Mi?rcoles, 03 de septiembre de 2008

Alerta roja magisterial ante propuesta del SNTE de cerrar normales
Iván Castellanos / Tiempo

Integrantes del Nivel de Formadores de Docentes de la Secretaría de Trabajos y Conflictos del Comité Ejecutivo de la Sección 22 del magisterio se declararon en ‘alerta roja’, luego de que la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, afirmara que se cerrarán escuelas normales en el país.
Consideraron que esta acción forma parte de los planes del gobierno de la República por privatizar la educación, como ya ha iniciado con la aplicación de exámenes para el otorgamiento de plazas de trabajo.
Encabezados por Aletano Guzmán Guzmán, los inconformes consideraron como desproporcionada la petición de Gordillo Morales al presidente de la República, Felipe Calderón, “es una muestra más de la relación perversa que subsiste ente el sindicato y el gobernante en turno”.
Indicaron que esta relación tolerada por conveniencia durante los sexenios priistas y por la complicidad durante los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN), es la causa de la crisis educativa que vive el país, lo que hace cada vez más evidente las carencias.
Advirtieron que desde su origen, el SNTE se instituyó como una institución corporativista y de control magisterial, “las asociaciones mutualistas que sobrevivieron a la dictadura porfirista fueron acalladas hasta exterminarlas, sin tomar en cuenta su enorme aportación a muchos de los rezagos que identifican a la profesión docente necesaria en nuestros días”.
Entre estos, indicaron, se encuentran los que están ausentes del debate en torno a los docentes, quienes trabajan de manera artesanal.
Destacaron que se han aplicado cerca de 87 mil exámenes para aspirantes a una de las 7 mil plazas definitivas, “lo que muestra la estrechez con que se concibe la docencia, porque la reduce solo a los conocimientos disciplinarios que no guardan relación con lo que enseñan en las escuelas normales, esto es deliberado porque se quiere desacreditar y debilitar a la educación pública para justificar su desaparición”.


Sin traductor, indígenas presos, en la indefensión jurídica: CDI

Citlalli López

[03:15] Una amplia mayoría de indígenas encarcelados afrontaron sus procesos en una franca desventaja e indefensión. A falta de defensores de oficio y traductores, el 84 por ciento de los procesados en el estado no contaron con la garantía de tener un intérprete, informó la delegada de la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI), Concepción Rueda Gómez.
En entrevista, la funcionaria señaló que en México las instituciones que administran, imparten y procuran justicia no son capaces de garantizar a los indígenas el derecho a ser asistidos por intérpretes en todos los juicios y procedimientos.
Previo a la gira de trabajo que realizará por la entidad del Comisionado para Pueblos Indígenas, Luis H. Álvarez, la delegada de la CDI dijo que, con el 26 por ciento, Oaxaca cuenta con el mayor porcentaje de población penitenciaria indígena a nivel nacional
Subrayó que es el estado en el que más individuos indígenas procesados no contaron con traductor.
El Comisionado para Pueblos Indígenas visitará en territorio oaxaqueño para anunciar un programa piloto que busca abatir la carencia de traductores.
De un total de mil 788 personas, mil 567 no contaron con dicha garantía, así lo reveló un estudio realizado para conocer las deficiencias que existe en procuración de justicia indígena.
Dijo que los pueblos nativos no tienen acceso a una adecuada defensa en los juicios y procedimientos que se enfrentan, debido a que existen barreras de comunicación entre el inculpado, el defensor y la autoridad.
Por ello, señaló que es necesario que se aplique una política pública que logre la formación de traductores e intérpretes capaces de garantizar a los indígenas un debido proceso.
A nivel nacional, el 18 por ciento de los indígenas contaron con un traductor, el 82 por ciento restante no tuvieron ese apoyo.



Entrevista a Flavio Sosa, por Verónica Villalvazo  

 

Escrito por Verónica Villalvazo   

Durante la marcha y Paro Cívico Nacional que se llevó a cabo este primero de septiembre en la ciudad de Oaxaca, convocado por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Flavio Sosa  nos dio su opinión en los temas importantes para el país, particularmente para Oaxaca. Informó que aproximadamente cincuenta mil personas se manifestaron para protestar contra las reformas privatizadoras, como la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Petróleo.
 

Reportera: Opinión de la marcha del pasado sábado Iluminemos México.
 
   Flavio: Yo creo que es importante que la gente haga uso de la libertad de manifestarse, es importante que le reclamen al Estado que no admitan sus responsabilidades, que cumplan con sus funciones para las cuales fueron electos, y es importante sobre todo que se haya retomado lo que los oaxaqueños dijimos en 2006 "el que no pueda que se largue.


Reportera: A dos años de todo lo que se ha vivido en Oaxaca, que ha generado que mucha gente culpe que todo lo que sucede a la APPO ¿Qué opina?

   Flavio: Nosotros decimos es un problema estructural, no hay una  política de estructura social para la juventud, no se les atiende una gran parte de la juventud no tienen acceso a las Universidades públicas,  les dejan sólo las alternativas de los Estados Unidos, la calle, la delincuencia, hay jóvenes que todavía piensan que la alternativa es la revolución, el gobierno es el responsable; el sistema económico que excluye a millones. Este señor que ofrecía empleo y seguridad no trajo más que la peor crisis a Oaxaca, el señor Calderón que ofrecía  empleo resultó ser el presidente del desempleo, los niveles de credibilidad por los suelos, es un problema estructural  y en Oaxaca se agrava por la incapacidad  y la torpeza de estos señores que están en el gobierno.
 
 
 Reportera: ¿Qué viene para el 2010?:
 
   Flavio: Yo observo  un panorama de movilización a nivel nacional exigiéndole al gobierno efectivamente que cumpla con su responsabilidad social, que esté a la altura de la historia y que no entregue el país al extranjero. Debería someterse a referéndum la permanencia de Calderón en el gobierno.


 
Reportera: ¿El objetivo  de esta supuesta  incapacidad en el Ejecutivo Federal, no será aplicar el Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN)?

 
Flavio: No, más bien hay un régimen de complicidades entre la delincuencia y el gobierno, en Oaxaca lo vemos muy claro, cuando se dan agresiones contra la sociedad el gobierno o las autoridades encargadas de procurar justicia castigan  a quienes están demandando y no a los criminales, es el caso de Oaxaca es un asunto de complicidades con la delincuencia organizada.

El Acuerdo de Seguridad para América del Norte efectivamente obligó a Calderón a sacar al Ejército a las calles y el ejército en las calles lo único que provoca es la inconformidad ciudadana y más violaciones a los derechos humanos.



Igual que el sátrapa oaxaqueño, seguridad y empleo, grandes pendientes de Calderón

Citlalli López

[03:16] Las fracciones parlamentarias de los partidos de la Revolución Democrática
(PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso Local señalaron que a dos años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la delincuencia y el desempleo se han agudizado. “La guerra que desató contra el narcotráfico es evidentemente una guerra que pierde el gobierno”, sostuvo el líder de la bancada del PRD, Jesús Romero López.
Entrevistados por separado, Romero López y la presidenta de la Comisión de Gobernación, Sofía Castro Ríos, pidieron al ejecutivo federal que “haga por mandato lo que no quiere hacer por voluntad propia”.
A decir de los legisladores locales, en este gobierno hay pocos resultados y un mensaje reducido. “Los políticos del PAN están en proceso de aprendizaje y no ofrecen cuentas claras”, señaló Castro Ríos.
Coincidieron en que hay temas pendientes como la seguridad, economía, el campo y la crisis alimentaria, que no han sido atendidos por el gabinete calderonista, “no se está cumpliendo con las expectativas, son varios los temas que no han logrado resolver”, declararon.
Si bien durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa el Congreso de la Unión ha logrado acuerdos importantes, “éstos han sido producto de la voluntad legislativa, no del ejercicio político de Calderón”, señaló Romero López.
El líder de la bancada perredista resaltó que el PRD no le apuesta al fracaso del gobierno de Calderón porque eso sería pugnar al fracaso de México; de tal forma que exigió al mandatario federal cumplir sus promesas y reivindicarse con la sociedad y el pueblo de México.
“Le faltan 4 años; más que hablar debe haber hechos y politizar los recursos públicos”, mencionó.
“No sólo hay falta de congruencia hay desencanto ciudadano por la falta de resultados”, agregó Castro Ríos.
A su juicio, Calderón sólo ha querido atraer la atención de los medios de comunicación con falsas promesas a los ciudadanos.
Llamó al Ejecutivo Federal a cambiar las políticas públicas a fin de dar resultados.
Sostuvo que, producto de la violencia generada a partir de una fallida guerra contra la delincuencia organizada, se han desalentado las inversiones y en consecuencia caído la economía nacional. Castro Ríos indicó que a este paso México “va al abismo”.


Criminalizan a radios indígenas.


Genaro Bautista / AIPIN

En un aparatoso operativo, a eso de las 10:30 de la mañana de este 29 de agosto, funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respaldados por unos 25 militares adscritos a la Policía Federal Preventiva (PFP), policías del agrupamiento estatal y de transito local, irrumpieron en la Radio Comunitaria Indígena “La Rabiosa”, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), asentada en el territorio Mixteco de Huajuapan de León, Oaxaca.

La radiodifusora indígena "La Rabiosa" forma parte de la Red de Radios y TV Comunitarias Indígenas del Sureste de México, el mismo grupo a la que pertenece la Radio Triqui "La Voz que Rompe el Silencio" de San Juan Copala, cuyas locutoras Felicitas Martínez y Teresa Bautista fueron asesinadas apenas en Abril pasado.

En el momento del asalto de los funcionarios mexicanos, la emisora, transmitía –como parte de su barra programática-- contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.

Un operativo de corte militar fue lo que vivieron los locutores y colaboradores de la radio indígena, presentes en el momento de la acción policíaca.

Los comunicadores indígenas, informaron que en fechas anteriores, habían solicitado tanto a Luis H. Alvarez titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como al Diputado Federal Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, se estableciera una tregua para las radios comunitarias mientras se definía una nueva regulación legal.

Sin embargo esta tregua no llegó pero si el desmantelamiento de radios indígenas quienes en los últimos meses han sufrido el decomiso de su equipo u otras acciones de hostigamiento.

Es público que en Oaxaca varias radios comunitarias indígenas -cuenten o no con permiso-, han padecido la agresión en los últimos años por grupos caciquiles priistas (afines al Gobernador Ulises Ruiz), o por operativos realizados por la policía estatal o por policías federales, que actúan de manera arbitraria e ilegal.

En el mes de julio del 2007, la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN), acusó al Congreso de la Unión mexicano de violar los derechos de los pueblos indígenas de éste país, al no efectuar las modificaciones legislativas necesarias, que garanticen el derecho a la comunicación e información de las sociedades originarias, a fin de que cuenten con sus propios medios informativos.

Derivado de este señalamiento, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con su símil en el senado y otras instancias civiles y públicas, convocaron al Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI), en septiembre pasado, de donde emanaron exigencias como que el ejecutivo federal estableciera una tregua para evitar el desmantelamiento de los medios indígenas como “La Rabiosa”, en tanto el legislativo efectúa las enmiendas necesarias, pero al parecer esto quedó en el limbo.

La mencionada tregua que tanto el Grupo Plural de Senadores responsable de la redacción de una nueva Ley de Medios, de la Comisión de Asuntos Indígenas e incluso de la CDI, no ha sido tomada en cuenta por la Secretaría de Gobernación, la Cofetel y la SCT, quienes de manera prepotente, se encuentran reprimiendo a las radios indígenas.

El acto oficial, desacata el dictamen de la SCJN, del respeto de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios.

En México, el marco legal existente en materia de medios viola este precepto en clara violación al derecho que tienen los pueblos indios a contar con sus propios medios de comunicación, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos los Pueblos Indígenas, aprobada por su Asamblea General el 13 de septiembre del 2007.

El hecho policiaco, ha motivado la protesta de organismos entre ellos la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Asamblea de Radios Libres y Comunitarias de Oaxaca, la Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN) y el mismo Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes exigen al gobierno mexicano, la devolución del equipo decomisado a la Radio Comunitaria La Rabiosa y exige al Gobierno Federal, garantizar al derecho que tienen los pueblos indígenas a operar sus propios medios de comunicación.

Las organizaciones de periodistas y pueblos indígenas, demandan que el gobierno atienda reclamos de la ciudadanía como la violencia extrema y deje de perseguir a los comunicadores. Los agraviados recuerdan que mientras este abuso contra la radioemisora indígena se perpetra, el crimen de las locutoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez permanece impune a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso obligado por la presión del gremio periodístico.

En el operativo contra “La Rabiosa”, se encontraba personal de la radiodifusora, un locutor y un programador en cabina, el director de la estación Alfredo Landa y el coordinador de CACTUS Omar Esparza, quien después de ser avisados de la confiscación del transmisor, una computadora, mezcladora, micrófonos, audífonos, material discográfico y útiles varios de audio, discutieron con los oficiales, por no haber sido notificados.

Esparza, expuso a Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios de la SCT y COFETEL, que la trasmisión de la radio estaba en fase de prueba.

No obstante, los oficiales quienes se identificaron como Inspectores-Verificadores adujeron ejecutar una orden en base a la Ley Federal de Telecomunicaciones. En un acto intimidatorio, señalaron que los comunicadores estaban cometiendo un delito Federal y que era un acto administrativo, pero que si había oposición pedirían la intervención de un Ministerio Publico Federal para efectuar la detención del personal.

El director general de "La Rabiosa" a su vez, coordinador de la Red de Radios Caracol en la región mixteca y triqui, Fredy Landa, abundó en torno al caso, manifestó que agentes PFP se presentaron en el municipio de Huajuapan de León para llevarse los equipos.

"Llegaron sin una orden, ni notificación, sólo nos dijeron que si nos oponíamos traerían al agente del Ministerio Público y se llevaron todo, transmisor, equipo de cómputo, antenas, todo el equipo, nos dejaron en cero", relató.

Landa agregó que este desmantelamiento se da en vísperas del Encuentro de Radios Comunitarias y Libres, que se realizaría los días 30 y 31 de Agosto de 2008 en el municipio de Zaachila, en los Valles Centrales de Oaxaca.

Explicó que estas difusoras de radio pertenecen al Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y transmitían contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.

El operativo, acusan los afectados, se inscribe en una escalada nacional contra las radios comunitarias, que incluye desde campañas negras que las acusan de "radios piratas" hasta el asalto y saqueo de las estaciones a cargo de fuerzas federales y locales, en operativos fuertemente armados. Uno de los blancos de esta escalada han sido las emisoras de organizaciones adherentes a La Otra Campaña, particularmente las radios indígenas.

La Rabiosa, ubicada en la ciudad de Huajuapan de León, en la Mixteca Oaxaqueña, transmitía en el 103.5 de FM, en etapa de prueba, desde hace cinco meses, declaró Omar Esparza.

El artículo 2 de la Constitución Mexicana señala que la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de: "Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen." A pesar del mandato las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo incumplen su obligación, sino que reprimen, golpean, saquean y boicotean los intentos y propuestas de los pueblos indígenas para ejercer su derecho a tener sus propios medios de comunicación, en este caso una radio comunitaria, cultural, educativa y social, acusan los comunicadores.

Ahora los periodistas, esperan una reacción decidida del Congreso de La Unión, a fin de que estos agravios no queden impunes y les restablezcan las garantías para seguir transmitiendo recuperando para ello sus herramientas de trabajo.

Toca a los presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y de Senadores, los legisladores Marcos Matías Alonso y Andrés Galván respectivamente, actuar en consecuencia pero en esto también se espera la participación de sus símil de Radio y Televisión de ambas cámaras, Carlos Sotelo y Verónica Velasco.

Un hecho así no puede quedar en el olvido, confiemos en que los parlamentarios asuman sus responsabilidades y compromisos con los pueblos indígenas.








Publicado por solaripa69 @ 10:13
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