Viernes, 15 de agosto de 2008

 “Nulo avance procesal” para presentar a los dos eperristas desaparecidos

■ La comisión mediadora demanda al gobierno “real voluntad política” ante el caso

■ El escritor Carlos Montemayor pide acceso directo a información de Sedena, Cisen y PGR

Patricia Muñoz Ríos

La comisión mediadora entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal presentó ayer un informe en el cual establece que los militantes de esa organización Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron víctimas de “desaparición forzada” por fuerzas del Estado o con la anuencia de éste.

Pidieron, asimismo, al PDPR-EPR que reconfirme la tregua y al gobierno federal que manifieste su “real voluntad política” y presente con vida a los dos activistas desaparecidos.

El informe puntualiza que “no se ha reflejado en acciones concretas la existencia de una real y efectiva voluntad política de parte del gobierno federal para investigar y dar a conocer el paradero de los dos militantes del EPR, así como para encontrar a los responsables intelectuales y materiales de su detención y desaparición en los ámbitos de las autoridades políticas, militares o policiacas, o de organismos de inteligencia en alguno de los tres niveles de gobierno”.

El escritor Carlos Montemayor leyó el informe, en el cual se plantea que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad tipificado en convenciones internacionales; que hay nulo avance de las acciones procesales para dar con el paradero de los militantes del EPR, y que las informaciones recabadas por la comisión mediadora apuntan a que ambos eperristas fueron detenidos por agentes del Estado o por personas o grupos que actuaron con la autorización y el apoyo gubernamentales.

Explicó que el proceso de mediación necesita ahora que tanto el EPR como el gobierno federal, “aclararen con nitidez la actitud que están dispuestos a asumir”, ya que se ha llegado a un punto que podría ser “sin retorno” para este asunto, o bien, que podría permitir un avance cualitativo si se lleva el caso al plano político y no se detiene en el nivel procesal.

Aún no acababa la conferencia cuando la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que por primera vez reconoció que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga el caso de los eperristas “sin limitación alguna bajo el tipo penal de desaparición forzada de personas”.

La dependencia reiteró al PDPR-EPR y a la comisión su propósito de entablar “un diálogo serio y comprometido” con la verdad, la paz y la conciliación, y sostuvo que “la autoridad judicial determinará la verdad jurídica con base en los elementos de prueba existentes”.

Señaló que los familiares de Edmundo Reyes y Alberto Cruz tendrán acceso a los expedientes del caso para que presenten los elementos que así consideren pertinentes para explorar toda línea de investigación, y además se comprometió a aplicar la ley a quienes violenten la libertad de las personas.

Al respecto, Montemayor señaló que esto es un “cambio súbito” del gobierno federal, que en primera instancia se negaba a reconocer que se trata de un asunto de desaparición forzada y no de secuestro, pero además, porque la comisión recibió ofrecimientos, una y otra vez postergados, de acceso a los expedientes procesales y ninguna respuesta a la petición de poder conocer documentos jurídicos, políticos e incidentales presentados por la misma.

Subrayó que el comunicado oficial no tiene ninguna relevancia ni responde a las consultas que ha llevado a cabo la comisión. “Es un comunicado en el que la Secretaría de Gobernación informa que la averiguación previa 047/2008 tiene una hipótesis procesal de desaparición forzada de personas, pero nada más. Lo que planteamos los integran- tes de la comisión es que el proceso de mediación necesita un nivel de información y acceso directo a instancias como el Ejército, el Cisen y la PGR”, declaró en entrevista posterior.

 

Reprobados, 67% de maestros que concursaron por una plaza

■ De 47 mil 809 que presentaron la prueba, sólo 23 mil 245 la acreditaron

■ El mayor número de respuestas positivas, en Sonora y Guanajuato, tanto de docentes de nuevo ingreso como en servicio

Karina Avilés y Laura Poy

Sin cumplir con los medios establecidos para dar a conocer los resultados del concurso de oposición para la asignación de plazas en el magisterio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó por la noche que 47 mil 809 maestros (67 por ciento) reprobaron el examen y 23 mil 245 lo acreditaron (32.7 por ciento), aunque hay 5 mil 524 que fueron eliminados, lo que se atribuyó a un “error”.

De acuerdo con las estadísticas de la dependencia, el menor número de aciertos, de un total de 80 preguntas, fue de dos, ubicado en el estado de Colima y entre maestros en servicio, mientras el máximo fue de 75, con docentes de Sonora y Guanajuato, tanto de nuevo ingreso como en servicio.

La SEP presentó los datos conforme a un universo de 71 mil 54 aspirantes, aunque el pasado lunes afirmó que fueron 76 mil 578 los que presentaron la prueba a escala nacional. El número de plazas que se ofertaron fue 8 mil 239.

Con base en el primer total, de 17 mil mentores en servicio, 7 mil 150 (42 por ciento) podrán aspirar a una de las 5 mil 392 plazas. De inicio, serán mil 758 los que tengan posibilidad de tener un puesto.

Respecto de los de nuevo ingreso, de los más de 53 mil que hicieron la prueba, 16 mil 95 (30.3 por ciento) la pasaron. Para ellos sólo hay 2 mil 800 plazas, por lo que la mayoría, es decir, 13 mil 295, pasarán a una lista de espera. Según la SEP, dichas plazas se asignarán de acuerdo con el orden de prelación establecido por el examen.

El subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, explicó que la cifra de 76 mil 578 aspirantes dada a conocer por la dependencia el pasado lunes no coincide con la de 71 mil 53 que concursaron, porque hubo “tres fuentes de error”. La primera, que el primer dato se dio conforme a una consulta telefónica en las sedes y las aulas; la segunda consiste en que en Sonora mil aspirantes no cumplieron los requisitos y sus registros fueron declarados inválidos, y la última radica –según el funcionario– en que en Veracruz hubo “registros duplicados, porque en esas sedes simultáneamente se presentó también el examen de telebachillerato”.

En total, fueron 10 mil 498 docentes en servicio y 37 mil 311 de nuevo ingreso los que reprobaron. El número mínimo y máximo de aciertos puede atribuirse a uno o más docentes, sin embargo, la SEP tampoco precisó la población que se ubicó en tales rangos.

Según los documentos distribuidos por la dependencia, el número de plazas por cada entidad no coincide con el antes indicado por la secretaría. Por ejemplo, para Chiapas se dijo inicialmente que había mil 187 puestos, y ahora se habla de mil 285. Baja California tenía 108, y ahora 181; Veracruz registraba en un principio 735, y se le asignaron 799. Hay casos como el de Hidalgo, que tenía 14 plazas y ahora aparecen mil 390.

En la convocatoria, las partes anunciaron que los resultados se darían a conocer en la página web creada ex profeso para el concurso y “en los medios impresos de cada entidad federativa”; sin embargo, y aunque de acuerdo con fuentes ya se contaba con ellos, no se publicaron en los medios locales, y fue hasta después de las nueve de la noche cuando subieron las cifras a la página electrónica.

El argumento de la dependencia fue que nunca se dijo que a “las primeras horas” se darían dichos resultados, aunque es evidente que los periódicos se distribuyen en las primeras horas del día.

Al cuestionarle sobre la ausencia de la publicación de resultados en los términos establecidos por la convocatoria, Transparencia Mexicana señaló que “se tiene que reportar como un incumplimiento en términos de la convocatoria, siempre y cuando termine el plazo legal, que vence a las cero horas (del 15 de agosto)”. Sobre la publicación en los medios locales, dijo que hay una “omisión”, aunque luego señaló que cada estado fijó sus términos, por lo que indagará qué pasó en cada uno.

Electrocutan tarifas a usuarios de Luz y Fuerza

Alud de quejas por cobros exorbitantes; “pagas o pagas”, la respuesta en sucursales

Israel Rodríguez

La factura por consumo eléctrico de Elvia Muñiz, empleada de una empresa privada en la ciudad de México, pasó de 600 a cinco mil 400 pesos de un bimestre a otro. Guadalupe Martínez, ama de casa, vive una experiencia similar. Por el consumo de energía en su departamento de dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño, en el que sólo se usan seis focos, recibió un requerimiento de pago de mil 800 pesos, más de cuatro veces lo que venía gastando en los últimos bimestres. “Pagas o pagas”, fue la respuesta que recibió en una sucursal de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la empresa estatal que presta el servicio en el valle de México, cuando fue a reclamar.

No son casos extraordinarios. En los últimos meses, usuarios de la empresa han recibido facturas por consumo de electricidad que multiplican hasta 15 veces el monto de los periodos previos, como pudo constatar La Jornada por decenas de quejas recibidas y en visitas a varias sucursales de la compañía en la ciudad de México.

La empresa no admite que incurra en errores con la medición. A su vez, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que representa a los trabajadores de la compañía, rechaza que sus agremiados caigan en actos de corrupción que afecten los procedimientos y mecanismos de medición del consumo en los hogares.

Sea como fuere, los consumidores quedan atrapados en los problemas operativos de la empresa y son forzados a aceptar convenios para pagar en parcialidades los disparos en el monto de las facturas. “Pagas o pagas”, como respondieron a Guadalupe Martínez en la sucursal Santa María la Ribera de la capital del país.

El SME y la empresa reconocen que las causas de los múltiples aumentos excesivos en el monto a pagar no son imputables a los usuarios.

Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME, enumera algunos de los factores que inciden en el cobro excesivo: “Falta de presupuesto, carencia de una herramienta informática, no se adquiere equipo necesario, retiro del subsidio a las tarifas domésticas, y casos aislados de corrupción”.

Pero aclara: “el sindicato está poniendo la mano en el fuego, porque al que se le comprueba que haya metido la mano al cajón está siendo separado”. Informa que en lo que va del año han sido despedidos unos 50 trabajadores que fueron sorprendidos en actos de corrupción.

Por su parte, Mariano García López, responsable en LFC del departamento que atiende las quejas de los usuarios, afirma que a éstos les hace falta información para comprender los elevados montos en el consumo que son cargados a sus recibos.

García López señala: “Son varias las situaciones que voy a explicar. La primera es que los usuarios rebasen ciertos escalones tarifarios en los consumos que van de uno a 75 kilovatios/ hora con una tarifa de 67 centavos y posteriormente de 76 a hasta 250 kilovatios, el cobro es de 76 centavos mensuales y desde ahí el cobro es mayor. A partir de 500 kilovatios de consumo bimestral hacia adelante el cobro es de 3.28 pesos”.

Estas tarifas fueron publicadas el 7 de febrero de 2002 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Es decir, retiro de subsidio a partir de 2002, como aplicación de la tarifa residencial de alto consumo conocida como DAC.

Otro factor que puede explicar las variaciones significativas entre un periodo y el subsiguiente está relacionado con las lecturas del consumo en los hogares, que en pleno siglo XXI se sigue haciendo de modo manual. En ocasiones, dice, cuando el empleado de LFC acude al domicilio, no puede ingresar al sitio en que se encuentra el medidor, por lo que anota en la tarjeta el rango mínimo de consumo. Posteriormente, la empresa realiza un ajuste –puede ser incluso después de varios trimestres– y ordena actualizar el cobro de todo el periodo. También hay errores al momento de tomar la lectura del consumo, pero son mínimos, asegura el funcionario.

Fernando Amezcua, representante del SME expone: “Otro gran problema que tenemos es que los medidores que compra LFC no pasan la supervisión de nuestros compañeros”, pero aún así “los estamos colocando. Y nos damos cuenta que ese tipo de medidores nos ha acarreado muchísimos problemas”.

–¿De dónde provienen estos medidores?

–De Iusa; no hay otro, es Iusa, responde, es decir, a Industrias Unidas, la compañía del empresario Carlos Peralta.

Revela que se adquieren entre 10 mil y 50 mil medidores al año. “Y por eso nos están acarreando ese tipo de problemas.”

Amezcua advierte que LFC ha sido víctima de una campaña constante de desprestigio “para poner en charola de plata a la empresa y así justificar su privatización”.

Los casos de cobros indebidos se multiplican: durante un recorrido por algunas sucursales de LFC, este diario encontró un racimo de ejemplos. En la sucursal 28, Martha Estela González Aragón, con domicilio en Jaime Torres Bodet, refiere: “Pagaba 32 pesos hasta el corte del 19 de mayo de 2008, pero ahora debo pagar 2 mil 744 pesos”, según el recibo fechado el 8 de agosto de este año.

En la sucursal Juárez, Selene Mendoza, con domicilio en la calle de Edison, exhibe su recibo correspondiente al periodo marzo-mayo de 2008 con un monto a pagar de 476 pesos, pero para el lapso de mayo a julio se duplicó a 973 pesos.

Ahora, dijo, “me pidieron que yo tome la lectura para verificar que sean ciertos los datos que ellos registraron aquí y sí son ciertos me van a bonificar en el próximo recibo, según le prometieron en la sucursal”. Pero ataja: “De todos modos ya pague el recibo, porque siempre que vienes a reclamar te dicen primero pague y luego reclama”.

El funcionario Mariano García López, quien concilia las quejas de los usuarios en contra de la compañía, reconoce finalmente: “Luz y Fuerza del Centro atendió, al cierre de 2007, a 5 millones 900 mil usuarios, y si lo multiplicamos de manera bimestral por seis tomas de lectura al año, aproximadamente hacemos 35 millones de lecturas. Y esto se hace con lápiz y papel. Entonces podemos tener errores de lectura por el volumen que tenemos que cubrir”, admitió.

 

"Aberrante" postura del clero sobre las mujeres.
de la redacción

MÉXICO, D.F., 14 de agosto (apro).-"Aberrantes”, “conservadoras”, “fuera de la realidad”, así calificaron legisladoras de diversos partidos políticos las recomendaciones que la Arquidiócesis de México hizo a las mujeres para evitar agresiones sexuales.

"Si quieres evitar una agresión sexual... no uses ropa provocativa... Cuida tus miradas y tus gestos... No admitas pláticas o chistes picantes...", se lee en un artículo sobre valores dedicado al pudor –firmado por el sacerdote Sergio Román del Real–, que el organismo religioso publicó hace cuatro días en su semanario
Desde la Fe.

"Es
una aberración, o sea, ¿cómo es posible que pretexten que porque usemos minifalda entonces ya vamos a ser víctimas de un delito? Nosotros creo que debemos de luchar y pugnar por nuestros Derechos Humanos", expresó Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados.

En tanto, para la diputada Lorena Martínez esa recomendación está fuera de la realidad porque, dijo, no existen indicios científicos o técnicos que demuestren que las agresiones sexuales sean causadas por la forma de vestir de las mujeres.

"Es una posición definitivamente muy conservadora y muy ajena a la realidad de la naturaleza humana; si eso fuera abuso de menores, no habría pedofilia, no habría otra serie de delitos que tienen que ver evidentemente con la imposición de la fuerza para lograr objetivos sexuales en este caso", agregó la legisladora del PRI.

Estas posiciones ya han sido superadas por la mayoría de la sociedad, señaló por su parte la diputada por Convergencia Martha Tagle.

"Es algo donde las mujeres hemos superado indudablemente esta cuestión de si usas o no minifalda, pero el utilizar este tipo de pretextos como justificación para ejercer violencia contra las mujeres es algo que no lo podemos permitir", concluyó Tagle.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:52
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