Viernes, 29 de agosto de 2008

Convocan sindicatos independientes a "paro cívico" el 1 de septiembre
la redacción

MEXICO, D.F., 28 de agosto (apro).- Dirigentes sindicales y de organizaciones sociales convocaron el próximo 1 de septiembre a un "paro cívico", en protesta por la política "entreguista" del gobierno federal, la aprobación de la Ley del ISSSTE, la reforma penal y en contra de la reforma energética.

En conferencia de prensa, representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Sindicato de Tranviarios, Frente Nacional contra la Represión y Organización Nacional de Poder Popular señalaron que el paro implicará el cierre de carreteras, puertos y fronteras, así como la toma de dependencias federales en varias ciudades del país, además de una marcha del Ángel de la Independencia al zócalo capitalino.

Además, dijeron que bloquearán autopistas de acceso al Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y Puebla de las 10:00 a las 16:00 horas, y los accesos a los puertos marítimos, de carga y turísticos, de Veracruz, Tampico, Salina Cruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco y Guaymas, así como los aeropuertos del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.

Los dirigentes de sindicatos independientes añadieron que el "paro cívico" es sólo un ensayo para una huelga nacional a la que pretenden convocar en los próximos meses.

Respecto de la marcha contra la inseguridad de este sábado, afirmaron que es una expresión de las “demandas genuinas de la sociedad, de paz y tranquilidad”.

Benito Bahena, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, dijo:

“Esta marcha, más que buscar la seguridad del pueblo, es un pretexto para entregar más presupuesto al Ejército y a las policías con el fin de reprimir a los líderes sindicales y campesinos",

Añadió que si el gobierno federal quiere realmente acabar con la inseguridad, debe erradicar la impunidad y la corrupción en sus mismas filas, y encarcelar al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; a los gobernadores de Puebla y Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, y a los líderes sindicales Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps.

Sin empleo no habrá paz en el país: AMLO

Ciro Pérez y david Carrizales (Enviado y corresponsal)

Hualahuises, NL, 28 de agosto. “El pretendido nuevo modelo policiaco que propuso el pelele de Felipe Calderón como medida para frenar al crimen organizado, no resuelve el problema, porque si queremos que haya paz en el país lo que tiene que haber son mejores condiciones de vida, mayores oportunidades de empleo y espacios educativos para los jóvenes”, advirtió Andrés Manuel López Obrador, luego de señalar que comparte las preocupaciones de los ciudadanos que llevarán a cabo una marcha el próximo sábado en demanda de mayor seguridad en el país.

“Calderón le dio un balazo al avispero y dejó colgados a todos los mexicanos; pensó que era cualquier cosa enfrentar al crimen organizado, y por eso ahora estamos como estamos”, dijo el ex candidato presidencial.

El político tabasqueño sostuvo que desde que “usurpó la Presidencia, Felipe Calderón actuó de manera irresponsable, se puso el uniforme militar, que hasta le quedaba grande, y dijo que le declaraba la guerra al crimen organizado, sin tener conocimiento de lo que se trataba, porque esto no se resuelve sólo con más policías o penas más largas; la mejor forma es cambiar la política económica que garantice empleo, escuela para los jóvenes y mejores condiciones de vida”.

Destacó que inclusive ahora los propios empresarios, “quienes impusieron a Calderón en la Presidencia, están asustados y con razón, por el clima de inseguridad y violencia; ahora al pelele de Calderón le dicen Lipe, porque ya le perdieron la fe”.

Insistió finalmente en que Felipe Calderón es, por definición, incapaz de resolver el problema de la inseguridad en el país: “¿Cómo va a enfrentar este problema si se robó la Presidencia de la República y tiene como secretario de Gobernación a un delincuente confeso? Así no es posible atender este reclamo social”.

 

Editorial de “La Jornada”:

 

Violencia, información, escándalo.

Para este diario convertir en su nota principal la información sobre el hallazgo, en Mérida, de más de una decena de decapitados constituye una decisión editorial difícil, que obliga a un examen minucioso de la frontera entre información socialmente útil y escándalo mercantilista. La consideración concluyente para hacerlo así es que la masacre y la manera particularmente atroz de presentar sus vestigios constituyen un mensaje inequívoco para las autoridades federales, estatales y municipales: los mutilados de Yucatán, sumados al ataque perpetrado antier en Guanajuato contra una instalación militar, por no hablar de las imparables y ya habituales ejecuciones diarias en diversos puntos del territorio nacional, subrayan la irrealidad del publicitado cónclave de alto nivel efectuado hace unos días en Palacio Nacional con el propósito de acordar medidas para frenar a la criminalidad y restablecer la seguridad pública en el país.

Esta violencia alarmante, mal definida como “guerra” en el discurso gubernamental, no es sólo una disputa de poder, sino también un intercambio de gestos de fuerza entre las autoridades formales y las organizaciones delictivas, por más que las fronteras entre unas y otras se han difuminado por efecto de la descomposición que experimentan las instituciones de procuración e impartición de justicia y las corporaciones de seguridad, por los viejos lazos entre policías y secuestradores, así como por la infiltración del narcotráfico en las esferas política, empresarial y mediática.

Aunque los mensajes bárbaros de los delincuentes resulten crípticos para el común de los ciudadanos y de los informadores, es claro que son, en muchos casos, algo más que ajustes de cuentas, venganzas o advertencias: buscan, además, crear impactos en la opinión pública; van cargados, por así decirlo, con una intención mediática.

En este contexto, el desempeño del oficio periodístico exige sensatez, mesura y responsabilidad para informar sin contribuir a la zozobra y para ceñirse a la verdad sin buscar el escándalo, por más que la verdad resulte escandalosa. El desafío consiste, por otra parte, en no volverse tribuna de los grupos de infractores que buscan publicidad, y en contar los hechos sin agravar la inseguridad o la tragedia de víctimas de la delincuencia y sus familiares. Las respuestas a estos difíciles equilibrios pueden encontrarse en el tratamiento editorial que se da a la información, en la prudencia para no divulgar datos que pudieran poner en peligro o someter a escarnio a inocentes, y en el discernimiento requerido para no ser caja de resonancia de los criminales.

Por desgracia, las dificultades para informar en forma equilibrada se multiplican por la irresponsabilidad de funcionarios y políticos que, en afán de notoriedad o por mera insensatez, agitan a la opinión pública con declaraciones desmesuradas, indiscretas o falsas. Tal es el caso del procurador general de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien hace unos días aseguró que la joven secuestrada Silvia Vargas “podría estar en el norte del país” y que su plagio “tiene que ver con la trata de blancas”; si eso fuera cierto, el empleado público pone en riesgo la investigación correspondiente; si es falso, constituye un deplorable manoseo del sufrimiento de la familia. En otro contexto, la diputada Ruth Zavaleta declaró ayer que sus compañeros de bancada habían introducido bombas molotov al recinto legislativo de San Lázaro en ocasión de la conflictiva y cuestionada toma de posesión del actual titular del Ejecutivo federal. Aunque horas después la legisladora se retractó y pidió disculpas por el disparate, el daño ya estaba hecho y sus palabras iniciales eran citadas en cadenas de correo electrónico como “prueba” del “salvajismo perredista”.

En la circunstancia presente, debiera ser tarea de los medios consignar los hechos sin sensacionalismos y acompañados de reflexión y de elementos de contexto. La Jornada optó por destacar la información de la más reciente masacre criminal porque, a su juicio, constituye, además de un reflejo de la barbarie desatada en el país, una señal espeluznante de la descomposición que impera en los aparatos estatales, reducidos a la impotencia por la falta de claridad y de previsión de quienes los encabezan e insisten, para encubrir su ineptitud o con un propósito peor, en que los hechos de violencia que padece el país son una “guerra”. No la hay. No está en juego la sobrevivencia nacional ni hay un enemigo a exterminar. Se padece, sí, una persistencia gravísima de la impunidad y de un consiguiente deterioro del estado de derecho y de la seguridad pública, pero no se trata de un conflicto bélico sino de descomposición de las instituciones nacionales.

Toman maestros casetas de las principales carreteras morelenses

■ Exigen que se cancele la Alianza por la Calidad de la Educación

■ Protestan normalistas de Oaxaca y Veracruz en demanda de plazas

De la redacción

En el noveno día de paro de actividades, aproximadamente 400 profesores ocuparon ayer durante tres horas las casetas de peaje de las autopistas de Morelos en demanda de que se cancele la Alianza por la Calidad de la Educación, por considerar que viola los artículos 1, 2, 3, 5 y 123 de la Constitución.

En la Autopista del Sol, los manifestantes bloquearon las casetas de cobro de Puente de Ixtla, Alpuyeca y Tepetzingo, donde dejaron pasar gratuitamente a los conductores. “Los maestros ya pagamos por ustedes”, señalaban.

Minutos antes de concluir la protesta llegaron unos 40 granaderos de la policía federal, quienes les dieron un plazo de 15 minutos para que se retiraran del lugar. Javier González Zamora, segundo comandante del 22 agrupamiento de la base Morelos, mencionó que “no hubo necesidad de nada; al contrario (los maestros) son una gente muy educada. Me atendieron muy bien y espero que yo también haya sido de su agrado”.

El profesor Jesús Reyes López refirió: “estamos en contra de la política neoliberal de Felipe Calderón, que pretende privatizar la educación”.

Añadió que el gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, “no hace caso de la voz de los maestros”, por lo que anunció que lo que viene es un “paro nacional”, el primero de septiembre.

José Trinidad Regino Nájera, vocero del movimiento, pidió a los padres de familia comprensión y les prometió que recuperarán las clases perdidas. “No estamos jugando a la huelga, a la lucha, somos 20 mil trabajadores de la educación que coincidimos en esta idea”, concluyó.

En Oaxaca, un centenar de estudiantes de las escuelas normales de San Pedro Teposcolula y Tamazulapan, así como del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), marcharon ayer por la capital del estado, también en protesta por la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación y el eventual cierre de esas instituciones “formadoras de profesores”.

Los inconformes caminaron de las instalaciones del CRENO, ubicadas al norte de la capital oaxaqueña, hacia el zócalo, donde realizaron un mitin. El vocero del movimiento normalista Misael Núñez Acosta, dijo que la voracidad del sistema neoliberal ha llegado al sector educativo con el acuerdo firmado “por el espurio Felipe Calderón y la cacique sindical Elba Esther Gordillo.

“Es el inicio del despojo de uno de los mayores logros de nuestra Revolución: el artículo tercero constitucional, inscrito a sangre y fuego, que consagra la educación pública laica y gratuita a todo ciudadano mexicano”, señaló.

En Jalapa, estudiantes y egresados de la Escuela Normal Superior Veracruzana volvieron a manifestarse para exigir las plazas que fueron negadas a casi un centenar de egresados normalistas tras el examen de oposición.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:53
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