Lunes, 15 de septiembre de 2008

La Gran Tentación: el petróleo de México.

Andrés Manuel López Obrador

 

A partir de hoy, Grijalbo pondrá a la venta el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, La Gran Tentación. El petróleo de México. El texto que presentamos a continuación, por cortesía del sello editorial que lo publica, fue tomado del capítulo “La política irresponsable”

Los gobiernos neoliberales le han confiscado a Pemex todos sus ingresos. Tan sólo de 2000 a la fecha, mientras esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 442 mil millones de pesos, ha pagado y enterado impuestos por 4 billones 467 mil millones de pesos, cifra que significa 75.8 por ciento de sus ventas. En contraste, en este mismo periodo la inversión pública directa en Pemex (sin incluir deuda) fue de 162 mil millones de pesos, cifra que representa apenas 2.5 por ciento de sus ventas totales.

Los ingresos obtenidos por petróleo han sido utilizados para financiar el presupuesto público, al grado que de cada peso del presupuesto, cuarenta centavos provienen del petróleo. Esta política fiscal que sangra a Pemex, ha sido utilizada para compensar el déficit que registra la recaudación, debido a que en nuestro país las grandes empresas prácticamente no pagan impuestos.

Por ejemplo, en 2007 Pemex tuvo ventas por un billón 134 mil 980 millones de pesos y sus aportaciones a las finanzas públicas fueron de 846 mil 200 millones de pesos, es decir, 74.6 por ciento de sus ventas. Mientras, en ese mismo año, según cifras de la Bolsa Mexicana de Valores, nueve grandes empresas registraron ventas por 1 billón 209 mil 316 millones de pesos y pagaron impuestos por 51 mil 325 millones: cinco por ciento de sus ventas. O sea, Pemex aportó dieciséis veces más. Habría que agregar que estas empresas presentaron impuestos diferidos en sus balances por 106 mil 296 millones de pesos; es decir, obtuvieron créditos fiscales por el doble de lo que pagaron de impuestos. Además, no sabemos cuánto al final terminaron pagando porque suele pasar que se beneficien con la devolución de impuestos.

La gran corrupción que se da entre las cúpulas del poder económico y del poder político en México, puede describirse señalando que un trabajador, un integrante de la clase media o un pequeño o mediano comerciante o empresario, están obligados a pagar de 15 a 28 por ciento de impuesto sobre la renta (ISR); sin embargo, los grandes monopolios vinculados al poder, por los privilegios que se les otorgan, reducen al mínimo el pago de impuestos y, en algunos casos, no pagan nada.

Las reformas fiscales realizadas desde el gobierno de Fox y hasta la fecha han agravado este problema. Así lo confirma el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación. Según este organismo, en 2005 “se detectaron cincuenta grandes contribuyentes cuyos pagos individuales de impuestos sobre la renta, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos”. Así mismo, se asegura que “las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, alcanzaron la cantidad de 604 mil 300 millones de pesos. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal”. Esta situación ha continuado, y durante el primer semestre de 2008, las devoluciones de impuestos efectuadas ascendieron a 93 mil 613 millones de pesos.

Por último, habría que agregar que a los gobiernos panistas les ha tocado la época de precios más altos del petróleo en toda la historia del mundo. Fox recibió durante su sexenio recursos presupuestales del petróleo del orden de 335 mil millones de dólares y tan sólo de excedentes por los precios altos, obtuvo 10 mil millones de dólares por año en el trienio de 2004 a 2006. Y la desgracia fue y sigue siendo, que todo ese dinero, en vez de destinarse a modernizar a Pemex, a promover el desarrollo de México y a garantizar el bienestar del pueblo, se derrochó en beneficio de la alta burocracia o se fue por el caño de la corrupción.

Así mismo, en 2007, el gobierno de facto recibió 12 mil millones de dólares de excedentes por precios altos del petróleo de exportación, y en 2008, serán 20 mil millones más. Tengamos en cuenta que la Cámara de Diputados fijó en la Ley de Ingresos de la Federación un precio estimado por barril de 49 dólares y se ha vendido a 100 dólares en promedio. Desde 1901 que comenzó la explotación petrolera en México hasta nuestros días, ningún presidente de la República había obtenido tanto dinero por concepto del petróleo, como el que está recibiendo en este año el usurpador Felipe Calderón. Sin embargo, todos estos recursos, al igual que cuando Fox, se han utilizado para subsidiar fiscalmente a sus aliados de las grandes corporaciones empresariales, se han dilapidado con la corrupción o se han orientado para mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. Baste subrayar que el gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo dos años sumará 404 mil millones de pesos. En suma: ineptitud, corrupción y derroche a manos llenas.

La gangrena de la corrupción

Todo el desastre en el sector energético nacional ha sido alimentado por la corrupción que predomina en el gobierno, en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Este es el mal que más aqueja a Pemex y atormenta a la nación. Aunque son inagotables los casos de corrupción, aquí sólo trataré de manera puntual algunos de los más actuales que considero relevantes.

El primer contrato de servicios múltiples que se otorgó, violando la Constitución, a una empresa extranjera, se suscribió cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. El 14 de noviembre de 2003, sin que hubiera participado en la licitación ninguna otra empresa, se entregó a Repsol de España un contrato por 2 mil 437 millones de dólares, para explotar yacimientos de gas en la Cuenca de Burgos.

Este contrato de servicios múltiples, celebrado con Repsol, en su anexo “Catálogo de Precios Máximos” muestra cómo se integran los costos de los servicios contratados y sus elevadísimos sobreprecios: para la adquisición de infraestructura se paga 120 por ciento adicional del costo directo; y en el caso de los servicios de mantenimiento, hasta 320 por ciento sobre el costo directo diario. Además, el precio unitario original se aplica independientemente de que la empresa contratista utilice materiales nuevos o usados; es el contratista quien tiene la “responsabilidad absoluta” de inspeccionar, probar y certificar todos los materiales, y por si fuese poco, se incluyen cargos adicionales no previstos como tasas y tarifas de importación, impuestos laborales, impuestos por adquisición de inmuebles y permisos, licencias y registros públicos.

Pero lo peor es que estos contratos han resultado benéficos sólo para las empresas extranjeras, pero improductivos y perjudiciales para el interés nacional. Por estos contratos leoninos que han sido otorgados a Repsol, Tecpetrol, Petrobras, Teikoku, Schlumberger y Halliburton, entre otras, Pemex convino pagar más de 5 mil millones de dólares, con la justificación de que la producción de gas iba a aumentar en 50 por ciento en la Cuenca de Burgos, lo que hubiera significado 500 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, en cinco años las empresas aumentaron la producción sólo en 63 millones de pies cúbicos, pasando de 126 millones, que era la producción que Pemex obtenía al entregar los campos, a 189 millones de pies cúbicos; es decir, el incremento equivale a cuatro por ciento de la producción estimada en Burgos. Es más, en el mismo periodo, Pemex aumentó la producción en los campos operados por la paraestatal, de mil a mil 347 millones de pies cúbicos. En suma, los contratos de servicios múltiples elevaron muy marginalmente la producción a costos muy elevados: han sido un fracaso.

Inversiones inútiles

Para la reconfiguración de la refinería de Cadereyta se contrató en 1997 a Sunkion Limited, Siemmens e ICA. La obra debió terminarse en julio de 2000, pero tardó más del doble del plazo pactado. Se entregaron los trabajos inconclusos, con irregularidades y los precios unitarios se pagaron muy por encima de lo contratado. En noviembre de 2001, la auditoría cuantificó pérdidas, hasta ese entonces, por más de mil millones de dólares. Pemex, que había renunciado a la jurisdicción nacional, fue demandado por el consorcio en tribunales internacionales. Ante la falta de una defensa adecuada, fue obligado a pagar 630 millones de dólares adicionales. A ningún funcionario se le fincó responsabilidad alguna ni mucho menos sanción hasta el día de hoy. Se generó un daño patrimonial de cuando menos mil 630 millones de dólares.

Los contratos con empresas extranjeras en Chicontepec, Veracruz, también demuestran, cuando menos, lo absurdo de la política privatizadora. En esta zona, con amplias reservas de petróleo, pero cuya extracción supone gran dificultad técnica, entre 2004 y 2007 se incrementó la inversión de dos mil 905 millones a cuatro mil 871 millones, cerca de 70 por ciento. Las fechas coinciden con la contratación de las empresas Schlumberger y Halliburton para la perforación de 300 pozos. Sin embargo, en ese periodo la producción pasó de 25 mil 223 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (pce) a 26 mil 625 millones de barriles diarios , es decir, únicamente se incrementó seis por ciento. En suma, Burgos y Chicontepec resultaron un magnifico negocio para los contratistas pero un pésimo negocio para la nación.

En 2007, la empresa noruega PetroMena, poseedora de plataformas de perforación para aguas profundas, rentó durante cinco años tres plataformas: la más grande para 3 mil metros de profundidad a Petrobras America Inc., en 750 millones de dólares. La de capacidad media, para 2 mil 500 metros de profundidad, a Petrobras Brasil, en 645 millones de dólares. Y la de menor capacidad, para 2 mil metros de profundidad, a Pemex a un costo de 940 millones de dólares. En pocas palabras, Pemex rentó la plataforma más pequeña 300 millones de dólares más cara.

[...] Después de este rosario de hechos fraudulentos, queda claro que detrás del actual afán privatizador de la derecha, está la ambición del mismo grupo que ha venido haciendo negocios privados al amparo del poder público y a costa del patrimonio nacional. Más allá de consideraciones técnicas, financieras o administrativas, la intención de privatizar Pemex se basa en el interés de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos que quieren seguir montados en el negocio del petróleo.

En síntesis, es un hecho innegable que durante la época del pillaje neoliberal, han tratado de destruir a la industria petrolera nacional. Es cuando más ha padecido de intervencionismo y la han saqueado a mansalva, como a ninguna otra empresa en el mundo. Y sin embargo, sigue siendo imprescindible defenderla ante la actual embestida que busca aniquilarla por completo, porque de la salvación de esta industria depende, en mucho, el destino del país y de nuestro pueblo.

 

El cierre de normales sólo busca privatizar la educación, señalan.

■ Docentes y funcionarios se oponen a la propuesta de Gordillo y a la ACE

■ Esas escuelas sirven únicamente para formar líderes de la CNTE, dicen integrantes del gremio

De los corresponsales

El cierre de las más de 250 escuelas normales públicas del país “sería el primer paso para privatizar el sector educativo en México”, dice el profesor Rodolfo Lara Lagunes, con 48 años de servicio en una secundaria. Pero él no es el único que piensa así: la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) entre el gobierno de Felipe Calderón y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y después la propuesta de Elba Esther Gordillo para desaparecer estas instituciones, han provocado una cascada de marchas y reacciones en contra.

No ha faltado quienes secundan a Gordillo, pero son básicamente dirigentes seccionales del SNTE, como el del grupo “institucional” de Michoacán, Serbelio Molina, quien dijo a La Jornada que las ocho normales que hay en la entidad “sólo han servido para formar líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Los secretarios de Educación de Baja California Sur y de Michoacán (cuyos gobiernos son perredistas) rechazaron abiertamente la propuesta elbista de cerrar las normales y convertirlas en escuelas técnicas. “Desafortunadas, aventuradas e irresponsales”, así calificó el funcionario bajacaliforniano las declaraciones de la lideresa magisterial.

“Es impensable desaparecer o modificar el esquema que prevalece en las normales para convertirlas en escuelas técnicas; más bien hay que apostarle a su fortalecimiento por medio de la actualización de sus currículas y el equipamiento de los planteles”, apuntó.

Castro Cota informó que como la Secretaría de Hacienda no les autoriza la apertura de nuevas plazas (una parte de los salarios los aporta la Federación y otra el estado) en los pasados años han contratado profesores “por compensación”. El déficit de plazas para maestros es de 300, y de 700 para trabajadores no docentes en el sistema educativo estatal sin embargo el gobierno federal sólo asignó nueve plazas para primaria y 344 de secundaria para el próximo ciclo escolar.

Desde la descentralización educativa, en 1992, el gobierno federal tiene un rezago con el estado de 600 millones de pesos, entre lo que se ha pagado a los trabajadores compensados y las prestaciones del SNTE, informó el funcionario.

Aída Sagredo, secretaria de Educación de Michoacán, calificó la propuesta de Gordillo como “descabellada”, por la sencilla razón de que no habría dónde preparar a los maestros. El gobernador, Leonel Godoy Rangel, apuntó que su convicción es defender la educación pública y la mejor forma de hacerlo es “volverla de calidad”.

Maestros de Tabasco coincidieron en que el cierre de las escuelas normales públicas “sería el primer paso para privatizar el sector educativo en México”. Pero advierten que ante esto no se quedarán de brazos cruzados.

A finales de agosto, líderes formales de las escuelas normales de esta entidad, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) sostuvieron una primera reunión para “analizar la problemática en que se encuentran inmersas 290 normales del país”, y en los días pasados se han movilizado para defender la permanencia de estas escuela, pues más de 400 trabajadores de esos centros de estudios, así como de la UPN y del CAM, se verían afectados con el cierre.

La fama de Tlaxcala de ser un estado formador de profesores parece llegar a su fin, pues diversos actores, incluidos el titular del sector educativo local y los dirigentes de las secciones 31 y 55 del SNTE se han sumado a la sugerencia de la líder de esta organización, Elba Esther Gordillo Morales, para cerrar o modificar la operatividad de las normales.

Si a eso se suma las recientes medidas aplicadas por la SEP, en complicidad con el SNTE, para asignar las plazas laborales a través de concursos, la posibilidad crece todavía más, pues desde hace 10 años, la Federación no autoriza nuevas claves para primaria ni prescolar. Para el ciclo educativo que acaba de iniciar la Federación sólo asignó 11 plazas nuevas para Tlaxcala. En contraparte, fueron 708 las personas que se registraron para el examen de habilidades y conocimientos que aplicaron de manera coordinada la SEP federal y el SNTE.

Directores de las escuelas normales públicas de Campeche, calificaron de “incongruente y contradictoria” la propuesta de la líder nacional del SNTE. Advirtieron que “México es un país normalista y desaparecer estas escuelas tal vez no produzca cambios inmediatos, porque los que ya egresaron están laborando en las escuelas, pero cuando estas personas se jubilen, ¿quién ocupará los puestos vacíos si ya no habrá docentes?”, cuestionó el profesor Vicente Román Guzmán Vega, director de la Escuela Normal Superior del Instituto Campechano.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes (Secud) del gobierno, la matrícula en estos planteles es de mil 461 estudiantes, y se estima que anualmente egresan de 300 a 400 nuevos docentes, de los cuales cuando mucho el 10 por ciento obtiene plazas.

Este porcentaje es igual al de Durango, donde sólo10 por ciento de los egresados de las cuatro normales que existen logra obtener una plaza dentro del sistema educativo.

Jaime Costeira Cruz, delegado estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Hidalgo, egresado de la extinta normal rural Luis Villarreal de El Mexe y el único surgido de ese plantel que ha llegado a ser secretario de Educación Pública en la entidad, dijo que aceptar lapropuesta de la lideresa del SNTE sería “un grave error”.

En Sinaloa, el titular de la Secretaría de Educación Publica y Cultura, Florentino Castro López, aseguró que no se deben cerrar las escuelas normales, pero sí se deben revisar los contenidos.

Señaló que las matrículas de las escuelas normales registran 2 mil estudiantes anualmente, de los cuales egresan 330 por año y recalcó que en comparación de los 25 mil graduados que se registran a escala nacional, Sinaloa sólo aporta dicho número, debido a que han cuidado que la oferta no rebase las expectativas.

Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado de Puebla Independiente (Setepi) aseguraron que la intención de la dirigencia del SNTE, de cerrar las escuelas normales oficiales es hacer un negocio con las escuelas particulares.

En Puebla hay 12 escuelas normales oficiales en las que durante el ciclo escolar pasado estudiaron 6 mil 600 alumnos, atendidos por 580 docentes.

En un sondeo realizado por La Jornada, tanto alumnos como directivos de las normales del país, calificaron de “aberrante” y “descabellada” la propuesta de Elba Esther Gordillo de cerrar instituciones que han sido fundamentales en la formación de México como nación, y que sólo se entiende en el contexto neoliberal de privatizarlo todo. ¿Por qué no dice nada de cómo regular las normales privadas? Preguntaron maestros de Baja California y Guerrero.

La Sedena operó en secreto centro para “colocar” mandos en seguridad pública

■ Inició funciones en 1997, sin que se diera a conocer formalmente su constitución

Jesús Aranda

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operó prácticamente en secreto durante siete años el Centro Coordinador de Seguridad Pública del Estado Mayor de la dependencia, el cual se convirtió en el enlace principal entre el instituto armado y el Consejo de Seguridad Pública Nacional.

De acuerdo con información oficial, el Centro Coordinador de Seguridad Pública del Estado Mayor de la Sedena inició operaciones el primero de febrero de 1997 –sin que se diera a conocer oficialmente ni la constitución ni las razones por las que fue formado–, siendo secretario el general Enrique Cervantes Aguirre, y cesó sus labores el primero de enero de 2004 (en la administración del general Clemente Ricardo Vega García), sin que tampoco se hicieran públicas las razones de su desaparición.

Extraoficialmente, fuentes castrenses señalan que dicho centro no sólo realizaba acciones de coordinación con los mandos civiles, sino que también jugó un papel fundamental en la designación de militares en altos puestos de seguridad pública a escalas estatal y federal.

Precisamente fue en el gobierno de Vicente Fox cuando un mayor número de militares se involucró en acciones de seguridad pública y procuración de justicia, empezando por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), general Rafael Macedo de la Concha, quien llegó a esa dependencia con más de 200 militares, además de otros nombramientos en la Secretaría de Seguridad Pública.

Adicionalmente, explicaron los informantes, se enviaron militares de diversos grados a colaborar con los gobiernos de los estados en materia de seguridad pública, proponiendo funcionarios en diferentes niveles.

Aun cuando dicho centro desapareció hace más de 11 años, la práctica de enviar generales en activo o en retiro a cargos de seguridad pública se mantiene hasta la fecha.

Cabe señalar que los códices castrenses no escritos señalan que todo soldado que se va de licencia a ocupar otro cargo en la administración pública “nunca deja de ser militar, ni de rendirle cuentas al secretario de la Defensa en turno”.

De acuerdo con la información de la Sedena, obtenida mediante una solicitud de información, el Centro Coordinador de Seguridad Pública del Estado Mayor de la Sedena tuvo como objetivos:

Darle seguimiento a la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a su Reglamento, “supervisando y evaluando los resultados obtenidos por parte de los mandos territoriales”; establecer y mantener el enlace insterinstitucional con las instancias que integran el Sistema de Seguridad Pública, para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública; asistir a reuniones de nivel operativo del Grupo de Coordinación Interinstitucional “para atención de actos terroristas”; adoptar medidas para evitar el retraso en la toma de decisiones con relación a la documentación que por urgencia o importancia ameritaba ser sometida a consideración del jefe del Estado Mayor de la Sedena.

También, “acordar los documentos de su competencia y tramitar los incidentes que ya contaban con el acuerdo respectivo, o que careciendo de éste, su resolución se enmarcara en prescripciones reglamentarias, directivas o procedimientos y ordenamientos vigentes o con instrucciones giradas sobre el particular”; establecer procedimientos para llevar el seguimiento de la documentación presentada para acuerdo de la superioridad, a fin de mantener su vigencia y/o “evitar que se atrasara o adquiriera carácter de urgente o extraurgente”.

El titular

A pesar de la negativa de la dependencia de dar a conocer los nombres de quienes dirigieron el centro, información de la propia Sedena señala que el actual inspector y contralor general del Ejército, general de división Jorge Juárez Loera, dirigió el organismo, lo que habla de la importancia que le dio en su momento el instituto armado.

Actualmente, en Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz las secretarías de Seguridad Pública están encabezadas por generales en retiro, así como en Tijuana, Baja California.

Destacan los casos de Guerrero y Puebla, en donde los divisionarios Juan Heriberto Salinas Altés y Mario Ayón Rodríguez, respectivamente, sobresalen por haber sido militares que ocuparon importantes puestos en la Sedena.

El general brigadier Juan Manuel Orozco Méndez fue recomendado en 2005 por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, al gobernador Fidel Herrera para que se hiciera cargo de la seguridad pública en Veracruz.

En Tabasco, el 6 de marzo de 2007, el general de división retirado Francisco Fernández Solís sufrió un atentado que lo dejó convaleciente 37 días. Después reasumió su cargo. Sin embargo, el 31 de enero pasado fue sustituido por el divisionario Héctor Sánchez Gutiérrez.

El ex presidente del Supremo Tribunal Militar, general de división José Leopoldo Martínez González, es el subsecretario de Seguridad Pública en Tlaxcala.

 

 

FAVORES GARANTIZADOS A LA ORDEN.

 

Miguel Angel Granados Chapa.

 

Somos uno con unos y otro con otros, escribió Pirandello.

 

Según Beatriz Paredes, presidenta del PRI, Francisco Galindo Ochoa fue un "digno integrante de nuestras filas, quien a lo largo de su vida fue ejemplo de lealtad a nuestro partido y de compromiso patriótico con México. Quienes conocimos su sentido del humor, su fina ironía y su entereza de hombre cabal, sabemos que la política mexicana sufrió una gran pérdida".

 

Hay visiones diferentes sobre la actuación pública de Galindo Ochoa, nacido en Tamazula, Jalisco, y muerto el miércoles pasado, 10 de septiembre de 2008. Fue uno de los más activos agentes del mecanismo de corrupción de la prensa que formó parte, y no ha sido extirpado todavía, del sistema autoritario priista que perdió la mayoría en las cámaras y la Presidencia de la República pero que sigue ejerciendo una enorme porción del poder público mexicano.

 

Galindo Ochoa fue diputado por primera vez en 1949, y volvió a la Cámara en 1955. En esta legislatura, la 43ª, había encontrado ya su vocación. Era el encargado de entregar a los reporteros de la fuente parlamentaria un sobre con dinero, el embute que favorecía las relaciones de los periodistas de a pie con el gobierno. Esa paga, ilegítima e innecesaria (porque los directores de los medios para los cuales trabajaban tenían sus propios vínculos, aceitados de modo semejante pero en dimensiones mayores), "facilitaba que los periodistas, la mayoría con sueldos cortos, pudiera moverse con soltura en los escenarios de lujo de la política", según descubrió el entonces joven reportero Julio Scherer, quien veía a Galindo Ochoa vestido "con ropa que compraba en dólares", y quien contaba con "dinero sin medida, (...) relaciones al más alto nivel (...) influencia en los medios...".

 

Galindo Ochoa construía esas relaciones sirviendo de acompañante servil en sus parrandas a políticos poderosos, como lo enseña esta anécdota -que muestra también el sentido del humor y la finura a que se refirió la presidenta Paredes- contada en el responso que José Elías Romero Apis escribió 48 horas después del fallecimiento de Galindo Ochoa:

 

"Corría el fin de los años cuarenta o principios de los cincuenta. Una tarde, la comida se prolongó hasta bien entrada la noche. Galindo Ochoa, cuya edad no llegaba a los 40 años, había recorrido el Tampico Club, el Lincoln y otros comederos de primera categoría política. Puesto que era el más joven del grupo y el de mejor jerarquía, le había correspondido la ingrata y tradicional obligación de manejar el automóvil y medio atender a los demás.

 

"Dado lo avanzado de la noche y del cansancio y puesto que los otros tres ya estaban profundamente 'cuajados', orilló el auto para descansar cinco o siete minutos y de esa manera recobrar las fuerzas necesarias para realizar el itinerario del depósito domiciliario de sus amigos.

 

"En eso llegó un 'tamarindo' soez y corrupto que lo primero que hizo fue gritarle: 'Oiga amigo, está usted mal parado'. A ello, Galindo le respondió con mayor vigor: 'Cállate, güey, te voy a decir quiénes son esos tres borrachos que vienen dormidos. El de atrás a la derecha, que viene roncando, es el presidente del PRI. El de atrás de mí, que viene todo amorcillado, es el gobernador de Sinaloa. El que está a mi derecha, con la jeta recargada en la ventanilla, es el gobernador de Chihuahua. Yo, que soy el más jodido de todos, soy diputado federal. Y así dices, pendejo, que estoy mal parado." (Excélsior, 12 de septiembre.)

 

Secretario de prensa de su partido cuando lo presidió Alfonso Corona del Rosal, era el encargado de elegir los regalos para los periodistas amigos. Según una grabación recogida por Jacinto Rodríguez Murguía en La otra guerra sucia, la relación de los medios con el poder se expresaba con desdeñoso realismo de los beneficiarios de su función: Respecto de Julio Ernesto Teissier, que a la sazón escribía en Novedades la columna De domingo a domingo, Galindo Ochoa recomendaba: "a esa gente, mejor lana (...) siempre anda tras ella". Y a Carlos Denegri, a quien Corona del Rosal quería mandarle como regalo de fin de año "lo que más le gustara", Galindo recomendaba: "mándele lana (...) porque ahorita está ladrando aquel (...) Tuvo que correr a un gerente y tuvo que darle 50 mil pesos".

 

Galindo Ochoa y Denegri fueron socios en el Fichero político, una columna mercenaria que aparecía los domingos en el Excélsior de los años cincuenta y el comienzo de la década siguiente. A partir de fichas que identificaban a los políticos, sus nombres aparecían impresos, acompañados de elogios o denuestos, según la paga, del propio interesado o de sus detractores, que obviamente no aparecían en la escena. Un industrioso ayudante propuso un día transcribir las fichas, organizadas en tres categorías: de los que se habla bien, de los que se habla mal, y de los que no se habla, en colores que permitieran su rápida localización. No es práctico, lo disuadieron, "porque eso cambia".

 

Díaz Ordaz lo hizo director de prensa de la casa presidencial, hasta el 12 de febrero de 1968. Se ignora la causa del despido, pero el presidente se encargó de difundir que no mantenían buena relación. Socarrón y procaz, explicaba que había conferido a su antiguo colaborador una comisión que le reclamaba todo su tiempo: chingar a su madre. Volvió a Palacio Nacional, a la misma función, en el último tramo del sexenio de López Portillo. Echó por la borda los afanes de su antecesor, Luis Javier Solana, por cumplir y fortalecer el derecho a la información. Al contrario, se convirtió en censor. Convenció al presidente para romper con Proceso, que vivía con esfuerzo su primera década. Hizo pronunciar a López Portillo la sentencia que es divisa autoritaria: "no pago para que me peguen", expresión que denota la decisión de dotar de publicidad gubernamental sólo a los serviles, a los que adulan, no a los que critican, como si la contratación de anuncios en los medios fuera una dádiva, un favor, y no una función de gobierno.

 

Galindo Ochoa construyó un puente entre políticos en apuros o en trance de ascender, y periodistas y medios de información. Colocaba a "gente suya" en los periódicos y los surtía de chismes o datos que favorecían o desprestigiaban. Pagaba el servicio con fondos que él recolectaba y administraba, aportados por los políticos interesados en ese género de difusión, en ese tipo de recados. Manuel Buendía llamó a ese mecanismo Favores Garantizados a la Orden, para jugar con las iniciales del nombre de quien formulaba esa oferta.

 

Aunque diariamente a su mesa en el restaurante Champs Elysées, que ahora queda vacante, acudían a comer o a saludar infinidad de políticos, pocos acudieron a su sepelio, pocos firmaron esquelas con sus condolencias. Quizá procedieron así para que en públicos amplios no se les vincule con modos de hacer política que siguen practicándose pero que ya no son bien vistos y hasta pueden resultar embarazosos.   l


Publicado por solaripa69 @ 12:08
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