”.

En su ponencia, Bartlett Díaz sostuvo que con la reforma del Ejecutivo se modifica toda la legislación petrolera para “abrir espacios a las inversiones y a las empresas trasnacionales, y además se desmantelan los marcos institucionales de una industria nacional para imponer otros adecuados a una industria privatizada”.

Sugirió que el Ejecutivo federal presente al Congreso los contratos que bajo diferentes nombres engloban varias funciones en la industria petrolera, así como solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) proponga medidas para corregir “el desastre financiero” que prevalece en Pemex.

La derecha y sus fobias

Luis Linares Zapata

Conforme se acerca la fecha de la consulta pública arrecian los ataques, descalificaciones y fobias abiertas hacia tal ejercicio ciudadano por prejuzgarlo partidario, innecesario, tramposo y con la vista puesta en venideras elecciones (2009 y 2012). El sistema decisorio del oficialismo saca a relucir todo su arsenal en defensa de sus posiciones, que siente en riesgo. Se hace acompañar de un abigarrado coro de sostén en los medios de comunicación, críticos independientes que alzan sus voces, ya agrandadas de antemano por sendas bocinas electrónicas de apoyo. Los partidos coaligados, el PRI y el PAN, fueron los primeros en disentir de un llamado a consultar con la ciudadanía sobre algo tan crucial como una reforma a la industria petrolera. El gobierno intervino también con sus instrumentos persuasivos para dar densidad al operativo de rechazo. Sintieron, con realismo, que sus intereses corrían inminente peligro de ser derrotados (sus encuestas así lo apuntan con claridad) en una área descubierta. Y, en efecto, tienen mucha razón de escabullir el bulto a la luz de lo que se ha expuesto en los distintos foros de análisis y discusión desarrollados por todo el país.

Las reformas del señor Calderón no eran cualquier intento de modificaciones insustanciales. Eran, y todavía les colea algo de su empuje inicial, una real contrarreforma petrolera. Eran, porque, al final de los debates en el Senado, sus arrestos quedaron heridos de muerte por el cúmulo y la hondura de los argumentos esgrimidos por los opositores.

Un renovado nacionalismo prevaleció desde un inicio sobre los afanes privatizadores y entreguistas de la confluencia prianista. Sin la valentía de acudir al Congreso para proponer cambios sustantivos a la misma Constitución, la ruta alterna usada por Calderón resultó engañosa, débil, enredada por sus intentos entreguistas. Sin embargo, los masivos intereses afectados por la derrota de sus pretensiones se bifurcan ahora en sendas tácticas de defensa y continuidad. Una, la más sólida, al menos de inicio, apunta hacia la introducción de ajustes a las iniciativas por la facción dominante en la cúpula priísta.

Este grupo trata de anticiparse, en un despliegue de oportunismo que matiza de habilidad, a los efectos de la consulta entre los futuros votantes y apropiarse de la capacidad reformadora que los panistas dejaron ensartada por incapacidad y falta de legitimidad. Por ello han salido a la palestra para anunciar las que catalogan de modificaciones legislativas a las vapuleadas reformas de Calderón.

La otra táctica se afana en reforzar, multiplicándolas en los medios afines, las voces que quieren desarmar la consulta en los medios de comunicación.

Para dar una opinión ajustada a la primera de esas tácticas habría que esperar sólo unos días más para analizar sus contenidos. Respecto al segundo operativo, ya en intenso curso difusivo, habría que intentar un crítico resumen para airear sus postulados o razones. Se podría empezar por las vías más baratas o penosas, que parten de sentenciar las mismas discusiones en el Senado al descrédito porque no han aportado algo que no supiera ya el articulista que presume de sabiduría. A eso habría que contraponerle lo que, a todas luces, fue un debate informado y profundo. Los datos duros traídos a colación, y que no eran del conocimiento ni de los más enterados, tal como muchos de ellos han reconocido, fueron una constante. Nadie, que se sepa, domina todos y cada uno de los recovecos de tan compleja industria y, por eso mismo, con una dosis de humildad, aunque sea mínima, se ha podido aprender algo de sustancia.

La soberbia de otros oponentes directos a la consulta llega, de forma repetida, al extremo de la estulticia. El más socorrido de estos argumentos es uno que cojea desde su inicio por la descalificación a la sabiduría popular, piedra angular de la democracia.

Sostiene tal postura que la petrolera es una industria sumamente compleja y que, por tanto, la simpleza de una consulta, con sus y no, es un instrumento inadecuado para extraer de ella algo que aporte a la disputa. A esos alegatos habría que recordarles los motivos que una consulta pretende o no dilucidar.

No intenta pedirle a los ciudadanos que manifiesten su parecer sobre todos y cada uno de los aspectos complejos de ésta o de cualquiera otra cuestión. Lo que busca una consulta es solicitar su opinión sobre los ingredientes básicos o definitorios de la reforma. En este preciso caso dos cuestiones de fondo: el hálito privatizador y la aceptación general de tal reforma. Eso sí lo puede entender y procesar la ciudadanía, por menos informada que pudiera estar de los pormenores financieros, tecnológicos, geopolíticos u operativos de los temas petroleros.

Las consultas en la Unión Europea sobre la nueva constitución a los distintos pueblos que la integran no podían suponer el dominio individual de un asunto tan complejo. Había, por consiguiente, que comprimirla a la simple aceptación de su vigencia total. Y así, con esos supuestos en mente, se llevó a cabo el proceso. Alegar defectos en las preguntas ha sido un repiqueteo continuo en diarios y programas radiotelevisivos que no pasan de una semántica propia de los críticos. En verdad, las preguntas debían haber hecho referencia al sustrato entreguista de las reformas. Por un prurito de neutralidad, seguramente los encargados del diseño evitaron tan comprometedora referencia. Otros, fijos en el sospechosismo, le adjuntan personalizaciones sobre las ocultas intenciones de AMLO sin atender a la mínima posibilidad de un real, fundado interés por defender lo propio recurriendo al apoyo popular.

La industria petrolera es el instrumento por excelencia para el desarrollo independiente de México. De abrir la puerta a las trasnacionales y dejar otras partes de la industria en poder del capital monopólico interno, el futuro nacional carecerá del pivote de impulso para su desarrollo. Y ésta es, precisamente, la materia decisiva que la consulta puede ayudar a clarificar.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:32
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