Martes, 19 de agosto de 2008

Justicia y seguridad pública; demagogia y derechización      

 

Escrito por Víctor Leonel Juan Martínez   

Saturday, 16 de August de 2008

“Malos tiempos cuando hay que explicar lo obvio”, se quejaba el poeta Bertold Brecht en el funesto contexto de la segunda guerra mundial. Y es que se habían sucedido: la irracional pero simbólica quema de libros en Berlin (1933), la muestra de Arte degenerado de Munich (1937) y la noche de los cristales rotos (1938). Todos estos hechos mostraban el ascenso del fascismo hitleriano, era la obviedad a que se refería Brecht, que la comunidad internacional no parecía advertir y que desembocó en la cruenta conflagración mundial.

En México, la obviedad ahora es la derechización de la justicia. Ante la ineficiencia gubernamental en materia de seguridad pública, aprovechando el clima de incertidumbre y temor de la sociedad mexicana, se está dando un fuerte viraje hacia la derecha; situación además que no es aislada de lo que acontece en el mundo. Esto puede apreciarse con tres hechos que en las últimas semanas han marcado la agenda en materia de justicia y seguridad pública. Tres espacios distintos y ámbitos de responsabilidad diferentes, muestran los alcances de la derechización de la justicia tanto a nivel internacional, nacional y estatal.


EU, desacato al derecho internacional

El Tribunal Penal Internacional de La Haya, dictaminó que los tribunales de Texas violaron los derechos consulares de cinco inmigrantes mexicanos condenados a muerte; los texanos desestimaron tal resolución y ejecutaron a los reos. Los inculpados habían violado, torturado y asesinado a un par de adolescentes un par de años atrás. Ante esta situación el debate sobre el polémico asunto se desvió.

Hubo personas que incluso afirmaron que no importaba que se violentaran los derechos de los reos, dada la magnitud de su falta. Esa es una falsa dicotomía. Los pronunciamientos en contra del desacato de Texas no tienen que ver con que se eximiera de la culpabilidad probada de los reos, ni mucho menos que se proclamara su inocencia o se justificaran sus atroces hechos.

El problema es en otro sentido, consiste en garantizar que todos tengan un juicio justo y apegado a las leyes; en este caso se trató de criminales confesos, pero, ¿qué sucede cuando existen arbitrariedades y se castiga a inocentes?, los mínimos derechos consagrados en las leyes deben cumplirse para evitar injusticias, de las cuales el poder judicial estadounidense no escapa a su comisión. Las violaciones a los derechos humanos se producen en todo el mundo, y es la salvaguarda de estas garantías fundamentales por las que se protesta. Cuando un ciudadano estadounidense comete algún delito, es rápidamente arropado por su país e incluso exige su traslado a EU para ser juzgado ahí, para garantizar un juicio justo. No es otra cosa lo que se pide y más que destinado a defender culpables, es precisamente al contrario, se trata de que esos procedimientos operen para evitar castigar inocentes. Así la decisión texana parece una versión refinada del arbitrario “primero mata después viriguas”.


Gobierno federal, ineptitud y complicidad
El secuestro y asesinato del joven Alejandro Martí generó tal indignación, que el presidente Felipe Calderón solicitó se apruebe la cadena perpetua para los secuestradores. Otra salida en falso. El aumento de las penas o la aprobación de medidas radicales como esa, no atacan las raíces del problema; el argumento de que ello desalentaría a los criminales cae por su propio peso: para que sean juzgados primero hay que detenerlos y eso no sucede.

Es la impunidad con que se mueven lo que alienta a los secuestradores en continuar con su ilícita actividad. Es la ineficiencia, corrupción y complicidad de cuerpos policíacos y autoridades judiciales las que impiden su castigo adecuado. Más aún; como se comprobó en el caso Martí, como sucedió en Morelos la década pasada en que el gobernador Carrillo Olea y altos funcionarios fueron acusados de ello, en muchos casos las bandas delincuenciales están formadas por quienes se supone son los encargados de combatir los delitos: policías y autoridades; y van hasta los más altos rangos.

Ante la ineficiencia de policías y autoridades, buscan la salida más fácil, el endurecimiento de las políticas en materia de seguridad y en la aplicación de la justicia. Hay voces que incluso piden al ejército en las calles y la pena de muerte. Pero, como se ha mostrado en otros países e incluso en México, un Estado policiaco lejos de resolver los problemas en la mayoría de los casos los agravan. Es más caro el remedio que la enfermedad. Lejos de buscar el fortalecimiento de las instituciones, la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos y la dotación de herramientas necesarias para cumplir su trabajo, los graves rezagos del poder judicial se pretende sólo el uso de la fuerza para resolver el grave problema. Más aún, ni siquiera se mencionan el aumento de la pobreza y el fracaso de las políticas económicas que han generado una injusta distribución de la riqueza en México, como algunas de las causas estructurales que han detonado el incremento de la delincuencia.

Pero lejos de ser una lectura equivocada del gobierno federal, no es sino la lógica de un gobierno de derecha, carente de sensibilidad social, pero también de inteligencia y habilidad política para resolver los problemas de su responsabilidad.


Oaxaca, la vanguardia de papel
Con bombo y platillo festinan el gobierno estatal y el Congreso local la aprobación fast track de reformas en materia penal, que pretendían establecer la cadena perpetua como sanción para los secuestradores, pero que concluyó con periodos de 70 a 105 años de prisión. En los hechos la aprobación de tales reformas no es sino una muestra de oportunismo político y demagogia legislativa.

Oportunismo porque se hizo en los términos planteados por el presidente de la república Felipe Calderón, a quien se le quiso dar una muestra de solidaridad desde el gobierno oaxaqueño. Algo así como un pago al gobierno panista por los favores recibidos, que no han sido pocos.

Demagogia porque ha sido evidente la impunidad prohijada desde las altas esferas gubernamentales a la comisión de muchos actos ilegales e incluso delictivos. Además, hay decenas de asesinatos que en los últimos años se han sucedido y que no se resuelven. Por otra parte, la reforma oaxaqueña adolece de los mismos problemas de la propuesta federal: la corrupción y complicidad de las policías, la descomposición del poder judicial. Por eso las medidas adoptadas pueden convertirse no en una herramienta para combatir el crimen, sino al contrario, pueden ser utilizadas en contra de los movimientos sociales o castigar injustamente a chivos expiatorios ante la probada ineficiencia de los encargados de la persecución de los delitos.

Porque ha sido probado en la historia oaxaqueña reciente (como en el caso de la crisis política y social del 2006) que muchos jueces actuaron y actúan por consigna. Porque es un hecho corroborable que no hay división de poderes. De esta forma, esas medidas extremas como las anunciadas, ¿Quién las va a aplicar?: ¿las autoridades que no han hecho sino brindar impunidad en múltiples casos de violación a las leyes y han actuado por consigna en otros castigando inocentes?

Por supuesto, a todos nos indignan los hechos de violencia y el incremento en la delincuencia. Es cierto, es necesario el fortalecimiento de las instituciones, se requiere establecer políticas para atacar esos problemas de inseguridad pública y es imperativo sancionar severamente a quienes cometen esos ilícitos. Pero no son con medidas cosméticas ni sólo endureciendo las leyes como se resolverá el problema. Y, hasta ahora, es lo único que se ha generado.

Se movilizan antorchistas; denuncian abusos del poder
Rechazan desaparición de poderes en Teitipac  

Samuel GÓMEZ
19/08/2008, 05:08:06 AM

Unos 6 mil integrantes de Antorcha Campesina inician un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad, tras movilizarse del sector de Ciudad Universitaria al corazón de la ciudad, anunció el dirigente estatal, Gabriel Hernández, al sostener que las acciones son para evitar el abuso del poder.

En rueda de prensa, Gabriel Hernández, aseguró que hay un velado interés de querer desaparecer poderes en San Sebastián Teitipac, lo cual no van a permitir porque se trata de una autoridad electa el 28 de octubre de 2007, en forma democrática.

Por eso, este martes a partir de las 10:00 horas, iniciarán su marcha para exigir no sólo la solución del conflicto que se vive en Teitipac, sino en otros ayuntamientos, en donde los priístas quieren controlar estos municipios para sus intereses, pero de ninguna manera lo vamos a permitir.

Indicó que en el caso de Teitipac son endebles los argumentos que se pretenden manejar para la desaparición de poderes, tomando en cuenta que Ismael Briones y Lilia Mendoza no tienen la mínima calidad moral para encabezar una lucha en esa comunidad, en donde han defraudado a la gente.

Los lugareños ya conocen sus mañas, por eso su movimiento no tiene eco, pero sí el respaldo de quienes buscan el poder, pero de ninguna manera vamos a ceder espacios a quienes lo que pretenden sólo es la desestabilización en ese ayuntamiento, denunció.

Por eso, este martes a las 10:00 horas más de 6 mil antorchistas vamos a marcha e instalaremos nuestro plantón permanente en el Zócalo, donde sabemos que la lucha será larga, pero nos quedaremos en ese lugar el tiempo que sea necesario, tomando en cuenta que en el plantón del año pasado fueron más de 21 días.

El dirigente manifestó que están preparados para aguantar el tiempo que sea necesario, pero sobre todo manifestó que exigen al gobierno que cumpla cada una de las promesas que tienen con los pueblos de Antorcha, en donde se firmaron minutas de acuerdos que hasta ahora no se han cumplido.

 

 


Publicado por solaripa69 @ 10:03
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