Lunes, 28 de julio de 2008

No permitirá la Sección 22 aplicación de examen para asignación de plazas

lunes, 28 de julio de 2008

 

 

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no permitirá que se aplique en Oaxaca el concurso para la asignación de plazas de profesores de nueva creación como dispone la Alianza por la Calidad de la Educación.



OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO


"No podemos permitir eso porque atenta contra el derecho a la educación de los mexicanos", aseguró el secretario de Organización de la gremial, Ezequiel Rosales Carreño.

Y resaltó que la marcha a realizarse hoy por la mañana en ocasión del "Segundo Lunes del Cerro" de la Guelaguetza, organizada por el gobierno estatal, no fue convocada por la Sección 22 del SNTE ni por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

"La convocan algunas organizaciones que están aglutinadas en la APPO ejerciendo el derecho a su autonomía", asentó.

El dirigente sostuvo que el magisterio oaxaqueño rechaza la Alianza por la Calidad de la Educación ---suscrita por la Secretaría de Educación Pública y el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE--- porque cancela "el derecho" de contratación automática a los normalistas egresados "y sobre todo, somete a concurso el derecho de los mexicanos a la educación pública".

Pues, subrayó, "el hecho de cancelar esa posibilidad a los normalistas egresados es cancelar igualmente el derecho a la educación de los alumnos".

Además, destacó que el concurso para la asignación de plazas de profesores de nueva creación "marca el inicio de la privatización de la educación pública" y con esto, el gobierno federal "no está cumpliendo ni garantizando
la Constitución.

Rosales Carreño negó que la Sección 22 del SNTE haya solicitado al gobernador Ulises Ruiz Ortiz no suscribir la Alianza por la Calidad de la Educación, para no aplicarse el concurso de asignación de plazas de profesores en la entidad.

"No hemos solicitado nada a él ni nadie por ser una posición firme del magisterio oaxaqueño y de la CNTE", asentó.

 

Oaxaca: años de impunidad

domingo, 27 de julio de 2008

 

A los homicidas de Serafín García Contreras, el profesor jubilado asesinado a palazos en Huautla hace cuatro años, los une un vínculo especial con el gobernador y el líder del PRI en Oaxaca, Ulises Ruiz y Jorge Franco Vargas: la red de impunidad que opera en ese estado.

Priistas ubicados en el gobierno, el sistema de justicia, el Congreso local y la dirigencia partidista forman una red de protección mutua.

BENITO JIMÉNEZ, ERNESTO NÚÑEZ Y LUIS CARRILLO/Agencia REFORMA

MÉXICO, DF.- A los homicidas de Serafín García Contreras, el profesor jubilado asesinado a palazos en Huautla hace cuatro años, los une un vínculo especial con el gobernador y el líder del PRI en Oaxaca, Ulises Ruiz y Jorge Franco Vargas: la red de impunidad que opera en ese estado.

Hace exactamente cuatro años, cinco días antes de la elección en que resultó electo el actual gobernador, Serafín recibió una golpiza propinada por los hermanos Jacinto y Jorge Pineda Casimiro, y los hermanos Feliciano y Aarón Quiroga Martínez, instigados por Elpidio Desiderio Concha Arellano, entonces diputado federal del PRI.

Hoy se cumplen cuatro años de los hechos registrados fotográficamente por Reforma y, aunque los agresores del ex dirigente del Frente Único Huautleco (FUH) fueron identificados plenamente, ninguno de ellos está en la cárcel.

Jacinto Pineda, alias El Diablo, es el líder del Movimiento Territorial del PRI en la Sierra Mazateca de Oaxaca, una función que desempeña desde el 2004 y en la que adquirió más fuerza a raíz de la llegada de Jorge Franco Vargas a la dirigencia estatal del PRI, en marzo del 2008.

Pineda y Quiroga organizan los eventos del gobernador cuando visita la región. En abril pasado, cuando Ruiz visitó San Lucas Zoquiapan, una comunidad cercana a Huautla, estuvieron en el templete. Se les veía sonrientes, según relatan los familiares de Serafín.

En las fotografías difundidas por Reforma el 28 de julio del 2004, estos personajes aparecen tundiendo al maestro de 63 años cuando yace en el piso, ensangrentado.

Aquel 27 de julio, el FUH intentó detener a un grupo de acarreados con los que se pretendía engrosar un mitin de Ruiz en Huautla.

En un lugar denominado Puente de Fierro, a 8 kilómetros de la cabecera municipal, arribaron los priistas encabezados por Elpidio Concha, para quitar a los disidentes a palazos, cadenazos y pedradas. Lo consiguieron, pero costó la vida de Serafín.

JUSTICIA A LA OAXAQUEÑA

Rogelio Chagoya Romero, titular de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca cuando ocurrió el asesinato de Serafín, llamó a cuentas a Jacinto Pineda y a Feliciano Quiroga, pero como el procurador determinó que fue un "homicidio en riña" procedió también en contra de los compañeros de Serafín, especialmente el dirigente del FUH, Agustín Sosa Ortega.

Chagoya argumentó que el profesor jubilado tenía en sus manos un machete y alcanzó a agredir a Quiroga, quien pasó unos días en un hospital del ISSSTE. En las fotografías se puede observar que el maestro jubilado era golpeado sin que pudiera defenderse.

El ex procurador desestimó como pruebas las fotos publicadas por Reforma y culminó su cargo a lado del ex gobernador José Murat en noviembre del 2004, dejando éste y otros casos polémicos sin resolver. Hoy Chagoya imparte clases de derecho civil en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y recientemente fue orador en el Día del Abogado.

Con la llegada del nuevo gobierno, y con la nueva procuradora Patricia Villanueva, Jacinto Pineda y Feliciano Quiroga fueron encarcelados el 16 de diciembre de 2004. Pero el caso se cayó unos cuantos días después.

Pineda obtuvo un amparo el 22 de diciembre por falta de pruebas. Se le volvió a girar auto de formal prisión y en agosto del 2005 promovió un nuevo incidente de libertad por desvanecimiento de datos, el cual se resolvió a su favor.

A Quiroga se le negó el primer amparo, pero en agosto del 2005 también fue liberado por falta de pruebas.

Desde entonces, Pineda y Quiroga operan a favor del PRI en la sierra mazateca, como si nada hubiera pasado. Los apoyan sus hermanos Omar y Jorge Pineda, y Aarón y Remigio Quiroga. Ninguno tuvo que dejar su pueblo, pues gozan de protección política.

El 22 de marzo del 2006 Pineda organizó un mitin de Roberto Madrazo en Huautla y desde el templete amenazó a los reporteros de Reforma cuando percibió que era fotografiado. En el acto también estaba Patricia Villanueva, pero ya no como procuradora, sino como candidata a diputada federal por el distrito con cabecera en Huautla.

Ya como diputada, Villanueva se convirtió en una de las principales defensoras de "la legalidad" y del gobernador a finales del 2006, cuando se discutía en el Congreso la posibilidad de declarar la desaparición de poderes en la entidad por el conflicto con la APPO.

En octubre del 2007, en la elección de ayuntamientos, Pineda y los hermanos Quiroga operaron a favor del PRI recorriendo las casillas de Huautla. Y hoy en día promueven a Elpidio Concha como precandidato a diputado federal por ese distrito.

"Es indignante ver libres a los asesinos de mi papá, eso no pasa en todos lados, sólo aquí en Oaxaca, donde la justicia no existe", lamenta Sheila García, hija de Serafín, "es frustrante porque mi padre era mayor de edad y fue atacado por cuatro o cinco tipos con palos y cadenas en las manos; lo golpearon hasta matarlo, y te dicen que no hay pruebas para culparlos".

Los documentos que posee Sheila, que formaron parte del expediente, llegan hasta el 2005. Después no hubo más.

"Lo último que dijo el abogado es que se iba a llevar el caso al orden federal, pero tampoco pasó nada. También le informamos a Amnistía Internacional, pero nada, la Procuraduría insiste en que el caso está cerrado. Queremos apelar, ¿pero dónde lo vemos?, ya no sabemos a dónde ir", lamenta Sheila.

Y, en el colmo de los agravios, la familia de Serafín tiene que soportar agresiones e insultos de los Pineda y los Quiroga, quienes arremeten contra ellos cuando agarran la borrachera.

ACUSADOR, ACUSADO

Paradojas de Oaxaca, el dirigente del FUH, Agustín Sosa, fue encarcelado el 10 de diciembre del 2004 y, por decisión del ex procurador Chagoya, pasó de agredido a presunto autor intelectual del homicidio de su compañero Serafín, de acuerdo a la orden de aprehensión 27/2004.

Fue procesado por homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y lesiones, según el expediente 37/2004, el cual obra en poder del juez mixto de primera instancia de Huautla.

Su detención fue cuestionada por organismos de derechos humanos y, a pesar de que en febrero del 2005 fue absuelto, la PGJ le fincó un nuevo delito: robo con violencia. Fue hasta el 10 de junio del 2005 cuando un juez federal ordenó su liberación definitiva.

El 7 de octubre del 2007 fue electo presidente municipal de Huautla, postulado por el PRD.

"En Oaxaca tenemos un gobierno totalmente cuestionado, que llegó producto de un fraude a adueñarse de la silla tras una campaña basada en el dispendio, la compra de la necesidad de la gente, que llegó a sangre y fuego a Huautla", sentencia Sosa.

A cuatro años de distancia, el hoy alcalde recuerda que para hacer campaña el PRI enfrentó a los huautlecos y, en uno de esos encuentros, mató al profesor Serafín.

"Ulises es un ser prepotente y vengativo. Su primer acto de gobierno fue parar todo tipo de manifestaciones sociales y, en un acto de estricta venganza, detenerme en un operativo impresionante, sacarme de mi casa de madrugada, acusándome de la muerte de Serafín", señala.

Sosa confirma que los asesinos de Serafín se placean por el pueblo, agreden a su familia y siguen haciendo de las suyas.

"La semana pasada Feliciano Quiroga agredió brutalmente a un profesor de apellido Terán, cuando andaba borracho o drogado. Se levantó denuncia, pero ya sabemos que no va a pasar nada. La ley en Oaxaca es sólo para proteger a todo aquel que aplaude a Ulises", dice resignado.

Con un presupuesto anual de 70 millones de pesos, la autoridad municipal de Huautla tiene que atender, además de la cabecera municipal, 14 agencias y 100 congregaciones (60 mil habitantes en total). Según Sosa, el no ser queridos por el gobernador provoca que se les regateen los recursos.

Huautla recibe dinero directo de la Federación a través de los programas del Ramo 33 y 28, dedicados a infraestructura básica y seguridad pública, pero aun éstos deben ser gestionados ante delegados federales que, según Sosa, son controlados por el gobernador.

EL INSTIGADOR

Protector de los Pineda y los Quiroga, Elpidio Concha culminó su periodo como diputado federal en julio del 2006. Coordinó la campaña de Madrazo en el distrito de Huautla, fue dirigente de la CNC en Oaxaca y se dio el lujo de encabezar una "marcha por la paz" en octubre del 2006, vestido de blanco, para apoyar al gobernador que entonces se tambaleaba en medio del conflicto con la APPO.

Su participación en los hechos del 27 de julio del 2004 lo acercó al primer círculo del gobernador. En los últimos años de la LIX Legislatura (2005-2006) era común verlo con el grupo de diputados oaxaqueños cercanos a Ruiz: Jorge Franco Vargas (hoy dirigente estatal del PRI); Héctor Pablo Ramírez Puga (vocero del gobierno estatal); Heliodoro Díaz Escárraga (coordinador de asesores del gobierno estatal), y Sofía Castro (secretaria general del PRI estatal).

Según reportes de prensa, en 2006 y 2007 Concha fue operador del gobierno en el monitoreo y persecución a dirigentes opositores. Su cargo entonces era el de secretario técnico del Consejo Político estatal del tricolor.

El 14 de marzo pasado, tras la llegada de Franco al PRI estatal, fue nombrado presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del tricolor.

EL OPERADOR

Protector de Concha, Jorge Franco Vargas era diputado federal y principal operador de la campaña de Ulises Ruiz cuando ocurrió el asesinato de Serafín.

Cerró el 2004 señalado como el responsable del asalto al diario Noticias de Oaxaca. El 28 de noviembre de ese año, 80 sujetos encapuchados y armados desalojaron a los trabajadores del Noticias; al día siguiente el inmueble fue ocupado por la policía ministerial, iniciándose un largo conflicto laboral en el que los directivos del diario denunciaron un ataque a la libertad de expresión, pues eran el medio local más crítico al PRI y a la gestión de Murat.

Dos días después del ataque al Noticias, Franco Vargas fue designado secretario general de gobierno por el nuevo gobernador, de quien es colaborador y amigo desde hace 20 años.

Franco Vargas, a quien apodan El Chuky, fue cesado de la secretaría general de Gobierno en julio del 2006, tras un intento de desalojo a los maestros de la sección 22 del SNTE -ocurrido el 13 de junio- que culminó en una represión policiaca que, a la postre, propició la alianza entre los maestros y la APPO e hizo estallar el conflicto social que vivió la entidad.

Durante más de un año se mantuvo como asesor de Ruiz. Sin cargo formal, era señalado como el verdadero operador de las decisiones del gobernador durante la crisis.

En el 2007, su padre, Jorge Franco Jiménez, se vio envuelto en un escándalo por ser el abogado defensor del Instituto San Felipe, en el que se abusó sexualmente de un niño de cuatro años.

Franco Jiménez tiene una larga amistad con Ruiz, de quien fue suplente en el Senado cuando éste ganó la gubernatura (2004-2006). Con 40 años como litigante, su intervención en el caso provocó que se señalara al grupo político de Ruiz como protector de una red de pederastas y se vio obligado a dejar el caso en diciembre del 2007.

En medio de ese escándalo, Franco Vargas operó las elecciones locales del 2007, en las que el PRI obtuvo dos triunfos estratégicos para el gobernador: el 5 de agosto ganó los 25 distritos de mayoría, obteniendo la mayoría absoluta en el Congreso local, y el 7 de octubre ganó 87 municipios que aglutinan al 85 por ciento de la población del estado. Eso sí, con niveles de abstencionismo del 44 por ciento en la primera elección y 63 por ciento en la segunda.

Con esos números inició su campaña por la dirigencia estatal del PRI y en marzo pasado fue electo.

Pero pronto regresó a la polémica. A finales de abril se dieron a conocer avances de las investigaciones de la PGR en torno a la desaparición de los presuntos eperristas Edmundo Reyes y Gabriel Cruz. Franco Vargas apareció en el expediente PGR/SIEDO/UEITA/047/2008, junto a otros ex funcionarios del gobierno de Ruiz.

El 2 de mayo, el hermano del presunto narcotraficante Pedro Díaz Parada lo señaló como el responsable de ordenar su secuestro, ocurrido el 3 de abril del 2007.

El 5 de julio pasado se halló la cabeza de un joven en el interior de una bolsa de plástico con un mensaje dirigido al procurador de Oaxaca, Evencio Martínez Ramírez; al director de combate a la delincuencia organizada, Pedro Celestino Guzmán, y a Franco Vargas.

En éste se leía: "Este es un ejemplo para que aprendan a respetar que aquí andamos y no nos vamos y ahora sigues tú Chuki, Evencio y Pedro Celestino inectos bixecsuales (sic) nos agarraron un millón de dólares y nos traiccionaste (sic) y la traicción (sic) se paga con muerte. Atte. Cartel del Golfo".

LA EX PROCURADORA

En la red de priistas que opera alrededor de Ruiz figura también Lizbeth Caña Cadeza, quien fuera procuradora de justicia del estado entre marzo del 2006 y abril del 2007.

Hace tres meses se le mencionó en las investigaciones de la PGR por la desaparición de los eperristas, pero de inmediato respondió que ella dejó el cargo un mes antes de que se registraran esos hechos.

También trató de deslindarse de las decisiones que tomó durante el conflicto con la APPO en 2006, diciendo que ella no ordenó ningún operativo policiaco. Pero fue mencionada en la recomendación de la CNDH por los abusos policiacos ocurridos durante el conflicto.

En octubre del 2006, Caña se hizo cargo de las primeras investigaciones por el asesinato del periodista norteamericano Brad Will, ocurrido el 27 de octubre del 2006. A la fecha, sus familiares siguen reclamando justicia.

"Nuestra familia permanece consternada y preocupada por el estatus de la investigación de la muerte de mi hermano. Estamos realmente frustrados por la lentitud de la misma, decepcionados por la falta de cualquier tipo de esfuerzo para investigar a los más probables sospechosos, es decir, los paramilitares que salen repeliendo a los profesores", señala Craig Will, hermano de la víctima.

El 15 de noviembre del 2006, sin dar tiempo a una investigación rigurosa, la entonces procuradora precipitó una conclusión: Will había sido "víctima de una confabulación de la APPO con el objetivo de internacionalizar el conflicto oaxaqueño".

Caña argumentó que, tras analizar las imágenes y el audio del video grabado por Will, determinó una segunda línea de investigación sobre los dos disparos que recibió el camarógrafo. Según su hipótesis, los disparos fueron a corta distancia; el primero desde el ángulo izquierdo que captaba su cámara, deduciendo que el agresor estaba parado en el área que pisaban los manifestantes de la APPO. El segundo habría ocurrido 15 minutos después, a quemarropa, aún estando vivo y mientras supuestamente era trasladado al hospital, a bordo de un sedán blanco conducido por appistas.

Con esta hipótesis se procedió a la liberación de los dos únicos detenidos en este asunto: el regidor del ayuntamiento de Santa Lucía, Abel Santiago Zárate, y el agente de policía municipal Orlando Aguilar Coello.

El caso fue atraído por la PGR en marzo del 2007. Un mes después, Caña dejó el cargo para postularse como candidata plurinominal al Congreso local, al que no llegó por la abrumadora victoria del PRI en los distritos de mayoría. El pasado 29 de abril, ese congreso de mayoría priista aprobó su nombramiento como auditora superior del estado.

Mientras, la embajada de Estados Unidos sigue esperando una resolución sobre el caso. El 3 de mayo pasado, Tony Garza lanzó el último mensaje al respecto: "la familia de Brad Will y el pueblo estadounidense siguen esperando los resultados de la investigación sobre su muerte". 

 

Hora de ciudadanos

Gustavo Esteva

“No aceptamos que burócratas públicos o privados sigan decidiendo por nosotros cómo queremos vivir. No permitiremos que sigan afectando no sólo nuestras condiciones de vida, sino el patrimonio natural e histórico de la ciudad, que estamos obligados a proteger para las generaciones futuras.” Estas frases aparecen en la convocatoria que gran número de organizaciones independientes circulan desde ayer para invitar al foro Oaxaca: ciudad de ciudadanos.

Quienes convocan están echados para adelante. El triunfo no fue poca cosa. A partir del 8 de julio emplearon buena parte de los instrumentos del repertorio de la lucha social. La inmensa rabia que provocó el atropello de Chedraui, en lo que fuera un pequeño bosque urbano de Oaxaca, se transformó en iniciativas concretas e inmensa presión pública. El 18 de julio las autoridades municipales se vieron obligadas a cancelar el proyecto comercial y a imponer una multa de más de 10 millones de pesos a la empresa.

Contribuyó a ese resultado, sin duda, la perspectiva de la Guelaguetza. Tras el boicot de 2006 y la salvaje represión de 2007, se quería ahora que la celebración fuera un símbolo de regreso a la normalidad, aunque fuese una “paz militarizada”. Todo estaba preparado: los acarreados, en su mayoría burócratas, para llenar el escenario; los 3 mil 500 policías, algunos para sentarse disimuladamente en el auditorio; los acuerdos para que pudieran realizarse en paralelo la fiesta popular y el espectáculo oficial… Pero los acuerdos eran frágiles. La irritación causada por el atropello podía llevar a romperlos. Parecía necesario frenar la movilización antes que de nuevo lo desbordase todo.

Sea como fuere, se ganó limpiamente una batalla. Lejos de dormirse en sus laureles, los ciudadanos redoblaron el esfuerzo. Intentan ahora, ante todo, consolidar el resultado en el predio afectado: realizan acciones inmediatas para seguir los procesos legales, demandar a Chedraui por 100 millones de pesos y concertar acciones que permitan a los vecinos del sitio recuperarlo y crear y administrar en él lo que ellos mismos decidan. Buscan, al mismo tiempo, organizar la iniciativa popular en toda la ciudad para impedir que sigan ocurriendo atropellos de esta índole por parte de las autoridades o de las empresas. Pesan algunas amenazas inmediatas y otras en la perspectiva. Es preciso prevenir nuevos desastres y sentar las bases de un camino auténticamente democrático.

Sería absurdo generalizar. No todas las empresas privadas actúan como Chedraui. Pero la ganancia es la razón de ser de todas ellas. Como las autoridades han desertado de su función y en vez de subordinar la inversión privada al interés público se dedican a privatizar éste, toca a los ciudadanos proteger sus formas actuales de vida y el patrimonio del país, que el gobierno ha puesto en venta.

El foro examinará las formas de la participación ciudadana, tanto para que vecinos y colonos se ocupen por sí mismos de los asuntos comunes, como para que participen en la asignación y empleo de los recursos públicos. Nunca más, señalan los convocantes, deberá haber obras, programas o permisos públicos a espaldas o por encima de los ciudadanos. En el foro se analizarán el presupuesto participativo, el plebiscito, la consulta popular, la contraloría social, y otros instrumentos democráticos que encaucen la participación ciudadana.

Esta iniciativa independiente de personas y organizaciones de Oaxaca, que muestra la vitalidad de su movimiento y la medida en que ha aprendido las lecciones pertinentes de la experiencia reciente, refleja clara conciencia de que este asunto local y aparentemente menor refleja en realidad un estado de cosas que se generaliza cada vez más y plantea muy graves amenazas al país y a sus habitantes.

Hay razones de peso para dedicar especial atención a la cuestión del petróleo, como se ha estado haciendo. Pero no debemos hacerlo al precio de descuidar todo lo demás. En asuntos menos contenciosos el despojo avanza rápidamente y conduce a confrontaciones violentas. Para poder entregar la mercancía que ya comprometieron –amplias porciones del país y de sus habitantes– las autoridades recurren cada vez más al uso de la fuerza. El silencio cómplice de los medios es ya un dedo enteramente insuficiente para tapar la agresión sistemática que padecen diversos sectores de la población. Ante la indiferencia, complicidad o impotencia de los partidos, sólo la iniciativa firme y lúcida de los ciudadanos puede detener ese proceso. Es lo que intentan el foro de Oaxaca, los cientos de colectivos nacionales e internacionales que están practicando solidaridad física o virtual para mojar la pólvora que se extiende en Chiapas y los innumerables empeños, todavía desarticulados, que se realizan en el país entero.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:51
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