Mi?rcoles, 20 de agosto de 2008

CRISIS DE INSEGURIDAD, MIEDO E IMPUNIDAD
jenaro villamil

MÉXICO, DF, 19 de agosto (apro).- La sociedad mexicana vive con miedo. La percepción de vulnerabilidad frente a la doble violencia del crimen organizado y de las fuerzas que pretenden combatirlo (Ejército y policías) crece en la medida que los principales afectados no son los criminales, los secuestradores o los cerebros del narcotráfico, sino los propios ciudadanos.

El auge del pánico moral no es para menos. Desde hace una década y, en particular, desde hace dos años entramos a una guerra que se convierte en una pesadilla sin solución ni estrategia claras.

Con el gobierno de Felipe Calderón nadie sabe si fue peor el remedio que la enfermedad: la militarización del combate al narcotráfico no ha disminuido su capacidad delictiva. Por el contrario. La ha expandido y potenciado. La vulnerabilidad se ha socializado.

El caso del joven Fernando Martí y la ejecución reciente de 14 personas en el poblado de Creel, Chihuahua, constituyen las dos caras de este proceso.

El secuestro y asesinato de Martí han cimbrado porque condensan elementos simbólicos muy poderosos entre los privilegiados. Nunca como ahora un sector desahogado económicamente se siente tan vulnerable.

Antes los levantones, las ejecuciones sumarias y los miles de desaparecidos anónimos en las entidades de la frontera no habían logrado conmover a los medios masivos como este caso.

Por eso el coraje de un sector amplio del empresariado con el gobierno.

De nada sirven los ostentosos equipos de guaruras, los miles de dólares destinados en seguridad personal o en pagar intermediarios y seguros de vida. Hoy todos se sienten y se saben vulnerables frente al secuestro y el fuego cruzado entre narcos, policías y militares.

El caso del poblado de Creel es dramático y brutal.

Catorce personas fueron ejecutadas a mansalva. El lector Mauricio del Villar, habitante de esta zona, envió un correo electrónico que merece ser reproducido en su parte sustancial:

“Tengo coraje y dolor por lo ocurrido al igual que todo el pueblo. Sin duda alguna es un hecho que quedará en la historia de este lugar y marcará la vida de casi todos los habitantes de Creel. No te puedo decir las razones y los motivos de los asesinos. Lo que sí te puedo decir es que murieron muchas personas que me consta no tienen nada que ver con el narcotráfico. Tengo ganas de gritar y decir algo al respecto…

“Llevo tres años viviendo en Creel y me duele mucho que esto suceda. Sólo busco que por medio de tus palabras y tu voz se pueda escuchar el dolor de todo un pueblo que estará marcado por el resto de su historia”.

No hay nada más que agregar en estas palabras. El lunes voceros del Ejército vincularon a presuntos efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con la matanza. Aseguraron un arsenal con chalecos, armas cortas y otras de uso exclusivo del Ejército.

Frente a estos dos casos de brutalidad, lo que observamos son dos formas diferentes de enfrentar el miedo y la indignación surgidos ante la crisis de inseguridad y de gobernabilidad:

a) Una manera es la movilización, reclamando a los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobernadores, alcaldes, cuerpos policiacos y Procuradurías) que se coordinen y tomen medidas tangibles para frenar al crimen organizado y la impunidad que lo ampara. El 30 de agosto decenas de organizaciones han convocado a una marcha que reflejará la condición masiva de este reclamo. Sin embargo, sólo una minoría puede expresarse en las calles en estos momentos. Los habitantes de Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Culiacán, Tijuana o de varios poblados de Guerrero o Michoacán, se han transformado de espectadores a víctimas potenciales de la brutalidad. Por ellos es también indispensable la movilización y la acción ciudadanas.

b) La otra forma es sustituir al Estado, tomar justicia por “propia mano” y abrir las compuertas al lado más oscuro de la ‘paramilitarización’, como sucedió en países como Colombia. Se borran las fronteras entre justicieros y delincuentes, se expande una histeria colectiva, un ánimo vindicativo. Del miedo se pasa a la venganza y de ésta al abuso. Ya hemos visto manifestaciones de esa reacción en los linchamientos y en la reciente masacre en un municipio de Puebla, donde un grupo de vecinos torturaron a unos presuntos narcos y secuestradores disfrazados de agentes de la AFI. En varias ciudades del país se organizan gérmenes de lo que se conoce como “comandos de autodefensa” para expropiarle al Estado el monopolio legítimo de la violencia.

Este es un momento definitorio para remontar esta crisis. Pretender soluciones fáciles o explicaciones simplistas es lo peor en estos casos. El miedo nos obliga a sobrerreaccionar, pero también la venganza justiciera. Para la clase política, la peor tentación es pretender sacarle rédito electoral o mediático a esta crisis. Se olvidan que la inseguridad pública no vota y que la impunidad que busca el rating es más peligrosa.

Esta mañana, en un foro organizado en la capital del país, el escritor Carlos Monsiváis lanzó una propuesta que conviene tomar en cuenta. El intelectual retomó la enseñanza de los foros de discusión en torno de la reforma petrolera y propuso un debate social amplio sobre las estructuras y las prácticas de la impunidad. Es necesario tomarle la palabra.

Este jueves se realizará una especie de “cumbre” entre funcionarios y legisladores sobre la inseguridad. El ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza advirtió, frente a la reunión, que “el problema no tiene que ver con el marco legal sino con el mal funcionamiento de la justicia, con la corrupción y la impunidad, y me parece que en sus propuestas no se atiende ese tema, inclusive hay quienes están diciendo ‘vamos a regresar las garantías’, eso es gravísimo.

“Si el problema es la impunidad y la corrupción, que nos digan cómo van a enfrentar eso y no cómo van a estar generando un marco legal que les dé más armas a algunos funcionarios”, advirtió Alvarez Icaza.

Esta advertencia y la propuesta de Monsiváis, junto con la marcha vespertina del sábado 30 de agosto, constituyen por ahora los intentos más serios para remontar esa crisis y plantarle una respuesta civil a su rostro más peligroso: la impunidad.

Propone Monsiváis realizar cumbre alterna de seguridad

■ También plantea debate nacional sobre la estructura de la impunidad

Bertha Teresa Ramírez y Ericka Montaño

Al instalar el foro Después de tanto callar, y el espacio público y los debates, que se llevará a cabo de forma permanente en el contexto de la organización de las celebraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución por parte del gobierno capitalino, el escritor Carlos Monsiváis propuso un debate nacional sobre la estructura de la impunidad, así como una cumbre alternativa a la de seguridad que se realizará este jueves, para que las sociedades discutan sobre su porvenir inmediato.

Planteó que también se discuta sobre educación, ecología, cultura indígena, religión, aborto, sexualidad, muerte asistida, clonaciones, matrimonio entre gays y lesbianas, transexualidad y sociedades de convivencia, “ya fuera de bioética y, !oh dolor!, las minifaldas”.

Más allá de esos temas, el debate sobre la impunidad tendrá alcance nacional y deben participar todos los sectores de la sociedad, desde el Poder Legislativo hasta los indígenas: “yo no propondría un debate institucional sobre casi ningún tema pero en el de la impunidad sí”, porque el tema de la violencia es demasiado vago; “son cadáveres y cadáveres y las relaciones de la policía con el narco y etcétera, pero no permite el debate, se condena y punto.

“Lo que sí permite el debate son las estructuras de la impunidad” y por eso vale “insistir en que el Poder Legislativo, los medios electrónicos y las universidades tengan una actitud, porque es el único tema que permitiría testimonios y de algún modo reflexiones colaterales sobre lo que más nos importa.”

Acerca de la violencia, dijo que “debe frenarse con la acción de la justicia que detenga el narcotráfico, los policías involucrados, los empresarios y políticos; pero esto se ha dicho en demasía y no ha pasado nada.” Consideró que uno de los pasos siguientes, “al lado de las acciones del Poder Judicial, es un debate nacional de primer orden sobre la estructura de la impunidad y creo que al lado de la cumbre de seguridad debe darse la cumbre alternativa”.

Monsiváis cuestionó, ¿qué es la impunidad “en el mundo de los negocios, en el universo bancario, en la red judicial, en el disfrute de los ecocidios, en los tratos inquilinarios, en el saqueo interminable a los pobres? ¿Qué es la impunidad tratándose de las corporaciones policiacas, del laberinto de los jefes policiacos, de los nexos con los narcotraficantes, de la ligereza con que se ejecutan los asesinatos en serie? ¿Qué es la impunidad en el mundo laboral con la guillotina del salario mínimo o de los contratos de riesgo o las esclavitudes de la maquila?”.

El escritor llamó la atención acerca del número de policías muertos en el cumplimiento de su deber y pidió no estigmatizar a esas agrupaciones por la corrupción y la impunidad en el país. “La generalización es injusta, sobre todo si se trata de la policía uniformada, sometida a una serie de abusos donde figuran los salarios bajos”.

Agregó que “no todo es desastre y prueba irrefutable de ello es el número de policías asesinados cada año en el cumplimiento del deber. Como los soldados también victimados por la delincuencia, estos policías han servido a la sociedad y, a partir de esto, han pertenecido a ella. Si no se reconoce el sentido de su muerte se dará por sentado que el país vivirá mejor sin un solo policía, lo que no parece ser lo apropiado”.

Respecto de la marcha contra la inseguridad del próximo sábado, Monsiváis señaló que “no se necesita compartir la ideología de los organizadores para apreciar la decisión de los que van a marchar. Como se quiera ver, ejercen una alternativa ciudadana”.

 

Nuevo aumento al precio de la gasolina

■ Es el cuarto en lo que va del mes, y en conjunto representan 10 centavos más por litro

Roberto González Amador

El gobierno federal decidió cargar a los consumidores un nuevo incremento en el precio de la gasolina y diesel de uso automotriz, el cuarto en lo que va del mes, y que entró en vigor la medianoche de este martes.

Con el nuevo precio, la gasolina tipo Magna cuesta ahora 7.33 pesos el litro, un centavo más que el precio vigente hasta este lunes, mientras la tipo Premium eleva su precio de 9.13 a 9.14 pesos por litro, reportaron distribuidores a este diario. Mientras tanto, el diesel sube a 6.38 pesos por litro.

La Secretaría de Hacienda, responsable de la fijación de los precios de los energéticos, no respondió sobre los nuevos precios del combustible.

El nuevo incremento en el costo final de los combustibles automotrices ocurre una semana después de que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, anticipó que el gobierno federal continuará con la política de ajuste gradual de precios. Según el gobierno, el subsidio al precio de la gasolina, requerido para mantener en el país un costo menor al internacional, ascenderá este año a 250 mil millones de pesos.

En la frontera norte del país también ocurrió un aumento de precio, en ese caso de un centavo. La tipo Magna costará a partir de este miércoles 7.62 pesos por litro y la Premium 8.81 pesos, confirmó la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.

Con los precios que entrarán en vigor este miércoles se acumulan tres incrementos en lo que va de este mes, que en conjunto significarán para los consumidores 10 centavos más por litro.

Hace dos semanas, Banamex anticipó que los incrementos en el precio de las gasolinas en lo que resta del año llegarán a promediar casi 20 centavos por mes.

 

Debiera ser defensora, no sepulturera de la columna vertebral docente: expertos

■ Se requieren cambios, pero en México no sobran maestros, coinciden

R. E. Vargas y Emir Olivares

Sin salir aún del estupor, académicos de larga experiencia en la formación de maestros para educación secundaria consideraron “inconcebible” el planteamiento de Elba Esther Gordillo de cerrar las normales públicas para transformar sus instalaciones en formadoras de técnicos en turismo.

“Ella, quien debiera ser la primera defensora de los maestros mexicanos, busca convertirse en sepulturera del normalismo nacional, que desde el siglo pasado ha sido columna vertebral de la educación”, señalaron Benjamín Cortés Valadés, secretario general de la delegación sindical de la Escuela Normal Superior, y Francisco Zúñiga, docente de esa institución, con más de 50 años dedicado a la formación de maestros.

El lunes pasado, durante la ceremonia de apertura del ciclo lectivo 2008-2009, Gordillo –con 19 años ya al frente del sindicato magisterial– pidió públicamente a Felipe Calderón: “queremos que las normales sean instituciones para técnicos en turismo, técnicos en actividades productivas”, a lo que no se hizo esperar la reacción de rechazo.

Muchos aspectos de ese sistema deberían ser revisados, admitieron Cortés y Zúñiga. Sin embargo, pretender su desaparición resulta inaceptable bajo todo punto de vista. En México no sobran maestros, faltan plazas para atender numerosos grupos de educación básica, y a eso debiera dirigirse el empeño de la representación sindical.

“Escandalizados” por que haya sido la propia presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –quien ha manejado las plazas docentes como si fueran de su propiedad– quien hiciera la propuesta, indicaron que también les resultó inverosímil la aquiescencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, hacia el planteamiento.

Abundaron en señalamientos contra el examen de oposición para el otorgamiento de plazas aplicado ahora como único mecanismo para tal fin, porque de entrada –dicen– se contrapone incluso legalmente a la ley de profesiones, pues si un maestro obtiene su título y cédula profesional, significa que está capacitado para desempeñarse como docente y, por tanto, no hay justificación para autorizarle laborar sólo después de aprobar la evaluación dispuesta por la SEP.

Igual que otros grupos especializados en la enseñanza y con juicios críticos muy similares en cuanto al examen, los maestros Cortés y Zúñiga denunciaron que los resultados tan adversos para la mayoría de los postulantes se debe al franco abismo entre los planes y programas aplicados en el aula y aquellos con los cuales se forman, por ejemplo, los docentes de la Normal Superior.

“Nosotros seguimos formando maestros para la enseñanza media con base en la currícula diseñada en 1999, mientras en las escuelas ya empezó el tercer año de aplicación de la llamada reforma a la educación secundaria (RES)”, y la autoridad nunca ha buscado hacer la alineación correspondiente.

Ante todo, censuraron el hecho de que la SEP tome en cuenta sólo la calificación obtenida en un examen (de opción múltiple, por lo demás), cuando la más elemental instrucción para un docente formador de maestros es no considerar sólo ese factor para promoverlos, por ejemplo, de nivel o asignatura, sino medir otra serie de factores, como su presentación y manejo de grupos.

Por separado, Carlos Ornelas, especialista en educación y cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que la petición de Gordillo de “desaparecer” las normales públicas no busca mejorar la calidad de la educación, sino que es “una estrategia de la cúpula del SNTE para no perder espacios de poder que ahorita están amenazados por muchas cosas –como la disidencia–, aunque (ese poder) se está agrandando con la alianza entre Gordillo y el Presidente”. Además el especialista responsabilizó al sindicato magisterial del “fracaso del normalismo, que comenzó hace décadas, cuando los gobiernos priístas cedieron al SNTE el manejo de las normales”.

Rechazados empiezan huelga de hambre frente a la SEP

■ Exigen lugares en UNAM, UAM e IPN para continuar estudios

■ Temen que la dependencia no renueve acuerdo de becar a excluidos

Karina Avilés

El Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación empezó ayer una huelga de hambre frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP). A los 15 estudiantes que comenzaron el ayuno, se sumará uno por cada día en que la dependencia no dé una solución a su exigencia de tener acceso a instituciones de enseñanza superior.

Advirtieron que la SEP no quiere asumir su responsabilidad como autoridad, y más bien intenta “dejar el problema” a instituciones como las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), o el Instituto Politécnico Nacional (IPN)”.

Adrián Santillán y Atzelpi Hernández advirtieron que no se retirarán hasta que a los jóvenes excluidos se les dé un lugar y una oportunidad.

No obstante, expresaron temor de que la dependencia se niegue a aportar recursos económicos a dichas instituciones, con lo que se cancelaría la posibilidad de dar una salida al conflicto, similar a la de años anteriores, que consiste en ofrecer una beca de 100 por ciento al alumno en una escuela incorporada a los centros educativos citados y, al término de un año el estudiante puede ingresar a éstos si obtiene un promedio mínimo de 8.

Indicaron que tal acuerdo se ha puesto en riesgo porque, por un lado, la dependencia encabezada por Josefina Vázquez Mota no ha dado respuesta satisfactoria y, por otro, la postura de la UNAM ha sido distinta a la de años anteriores, la cual podría interpretarse como falta de reconocimiento al plan citado.

Agregaron que la posición del IPN también ha sido “por debajo de lo que ha ofrecido los años anteriores”. Por otra parte, dijeron que la SEP hizo una oferta de escuelas de carácter tecnológico, pero la mayoría se encuentra fuera de la ciudad de México. Aunque no han rechazado esa propuesta, señalaron: “lo que decimos es que los compañeros están en libertad de elegir, y por eso necesitamos una propuesta integral, que así como ofrece lugares en tecnológicas, también lo haga en la UNAM, el IPN y la UAM”.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:26
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