Viernes, 19 de septiembre de 2008

MICHOACAN BAJO EL CONTROL DEL EJERCITO.

 

MÉXICO D.F., 18 de septiembre (apro).- El Ejército mexicano y la Policía Federal asumieron en los hechos el control de la seguridad en el estado de Michoacán, la tierra natal del presidente Felipe Calderón.

 

Elementos de la Armada llegaron la tarde de este jueves a Michoacán, para reforzar el cerco militar-policiaco impuesto luego de los atentados ocurridos la noche del lunes 15, que ocasionaron la muerte de siete personas y lesionaron a más de un centenar.

 

Desde temprana hora, varios helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolaron el territorio michoacano y tres contingente de marinos apostaron en las ciudades de Tarimbaro, Patzcuaro y Lázaro Cárdenas.

 

En medio de ese ambiente castrense, propio de un estado de sitio, elementos del Ejército detuvieron, en el hospital General de Zacatecas, a Jorge Luis Ortiz Méndez, de 26 años, y a Víctor Ortiz Valtierra, de 19, en Zacatecas, por su presunta responsabilidad en las explosiones ocurridas en el zócalo de Morelia, sin siquiera dar parte a las procuraduría estatal y general de la República.

 

Por la noche, la PGR desmintió que los detenidos estén relacionados con los atentados de Michoacán y acotó que las investigaciones continuan.

 

A pesar del desmentido, el Ejército mantuvo sitiado Zacatecas y resguardó el hospital donde permanecían los presuntos responsables.

 

En el estado de Michoacán también ocurrieron varios sucesos, algunos de ellos no muy agradables, como la amenaza de bomba en el Congreso que provocó pánico entre la población.

 

Todo comenzó con la detención de un sujeto en el municipio de Uruapan. El vacío provocado por la falta de información provocó que corriera la versión de que dicha persona tenía que ver con los atentados del día 15.

 

A pesar de que el procurador general de Justicia de Michoacán, negó la versión, los principales diarios subieron la falsa versión primera a sus portales electrónicos. Por la tarde, las autoridades federales confirmaron que el detenido no tenía nada que ver con las explosiones en el zócalo de Morelia, que fue detenido por sus nexos con el narcotráfico.

 

Más tarde, la Procuraduría estatal difundió también el retrato hablado del sospechoso de haber arrojado una de las granadas en la plaza Melchor Ocampo la noche del lunes 15.

 

Se trata de un sujeto de unos 28 años, calvo, con bigote ralo, de 1.75 metros de estatura y estructura ósea gruesa.

 

Luego, el cártel de La Familia envió un segundo mensaje por Internet, en el que avisan a la sociedad y a las autoridades que realizarán su propia investigación de los hechos ocurridos el día 15, para así dar con los responsables del atentado que dejó siete muertos.

 

Dice el mensaje de la organización criminal a la que la PGR adjudica 17 decapitaciones:

 

"Los michoacanos no estamos solos y vamos a investigar quienes fueron los responsables de estos actos terroristas, caiga quien caiga. Les prometemos que se hará justicia porque somos michoacanos y estamos unidos con la sociedad, contra actos que alteran la paz y generan esta intranquilidad que se vive hoy en día"

 

Apenas ayer, La Familia había circulado un mensaje responsabilizando a Los Zetas de los atentados.

 

 

EJERCITO Y PFP CONTROLAN AGUASCALIENTES.

 

 

MÉXICO, D.F., 18 de septiembre (apro).- Elementos del Ejército Mexicanos y de la Policía Federal asumieron el control de la seguridad pública en la ciudad de Aguascalientes.

 

Luego de los hechos ocurridos el pasado miércoles, en los que tres policía federales perdieron la vida durante un triple enfrentamiento con presuntos sicarios, uno de los cuales fue detenido y resultó ser policía municipal en activo. Fuerzas castrenses y de la Policía Federal aseguraron el armamento, detuvieron a seis elementos de la corporación y tomaron el control de la seguridad en la ciudad capital de esa entidad.

 

De manera sorpresiva, las fuerzas federales ingresaron a las instalaciones de la policía municipal e impidieron la salida de los agentes, quienes luego de ser desarmados fueron subidos a una camioneta de la PFP.

 

Adriana Ventura Dávila, secretaria del ayuntamiento de Aguascalientes, aseguró que el retiro de las armas fue una acción momentánea,  y aclaró que, por el momento, el Ejército y las policías federal y estatal se hacen cargo de la seguridad en las calles de la capital del estado.

 

La funcionaria municipal afirmó que el ayuntamiento de Aguascalientes estaba enterado del operativo federal que se llevó a cabo un día después de la persecución contra presuntos sicarios del narcotráfico en que perdieron la vida tres elementos de la PF y resultó detenido un elemento de la policía municipal.

 

Se usaron armas reglamentarias en la matanza de reos de La Mesa.

■ Según fuentes del Grupo Táctico, los policías “se engolosinaron” al abrir fuego

■ Elementos de la PFP habrían abatido a 13 internos; la corporación controlará el reclusorio

■ Sólo dan a conocer nombres de heridos

■ Remplazan y detienen a funcionarios responsables de los penales

Antonio Heras (Corresponsal)

Mexicali, BC, 18 de septiembre. La mayoría de los 17 muertos (ayer se dijo oficialmente que eran 19 y hoy se redujo la cifra) y 59 heridos durante el motín del penal de La Mesa, Tijuana, recibieron en cráneo, tórax y abdomen disparos de armas reglamentarias (calibres 9 milímetros, .223 y 7.62) presuntamente accionadas por la Policía Federal Preventiva (PFP), señalaron fuentes del Grupo Táctico que sofocó la sublevación.

La Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del estado indicó que dichos disparos segaron la vida de 13 reos; dos murieron por golpes contusos y dos por heridas con arma blanca.

Fuentes del Grupo Táctico –formado por corporaciones de los tres niveles de gobierno– dijeron que militares y agentes federales son señalados por haber disparado directamente contra los internos porque “se engolosinaron”. A diferencia de las corporaciones estatales, que usaron balas de goma, los de la PFP utilizaron fusiles y pistolas de cargo.

Versiones de prensa indicaron que los ocupantes del helicóptero de la policía que sobrevoló el penal dispararon contra los reos. Sin embargo, otra fuente asegura que ellos usaron balas de goma y que ninguno de los muertos estaba entre el grupo que había subido a la azotea.

El gobernador José Guadalupe Osuna Millán destituyó hoy a la subsecretaria del Sistema Penitenciario del estado, Simona Gamiño Gurrola; al director de Centros Penitenciarios, Miguel Ángel Canett Sánchez, y al director del penal, Carlos Arturo González García, y los sustituyó, en ese mismo orden, por Osvaldo Medina Olvera, Juan Francisco Vázquez Bustamante y Jesús Héctor Grijalva Tapia.

Los tres primeros fueron detenidos y rinden declaración. El gobernador los responsabilizó de los motines y sus consecuencias.

Inicialmente Osuna Millán reconoció la existencia de 19 muertos durante la reyerta iniciada en el dormitorio de mujeres, pero al final el agente del Ministerio Público asentó la existencia de 17 cadáveres y 59 heridos.

José Manuel Robles Barbosa, director del hospital general de Tijuana, informó que fallecieron dos de los reos heridos durante el motín del domingo pasado en esa misma prisión, lo que eleva a cinco el número de muertos y a 29 el de lesionados en ese primer choque. Es decir, en esta semana han sido asesinados 22 reos en esa prisión, además del que presuntamente murió a manos de los celadores, homicidio que habría desatado el motín del domingo.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal publicó una lista de 59 reos heridos en los motines del penal de La Mesa; 45 son atendidos en la enfermería del reclusorio y 14 están en el hospital general, vigilados por policías estatales y federales, según dijo Robles Barbosa, director del nosocomio, quien precisó que los pacientes tienen heridas de arma de fuego en tórax, abdomen y cráneo, y se formaron tres equipos de cirujanos para atenderlos.

El gobierno estatal sólo dio a conocer los nombres de los internos heridos, de los cuales 33 presentan heridas de bala en pies, piernas, brazos, cabeza, cuello y testículos, pero no ha emitido información alguna sobre los muertos, ni siquiera de los dos fallecidos el domingo, que fueron incinerados, ni de otros dos que fueron abatidos por disparos de arma calibre 9 milímetros en tórax y abdomen.

El secretario de Gobierno estatal, Francisco Blake Mora, informó a una televisora local que 159 reos fueron enviados al penal estatal de El Hongo, ubicado en Tecate, y 63 a la penitenciaría del puerto de Ensenada.

La zozobra de los familiares crece debido a las inconsistencias de las cifras sobre el número de muertos y enviados a otras cárceles del estado.

Los presos reclamaban agua potable y comida en buen estado, cuyo suministro les redujeron tras el primer motín, denunciaron sus parientes.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal señaló que luego de los dos motines suscitados en menos de tres días, el gobierno del estado, con respaldo de la Secretaría de Gobernación, determinó que la PFP asuma provisionalmente el mando del penal debido a que algunos custodios fueron acusados de colusión con los reos.

Analizarán demandas de presos

El gobernador ordenó la instalación de una mesa de trabajo con autoridades estatales y personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California para analizar las demandas de los internos sobre las condiciones de reclusión y el trato que reciben de empleados y funcionarios penitenciarios. El penal, con capacidad para 3 mil reos, alberga a 8 mil.

Por último, el procurador estatal indicó que 25 agentes del Ministerio Público y peritos de Ensenada y Mexicali indagan los hechos del miércoles.

Con información de Notimex, Reuters y Afp

Desde 1992, la CNDH alertó sobre diversas irregularidades al gobierno de Baja California

■ Las recomendaciones del organismo nunca fueron atendidas por los panistas

■ La Mesa padece todos los vicios posibles que impiden la readaptación social, advirtió

Antonio Heras (Corresponsal)

Mexicali, BC, 18 de septiembre. En 1992, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la crítica situación que vivían los reclusos del penal de La Mesa. Doce años después, en 2004, reiteró que esa prisión padecía todos los vicios posibles y enumeró: corrupción de autoridades, autogobierno (que propicia privilegios y cobros indebidos), tráfico de drogas, hacinamiento, alimentación deficiente, falta o insuficiencia de trabajo y actividades educativas, junto a una serie de carencias que no propiciaban la readaptación social. Inclusive, el ombudsman José Luis Soberanes llegó a decir que era uno de los peores penales del país.

El Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en los centros de reclusión de la República Mexicana, dependientes de gobiernos locales y municipales, publicado por la CNDH en 2004, reveló que La Mesa era una sumatoria de irregularidades, pese a que desde 1992 se había recomendado una restructuración total, y se habían emitido en los años subsecuentes más recomendaciones, algunas sobre la situación general del penal y otras en torno a casos particulares de tortura y malos tratos. Unas fueron para Ernesto Ruffo, otras para Eugenio Elorduy, ámbos gobernadores de extracción panista.

Es la misma prisión: una época se denominó El Pueblito –porque había reos que vivían ahí con todo y familia–; después todos la conocieron como La Peni de Tijuana –está en plena zona urbana de la ciudad– y ahora es el Centro de Readaptación Social de La Mesa (nombre de la delegación jurisdiccional de la ciudad donde se ubica). Ha cambiado el nombre, pero no la situación interna, según reportan los organismos nacional y estatal de derechos humanos.

El Pueblito

Durante cinco décadas, la cárcel estuvo formada por barracas armadas con madera, lámina y trapos, en las cuales los internos cohabitaban con esposas e hijos, quienes salían a trabajar y regresaban con “el mandado” para hacer la comida, señaló la CNDH.

Conocido entonces como El Pueblito, esta prisión era un referente de los penales mexicanos donde los internos imponían sus leyes y dictaban sus códigos de conducta y honor. Eran las épocas de los maicerones, narcotraficantes que ocupaban las “barracas de lujo” que se ubicaban en la zona sur del inmueble, donde más tarde se construirían los dormitorios de lo que hoy es el penal de La Mesa.

Una especie de autogobierno en una cárcel construida en 1952 para 600 personas y que en los años 90 llegó a albergar a 4 mil 500 internos y recibir hasta 5 mil visitantes diarios, donde “pasaban cosas horribles”, señaló en su momento José Luis Soberanes, presidente de la CNDH.

Una de las primeras recomendaciones emitidas por la comisión fue la de 1990 para que a la brevedad los jueces emitieran sentencias o absolvieran a 500 reos que se encontraban en calidad de indiciados.

El 22 de mayo de 1992 la CNDH recomendó al gobernador, el panista Ernesto Ruffo Appel, reubicar a las personas que sin justificación legal permanecían en ese centro, para lo cual debía otorgarles apoyos, además de concluir la edificación de un penal en Tecate y que se ampliara el espacio de la penitenciaría para contar con nuevos dormitorios y separar a procesados y sentenciados.

Aunque se fijó un plazo de 15 días para la respuesta, los avances fueron paulatinos hasta la desaparición, en 2002, de El Pueblito, que diariamente producía aproximadamente un millón de pesos por actividades lícitas e ilícitas.

Ese año fue destruida la última barraca y con ella la opacidad de una cárcel que se mantuvo durante años, con el argumento de que familias enteras serían separadas.

Fugas, a sangre y fuego

En febrero de 2002, la CNDH hizo una serie de “observaciones” en referencia a conflictos en los centros penitenciarios y el análisis de las recomendaciones que había realizado: “no se ve la intención, voluntad o capacidad de las autoridades responsables para realizar las siguientes acciones: efectuar la reubicación de todas las personas que permanecen en dicho centro sin justificación legal; separación entre procesados y sentenciados; eliminar la sobrepoblación; suprimir privilegios; evitar la posesión de armas por parte de internos, y evitar la introducción, venta y consumo de estupefacientes, sicotrópicos y licor”.

En abril de 2004 un comando de pistoleros, presuntamente de los conocidos como Zetas, liberó a seis reos, entre ellos a Héctor Flores Esquivia, participante de la matanza de El Sauzal, en Ensenada; al policía municipal de Tijuana José Luis Chávez García, quien era jefe de una célula del narco; a Federico Sánchez Zazueta, El 7-7; a Luis Alberto García, El Bolas, y José Ruvalcaba, El Hitler.

Los internos salieron a sangre y fuego una vez que corrompieron a servidores públicos para ingresar pistolas y rifles a la enfermería.

Dos años después se produjo una fuga de pistoleros al servicio de la organización de narcotraficantes encabezada por los hermanos Arellano Félix, quienes se encontraban presos por delitos contra la salud y secuestro.

El 23 de julio de 2004, la CNDH recomendó al entonces gobernador panista Eugenio Elorduy Walther que instruyera al director del penal a “realizar las acciones necesarias a fin de que los internos reciban, a cargo del presupuesto de la institución penitenciaria, alimentación higiénica y de buena calidad para el mantenimiento de su salud”.

Omisiones de custodios, causa de motines: DH estatal

El 2 de abril pasado, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California emitió la recomendación 01/2008 contra la Secretaría de Seguridad Pública del estado para reglamentar la revisión de celdas y pertenencias de internos para evitar omisiones de los custodios.

Según el ombudsman estatal, Francisco Sánchez Corona, tales omisiones provocaron excesos del personal penitenciario y abrieron paso a la tortura como método para obligar la declaración o la delación.

“Esta situación es lo que provocó los motines del domingo y miércoles, aunque la falta de respuesta de las autoridades podría provocar un tercer amotinamiento de los internos en las próximas horas. Ojalá y me equivoque”, comentó.

Esta semana, esta prisión construida para 2 mil personas, albergaba a más de 8 mil.

 

Docentes de Morelos endurecerán acciones; ningún arreglo con la SG

■ La caravana que acudió este jueves al DF regresó a la entidad; no levantarán el paro

■ Planean bloquear todos los accesos al estado

Laura Poy y Carolina Gómez; Dulce Maya (Reporteras y corresponsal)

Sin acuerdos que permitan destrabar el conflicto que mantiene en paro de labores a miles de maestros de la sección 19 de Morelos, que ayer se trasladaron en caravana hasta la capital del país, concluyó la reunión que sostuvieron los profesores con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG). Ante lo cual, aseguraron que “no hay para cuando”.

Luego de su arribo al Distrito Federal, en más de 60 autobuses, los docentes bloquearon la calzada de Tlalpan, ante la negativa de las autoridades federales y estatales de atender su demanda de cancelar la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), por lo que mantienen un plantón permanente en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, desde el pasado 19 de agosto.

Alrededor de las 20 horas, los mentores iniciaron el regreso a su entidad con la convicción de que no cejarán en la lucha, por lo que el ciclo escolar en Morelos no comenzará hasta que no haya una “verdadera respuesta institucional”.

Alejandro Trujillo, integrante de la comisión negociadora, señaló que un funcionario “menor” del área de Atención Ciudadana fue quien los recibió en Gobernación, pero no dio respuesta a sus demandas, por lo que afirmó que “no hay ningún avance. Lo único que nos expuso es que el secretario de Gobierno de la entidad, Sergio Álvarez Mata, podría agendarnos una reunión con el gobernador, Marco Adame Castillo, pero ya nos avisaron que tiene una agenda muy apretada”.

La propuesta fue rechazada por los manifestantes, quienes aseguraron que “venimos de reuniones con el gobernador y sus subalternos, las cuales no nos han llevado a nada; y es precisamente por esta razón que acudimos ante una autoridad federal, por que no es aceptable que se nos quiera enviar nuevamente con los representantes de la entidad.

“No nos van a doblar, sino todo lo contrario. Vamos a radicalizar las acciones”, advirtió. Precisó que una propuesta es bloquear los accesos a Morelos, tanto por el Distrito Federal, como en el estado de México, Puebla y Guerrero. “Los compañeros están molestos porque no se vale que una vez más nos vuelvan a engañar”.

Por noche, los docentes se concentraron en el Monumento a la Revolución, donde reiteraron que el gobierno federal “dice una cosa en el discurso, pero ejecuta otra contraria en los hechos”, e insistieron que la ACE “no es un traje a la medida de lo que necesita Morelos, sino un proyecto elaborado al gusto de Elba Ester Gordillo y Felipe Calderón”.

Por la mañana, y bajo la consigna de “ni un paso atrás”, miles de maestros de la sección 19 se congregaron en la comunidad de Tres Marías, estado de México, de donde partieron en una caravana de autobuses hacia el Distrito Federal.

Tras arribar a la capital del país, poco después del mediodía, los profesores realizaron una primera parada frente al Monumento del Caminero, donde los esperaban decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina para impedir el bloqueo de Periférico sur, como habían anunciado los docentes en su plan de acción.

Ante la imposibilidad de realizar la manifestación, una comisión de maestros aceptó acudir a la SG para exponer sus demandas, por lo que decenas de autobuses continuaron su trayecto por avenida Viaducto Tlalpan. Poco después de las 14 horas, realizaron un bloqueo de esa vialidad, en su cruce con avenida División del Norte, donde permanecieron por más de tres horas.

Valentín Chávez, integrante de la Comisión de Representantes Regionales por Jojutla, Morelos, afirmó que a un mes de haber iniciado un paro de labores indefinido en la entidad –en el que participan 23 mil docentes en repudio a la aplicación de la ACE– mantendrán cerradas las escuelas públicas hasta que “se erradique cualquier intención de aplicar la alianza”.

Maestros de las seis regiones del estado –Jojutla, Cuernavaca, Cuautla, Alpuyeca, Jonacatepec y Yautepec– aseveraron que “a ningún maestro le gusta estar fuera de su aula, pero aquí se trata de luchar no sólo por nuestros derechos, también por la educación pública, porque vamos a defenderla con todo, pues incluso como padres de familia no estamos de acuerdo en que se privatice la educación”.

En todo el estado, señalaron, enfrentamos condiciones “pésimas. En las comunidades más remotas, las aulas tienen piso de tierra y techo de lámina de cartón. Son los salones gallinero, sin baños ni nada, ahí los niños se van detrás de un arbolito y de esas escuelas, hay muchas”.

No entendemos, afirmó la maestra Albina Rojas, de Cuautla, “cómo con tantas necesidades que tenemos, hay una señora, Elba Esther Gordillo, que se dice maestra y posee millones de pesos y hasta aviones; en tanto los docentes andan pidiendo donde pueden para tener lo indispensable”. En Morelos, agregó, los padres de familia pagan con sus cuotas al personal de intendencia, e incluso a los profesores de inglés, de computación y de danza, porque el estado dice que “no tiene dinero, así que cada quien le hace como puede en su escuela”.

Tras un largo recorrido desde sus comunidades de origen, en Jojutla, Jonacatepec, Alpuyeca, Tetela del Volcán, entre otras, afirmaron que en el movimiento “hay muchos que se dicen institucionales, pero incluso ellos han reconocido que la ACE no va. Y aunque los operadores gordillistas han intentado de todo, hasta la entrega de 150 mil pesos por cada secretario delegacional que acepte movilizar a la base magisterial para el regreso a clases, no han logrado quebrarnos, y no lo harán, porque con el apoyo de los padres de familia, la lucha va para adelante”.

 

Profesores de Puebla toman oficina de Educación estatal

■ Exigen la destitución de Gordillo y la cancelación de la ACE

■ Padres de familia sustituyen a maestros en escuelas de Cancún

La Jornada de Oriente, Saúl Maldonado, Mauricio Conde y Sergio Ocampo, corresponsales

Unos mil integrantes de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Puebla, ocuparon la sede de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) número uno, ubicada en el municipio de Huauchinango, en la sierra norte del estado, para exigir la destitución de Elba Esther Gordillo Morales como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del gremio.

Los maestros, quienes se identificaron como miembros del Consejo Regional de Lucha de la Corriente Democrática del SNTE en Puebla, iniciaron la toma de las instalaciones al alrededor de las siete de la mañana de este jueves.

Demandaron la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pactada entre el gobierno federal y Gordillo Morales hace más de dos meses, y repudiaron las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Advirtieron que realizarán una férrea defensa de la escuela pública, laica y gratuita, con el argumento de que la administración de Felipe Calderón intenta privatizar al sector. Asimismo, pidieron mejoras a sus salarios y a sus condiciones laborales.

Los mentores aseguraron que como parte de las protestas, se suspendieron actividades parcialmente en algunas escuelas de los 16 municipios que abarca la Corde número 1, aunque la Secretaría de Educación Pública estatal informó que la afectación a los alumnos “fue mínima”.

Esta es la tercera movilización que realizan maestros de la Corriente Democrática de agosto a la fecha. Las dos previas tuvieron lugar en la región de Teziutlán, al otro lado de la Sierra Norte, con las mismas demandas.

Paro de labores en Durango

Maestros de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pararon labores este jueves en 20 escuelas de la ciudad de Durango, y realizaron una marcha en la que participaron aproximadamente 100 personas, en repudio a la ACE.

En conferencia de prensa, los dirigentes Jesús Carrillo y Sergio Espinal señalaron que la ACE no va a resolver los problemas que existen en materia educativa y, por el contrario, es una “amenaza” para los maestros, estudiantes y la población en general, pues “pretende eliminar las escuelas públicas”,

Espinal consideró que la ACE constituye un atentado contra el sistema educativo nacional, afecta de manera directa a todas las escuelas públicas de educación básica y busca favorecer la educación privada.

Maestros de la zona norte de Quintana Roo, que desde casi un mes se encuentran en paro de labores, repartieron a los padres de familia, en sus respectivos planteles, trípticos en los critican los 10 puntos de la ACE y guías de estudios.

Reiteraron que mantendrán la suspensión de actividades hasta el próximo lunes, en tanto negocian con las autoridades educativas del estado.

En 25 planteles de primaria y secundaria de Cancún, los padres de familia decidieron sustituir a los maestros y dar ellos las clases. Los profesores los invitaron a participar en la marcha magisterial programada para este sábado en las principales calles de este destino turístico.

En Cozumel, Cora Amalia Castilla, secretaria de Educación en la entidad, dijo que los mentores deben regresar a clases “porque todo tiene un límite, ya que los padres de familia están en su derecho de exigir la educación para sus hijos”.

Rechazan propuesta de Zeferino Torreblanca

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) rechazó la propuesta del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de revisar cada uno de los 10 puntos de la ACE, y anunció que continuarán las movilizaciones.

“Seguiremos protestando y presentaremos una propuesta alternativa a la que presentó la Secretaría de Educación Pública y la líder charra del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales”, informó Jorge García Hernández, vocero de la agrupación.

Mientras, 60 educadoras de cuatro Centros de Educación Inicial iniciaron un paro de labores y exigieron al dirigente de la sección 14 del SNTE, Emiliano Díaz Román, que rechace la ACE.

A su vez, dirigentes de la normal rural de Ayotzinapa denunciaron que desde julio pasado, el secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega, se ha negado a recibirlos en audiencia.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:14
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