Mi?rcoles, 13 de agosto de 2008

Opaco y discrecional, el examen para plazas en la SEP: expertos

■ Irrisoria cifra de espacios reconocidos ante creciente demanda de maestros en las aulas

■ Los organizadores del proceso buscan lavarse las manos y cerrar ingreso a miles de normalistas, señala Navarro Gallegos

■ Desde Fox se privilegia la enseñanza privada en detrimento de la pública: Bartlett

Laura Poy Solano

Especialistas en el sistema educativo nacional consideraron “irrisoria” la cifra de lugares que se oferta –dada a conocer por la Comisión Rectora SEP-SNTE– en la aplicación del Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2008, ante la creciente demanda de maestros en el país, lo que “resulta paradójico, pues, cuando más profesores requiere el sistema para cubrir las aulas, menos espacios se reconocen oficialmente”.

César Navarro Gallegos, catedrático del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y experto en el sistema educativo nacional, advirtió que no sólo “prevalece gran desconfianza sobre los organizadores de dicho concurso y los mecanismos empleados para su aplicación y evaluación, al elegir a una organización civil a modo para que certifique el proceso, sino también porque, en los hechos, se quieren lavar las manos y cerrar de manera definitiva la posibilidad de ingreso al servicio docente a los miles de egresados de normales e instituciones públicas de educación superior”.

El concurso de selección –enfatizó– “no sólo incumple las condiciones mínimas de transparencia exigidas en cualquier práctica de evaluación educativa, que debe estar a cargo de organismos independientes; se trata de un examen atípico, que va en contra de los principios rectores de un ejercicio similar en cualquier parte del mundo, pues no se garantizó la completa autonomía de un comité de verdaderos expertos, ajenos a los intereses de las partes”.

“Torpeza, tener a dos señoras siempre del chongo”

En tanto, Manuel Bartlett Díaz, ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que después de dos años de administración calderonista, “apenas están presentando un programa educativo, y además no plantea la gran solución, la cual no es aplicar exámenes. Hay que tener una política donde la enseñanza pública sea prioridad, pero no lo es para los gobiernos conservadores. Y una enorme torpeza de Calderón en materia de educación es tener a dos señoras peleándose todo el día.

“Cómo se puede tener a dos señoras jalándose del chongo en la SEP. Ahí hay dos secretarias, y sobra alguna.” Agregó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debe cumplir sus funciones, que son “defender los derechos de sus agremiados, pero no tiene atributos de autoridad ni administrativos, y si se convierte en autoridad echamos a perder todo”.

Alertó que desde el sexenio de Vicente Fox se ha privilegiado la enseñanza privada, propiciando un enorme descuido de la pública, que es la esencia de la formación académica en el país. “Y si contamos seis años con Fox y dos del actual gobierno, es lo que llevamos de vivir un desastre educativo, social, de salud, en todo; la única solución es que Felipe Calderón se vaya con todo su kindergarten”, advirtió el priísta.

En tanto, Navarro Gallegos, coordinador del libro La mala educación en tiempos de la derecha: política y proyectos educativos del gobierno de Vicente Fox, afirmó que con la aplicación de un mecanismo de evaluación “opaco y discrecional, no sólo asistimos a una simulación, sino también a la ruptura de un mecanismo de vinculación entre los egresados de escuelas normales y universidades públicas con el espacio directo para ejercer la docencia, que es la escuela, al destacar que se tienen muy pocas posibilidades de ingreso, y con ello a la absorción de una oferta de docentes que ya no podrán llegar a las aulas”.

 

 

De secuestros y oportunismos
jenaro villamil

MEXICO, D.F., 12 de agosto (apro).- Quien hace la ley, pone la trampa. Esta suele ser una frase mordaz, socorrida entre abogados y criminalistas que descreen de la eficacia del “endurecimiento de las leyes” para inhibir a los delincuentes. No sólo eso. La frase también expresa el cinismo de quienes se dedican a violar la ley: a mayores penas, es más alto el rédito del negocio de la impunidad.

Esta reflexión viene a cuento ante la oleada de reacciones sociales, mediáticas y políticas que se han generado a raíz del crimen del joven Fernando Martí, sobre todo, ante la discusión paralela que se ha generado en torno a la iniciativa presidencial para aprobar la cadena perpetua a secuestradores y las sugerencias mediáticamente rentables de establecer la pena de muerte a estos delincuentes.

Paradójicamente, la opinión pública no ha reaccionado favorablemente a esta campaña de “mano dura” y sí, por el contrario, le puede cobrar una factura muy alta a los intentos de utilizar de manera oportunista la conmoción social generada por el caso.

La historia de la familia Martí es brutal y no da espacio para el aliento ni el optimismo. Un grupo de secuestradores, perteneciente a La Banda de la Flor, enquistado en las estructuras policiacas capitalina y federal, extorsiona al padre de este joven de 14 años. Piden cinco millones de dólares por el rescate. Transcurren 57 días de pesadilla para la familia, conocida en el mundo empresarial y deportivo. Después de pagar una parte del rescate, el padre publica un desplegado en la prensa el 29 de julio: “Grupo La Flor yo les cumplí; llevamos dos meses esperando a nuestro hijo, tenemos dos millones de razones si nos lo regresan. Comuníquense”.

La respuesta de los plagiarios fue bárbara. El 1 de agosto fue encontrado el cuerpo de Fernando, abandonado en la cajuela de un auto en la Colonia Villa Panamericana. Tenía un mes de muerto. “Por no pagar. Atentamente: la familia”. Era el mensaje que dejaron los secuestradores.

La reacción de los medios fue inmediata. Los principales periódicos revelaron que detrás de la banda estaba un grupo de agentes judiciales no sólo pertenecientes a la PGJDF, sino también a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). También se reveló que existe un testigo clave, sobreviviente, que puede desentrañar el caso.

Los dueños televisivos ordenaron a sus comentaristas que leyeran tremebundos mensajes en teleprompter, en un tono de pánico moral y de sobreactuada indignación, que generó el efecto deseado: una furia social con elevados índices de rating. Ni las Olimpiadas desplazaron esta oleada de editorialización que, como suele suceder en estos casos, simplifica en exceso y pretende que medidas exprés sean tomadas para calmar el ánimo vindicativo de las audiencias masivas.

Explicable la reacción social ante la saturación mediática, el oportunismo político ha sido la parte más grosera, incluso para la propia familia Martí y para cientos de familiares de personas secuestradas que nunca recibieron ni siquiera un gesto de solidaridad o de compasión ni de las autoridades ni de los medios masivos ante sus propios casos.

El oportunismo político se ha engarzado con la polarización partidista. Este contexto ha convertido el episodio de la discusión sobre los secuestros en una competencia de exaltaciones, de medidas efectistas –que no eficaces-- y de generalizaciones peligrosas. Una de esas generalizaciones es pretender que leyes más “duras” –como si existieran leyes “blandas”-- inhibirán la ola de secuestros, acabarán con la endémica corrupción en las áreas policiacas y resolverá el problema. Otra medida que no se ha discutido lo suficiente es convertir a ciudadanos en “espías” y guardianes de sus propios ciudadanos como una manera de sustituir la ineficacia policial.

Otros datos, difundidos sobre todo en los medios impresos, revelan que la ola de secuestros y de levantotes –verdadera epidemia en las ciudades fronterizas-- no responde a una dinámica de competencia política entre el gobierno federal y el gobierno capitalino, sino a una descomposición social, económica y psicológica muy grave, para la cual no existen respuestas ni medidas fáciles.

Algunos de estos datos y declaraciones merecen una revisión importante de los legisladores, antes de aprobar leyes exprés:

1.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública en el Distrito Federal calcula que al menos 413 policías forman parte de las bandas delictivas (reportaje de Patricia Dávila, Proceso, No. 1658). Pero no sólo son los policías los únicos dedicados al secuestro. Existen contadores que llevan años con las familias de empresarios, médicos y hasta trabajadores bancarios involucrados en las bandas. Se trata de un negocio inserto en la economía criminal que se ha disparado en los últimos años.

2.- Entre 2004 y 2007 el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha contabilizado 1,851 plagios. Los secuestradores exigieron 4 mil 982 millones de pesos de rescate. Sólo obtuvieron 237 millones de pesos. Sin embargo, estas cuentas no contabilizan otro rostro más pernicioso: los levantotes y secuestros exprés que han afectado, sobre todo, a entidades con fuerte presencia del narcotráfico (Durango, Chihuahua y Baja California).

3.- La vocera de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, destacó, en una entrevista con la revista Emequis, que los cuerpos policiacos e institutos de investigaciones penales carecen de estudios para saber si los secuestros realmente han crecido a partir de la “migración” de los narcos a esta industria o tienen una dinámica particular. Estos estudios bien pueden ser realizados por las comisiones legislativas antes de decidir si llevar a cadena perpetua a secuestradores va a inhibir en algo esta actividad.

En otras palabras, la ola de secuestros y de crímenes vinculados a estos hechos merece que el Estado adopte medidas radicales, pero no efímeras ni efectistas. Buscar rédito político o electoral a la inseguridad pública está demostrado que sólo es un aliciente para puestas en escena mucho más perniciosas.

 

En 20 estados, desvíos por más de $1,178 millones de fondo para educación: ASF

■ Pagos a profesores comisionados a actividades políticas, entre las irregularidades

■ La Auditoría enviará observaciones a las autoridades para que solventen las inconsistencias

Verónica González (Corresponsal)

Colima, Col., 12 de agosto. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Antonio Ortega Martínez, aseguró que en las revisiones efectuadas en 20 estados se detectaron desvíos millonarios en los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb).

Ante ello, aseguró, la Cámara exigirá al gobierno federal que ponga fin a la práctica de comisionar profesores.

El legislador, del Partido de la Revolución Democrática, declaró que el martes la ASF enviará oficios a las entidades inspeccionadas para que aclaren las inconsistencias detectadas, entre ellas en la aplicación de recursos del Faeb y el pago indebido a docentes que están comisionados.

Se revisó el ejercicio presupuestal de 2007 del Faeb a Colima, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, Durango, Morelos, estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo.

Después de la investigación el órgano fiscalizador detectó una irregularidad que se ha multiplicado en años recientes y en diversos estados: “comisionar a maestros a partidos para las promoción de actividades políticas y la atención de programas estatales y municipales ajenos a la educación”, explicó el diputado.

“Esa práctica debe terminarse en todo el país, y para lograrlo la Cámara exigirá a los gobiernos estatales y federal erradicarlo. Así, que las instituciones educativas paguen a los académicos que impartan clases frente a grupos todos los días y no a los que no se ensucian los dedos con polvo de gis”, manifestó.

El pasado 29 de julio los resultados de las auditorías revelaron un millonario desvío de fondos para pagar a miles de burócratas comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). También se detectó que afiliados a la organización recibieron doble sueldo y los gobiernos estatales “jinetearon” recursos procedentes de la Federación.

A petición de la Cámara de Diputados, la ASF revisó el destino de 210 mil 531 millones 336 mil 600 pesos del Faeb, los cuales fueron transferidos el año pasado de la Federación a entidades y municipios. Sin embargo, la auditoría determinó que más de mil 178 millones se usaron para pagar salarios de 6 mil 152 trabajadores comisionados al SNTE, a pesar de que tenían licencia con goce de sueldo.

Ortega Martínez expresó que el Faeb representa 59 por ciento de los ocho fondos del ramo 33, y subrayó que equivale a 26 por ciento de cada peso que los estados reciben del presupuesto federal.

La ASF enviará el martes a las 20 entidades auditadas un informe detallado con las observaciones, mismas que deberán aclarar en 45 días, aseguró el legislador perredista.

En caso de que los gobiernos estatales no puedan solventar las inconsistencias, la Cámara pedirá que se interpongan denuncias para que se apliquen las sanciones administrativas y penales correspondientes, pues los fondos deben aplicarse exclusivamente en educación y no deben ser desviados con fines políticos, concluyó.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:53
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