Jueves, 28 de agosto de 2008

Ni transparencia, ni seguridad: MCO

 

91.11% de 698 personas, piensa que el gobierno no cumple con brindar justicia, paz y seguridad

Gobierno estatal no utiliza transparentemente los recursos públicos, señala encuesta: MCO


ELIZABETH RUIZ JAIMES

Las autoridades estatales no han cumplido con su función de ejecutar políticas públicas que aseguren justicia, paz y seguridad, y mucho menos han utilizado de manera transparente los recursos públicos, asegura más del 90% de las personas encuestadas por el Movimiento Ciudadano por Oaxaca (MCO).

En la encuesta, realizada los primeros cuatro domingos de agosto, participaron 698 personas, quienes se tomaron de siete a diez minutos para contestar las preguntas solicitadas, lo que equivale a 556 días de participación.

Francisco Reyes Cervantes, coordinador del Movimiento, señaló que estos datos duros sirven para validar que "si pasa algo en Oaxaca, la gente no encuentra confianza ni resultados en las autoridades".

Ante este panorama social, lo más seguro es que habrá una creciente organización ciudadana para sustituir a las políticas públicas. "Si la autoridad no puede proporcionar paz, seguridad y justicia, la organización civil tendrá que buscar esquemas bajo los marcos legales".

Para no caer en la anarquía, Reyes Cervantes sugirió que las organizaciones sociales tendrán que tener un orden regido por las leyes estatales y federales. "Estamos concientes que la violencia genera más violencia, pero no podemos imaginar un escenario similar al del 2006, porque aún estamos viviendo las repercusiones de una sociedad violentada".

De acuerdo con los resultados preliminares porque sólo se esquematizaron dos preguntas del total de la encuesta, 91.11% de las 698 personas, piensan que el gobierno no ha cumplido con su función de brindar políticas públicas que aseguren justicia, paz y seguridad, mientras que un 93.98% de los encuestados considera que los recursos públicos que usa el gobierno no se usas con transparencia y mucho menos para los fines que deberían.

Las personas que participaron en la encuesta tenían entre 15 y 80 años de edad, pero la participación más asidua fue por parte del grupo de edad entre 26 y 36 años. En la entrega de resultados, se dio a conocer el IV Foro Juvenil del MCO, que está orientado a la juventud indígena de Oaxaca, evento que se realizará en el próximo mes de septiembre.

 

Impunidad hace inútiles penas elevadas al crimen
Iván Castellanos / Tiempo de Oaxaca

[04:58] Pesimista, el coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Oscar Javier Jarquín Rodríguez, lamentó que los índices delictivos no disminuirán si las leyes no se aplican.
Sentenció que, a pesar de la aprobación de penas más severas para secuestradores, será difícil desterrar la criminalidad.
No se ven resultados en cuanto al combate a la delincuencia, por lo que las leyes no están cumpliendo con la finalidad para la que fueron dictadas, “porque no se combate el delito eficazmente, ni se previene eficientemente, y cuando se detiene a los delincuentes, tampoco se cuenta con un programa de readaptación social”.
En el país hay demasiadas leyes, a diferencia de otras naciones; México cuenta con mayores leyes desde los ámbitos municipal, estatal y federal, pero la mayoría no se aplican y los delincuentes continúan realizando actos fuera de la ley, sin que sean castigados.
“Desde el momento en que se elabora una ley, más tarda en ponerse en vigencia que en buscarse los mecanismos para atacarla, se hace vigente el dicho que dice ‘la ley se hizo para violarse’”.
Sobre todo,porque la ciudadanía espera que las autoridades cumplan con los reglamentos, pero estos comenten actos de impunidad, corrupción, por lo que los ciudadanos directamente los secundan, “se requiere una limpia completa para poder cambiar la situación”.
Advirtió que se estableció, en el Artículo 18 del Código Penal del Estado, el aumento de la penalidad de 3 días a 70 años, cuando anteriormente la condena más larga era de 40 años, “ahora se incrementa y se puede acumular cuando se tengan en proceso más delitos”.
Se habla de cadena perpetua y pena de muerte; anteriormente estaban en la ley, pero se derogó por considerarse que no correspondía a la situación que se vivía en el país.
“Hoy se revive a la pena de muerte para delitos graves, lo que provoca inquietud, análisis, investigación, para determinar qué es lo que más conviene hacer”
Pero esto no se lleva a cabo en el Congreso del Estado, porque cuando ya se tienen lineamientos a seguir, se realiza para “cubrir las apariencias”, y los legisladores prácticamente realizan las adecuaciones sin que se persiga el bien común, fin de toda ley.

¿Dónde está el frente?                                                

 

Escrito por Gustavo Esteva   

¿Seguridad? ¿Protegernos de qué o de quién? Aumenta continuamente la preocupación general por la seguridad y al mismo tiempo se diluyen sus contornos.

La situación de los zapatistas es buena parábola de la cuestión. No tienen problemas de “seguridad interior”. Hay una relación convivial entre vecinos y las comunidades saben cómo procesar justa y serenamente conflictos y violaciones a las normas sociales. Pero la gente vive bajo continua amenaza “externa”: el acoso militar y policiaco y la agresión de los paramilitares. Las autoridades gubernamentales son el problema de seguridad de los pueblos zapatistas.

 

En el resto del país, el “crimen organizado” se concentra también en el gobierno. El desorden e incompetencia que lo caracterizan disimula el empeño concertado, de tipo delictuoso, presente en los tres niveles de gobierno. Combina el afán desorbitado de apropiarse de bienes ajenos, bajo todas las formas de la corrupción, con el ejercicio sistemático de la violencia, para imponer su voluntad y someter a control a la población. En el caldo de cultivo de la impunidad galopante proliferan mafias en que es cada vez más difícil distinguir a delincuentes de policías, jueces o funcionarios.

Narcotraficantes y secuestradores se usan como pretexto y cortina de humo de esa asociación delictuosa. Pero la “guerra contra las drogas” produce lo contrario: hace evidente la naturaleza del régimen dominante y la función de la seguridad como justificación de un ejercicio ilegítimo de dominación y control.

Esa “guerra” se pierde día tras día: aumentan inconteniblemente la producción y consumo de drogas y la violencia, impunidad y corrupción que las acompañan, lo que lleva a intensificar el fallido esfuerzo. Se alimenta así el fuego, en vez de apagarlo. Nadie ha llegado al punto de tirar la toalla, pues el horror penetra por todos los poros de la sociedad, corrompiendo a su paso cuanto encuentra. Pero un número creciente de personas y grupos descubre el carácter del predicamento y plantea cómo salir de él.

Desde hace décadas estudios rigurosos han mostrado que de cada dólar pagado por un consumidor estadunidense de drogas, tocan de tres a cinco centavos a su productor en Guerrero o Colombia; los traficantes se llevan de 12 a 15 centavos; el resto va a parar a manos de quienes combaten uso y tráfico de drogas. Las policías y los ejércitos, los funcionarios gubernamentales, los bancos, el poder constituido (gobernadores incluidos), se reparten la tajada del león. Las proporciones no cambian, aunque las cifras del negocio se multipliquen geométricamente. Intensificar la “guerra” aumenta el precio del producto para el consumidor y las ganancias de cuantos participan en la operación, pero no modifica la naturaleza del negocio ni altera la composición del reparto.

La razón que se aduce para mantener la criminalización de las drogas es muy simple: el Estado debe proteger a los ciudadanos... de sí mismos. Según esto, no somos capaces de usar sensatamente nuestra libertad. Sin la protección del gobierno caeríamos inevitablemente en la drogadicción y nos entregaríamos al vicio, como ya lo hacemos con el alcohol o el tabaco.

Es cierto que en la sociedad de consumo la propaganda hace comprar productos dañinos o inútiles y en ella quien no es prisionero de la adicción a comprar lo es de la envidia (por falta de poder de compra). Pero el argumento es frágil. Muchos productos que circulan libremente son más dañinos que las drogas; no hay razón para tratarlas como excepción. La protección que supuestamente ofrece el Estado con la criminalización es cada vez más contraproductiva: estimula el consumo de drogas, en vez de evitarlo; desampara, en vez de proteger; causa más males que los que pretende resolver, corroyendo las bases mismas de nuestra convivencia.

Las campañas que en todas partes se realizan para despenalizar las drogas no abogan por la libertad seudoanarquista del mercado, sino por la creación de un orden social auténticamente democrático, que no delegue en el poder constituido, en nombre de la protección a los ciudadanos, la facultad de someterlos a su arbitrio y control. Es el orden por el que siguen luchando los zapatistas.

En cuestiones de seguridad, como en todas las demás, ha llegado la hora de decir serenamente a los guerreros instalados en el poder constituido: no, gracias, no queremos su protección. Preferimos el riesgo y las dificultades de una despenalización sensata de las drogas, a seguir padeciendo su guerra, en la que perdemos todos para que ustedes se enriquezcan. Asumir la responsabilidad en este ámbito nos permitiría hacerlo en muchos otros, para romper la cárcel de la sociedad de consumo, operada por la república autoritaria.

 

 


Publicado por solaripa69 @ 10:36
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