Viernes, 08 de agosto de 2008

No es la solución, sostiene Alvarez Icaza
de la redacción

MÉXICO, DF, 7 de agosto (apro).- Al cuestionársele sobre el tema de la cadena perpetua, el ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza sostuvo que de nada sirve incrementar las penas cuando “la justicia no funciona”.

El presidente de la CDHDF dijo que “la reforma que queremos es una que nos haga saber que quien tenga que cuidar nuestra seguridad lo haga, porque no creo que el problema principal sea el marco legal; lo que creo es que la policía y el sistema de justicia no funcionan”.

Y en el mismo sentido se manifestó la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, la que agrupa a 58 agrupaciones en todo el país, que este día sostuvo que el incremento de las penas no es la forma más efectiva de combatir al crimen ni inhibir la comisión de delitos.

Por ello la Red reprueba el establecimiento de la cadena perpetua como una forma para combatir los secuestros y el crimen organizado.

El frente de ONG sostuvo que el problema radica en el ineficiente sistema de justicia y la impunidad que prevalece en 98% de los casos que se denuncian.

En un comunicado, afirmó que “lo que realmente inhibe el delito no son las penas más duras, sino un sistema eficiente que incremente sustantivamente las posibilidades de que un secuestrador, o cualquier delincuente, sea detenido y castigado”.

Consideró que un efectivo que combate al secuestro debe contemplar la instauración de un sistema integral de prevención no penal del delito, policías preventivas capacitadas, la creación de policías investigadoras y honestas que capturen a los verdaderos responsables de los delitos y agentes del MP objetivos e imparciales.

Y en entrevista en el marco de la XVII Conferencia Internacional sobre VIH/Sida, Emilio Álvarez Icaza se pronunció por no legislar con base en las tragedias.

El ombudsman refrendó su absoluto respeto a la familia Martí y a las familias mexicanas víctimas de la delincuencia, pero enfatizó que la propuesta legislativa que espera la sociedad es una que atienda las causas, porque este caso pone de manifiesto la complicidad de policías con la delincuencia.

Dijo que no es el momento para generar legislaciones que no contribuyan a atender las causas, porque se podría caer en incongruencias legislativas. “En la Ciudad de México por ese tipo de medidas que se tomaron hace un par de años se castiga más severamente el secuestro que el homicidio”, indicó.

Hizo un llamado a la mesura y recordó que el año pasado el Ejecutivo federal firmó dos protocolos internacionales, uno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el otro del Sistema Interamericano, contra la pena de muerte y las penas agresivas.

“De manera que hay que actuar en congruencia con las obligaciones del Estado Mexicano”, enfatizó.

Refirió también que apenas en 2005 se hizo una reforma constitucional para evitar la pena de muerte, y reiteró que lo que necesita la sociedad son garantías de que las corporaciones policiacas funcionen.

 

 

Se dispara la inflación al nivel más alto en ocho años: BdeM

■ Incrementos en los costos de los combustibles aceleran el repunte del índice de precios

■ Aumenta la gasolina por segunda vez en siete días; impactará el indicador, señalan analistas

■ Se atempera el efecto que tuvo el encarecimiento de los alimentos en el primer semestre

Roberto González Amador e Israel Rodríguez J.

La inflación repuntó en julio al nivel más alto en ocho años, mientras el gobierno federal impuso este jueves, sin previo aviso a los consumidores, un nuevo incremento en el precio de la gasolina, el segundo en siete días y el cuarto en siete semanas.

El Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el indicador que mide la inflación, repuntó en julio 0.56 por ciento, arriba del pronóstico de la mayoría de analistas financieros, el alza más pronunciada para un mes similar desde 1999, reportó el Banco de México.

Con ese incremento, la inflación de los últimos 12 meses alcanzó 5.39 por ciento, 1.09 puntos abajo del promedio de incremento a los salarios al cierre del primer semestre de este año, que fue de 4.30 por ciento.

Una de las razones que influyó en el resultado de la inflación en julio está relacionada con decisiones de política económica del gobierno federal de incrementar en una proporción mayor a lo que venía haciendo el precio mensual de las gasolinas. También, el impacto en las tarifas eléctricas para uso industrial y en el gas por el alza en la cotización internacional de estos energéticos.

El mayor desliz en el precio mensual de la gasolina dejará sentir su efecto inflacionario en la úiltima parte del año, opinaron este jueves analistas financieros. Ayer mismo, el gobierno decretó un nuevo aumento de precio de las gasolinas, adicional al que impuso al inicio del mes.

Sin aviso previo a los consumidores, el gobierno federal decretó ayer un nuevo incremento al precio de la gasolina, el segundo en siete días y el cuarto en las últimas cinco semanas.

A partir de este jueves la gasolina Magna se incremento en un centavo por litro mientras que la Premium subió dos centavos.

Así, los automovilistas pagaron a partir de ayer jueves 7.32 pesos por litro de gasolina Magna y 9.13 pesos por litro de gasolina Premium.

De esta manera, los incrementos acumulados en lo que va del año, en el precio de la gasolina Magna, alcanzan 4.42 por ciento y en la tipo Premium 4.58 por ciento, niveles superiores al promedio de la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor registrado de diciembre de 2007 a julio de 2008, que alcanzó 2.60 por ciento.

Mientras que en términos anualizados, es decir, de julio de 2007 a julio de 2008 el aumento de las gasolinas es de 5.47 por ciento en el caso de la gasolina Magna y 7.15 por ciento en la gasolina Premium, también arriba de la inflación general.

Menos inflación por alimentos, más por alza en la gasolina

En los primeros ocho meses del año, la inflación aumentó 2.60 por ciento, según informó ayer el Banco de México. En el primer semestre el principal detonador de los precios fue el alza en los alimentos naturales y procesados, que reflejaba el alza internacional en la cotización de estos productos. En el último mes, de acuerdo con el reporte, el incremento estuvo relacionado sobre todo con decisiones de política interna y menos con el impacto externo en el precio final de la comida.

La inflación del conjunto de alimentos cuyo precio mide el banco central para elaborar el INPC registró en julio un incremento de 0.47 por ciento, mientras que el mes previo fue de 0.61 por ciento.

En cambio, el conjunto de precios “administrados y concertados”, donde se incluye la gasolina, el diesel, gas y electricidad, registró en julio una inflación, según la medición del banco central, de 0.73 por ciento, cuando un mes antes fue de 0.27 por ciento, añadió el reporte del instituto emisor.

Las mayores presiones de precios en la llamada inflación no subyacente, aquella de la que se eliminan los precios de los productos más volátiles, se registran en precios administrados y concertados. Estos están vinculados con el encarecimiento internacional de energéticos, que afecta la determinación de tarifas eléctricas para usuarios industriales de alto consumo. En el repunte inflacionario también influyó el alza en el costo del gas doméstico y las decisiones gubernamentales sobre el retiro de subsidio a las gasolinas, opinó Octavio Gutiérrez Engelmann, analista de BBVA Bancomer.

“Es previsible que estas presiones se intensifiquen en el cuarto trimestre del año, así como su potencial transmisión a otros precios de la economía. Por su parte, los precios agrícolas continuaron experimentando alzas para el consumidor final, sin embargo, monitoreo de precios mayoristas en centrales de abasto apunta a su moderación posterior”, añadió el analista.

La otra razón por la que se ha elevado la inflación más allá de la meta de 3 por ciento prevista al inicio de 2008 (ahora es de entre 5.25 y 5.75 por ciento anual) es el encarecimiento en el precio de los alimentos. Según el banco central, comienza a moderarse esta tendencia.

En julio, la inflación anual de alimentos fue de 9.43, mientras que en junio el crecimiento de los 12 meses previos alcanzó 9.59 por ciento, de acuerdo con el Banco de México. Gutiérrez Engelmann consideró que la tendencia descendente en la inflación de alimentos pudiera extenderse hacia inicio del cuarto trimestre del año, sobre todo por que se advierte una tenue estabilización en la cotización internacional de granos.

Mientras tanto, en julio la inflación de los servicios, en donde se incluye vivienda y educación, continuó al alza a 4.54 por ciento anual, cuando un mes antes fue de 4.38 por ciento. En este caso, estuvo impulsada por servicios vinculados a vivienda, que llevan 24 meses con alzas continuas por mayores costos de insumos de la construcción, una tendencia que los analistas esperan que siga en los próximos meses. Aquí también habrá un mayor impacto en las siguientes semanas, cuando se registre el pago de colegiaturas y compra de útiles escolares por el inicio del ciclo escolar, que comienza oficialmente el 18 de agosto.

“La inflación en julio se vio presionada por el alza en los precios arbitrados por el gobierno federal”, comentó Ricardo Aguilar Abe, analista de Invex, Casa de Bolsa. “Los precios de las mercancías mostraron un repunte más moderado en el mes, en línea con nuestras expectativas, debido a una menor expansión en los precios de alimentos. Los precios de los servicios también mitigaron su avance. En contraparte, los precios administrados y concertados mostraron un aumento mayor al previsto, particularmente estos últimos (transporte local y foráneo, telefonía, cuotas y licencias)”, añadió.

El consenso entre analistas financieros era que la inflación de julio fuera de 0.50 por ciento, es decir, abajo de la registrada.

De guerras sucias y desapariciones forzadas

Gilberto López y Rivas

Existen fundadas razones para que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) haya declarado el 30 de agosto Día Internacional del Detenido Desaparecido. Es precisamente en esta región donde miles de casos de desapariciones forzadas se registraron no sólo durante las dictaduras militares que la asolaron en el último cuarto del siglo pasado, sino, también, en países que como en México, el Estado supuestamente democrático practica hasta la fecha esta cruel expresión de la llamada guerra sucia.

Crimen de lesa humanidad imprescriptible, la desaparición forzada es tipificada jurídicamente en el ámbito internacional a partir de las presiones de múltiples organizaciones no gubernamentales y organizaciones de familiares de las víctimas que demandaron durante los años 80 y 90 el establecimiento de jurisprudencia por parte de los organismos de la ONU y la OEA especializados en la defensa de los derechos humanos, así como de la Corte Penal Internacional. Los esfuerzos plasmados en sentencias, declaraciones y resoluciones de estas tres décadas culminan con la firma en París, el 6 de febrero de 2007, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece las obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los estados signatarios.

La desaparición forzada –considerada un abuso continuo, pues la figura de la víctima se desplaza a los familiares– atenta contra derechos fundamentales a la vida, a la libertad y la seguridad personal, a un trato humano y respeto a la dignidad, a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, al reconocimiento de la personalidad jurídica, identidad y vida familiar, a la libertad de opinión, expresión e información, así como a los derechos laborales y políticos. Se caracteriza también por la indefensión jurídica absoluta de la víctima, pues es sustraída a la acción de recursos elementales como el habeas corpus –recurso judicial para cuestionar la legalidad de una detención– y el amparo.

Esta reciente convención de Naciones Unidas estableció como nuevo derecho humano no ser sometido a desaparición forzada y avanzó en medidas concretas vinculantes como el registro centralizado de todos los lugares de detención y el derecho de los desaparecidos y sus familiares a un recurso efectivo y reparación. En el artículo 1, la convención establece que:En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”. (En el ámbito internacional, ¿cómo puede explicar, y mucho menos justificar, el gobierno estadunidense las desapariciones forzadas de miles de ciudadanos de variadas nacionalidades mantenidos en cárceles secretas en buques de guerra en alta mar, o terceros países, aduciendo su “guerra contra el terrorismo”?)

En esta convención se avanza también en la definición de ese delito: “Se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Un elemento determinante en la tipificación de este crimen de lesa humanidad es que el sujeto que efectúa la desaparición forzada es el Estado y sus agentes en su conjunto, sin importar el nivel o el sector del organismo estatal que originalmente efectúa la detención. Esto es, la práctica de la desaparición forzada constituye uno de los elementos constitutivos del terrorismo de Estado, el cual se caracteriza por transgredir los marcos jurídicos de la represión ‘legal’ (la justificada institucionalmente) y apelar a “métodos no convencionales”, a la vez extensivos e intensivos para causar terror o incluso aniquilar a la oposición política y la protesta social, sea ésta armada o desarmada. La desaparición forzada y la impunidad de quienes cometen este delito, la organización de grupos paramilitares, como la Brigada Blanca en México, o los que han operado todos estos años en Chiapas, los “escuadrones de la muerte” en Guatemala o El Salvador, forman parte de estos mecanismos clandestinos del terrorismo de Estado.

La desaparición forzada ha sido parte de la historia criminal del Estado mexicano, desde que en los años 60 y 70 se dieron los primeros brotes guerrilleros en varias regiones del país. Centenares de jóvenes de ambos sexos fueron simplemente desaparecidos, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero. A pesar de que el pasado 18 de marzo de este año, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, éstas son experiencias cotidianas en el país, y ninguna persona, especialmente militares y policías, ha sido procesada hasta el presente por los cientos de casos contabilizados en este rubro.

La desaparición forzada de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez constituye actualmente un caso paradigmático de lo que es y ha sido la historia de la guerra sucia del Estado mexicano, con todos los agravantes de impunidad, complicidad de todos los niveles de gobierno y violación del orden jurídico internacional en la materia, y sin que la normatividad interna haya sido adecuada de conformidad con las previsiones de la convención.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:59
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