Martes, 05 de agosto de 2008

Seguridad y procuración de justicia en México, en crisis
ricardo ravelo

MÉXICO, D.F., 4 de agosto (apro).- Sin poder contener la violencia en el país y con la indignación ciudadana encima por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, la Procuraduría General de la República (PGR) sigue con la purga de funcionarios y ahora le tocó el turno al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, José Luis Santiago Vasconcelos.

Después de dos décadas en la PGR, en diferentes posiciones, Vasconcelos decidió hacerse a un lado y presentó su renuncia al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Blanco de por lo menos dos atentados frustrados en su contra, Vasconcelos era uno de los funcionarios con mayor antigüedad en la PGR. Su carrera en la dependencia comenzó en los tiempos de Enrique Álvarez del Castillo, el primer procurador del sexenio de Carlos Salinas, donde desfiló por diferentes áreas. Fue agente del Ministerio Público Federal, asesor de los fiscales, coordinador general de Investigaciones Criminales y subprocurador general de la República.

A lo largo de este tiempo, Vasconcelos conoció y combatió a capos de talla de Amado Carrillo Fuentes, Juan García Abrego y Osiel Cárdenas Guillén. Entre sus éxitos más sonados, se encuentra la detención de Benjamín Arellano Félix y el desmembramiento del cártel de Tijuana.

En los últimos meses, Vasconcelos terminó enfrascado en una fuerte crisis dentro de la PGR, la cual estalló el miércoles de la semana pasada cuando, luego de en una reunión del gabinete de seguridad, con el presidente Felipe Calderón, Noé Ramírez Mandujano –uno de sus discípulos-- fue cuestionado por la falta de resultados. Al día siguiente presentó su renuncia como titular de la Subprocuraduría de investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Todo comenzó –según distintas fuentes– cuando el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuestionó la crisis de seguridad por la oleada de secuestros en el país. Esto derivó en una fuerte discusión entre el procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Tras el encontronazo, Ramírez Mandujano, quien fue criticado por sus fallas, decidió abandonar el cargo y presentó su renuncia. Una semana más tarde, el domingo 3, le tocó el turno a Santiago Vasconcelos, quien dijo que se dedicaría a concretar varios proyectos personales, aunque otras versiones indican que podría ser nombrado asesor del presidente Felipe Calderón en materia de crimen organizado.

Vasconcelos deja la PGR en un momento crítico, cuando la guerra contra el narcotráfico suma ya cerca de 3 mil 500 muertos, de los cuales unos 550 corresponden a elementos de las fuerzas federales.

Su salida ocurre cuando las circunstancias no le son del todo favorables al gobierno federal, pues la guerra se intensifica en todo el país y la violencia sigue imparable.

Vasconcelos estuvo al frente de la SIEDO durante el sexenio pasado. Capos como Osiel Cárdenas Guillén, Ismael Higuera, El Mabel, entre otros, fueron capturados durante su gestión. En este sexenio, como responsable de los asuntos jurídicos de la PGR, logró la extradición de poco más de 170 delincuentes a Estados Unidos y otros países, entre ellos, varios narcotraficantes peligrosos.

Sin embargo, el procurador Medina Mora justifica los cambios y asegura que todo esto se debe a que la PGR debe ser saneada y se comprometió a llevar a cabo una limpia interna ante el rebase evidente que enfrenta la PGR frente al narcotráfico.

Según fuentes consultadas por el reportero, Ramírez Mandujano ni Vasconcelos serán los únicos que dejarán la institución: Juan de Dios Castro Lozano podría ser otro subprocurador que abandone la PGR bajo el mismo argumento, la falta de resultados.

En el sexenio pasado, Vasconcelos estuvo a punto de salir de la PGR, luego de que fue removido de la SIEDO, pero fue sostenido por Medina Mora. Incluso, en al menos dos veces la policía capitalina logró frustrar dos atentados en contra del ahora exfuncionario de la PGR.

Caso Martí

Otro detonador de la crisis en los sistemas de seguridad y de procuración de justicia en México fue el despunto de los secuestros en el país y la presunta participación de elementos de las distintas corporaciones policiaca en dicha actividad.

Por lo menos esto quedó en evidencia con el asesinato de Fernando Martí, de 14 años, en cuyo secuestro participó presumiblemente el comandante de la policía judicial del Distrito Federal, José Luis Romero Jaimes.

El comandante de la PGJDF adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue detenido el pasado viernes por su presunta participación en el plagio, junto con Marco Antonio Romero Jiménez. De este último, inicialmente se había dicho que pertenecía a la Policía Federal, pero el procurador capitalino, Miguel Mancera, desmintió esa versión.

De acuerdo con datos iniciales de la investigación que lleva a cabo la PGJDF, el plagio del adolescente se perpetró el 4 de junio de este año. El secuestro se le atribuye a la banda conocida como “La Flor”, que presuntamente opera con el apoyo de algunos policías y a la que se le atribuyen por lo menos tres plagios más.

Transcurridos varios días de la desaparición del menor, su padre, el empresario Alejandro Martí, contrató los servicios un experto para negociar el rescate de su hijo, por cuya liberación los plagiarios exigieron tres millones de dólares.

Según otros datos de la investigación, por lo menos una semana y media llevó acordar el pago y el lugar donde se efectuaría el mismo, pues el padre del joven secuestrado argumentaba que no tenía la cantidad que le exigían, aunque pedía el resguardo de la integridad física de su hijo. Finalmente, después de varios forcejeos, los familiares del menor ofrecieron cinco millones de pesos, suma que, según la PGJDF, se pagó.

El dinero, según indicaron fuentes cercanas al caso, fue entregado a los plagiarios tres semanas después del secuestro, en una casa de de la colonia Del Carmen, delegación Coyoacán.

Tras realizarse el pago, los secuestradores ofrecieron entregar a la víctimas sano y salvo en las horas posteriores. Sin embargo, el menor nunca llegó; y el viernes pasado su cadáver fue hallado en el interior de un automóvil estacionado en la delegación Coyoacán. Según la PGJDF, el joven tenía casi un mes de muerto.

Este caso provocó un fuerte escándalo, al que se sumaron protestas de la Cámara de Diputados y del jefe de Gobierno Del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien se comprometió a capturar a los responsables del secuestro y muerte de Fernando Martí.

"Quisiera enviarle a la familia, que es muy querida en la Ciudad y por su servidor, que estamos con ellos y que el Jefe de Gobierno y su amigo Marcelo están con ellos", dijo después de la presentación del programa de seguridad para la Ciudad de México.

Añadió Ebrard:

"Es nuestra tarea, ustedes son los responsables de que no haya impunidad y tiene que ser pronto", dijo a sus colaboradores, el secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, y al procurador Miguel Mancera.

En entrevista posterior, Ebrard señaló que todos los días se revisan los avances del caso y garantizó que se verán resultados, sin importar quién esté involucrado.

 

 

 

Policías secuestradores, una constante en ese delito

■ Los familiares no presentan denuncia por temor a la muerte de la víctima

■ Cifras de plagios el primer semestre del año: BC, 40; Michoacán, 30; Oaxaca, 15 y Jalisco, 8

■ Cunde la alarma entre la IP de Nuevo León

De los corresponsales

La mayoría de los secuestros que ocurren en el país no se denuncian por temor a que los plagiarios se enteren –casi siempre hay policías coludidos– y asesinen a las víctimas, coinciden autoridades. En ese contexto, en Baja California se denunciaron durante el primer semestre del año 40 casos, en Michoacán 30, en Oaxaca 15 y ocho en Jalisco. En Nuevo León, ante presiones de empresarios, el gobernador anunció la creación de una oficina antisecuestros.

Uno de los casos que conmovió recientemente a la sociedad bajacaliforniana es el del ingeniero Celso Katzuo Enríquez Nishikawa, quien tenía 35 años de edad y una hija de 3 años cuando fue secuestrado el 24 de julio de 2007 en Tijuana. No se presentó denuncia por exigencia de los plagiarios, quienes recibieron dos veces el pago del rescate. El primero de mayo de 2008 los secuestradores exigieron un tercer pago sin ofrecer una prueba de vida, y ante la negativa de un tercer depósito la casa de la familia fue atacada a balazos por sicarios que intentaron ingresar a la vivienda. Un día después, la familia huyó a Estados Unidos.

En Nuevo León, la procuraduría estatal sólo ha recibido dos denuncias por secuestro durante el presente año, pero el problema es tan grave que en junio la Cámara de la Industria de Transformación señaló que sus afiliados habían sufrido decenas de casos. Extraoficialmente se habla de cuatro plagios diarios no denunciados.

El 25 de junio, el Congreso local modificó el Código Penal para aplicar de 20 a 50 años de cárcel a los secuestradores. En paralelo, el gobierno de Nuevo León anunció que abrirá una oficina especial para la atención de secuestros.

Por otra parte, las autoridades de Michoacán reportaron que en lo que va del año se han registrado al menos 30 casos de secuestro y se han resuelto 11 de los mismos. En las últimas semanas llamó la atención el plagio exprés del líder del sindicato de empleados de la Universidad Michoacana, Eduardo Tena Flores, y el del dirigente estatal del PT, Reginaldo Sandoval.

Asimismo, en el primer semestre de 2008 hubo 15 secuestros en Oaxaca, según la procuraduría estatal. La iniciativa privada reporta alrededor de 200. La dependencia inició 10 denuncias que no incluyen los secuestros de los empresarios David Palacios García –tío del ex gobernador Diódoro Carrasco–, Rubén Villanueva Platas y Mariano Arjona León, ni los de los ciudadanos español e italiano, Manuel Rodríguez Díaz y Claudio Conti Bonetti, respectivamente.

Miembros de la iniciativa privada oaxaqueña dijeron que los registros de la PGJE no reflejan la situación en la entidad, pues familiares de las víctimas no denuncian secuestros por amenazas de sus captores, pero también “por temor a que la policía esté involucrada”.

En lo que va del año, en Jalisco, la Procuraduría de Justicia del estado reconoció que se han presentado ocho casos de secuestro, lo que hace muy probable que se alcance la cifra de 15 plagios que se dieron el año pasado.

En las cifras de 2008, sin embargo, no se incluye el secuestro de dos integrantes de la policía estatal, en marzo pasado, que se dio horas después de la captura de siete presuntos narcotraficantes de Sinaloa y Durango.

En Aguascalientes, la procuraduría estatal documentó tres secuestros en 2007, aunque supo de otros tres por los cuales no se presentaron denuncias. Entre enero y julio de 2008 hubo siete más y cuatro sin las denuncias correspondientes, además de 20 levantones. El empresario Gustavo Arturo Lomelín García padeció el primer plagio registrado en 2008, durante enero. Dos sujetos armados se lo llevaron a bordo de su propia camioneta, pero Gustavo Arturo logró liberarse al disparar un arma en contra de sus captores; uno murió y el otro está preso. El más reciente secuestro del que se tuvo reporte oficial a finales de junio fue el de José Luis González, miembro de la familia propietaria de la empresa de autotransportes González Trucking.

 “Si existiera un gobierno que obedece, en México todo sería diferente”: Moisés

■ Los legisladores no representan al pueblo, porque nunca nos consultan, dice el líder insurgente

■ Impresiona a observadores internacionales el ejercicio de la autonomía en territorios zapatistas

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ampliar la imagen Juan Díaz López, integrante del comité de ex presos políticos “La Voz de Inocentes”, acompaña a la caravana de observadores Foto: Moisés Zúñiga Santiago

San Cristóbal de las Casas, Chis., 4 de agosto. “¿Qué pasaría si en México se le preguntara a todos los millones de indígenas, a todos los millones de obreros, de estudiantes, estudiantas, que ellos digan la ley que quieren?”, se preguntaba el teniente coronel insurgente Moisés en el caracol de La Garrucha al recibir a uno de los grupos que conforman la Caravana nacional e internacional de observación y solidaridad con las comunidades zapatistas.

En la construcción de la autonomía, dijo, “nuestros pueblos son los exigentes y exigentas de que se debe cumplir los principios del mandar obedeciendo. Donde dicen: si existiera un gobierno que obedece, México sería diferente”, ya que “cuando el pueblo manda, nadie lo puede destruir”.

Ahora, en distintos contingentes, los cientos de caravaneros recorren los municipios autónomos y han sostenido extensas entrevistas con las cinco juntas de buen gobierno (JBG), así como con las comisiones de salud, educación y producción de las regiones en rebeldía.

Pero más importante ha sido la visita escalonada a decenas de comunidades, unas fundadas en tierras recuperadas a los latifundistas, y otras que, siendo anteriores, sirvieron de cuna al movimiento rebelde del EZLN en las montañas de Chiapas.

Lo mismo han visitado Hermenegildo Galeana en el municipio autónomo Francisco Gómez, que Santa Rosa Copán en San Pedro de Michoacán, o las fincas recuperadas en los municipios 17 de Noviembre, Francisco Gómez o San Manuel, en un encuentro inusualmente directo con las comunidades mismas, y no sólo en centros públicos como los caracoles o las cabeceras municipales rebeldes.

De ese modo, la organización de Santa Rosa de Copán para el ejercicio de su autonomía, en la selva tojolabal, “dejó una honda impresión entre los miembros de la caravana”, señalan éstos en un testimonio.

La caravana no sólo analiza la militarización y sus efectos, los hostigamientos policiacos y paramilitares en la zona Norte y la selva Lacandona. También está conociendo cómo se vive el gobierno de los pueblos por ellos mismos. Según exponía el teniente coronel Moisés al explicar el proceso, ante el hartazgo por el incumplimento y la represión de los “malos gobiernos”, las comunidades decidieron, en 1994, “que tenemos que gobernarnos nosotros”.

Agregó: “nos organizamos en los municipios autónomos”. Ahora, dijo, “sentimos como indígenas que nuestros hermanos en otros estados de la República” viven condiciones de despojo y violencia similares a las que originaron el zapatismo. La gira de la otra campaña “nos confirmó lo que pensábamos, lo que imaginábamos antes. Que nosotros los indígenas somos los más olvidados. Pero sabemos que la libertad, la justicia y la democracia también las necesitan los que no son indígenas.

“El trabajo de los municipios autónomos se ha consolidado. Nuestros compañeros se dan cuenta que así debería ser en todo México. Donde el pueblo manda y el que está gobernando debe obedecer. Es así como trabajan nuestras compañeras y compañeros. Se han dado cuenta que sí se puede hacerlo”. Además, resaltó, “los compañeros están descubriendo cada vez más la participación de las compañeras en los distintos cargos”.

Refirió que las comunidades se preguntan: “¿Cuándo nos han consultado de las leyes que hacen? Por ejemplo, cuando Carlos Salinas de Gortari cambió del artículo 27 lo que nuestro general Emiliano Zapata logró meter en la ley constitucional, que la tierra no se vende ni se renta”, y ahora “ya se puede vender y rentar”. “¿Cuándo nos preguntaron eso? No sirven para nada esos diputados y senadores que están ahí. No representan al pueblo de México, porque nunca nos consultan”. Explicó cómo las decisiones comunitarias acá “se discuten y deciden en asambleas, y se pregunta a los pueblos”.

Para poder hablar de autonomía “hay que vivir en donde se está haciendo”. Su construcción “no ha sido fácil”, y “es variada” por las “diferentes formas de cómo trabajan” y “la situación en cada zona”. Destacó la importancia de “cuando quitamos las tierras a los terratenientes, o los latifundios”, pues “se toman así los medios de producción”. De otro modo “nada se logra; se necesita organización”, concluyó.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:29
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