Lunes, 25 de agosto de 2008

La iniciativa ciudadana propone que se cree un consejo nacional de energía

■ Plantea nueva ley orgánica para Pemex y restructurar su consejo de administración

■ El director de la empresa sería designado a propuesta del Ejecutivo y ratificado por el Senado

Alonso Urrutia

La Iniciativa Ciudadana de Reforma Energética que fue entregada a los grupos parlamentarios de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) –PRD, PT y Convergencia– considera la creación de una Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la reforma a seis leyes. Con ello, se señala que el director de la empresa será designado a propuesta del Ejecutivo y ratificado por mayoría calificada por el Senado, así como la restructuración de su consejo de administración y la creación del consejo nacional de energía.

En la propuesta se destaca la reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, mediante el cual se dotará a la empresa de mayor autonomía de gestión y se le fijarán objetivos en el contexto de un programa nacional de energía que el Ejecutivo someterá al Congreso de la Unión, consolidando su carácter de organismo público descentralizado e integrado. Esto supondría la eliminación de “la separación rígida de Pemex en subsidiarias”.

Como parte de la nueva ley orgánica de Petróleos Mexicanos, se plantea que la empresa sea dirigida por un consejo de administración integrado por 11 miembros, seis de los cuales serían designados por el Ejecutivo federal, que serán titulares de secretarías de Estado u organismos públicos descentralizados. Otros tres serían representantes de la sociedad, designados por el Ejecutivo de una lista de seis personas propuesta por el Congreso, y dos trabajadores sindicalizados de base, elegidos mediante voto libre y secreto.

El citado consejo de administración contaría además con invitados permanentes –con derecho a voz–, que serían los presidentes de las comisiones de Energía de las cámaras de diputados y de senadores y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Paralelamente se contaría con un comité interno de fiscalización y transparencia, integrado por consejeros representantes sociales.

Como parte de las facultades del consejo de administración, éste determinaría los criterios para “fijar los costos de las transacciones entre las áreas operativas para maximizar la rentabilidad de las cadenas productivas de la industria y su transparencia”.

Por lo que hace al director de la empresa, duraría en su encargo cinco años y surgiría de una propuesta que remitiera el Presidente de la República al Senado para que éste lo ratificara con mayoría de dos terceras partes.

Otros planteamientos contenidos en lo que sería la ley orgánica de Pemex, incluyen que el superávit de operación de la paraestatal, al concluir el ejercicio fiscal, “será aplicado en el siguiente presupuesto como ingreso propio del organismo”.

Se indica que cuando sea necesario acudir a procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa en contratos de exploración y desarrollo, o de construcción de instalaciones industriales, la propuesta será enviada a la Cámara de Diputados.

En cuanto a los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se incluyen disposiciones para fijar la autonomía presupuestaria de Petróleos Mexicanos, lo cual implicaría que la empresa aprobaría sus proyectos presupuestales y enviarlos a la Secretaría de Hacienda para su integración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, se considera que los ingresos excedentes se distribuirían de la siguiente forma: 20 por ciento para el fondo de estabilización de los ingresos de los estados; 60 al fondo de estabilización para la inversión en infraestructura de Pemex; 10 por ciento al fondo de estabilización de los ingresos petroleros y otro 10 a programas y proyectos de inversión de los municipios con mayor grado de marginación.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera el establecimiento del consejo nacional de energía y dispone la participación de la secretaría del ramo en el seguimiento de los acuerdos internacionales en materia de explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.

 

Delincuentes encumbrados.
jorge carrasco araizaga

MÉXICO, D.F., 22 de agosto (apro).- La llamada cumbre de seguridad y justicia llamó la atención no por la falta de verdaderas propuestas de políticas públicas en materia de seguridad, sino porque entre los asistentes estuvieron muchos de los responsables de la delincuencia.

Como protectores de las bandas de secuestradores, narcotraficantes, pederastas, lenones, defraudadores y tantas otras expresiones delictivas, funcionarios federales, estatales, municipales, legisladores, jueces y dirigentes partidistas se han convertido en la verdadera base de la delincuencia.

Se ha dicho hasta el cansancio, en “términos economicistas”, que el mejor incentivo que existe en México para delinquir es la certeza de que el delito no será castigado más que en 2 o 3% de los casos.

Es la impunidad, y no tanto las leyes, la causa de esta nueva manifestación de la crisis de inseguridad. Mucho menos con odiosos oportunismos como el endurecimiento de las penas o el restablecimiento de la pena de muerte, como pretenden lucrar Felipe Calderón y el Partido Verde, respectivamente.

Las más de las veces, la falta de castigo es deliberado. Ya sea porque los policías municipales, estatales o federales son comprados por los delincuentes o, de plano, porque forman parte de sus bandas.

También, porque los ministerios públicos –federales y estatales– son pagados para integrar mal las averiguaciones previas y de esa manera abrir las puertas para que los delincuentes salgan “legalmente”.

Otras veces la impunidad se plasma en las resoluciones de los jueces. Pero a diferencia de los funcionarios de los poderes ejecutivos, éstos todavía están protegidos por un grueso manto de opacidad que impide a la sociedad conocer sus fallos.

Con el argumento de que “los jueces sólo hablan a través de sus sentencias”, los juzgadores se excusan también en la comodidad que ya se volvió frase común en los juzgados: “lo que no existe en el expediente, no existe en la realidad”.

No son pocos los casos conocidos y padecidos por la sociedad mexicana en que legisladores, gobernadores y funcionarios federales son evidenciados en sus relaciones con la delincuencia.

Pero no pasa del escándalo, pues en México no se ha visto a ningún gobernador, senador, diputado o secretario de Estado que haya sido siquiera sometido a una verdadera investigación.

Los empresarios, que sólo cuando son víctimas reclaman como ahora, tampoco son ajenos a la impunidad. Por décadas, se han conocido los fraudes cometidos por algunos de éstos con recursos públicos, sin que haya pasado nada.

Sólo por consigna política o personal de los funcionarios públicos, los empresarios han sido perseguidos y pasado algún tiempo en la cárcel. Pero del dinero no se vuelve a saber nada.

Cada sexenio, los funcionarios federales y su entorno terminan enriquecidos. Algunos, hasta la obscenidad.

Lo mismo ha sucedido con el PRI, el PAN y el PRD. Ya en los congresos, ya en los poderes ejecutivos.

Los partidos políticos también forman parte de la enorme red delictiva que cubre al país. ¿Cuántos de sus presidentes municipales, regidores o legisladores no trabajan para la delincuencia?

El mensaje cotidiano para los mexicanos por parte de las elites políticas y económicas es el de la impunidad.

No es sólo un problema de policías, de bases de datos, células de identidad o tareas a 100 días como se empezará a resolver el problema. Eso es apenas la superficie.

El problema de fondo es que en México, los delincuentes se han encumbrado.

 

En labores ajenas a su profesión, 63.8% de egresados en turismo

■ Trabajan en su área 90% de profesionales de la educación

Susana González G.

Pese a ser tan promovida por las autoridades, la carrera de turismo no ha asegurado a quienes la estudian un puesto de trabajo en la llamada industria sin chimeneas, ya que de los egresados que cuentan con empleo 63.8 por ciento trabajan en sectores y actividades diferentes para las que fueron preparados, revela el Portal del Empleo del gobierno federal.

Dicho porcentaje es el segundo más alto entre las 43 carreras monitoreadas respecto de la falta de relación entre la formación de profesionistas con el trabajo que desempeñan, y así se puntualiza en las tendencias que difunde el portal mencionado: turismo es una de las carreras, sentencia, “con mayor porcentaje de profesionistas ocupados en actividades no acordes con sus estudios”.

Así, de 61.7 mil profesionistas del área que tenían trabajo en el primer trimestre de 2008, sólo 22.3 mil “se ocupaban en lo que estudiaron”, mientras 15 por ciento laboraba como secretarias, taquígrafos, capturistas y similares, y 27 por ciento se dedicaba al sector comercio.

La semana pasada, al participar en la inauguración del nuevo ciclo escolar, Elba Esther Gordillo Morales, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), demandó al presidente Felipe Calderón Hinojosa que cerrara las escuelas normales y creara en su lugar instituciones para técnicos en turismo, con el fin de que “ningún mexicano se encuentre sin empleo”, pues dijo que “no es posible seguir formando docentes cuando no hay mercado de trabajo”.

Sin embargo, las cifras oficiales demuestran que la desproporción entre la cifra de egresados en turismo y el porcentaje que labora en actividades afines a su profesión únicamente es superada por el caso de los ingenieros del transporte, aeronáutica naval y pilotos aviadores y navales, donde 66.2 por ciento no trabaja en actividades para las que fue preparado.

En cambio, alrededor de 90 por ciento de profesionistas en educación (formación docente en enseñanza secundaria y normal, egresados en pedagogía y ciencias de la educación, pero también los de educación especial, física, musical, danza y canto) se dedica a las actividades para la que fue formado, “que comprenden conocimientos y habilidades prácticas para ayudar al desarrollo intelectual, social y sicomotriz de los niños, alfabetizar a personas que no saben leer y escribir y orientar a los alumnos en aspectos educativos u orientación vocacional”, entre otras actividades.

Si bien el turismo está dentro de los 11 sectores económicos que mayor crecimiento en la ocupación han registrado en los últimos cinco años, éste ha sido del orden de 4.7 por ciento. Lo superan los ramos de la construcción y de los servicios profesionales, con un incremento de 6.7 por ciento cada uno.

En cuanto al número de personas ocupadas, el turismo ocupa el séptimo lugar entre los 11 sectores económicos, al concentrar 2.4 millones de trabajadores, mientras el comercio prácticamente lo triplica: 7.5 millones. Entre ambas ramas se encuentran la industria de la transformación, con 6.7 millones; la agricultura y los servicios personales, 4.6 millones de empleos cada uno, y construcción, educación y salud, 3.5 millones cada renglón.

Una coincidencia entre las carreras de turismo y las dedicadas a la educación es que en ambas predominan las mujeres, aunque en el primer caso es del orden de 66 por ciento y en el segundo de 96 puntos porcentuales. Por el contrario, la edad representa una diferencia, ya que los profesionistas de entre 35 y 44 años tienen mayor representación en las áreas de la enseñanza, mientras “las carreras con el porcentaje más alto de jóvenes (de 20 a 24 años) se ubican en turismo, forestales y mercadotecnia”, siendo de 18.8 por ciento para el primer caso.

Otras 30 de las 43 consideradas en todas las áreas del conocimiento (ingenierías, artes, humanidades, económico-administrativas, arquitectura y diseño, o bien ciencias de la salud, sociales, físico-matemáticas y biológicas) duplican en porcentaje de colocación a los egresados en turismo.

Así, entre 80 y 82 por ciento de arquitectos, filósofos, ecologos, matemáticos, actuarios y especialistas forestales trabaja en lo suyo. Lo mismo sucede con entre 70 y 80 por ciento de contadores, abogados, sicólogos, físicos, astrónomos, ingenieros topógrafos, geólogos, artistas plásticos, nutriólogos, enfermeros, geógrafos, ingenieros civiles y diseñadores gráficos.

Para el caso de quienes estudiaron ciencias sociales, antropología, teología, veterinaria, ingeniería en computación, informática, química, ingeniería eléctrica, ciencias políticas, administración pública o relaciones internacionales, sólo entre 60 y 70 por ciento labora en su especialidad. Pero aún los agrónomos, mercadólogos, administradores, economistas, periodistas, biomédicos o diseñadores industriales tienen porcentajes de colocación superior a quienes estudiaron turismo, ya que entre 48 y 59 por ciento se desempeña en áreas de su especialidad.

Creel: paso libre a los asesinos…

El asesinato de 13 personas en el poblado de Creel, en la sierra Tarahumara, corroboró que los discursos no amedrentan al crimen organizado. Como ocurre en otros estados, la Operación Chihuahua de combate al narcotráfico, que conjunta fuerzas federales y estatales, ha recrudecido el encono y la violencia. En este caso, ademàs, existe la sospecha vàlida de que los integrantes de la corporación policiaca local se retiraron de la localidad anticipadamente para que los sicarios llevaran a cabo la matanza sin estorbo alguno.

Arturo Rodríguez García

CREEL, CHIH.- Tras la matanza a mansalva de 13 personas perpetrada el sábado 16 en esta población del municipio de Bocoyna por un grupo de sicarios, la fracción del PAN en el Congreso local exigió la destitución de la procuradora Patricia González, quien sin embargo recibió todo el respaldo del gobernador, José Reyes Baeza.

Según la versión oficial, los autores de la masacre fueron pistoleros de La Línea, brazo armado del cártel que comanda Vicente Carrillo Fuentes, quienes libran una guerra contra organizaciones rivales por el dominio de la sierra Tarahumara.

Los habitantes de este poblado están indignados porque transcurrieron cuatro horas sin que ningún agente del Ministerio Público llegara a levantar los cuerpos. Además, ninguna fuerza policiaca acudió a proteger a la comunidad ni antes ni después del ataque.

Hasta el miércoles 20 toda la policía municipal estaba concentrada en la capital del estado y la comunidad lucía desolada, con apenas uno que otro rondín de las patrullas del Centro de Inteligencia Policial (Cipol) de la entidad.

“Ellos dicen que sí llegaron y puede ser que hayan llegado. Lo que yo sigo rechazando es que, durante todo el tiempo que estuve acompañando a la gente, no hubo ningún elemento de seguridad ni siquiera para proteger el área. La única respuesta que me dieron es que se fueron porque tenían miedo de que el pueblo los fuera a linchar”, afirma en entrevista el sacerdote jesuita Javier Ávila, quien llegó a Creel minutos después de la matanza.

–¿Quién le dio esa respuesta? –se le pregunta.

–El jefe del Cipol, Saúl Hernández. Le dije en su cara: “Se dice que corrieron”. Me respondió: “Sí, padre, me dicen que corrieron porque tuvieron miedo de que los deudos los lincharan”. Yo le dije: “Qué vergüenza, no necesitamos esa policía”.

Para el diputado local perredista Víctor Quintana, lo ocurrido en Creel revela la ausencia total del Estado y, “por omisión, una grave violación a los derechos humanos de los habitantes de Creel”. Por eso considera que estos hechos significan “el fracaso absoluto del Operativo Chihuahua, que se ha realizado con base en una estrategia de palos de ciego”.

El miércoles 20 el propio gobernador Reyes Baeza pidió al gobierno federal una redefinición del operativo.

Quintana hace una comparación: mientras 25 patrullas de Cipol y 60 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) permanecían no muy lejos de aquí, en el ejido Huizopa, donde resguardan las instalaciones de una compañía minera canadiense ante un eventual ataque de ejidatarios que se consideran despojados, después de los asesinatos en Creel el despliegue de fuerza publica en la zona es ínfimo.

Para el legislador perredista, esta es una muestra de que los cuerpos de seguridad se utilizan para la represión, “mientras que todo el occidente de Chihuahua está dominado por La Línea, donde operan no con casas, sino con municipios de seguridad, porque los alcaldes y jefes de policía, e inclusive los militares, están coludidos por corrupción o por miedo”.

Sobre el incremento de la violencia en la zona, Quintana menciona dos versiones: que los sicarios de La Línea se rebelaron contra los capos y están independizándose, reorganizando su territorio, o bien que llegó gente de El Chapo Guzmán y está peleando las plazas con
La Línea.

Ataque brutal

El sábado 16 muchos jóvenes acudieron a unas carreras de caballos que se llevaron a cabo a las afueras de Creel, en una pista propiedad del alcalde, Ernesto Estrada González. Éste cruzaba apuestas mientras sus trabajadores preparaban una discada y bebían.

A decir de testigos y sobrevivientes, al terminar las carreras ecuestres, Fernando Córdova Galdeán y Daniel Armendáriz Galdeán, primos de 19 años, se detuvieron en el salón ejidal de Productos Forestales de la Tarahumara (Profortarah) para correr descalzos al estilo de los indígenas, como suelen divertirse los jóvenes de la región.

También estaban René González Lozano, Óscar Felipe Lozano Lozano, René Lozano González, Óscar Felipe Lozano Lozano, Juan Carlos Loya Molina, Daniel Alejandro Parra Mendoza y Cristian Loya Ortiz, todos estudiantes de preparatoria o profesional, de entre 17 y 22 años de edad.

Al ver a ese grupo en el predio de Profortarah, fueron ahí Luis Javier Montañez Carrazco, Alberto Villalobos Chávez y el profesor Édgar Loya Ochoa, que llevaba en brazos a su hijo de un año y cuatro meses.

Estaba por iniciar la primera carrera y René González ya estaba descalzo. Entonces llegaron los comerciantes Alfredo Caro Mendoza de 36 años, y Freddy Horacio Aguirre Oripel, de 34 (Los Freddys), quienes vivían enfrente del salón ejidal. Según la versión de los medios locales, atribuida a “una fuente ministerial”, ellos eran los objetivos de los sicarios, dada la ubicación de sus viviendas.

Minutos después, alrededor de las 18:30 horas, una camioneta Suburban roja, otra blanca y una Tahoe negra se aproximaron al salón. Desde los lujosos vehículos, varios hombres abrieron fuego contra las personas que observaban la primera carrera. Luego se apearon a rematarlos.

Cuando los sicarios volvían a las camionetas, el bebé lloraba todavía bajo el cuerpo de su padre. Uno de los asesinos regresó y le disparó con su cuerno de chivo en el rostro.

También había sobrevivido a las primeras ráfagas Daniel Alejandro Parra. Alcanzó a hablar por celular con su padre, Daniel Parra, y le avisó que estaba herido. El hombre abordó su camioneta y al llegar al sitio pensó que ya estaba ahí la policía, pues vio a varios hombres con uniformes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y iban cubiertos con pasamontañas.

Éstos lo derribaron de inmediato. Él seguía convencido de que hablaba con agentes policiacos y exigía ver a su hijo Daniel Alejandro. Luego de que lo golpearan, Parra escuchó que una voz les ordenaba retirarse y sólo entonces vio que se trataba de sicarios.

Éstos tuvieron tiempo suficiente para rematar y amedrentar a quienes llegaban. Después, con toda calma, las tres camionetas salieron de Creel rumbo a Bocoyna, cabecera del municipio del mismo nombre, por una carretera llena de curvas y por la cual les habría sido difícil escapar debido a lo tupido del macizo arbolado. Pero la búsqueda de los criminales empezó 12 horas después de la masacre.

La ausencia de fuerzas de seguridad provocó la indignación contra políticos y policías. Deudos de las víctimas y vecinos optaron por reconocer sólo la autoridad del sacerdote Javier Ávila, conocido en la sierra como El Padre Pato.

Él dio información confiable sobre la matanza cuando el hermetismo del gobierno estatal propiciaba que medios de comunicación difundieran versiones inexactas sobre una ejecución masiva de narcos o una balacera en un baile. En El Noticiero de Televisa, Joaquín López Dóriga propaló que fue una riña entre indígenas.

Con 33 años de labor pastoral en la sierra Tarahumara, donde preside la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), Ávila reiteró durante la semana cómo encontró a los jóvenes acribillados, rodeados de sus familias y de los vecinos del pueblo. Éstos permanecieron durante casi cuatro horas en estado de indefensión, pues durante todo ese tiempo no contaron con protección policiaca y los cadáveres permanecieron ahí donde los abatieron.

“Yo esperaba ver una enorme movilización, pero no había nadie –dice el sacerdote–; aquello era un escenario dantesco, porque a la distancia podías ver la masa de sangre y no podías estimar cuántos eran, sólo gritos y lamentos de los padres de familia.

“Me aproximé y vi a uno de los muchachos con un boquete enorme en el tórax, a un lado estaba otro con su cara destrozada, y uno más con el cerebro de fuera. La mayoría de ellos nos ayudaban en la iglesia de vez en cuando, eran buenos muchachos a los que conocíamos desde chicos. Algunos fueron mis alumnos o del padre Héctor, el párroco.”

Aún no veía lo peor: “Creí que eran unos diez muertos. Fue cuando me acerqué a Édgar Loya, quien había caído bocabajo y tenía un balazo en la espalda... Entonces me di cuenta: con el cuerpo intentó proteger al niño que tenía entre sus brazos. La carita del bebé estaba destrozada. Vi a mi alrededor toda esa muerte, el abandono, la desesperación de las madres que abrazaban a los muertos... y no pude más, me quebré”.

A su suerte

La autoridad local desapareció. El alcalde, Ernesto Estrada González, cedió el control del municipio al gobierno estatal tras entregar a sus 32 policías, quienes según la secretaría de Seguridad Pública de la entidad están sujetos a exámenes de confianza, aunque no son investigados ni están arraigados.

El periódico El Heraldo de Chihuahua difundió que los policías de Creel se alejaron después de recibir un aviso de
La Línea.

A 270 kilómetros de ahí, en la ciudad de Chihuahua, el gobernador Reyes Baeza pidió que no se politizara el tema de la violencia, mientras que la procuradora, Patricia González, calificó la matanza como “un acto terrorista” que tenía el propósito de desestabilizar al estado, y directamente atribuyó el ataque a
La Línea.

No obstante, el jueves 21 apareció en Chihuahua una manta mediante la cual La Línea se deslindó del ataque y amenazó a los “montaperros” (como llaman al grupo de El Chapo Guzmán) por matar gente inocente: “No se la van acabar”.

Mientras el gobernador y sus funcionarios evitaban declarar sobre los asesinatos y otros hechos sangrientos en Ciudad Juárez y Chihuahua opacaban la cobertura noticiosa sobre Creel, el lunes 18 prácticamente todo el pueblo se congregó en la plaza principal, donde el sacerdote Javier Ávila ofició misa por los 13 asesinados.

El miércoles 20 la indignación llevó a casi 2 mil personas a marchar vestidas de blanco desde el salón ejidal a la plaza principal, con cartelones y mantas en las que exigían justicia y reclamaban a las autoridades: “Den la cara”.

Al concluir la marcha inició la misa del novenario. El templo era insuficiente y el sermón del párroco, Héctor Martínez Espinoza, si bien llamaba a la resignación y rogaba el consuelo divino, también clamaba por la justicia negada: “Esos muchachos eran hijos de Dios, y esta ofensa (los asesinos) se la hicieron a Dios”.

Remató: “Ustedes valen mucho y merecían cuando menos el pésame del gobernador y de las autoridades, eso es lo que aquí en Creel estamos diciendo con esta marcha”.

Al terminar la misa, el contingente cruzó la calle, donde el Padre Pato y el presidente seccional de Creel, Eliseo Loya (quien perdió a un hijo, un hermano y un sobrino en la masacre), discutían en qué forma continuarían la protesta.

Algunas personas exigían la renuncia del alcalde y de la procuradora de justicia del estado. Otras querían que el sábado, al cumplirse una semana del crimen, se realizaran bloqueos de carreteras, de las vías de ferrocarril, y de comercios y hoteles.

La molestia siguió aumentando porque a la ineficacia de las autoridades se suma su ausencia: hasta ahora no hay suficiente vigilancia en el municipio, sólo se ven algunos patrullajes del Cipol y
la PFP.

“Aquí lo que faltan son hombres”, grita la madre de uno de los jóvenes muertos.

El martes 19, la procuraduría de justicia estatal dio a conocer al fin la detención de un presunto implicado: Orlando Cisneros Ibarra o Luz Fidel Mendoza Sánchez, detenido tras una balacera porque desobedeció la orden de detenerse que le dieron agentes federales. Circulaba en una camioneta roja parecida a la que utilizaron los sicarios en la masacre de Creel. Días después, Cisneros fue consignado por portación de armas para el uso exclusivo del Ejército.

El viernes 22, mientras el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, se reunía con procuradores de los estados en Chihuahua, un grupo de creelenses llegó al hotel del cónclave para exigir justicia, pero los guardias de seguridad les impidió el paso.

En tanto, en Creel se preparaba para el sábado 23 otra procesión con banderas blancas y vestimenta negra, desde el lugar y a la hora de los asesinatos hasta la iglesia.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:14
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios