Viernes, 22 de agosto de 2008

 

"Ulises no debe eludir su responsabilidad ante la inseguridad y la impunidad en Oaxaca": Gabino

viernes, 22 de agosto de 2008

 

En el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad que este jueves se celebra en la ciudad de México, como representante popular y como ciudadano preocupado por los derechos fundamentales de los oaxaqueños, Gabino Cué Monteagudo exigió al gobernador Ulises Ruiz que no eluda su responsabilidad oficial ante la inseguridad y la impunidad que prevalece en el estado.

 

En documento público ofrece lista de agravios, entre homicidios y secuestros, y le exige al mandatario cumplir sus promesas.


El combate a la ilegalidad, la impunidad y la corrupción policiaca es la llave para abatir la violencia que ensombrece la vida de los oaxaqueños, refirió el Senador al expresar que la sociedad oaxaqueña espera que los acuerdos de la cumbre sobre Seguridad contribuyan a garantizar los derechos de todos a vivir en un ambiente de seguridad pública, estabilidad y paz.

Con datos en la mano, le exigió a Ulises cumplir con sus promesas de garantizar seguridad a los habitantes del estado como lo publicitó hace 4 años, y que ante el gran número de delitos y abusos existentes, no sea la  omisión o la lentitud de los procesos judiciales la respuesta que ofrezca a los oaxaqueños.

En documento público, el senador hace un amplio recuento de los casos más notorios de homicidios, secuestros, desapariciones y ataques contra la gente común, líderes sociales y empresarios, además de los abusos e ilegalidades cometidos en el periodo más álgido del movimiento social.

Gabino plantea que nadie puede conformarse con seguir en la indefensión ante todo tipo de violencia que se ejerce contra la gente común y contra quienes no están de acuerdo con la política del titular del Ejecutivo del Estado y su grupo más cercano.

Paralelamente, advierte, en amplios sectores de la sociedad existe un estado de vulnerabilidad de las garantías individuales tuteladas por la Carta Magna, así como de una inseguridad galopante que parece no tener fin.

Para el secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República, el gobernador del estado de Oaxaca no parece tener voluntad política para enfrentar esta situación.

Por el contrario, con un discurso evasivo y desapegado de la realidad, Ulises  contesta que "en Oaxaca no pasa nada" y que "está mejor que nunca."

"Si bien su administración fue de las primeras en promover el endurecimiento de penas contra plagiarios, es paradójico que dichas reformas legales no vayan acompañadas de un mejor sistema de procuración e impartición de justicia, así como de investigación de delitos", señala el legislador oaxaqueño.

Para ilustrar esta situación estima que, según cálculos, alrededor de unas 7 mil órdenes de aprehensión integran el rezago en la Procuraduría General de Justicia del Estado, además de que 40 % de los 1, 200 efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones sirven como personal de seguridad de funcionarios y sus familiares.

Todo esto, mientras a lo largo y ancho de la entidad se producen secuestros, "levantones" y crímenes relacionados, las más de las veces, con la delincuencia organizada.

Puso como ejemplo la recurrencia de secuestros que generan incertidumbre y temor entre los hombres de negocios, inhibiendo el arribo de capitales o bien alentando la salida de inversionistas del estado.

Gabino establece que a raíz del conflicto del 2006, entre 500 y 700 personas fueron privadas de su libertad arbitrariamente, sin que se haya castigado a servidores públicos y elementos policiacos.

Incluso, destaca, en esta vorágine de inseguridad, varios representantes de los medios de comunicación han sido víctimas, lo que ubica a Oaxaca entre los principales lugares de agresiones a periodistas.

Para colmo de males, agrega, la sociedad oaxaqueña sigue agraviada con el solapamiento, por no decir complicidad con que se conducen dos casos graves de pederastia.

Muchos de estos hechos que revelan el estado de ilegalidad existente, insiste el legislador, están documentados por organismos defensores de derechos humanos, incluso hay una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto.

Al término de la denuncia pública, Cué Monteagudo confió que los resultados de la investigación sobre violaciones a las garantías individuales que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puedan  resarcir en algo las heridas y agravios contra la población oaxaqueña.

 

Explotan a niños de la banda de música de Zogocho.

Iván Castellanos / Tiempo

La organización Teatro Taller Tecolote A.C. (TTTAC) denunció que los directivos del Centro de Integración Social (CIS) número 8 de Zoogocho, en la Sierra Norte, maltratan a los menores de este plantel que integran la banda de música reconocida internacionalmente; acusaron que a los infantes los obligan a tocar por largas jornadas, sin que se les remunere de forma justa por las labores que realizan.
Luis Cisneros Luján, representante de esta organización, y Gabriela Cabrera Robles, coordinadora en la entidad, afirmaron que los llevan a varias presentaciones sin que disfruten de los beneficios económicos que se perciben por estas actividades.
Acusaron a la directora de la institución, Hortensia Domínguez, y el director de la banda musical, Ismael Méndez, como los responsables directos de la sobreexplotación, por lo que exigieron la intervención inmediata de las autoridades correspondientes.
Incluso, pidieron el apoyo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que se forme una comisión investigadora que solucione el problema; informaron que el caso fue expuesto en la asamblea estatal del magisterio.
Los quejosos consideraron que a la mayoría de los habitantes de la comunidad no les interesa lo que sucede con los niños; al pueblo les genera una economía segura a través del consumo, además de generar prestigio por la existencia del CIS y la banda de música.
“Los niños han tocado en la residencia oficial de Los Pinos ante el ex presidente de la República, Vicente Fox, esto generó una ganancia de 100 mil pesos por la presentación; cuando son invitados por el empresario Alfredo Harp Helú, también reciben cantidades similares por sus presentaciones”, detalló Cisneros Luján.
Sin embargo, los menores perciben el mínimo de estas ganancias, ya que sólo les pagan mil 500 pesos anuales, mientras que el resto de los recursos se desconoce a dónde van a parar.
De la misma forma, señalaron que los directivos se aprovechan de esta situación explotando a los niños, “viéndolos más como fuerza de trabajo que como educandos, ello acarrea un bajo nivel escolar y la gran probabilidad de enriquecimiento ilícito de los profesores”.
Manifestaron que no deben permitir la afectación del CIS con un posible cierre, pero tampoco la utilización de este problema para el fortalecimiento de las corrientes la interior de la Sección 22, ni para la entrega del plantel a maestros de la Sección 59, tampoco se trata de atacar el sistema de usos y costumbres de las comunidades, “sino para frenar el cacicazgo que apoyan la corrupción dentro de este plantel”.


Justicia y seguridad pública; demagogia y derechización       

 

Escrito por Víctor Leonel Juan Martínez   

 “Malos tiempos cuando hay que explicar lo obvio”, se quejaba el poeta Bertold Brecht en el funesto contexto de la segunda guerra mundial. Y es que se habían sucedido: la irracional pero simbólica quema de libros en Berlin (1933), la muestra de Arte degenerado de Munich (1937) y la noche de los cristales rotos (1938). Todos estos hechos mostraban el ascenso del fascismo hitleriano, era la obviedad a que se refería Brecht, que la comunidad internacional no parecía advertir y que desembocó en la cruenta conflagración mundial.

En México, la obviedad ahora es la derechización de la justicia. Ante la ineficiencia gubernamental en materia de seguridad pública, aprovechando el clima de incertidumbre y temor de la sociedad mexicana, se está dando un fuerte viraje hacia la derecha; situación además que no es aislada de lo que acontece en el mundo. Esto puede apreciarse con tres hechos que en las últimas semanas han marcado la agenda en materia de justicia y seguridad pública. Tres espacios distintos y ámbitos de responsabilidad diferentes, muestran los alcances de la derechización de la justicia tanto a nivel internacional, nacional y estatal.


EU, desacato al derecho internacional

El Tribunal Penal Internacional de La Haya, dictaminó que los tribunales de Texas violaron los derechos consulares de cinco inmigrantes mexicanos condenados a muerte; los texanos desestimaron tal resolución y ejecutaron a los reos. Los inculpados habían violado, torturado y asesinado a un par de adolescentes un par de años atrás. Ante esta situación el debate sobre el polémico asunto se desvió.

Hubo personas que incluso afirmaron que no importaba que se violentaran los derechos de los reos, dada la magnitud de su falta. Esa es una falsa dicotomía. Los pronunciamientos en contra del desacato de Texas no tienen que ver con que se eximiera de la culpabilidad probada de los reos, ni mucho menos que se proclamara su inocencia o se justificaran sus atroces hechos.

El problema es en otro sentido, consiste en garantizar que todos tengan un juicio justo y apegado a las leyes; en este caso se trató de criminales confesos, pero, ¿qué sucede cuando existen arbitrariedades y se castiga a inocentes?, los mínimos derechos consagrados en las leyes deben cumplirse para evitar injusticias, de las cuales el poder judicial estadounidense no escapa a su comisión. Las violaciones a los derechos humanos se producen en todo el mundo, y es la salvaguarda de estas garantías fundamentales por las que se protesta. Cuando un ciudadano estadounidense comete algún delito, es rápidamente arropado por su país e incluso exige su traslado a EU para ser juzgado ahí, para garantizar un juicio justo. No es otra cosa lo que se pide y más que destinado a defender culpables, es precisamente al contrario, se trata de que esos procedimientos operen para evitar castigar inocentes. Así la decisión texana parece una versión refinada del arbitrario “primero mata después viriguas”.


Gobierno federal, ineptitud y complicidad
El secuestro y asesinato del joven Alejandro Martí generó tal indignación, que el presidente Felipe Calderón solicitó se apruebe la cadena perpetua para los secuestradores. Otra salida en falso. El aumento de las penas o la aprobación de medidas radicales como esa, no atacan las raíces del problema; el argumento de que ello desalentaría a los criminales cae por su propio peso: para que sean juzgados primero hay que detenerlos y eso no sucede.

Es la impunidad con que se mueven lo que alienta a los secuestradores en continuar con su ilícita actividad. Es la ineficiencia, corrupción y complicidad de cuerpos policíacos y autoridades judiciales las que impiden su castigo adecuado. Más aún; como se comprobó en el caso Martí, como sucedió en Morelos la década pasada en que el gobernador Carrillo Olea y altos funcionarios fueron acusados de ello, en muchos casos las bandas delincuenciales están formadas por quienes se supone son los encargados de combatir los delitos: policías y autoridades; y van hasta los más altos rangos.

Ante la ineficiencia de policías y autoridades, buscan la salida más fácil, el endurecimiento de las políticas en materia de seguridad y en la aplicación de la justicia. Hay voces que incluso piden al ejército en las calles y la pena de muerte. Pero, como se ha mostrado en otros países e incluso en México, un Estado policiaco lejos de resolver los problemas en la mayoría de los casos los agravan. Es más caro el remedio que la enfermedad. Lejos de buscar el fortalecimiento de las instituciones, la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos y la dotación de herramientas necesarias para cumplir su trabajo, los graves rezagos del poder judicial se pretende sólo el uso de la fuerza para resolver el grave problema. Más aún, ni siquiera se mencionan el aumento de la pobreza y el fracaso de las políticas económicas que han generado una injusta distribución de la riqueza en México, como algunas de las causas estructurales que han detonado el incremento de la delincuencia.

Pero lejos de ser una lectura equivocada del gobierno federal, no es sino la lógica de un gobierno de derecha, carente de sensibilidad social, pero también de inteligencia y habilidad política para resolver los problemas de su responsabilidad.


Oaxaca, la vanguardia de papel
Con bombo y platillo festinan el gobierno estatal y el Congreso local la aprobación fast track de reformas en materia penal, que pretendían establecer la cadena perpetua como sanción para los secuestradores, pero que concluyó con periodos de 70 a 105 años de prisión. En los hechos la aprobación de tales reformas no es sino una muestra de oportunismo político y demagogia legislativa.

Oportunismo porque se hizo en los términos planteados por el presidente de la república Felipe Calderón, a quien se le quiso dar una muestra de solidaridad desde el gobierno oaxaqueño. Algo así como un pago al gobierno panista por los favores recibidos, que no han sido pocos.

Demagogia porque ha sido evidente la impunidad prohijada desde las altas esferas gubernamentales a la comisión de muchos actos ilegales e incluso delictivos. Además, hay decenas de asesinatos que en los últimos años se han sucedido y que no se resuelven. Por otra parte, la reforma oaxaqueña adolece de los mismos problemas de la propuesta federal: la corrupción y complicidad de las policías, la descomposición del poder judicial. Por eso las medidas adoptadas pueden convertirse no en una herramienta para combatir el crimen, sino al contrario, pueden ser utilizadas en contra de los movimientos sociales o castigar injustamente a chivos expiatorios ante la probada ineficiencia de los encargados de la persecución de los delitos.

Porque ha sido probado en la historia oaxaqueña reciente (como en el caso de la crisis política y social del 2006) que muchos jueces actuaron y actúan por consigna. Porque es un hecho corroborable que no hay división de poderes. De esta forma, esas medidas extremas como las anunciadas, ¿Quién las va a aplicar?: ¿las autoridades que no han hecho sino brindar impunidad en múltiples casos de violación a las leyes y han actuado por consigna en otros castigando inocentes?

Por supuesto, a todos nos indignan los hechos de violencia y el incremento en la delincuencia. Es cierto, es necesario el fortalecimiento de las instituciones, se requiere establecer políticas para atacar esos problemas de inseguridad pública y es imperativo sancionar severamente a quienes cometen esos ilícitos. Pero no son con medidas cosméticas ni sólo endureciendo las leyes como se resolverá el problema. Y, hasta ahora, es lo único que se ha generado.

 

 

 


Publicado por solaripa69 @ 9:43
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