Mi?rcoles, 06 de agosto de 2008

Detienen en Baja California a 2 líderes del magisterio disidente

■ Aseguran que se trata de una persecución política orquestada por Elba Esther Gordillo y el gobernador

■ El objetivo es eliminar la jubilación dinámica para los mentores del estado

Antonio Heras (Corresponsal)

Mexicali, BC, 5 de agosto. El dirigente del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), Héctor Lara Moreno, y el ex dirigente de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Carlos Castro García, fueron detenidos en esta capital, acusados de un fraude por 61 millones de pesos provenientes del fondo mutualista del magisterio estatal, fideicomiso integrado con recursos de afiliados a ambas organizaciones gremiales.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California informó que se acreditó la probable responsabilidad de Héctor Lara y Carlos Castro por el delito de administración fraudulenta, como parte de la averiguación previa 3688/06/111, por lo que agentes de la Policía Ministerial del estado cumplimentaron la orden de aprehensión girada por el juzgado primero de lo penal.

La dependencia comentó que el ilícito no es considerado grave, por lo que ambos dirigentes podrían salir bajo fianza.

En tanto, cientos de trabajadores del SETE –creado en 2006 a raíz de una escisión del SNTE– criticaron al gobierno estatal, que encabeza José Guadalupe Osuna Millán, por haber ordenado lo que llamaron una “farsa jurídica” y por la persecución de su líder, Lara Moreno, en complicidad con la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.

Maestros inconformes sostuvieron que la detención de Héctor Lara fue ilegal y consideraron que podría convertirse en el primer preso político del gobierno de Osuna Millán.

Agregaron que en la averiguación previa se incluye al dirigente de la sección 37 del SNTE, Gregorio Carranza, quien fue secretario de finanzas del sindicato de 2004 a 2006, pero no ha sido molestado “por un gobierno que tiene por aliado al Partido Nueva Alianza”, vinculado con la dirigencia del magisterio nacional.

Maniobra de distracción

El dirigente de jubilados del sindicato estatal, Jesús Manuel Olivas, dijo que con esta aprehensión se pretende distraer la atención del conflicto que el Ejecutivo estatal tiene con la comandancia de la segunda Región Militar, cuyo titular, Sergio Aponte Polito, dijo este lunes ser víctima de una campaña de “resentimiento, calumnia y difamación” por los resultados que las fuerzas castrenses han obtenido en la lucha contra el narcotráfico en Baja California.

Antes de su aprehensión, Lara Moreno rechazó las acusaciones de fraude. Aseguró que los recursos faltantes se canalizaron a préstamos a la base magisterial entre 2004 y 2006, y fueron recuperados posteriormente.

Lara Moreno fue detenido la noche del lunes, al salir de una reunión en las oficinas del SETE. Castro García fue arrestado minutos después, en las inmediaciones de su domicilio.

A cada maestro y trabajador de apoyo se le descuenta por cuota sindical uno por ciento de su salario nominal, lo que representa, en promedio, 200 pesos mensuales.

En Baja California hay 45 mil maestros afiliados a las secciones 2 y 37 del SNTE, así como al SETE. El descuento a los profesores asciende a 9 millones de pesos por mes, los cuales se entregan a las arcas del SNTE, a pesar de que los más de 10 mil agremiados en el SETE, entre personal activo y jubilados, solicitaron hace dos años a la Secretaría de Educación y Bienestar Social que sus cuotas sindicales se entregaran a la representación estatal. Las autoridades de Baja California desdeñaron la petición.

Sólo en cuotas, el SNTE recibe de los maestros bajacalifornianos más de 100 millones de pesos al año. A esta cifra se suman las aportaciones que el gobierno estatal realiza al magisterio, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo. En 2008 fueron alrededor de 200 millones de pesos.

Pero también hay prebendas políticas que capitaliza el SNTE, afirmó el secretario de asuntos jurídicos del SETE, Salvador Rubio, quien consideró que el fondo del conflicto magisterial, es la intención del gobierno de Baja California de desaparecer la jubilación dinámica para 13 mil 500 trabajadores estatales de la educación (sección 37 y SETE), como se hizo en 1996 con los maestros de Nuevo León.

Con la jubilación dinámica, un trabajador retirado recibe en su pensión los mismos aumentos que se otorgan a los sueldos de trabajadores en activo.

Para nadie es extraño, dijo el abogado, que “detrás de todo esto está Gordillo, y que sus detractores se convierten en sus enemigos, por lo que son perseguidos, encarcelados o acusados de delitos armados para amedrentarlos y doblegarlos”.

El profesor Carlos Castro, detenido en la cárcel de Mexicali al igual que Héctor Lara, señaló en su declaración ministerial que en 2004 recibió presiones y amenazas de representantes del SNTE y del gobierno de Baja California para cancelar la jubilación dinámica, que es la prestación más valiosa de los maestros estatales. Los federalizados no tienen este beneficio.

Preparan movilizaciones

“No nos van a ablandar, porque estamos seguros de que el movimiento va a crecer, ya que estamos legalmente constituidos, contamos con toma de nota proporcionada por los tribunales, por lo que nuestro sindicato independiente se consolidará”, señaló el abogado Salvador Rubio en conferencia de prensa, en la cual estuvieron líderes del Congreso del Trabajo, Braceroproa, Frente Cívico Mexicalense, Sindicato del Colegio de Bachilleres y Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado en Baja California.

Entre las inconsistencias jurídicas de la denuncia que analiza el juzgado destaca la actuación extemporánea del Ministerio Público, la falta de personalidad jurídica de los 52 maestros afiliados al SNTE que presentaron la querella y, sobre todo, la inexistencia del sindicato nacional en Baja California, ya que carece de toma de nota ante las autoridades estatales, sostuvieron los abogados de Héctor Lara y Carlos Castro. Los litigantes solicitaron que se amplíe a 144 horas el término constitucional para determinar la situación jurídica de los detenidos, a fin de reunir elementos para rebatir la acusación contra sus clientes.

Al cierre de esta edición, unos 200 maestros se mantenían en la sede del SETE en Mexicali, en espera de iniciar movilizaciones en diferentes puntos de la entidad, entre ellos el juzgado primero de lo penal y la casa de gobierno en esta capital.

 

Confirma SSP sobrevuelos de aviones F-5 en territorio guanajuatense.
verónica espinosa

GUANAJUATO, Gto., 5 de agosto (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que aviones F-5 del Ejército realizan ‘sobrevuelos’ de vigilancia sobre territorio guanajuatense, como parte de los acuerdos que se establecieron con el gobierno federal para hacer frente al narcotráfico.

El titular de la dependencia, Baltasar Vilches Hinojosa, señaló que de acuerdo con informes de “inteligencia militar”, desde hace aproximadamente 20 días se hacen patrullajes aéreos en la zona fronteriza con Michoacán, ante la presencia de cárteles del narcotráfico.

“El Ejército ha dispuesto una actividad específica con el apoyo de los aviones F-5 en el estado de Michoacán, y aquí en Guanajuato se realizan este tipo de sobre vuelos con finalidades también de reconocimiento”, apuntó.

Así mismo, el funcionario anunció que los gobernadores de Michoacán, Leonel Godoy, y de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, firmarán en breve un acuerdo para aplicar una estrategia conjunta en materia de combate a la delincuencia organizada.

El convenio incluirá a las corporaciones de seguridad de los dos estados e involucrará también al gobierno federal, expresó Vilches, pues “las acciones que el Ejército ha realizado de manera directa en Michoacán han traído una repercusión al estado de Guanajuato, específicamente el traslado de grupos dedicados a actividades ilícitas”.

Entre las acciones previstas en el acuerdo, anotó, destaca un mayor intercambio de información sobre bandas y grupos delictivos que operan en ambas entidades, además de operativos conjuntos en zonas estratégicas y compromisos de inversión en seguridad.

 

No usar como bandera política el caso Martí, demandan diputados a Calderón

■ Los plagios y otro tipo de delitos que afectan a los ciudadanos no son exclusivos de la capital, dicen

Enrique Méndez y Andrea Becerril

En rechazo a la postura presidencial emitida ayer, diputados federales de PRD, PT y Convergencia hicieron un llamado al presidente Felipe Calderón a mantener la serenidad y evitar entrar en confrontaciones, porque “no es con retos al gobierno de la ciudad de México” como se combatirá a la delincuencia organizada. Precisaron que los secuestros y otro tipo de delitos que afectan a los ciudadanos no son exclusivos de la capital.

Al respecto, el senador perredista e integrante de la Comisión de Justicia, Graco Ramírez Garrido Abreu, demandó a Calderón Hinojosa “tener prudencia” y dejar de confrontarse con el Gobierno del Distrito Federal, toda vez que los secuestros y la violencia son “peores” en otras entidades federativas.

Recordó que en otros estados ha habido 50 o 100 muertos diarios, lo que habla, dijo, de la incapacidad del gobierno federal para enfrentar el problema, y por ello no es válido que la tragedia ocurrida a la familia Martí sea utilizada por el Ejecutivo para lanzarse contra el gobierno de la capital.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Alejandro González Alcocer, informó que el PAN insistirá en que se apruebe la iniciativa del presidente Calderón para aplicar prisión vitalicia a los secuestradores, proyecto que, dijo, está desde marzo de 2007 en Xicoténcatl, pero no ha podido dictaminarse ya que no hay consenso para ello.

En contraparte, diputados del PAN rechazaron que sea con la pena de muerte –como sugirió el coordinador del PRI, Emilio Gamboa– como se logrará abatir la inseguridad pública, y comprometieron un mayor presupuesto al gasto de este rubro para el próximo año.

Por su parte, a través de un comunicado, la dirigencia nacional del blanquiazul condenó anoche “el secuestro y el cobarde asesinato del joven Fernando Martí”, al señalar que ese crimen pone de manifiesto la urgente necesidad de que las autoridades estatales y federales colaboren de manera eficaz.

Luego de que ayer Calderón reprochó la falta de coordinación de la administración capitalina en el combate a la delincuencia en la ciudad, los diputados Emilio Ulloa Pérez, del PRD, y Silvano Garay, del PT, expresaron su rechazo a la postura presidencial y ejemplificaron que en Jalisco, estado gobernado por el PAN, la semana pasada fueron ejecutadas seis personas en la que fue casa del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez.

Ulloa Pérez resaltó que si por el caso del secuestro y asesinato del adolescente Fernando Martí la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) mantiene a tres arraigados, la mayoría de delitos de carácter federal –incluidos los abusos del Ejército Mexicano en retenes– quedan impunes. “Y hay que recordar que el gobierno de Marcelo Ebrard ya fijó como prioritaria la solución del asesinato del joven Martí”, comentó.

El coordinador de los legisladores de Convergencia, Alejandro Chanona, exigió “que nadie utilice (el caso) como bandera política; al contrario, debemos ser muy prudentes”. Aclaró que quien tiene el aparato de poder para evitar la impunidad del crimen organizado es el Ejecutivo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el panista Raúl Padilla Orozco, aseguró que se propondrá un incremento de recursos a las partidas para seguridad pública. Sin embargo, reconoció que la inseguridad “no es un tema que se resuelva en un día. El propio Ejecutivo lo fijó: ésta será una batalla larga, donde todos tendremos que poner de nuestra parte y en ese tránsito estamos”, concluyó.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:18
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