Martes, 23 de septiembre de 2008

Cuernavaca: bloquean palacio de gobierno en protesta por la alianza educativa

■ Llegan a Morelos otros 400 agentes de la PFP; en QR, vuelven a clases 250 mil alumnos

Rubicela Morelos, Javier Chávez y Mauricio Conde (Corresponsales)

En Cuernavaca, maestros de la sección 19 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon ayer los accesos al palacio de gobierno de Morelos, con el fin de presionar al gobernador panista, Marco Antonio Adame Castillo, para que cancele en la entidad la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y advirtieron que permanecerán allí por tiempo indefinido.

De su lado, el mandatario estatal pidió al gobierno federal más de 400 elementos antimotines de la Policía Federal Preventiva (PFP), para impedir más acciones de protesta.

En tanto, casi 13 mil maestros de Quintana Roo retornaron a las aulas luego de un mes de paros escalonados, que afectaron a unos 250 mil alumnos en los nueve municipios. Sin embargo, decenas de líderes mantienen ocupadas las instalaciones del SNTE en el estado, para exigir la salida de su secretario general, Emilio Jiménez Ancona.

Ocho camiones turísticos con más de 400 efectivos de la PFP llegaron a las instalaciones de la corporación en Cuernavaca luego de que los mentores de Morelos inconformes con la ACE –por la cual, entre otras disposiciones, se les retira la prestación por la cual pueden heredar o vender su plaza al jubilarse– anunciaron que esta semana arreciarán las protestas.

Un uniformado reveló que Adame Castillo solicitó apoyo de fuerzas federales, que están “preparadas para todo”.

Los profesores, en plantón desde el pasado 20 de agosto ante el palacio de gobierno de Cuernavaca, cerraron los accesos al inmueble minutos antes de las siete de la mañana del lunes.

Además del bloqueo del palacio, los maestros mantienen cerrados el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, el edificio de la sección 19 del SNTE, así como oficinas regionales del instituto y del sindicato. También mantienen bloqueadas las principales calles del primer cuadro de la ciudad.

Mientras, la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Adriana Espinosa Velasco, cumplió cinco días en huelga de hambre para exigir que se reanuden las clases, y responsabilizó de cualquier afectación de su salud al gobierno de Morelos, al SNTE y a los maestros en paro.

En Quintana Roo, el Comité de Lucha del Magisterio, el cual desplazó a la dirigencia formal del SNTE en el estado, aceptó dar una tregua de 90 días en su repudio a la ACE y regresar a clases “para no afectar más a alumnos de prescolar, primaria y secundaria”.

A cambio, según fuentes del comité, lograron que el gobierno del estado deje intacta la prestación por la cual pueden heredar su plaza a familiares o venderla.

Aclararon que sólo serán beneficiados quienes estén próximos a jubilarse y, en lo sucesivo, los profesores de Quintana Roo que se retiren recibirán un bono de 120 mil pesos.

Según la Secretaría de Educación de Quintana Roo, un total de mil 459 escuelas iniciaron actividades normalmente, aunque 10 por ciento no participó en el paro, que no fue avalado por la sección 25 del SNTE, cuyas instalaciones están ocupadas desde el 19 de septiembre.

A su vez, Jorge García Hernández, vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, informó que después de tres semanas de protestas la Secretaría de Educación estatal ofreció 350 contratos “con un salario mensual de 5 mil pesos; el problema es que el contrato tiene vigencia de un año y no lo podemos aceptar, debido a que no se incluye la basificación del maestro”.

Con información de Elizabeth Cuevas y Claudia Jasso/La Jornada Morelos

La defensa de la educación pública

Luis Hernández Navarro

Robert Zoellick es el actual presidente del Banco Mundial (BM). Antes fue representante de Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Zar de la globalización, según la revista Business Week, es uno de los principales promotores del libre comercio. Ahora es, también, beligerante defensor de la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE) en México.

El procónsul del Consenso de Washington declaró al clausurar en la sede del BM los trabajos de la Conferencia Internacional sobre la Alianza por la Calidad de la Educación en México: “Lo que están haciendo aquí, a su manera, es muy revolucionario, no sólo para la educación, sino para México”. El directivo destacó el compromiso del gobierno de Felipe Calderón para lo que calificó como “una inversión en el futuro”, y se declaró “extremadamente impresionado” por el acuerdo.

Zoellick ofreció sin ambigüedad: “nosotros apoyamos fuertemente este esfuerzo y queremos ver de qué manera podemos respaldarlo”. Y se confesó “complacido de apoyar financieramente este esfuerzo”.

Que uno de los ayatolas del neoliberalismo y presidente en funciones del BM se involucre personalmente en la defensa de la Alianza sólo puede significar dos cosas: primero, que el Banco efectivamente está detrás de la reforma educativa mexicana; segundo, que su sesgo privatizador es incuestionable.

Los miles de maestros que se han movilizado en contra de la ACE en Morelos, Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Coahuila y Baja California Sur (por citar unas cuantas entidades) saben esto. Es falso que protesten, como dice Calderón, para vender y negociar las plazas de maestros como si fueran suyas. Ellos no están defendiendo privilegios personales, sino la educación pública.

Lo primero que los mentores han denunciado es que los nuevos puestos de trabajo creados en el marco de la alianza no cubren las necesidades educativas de la población. Se requieren muchos más maestros en el país de los que las autoridades gubernamentales aceptan.

Es mentira que el concurso realizado hace poco más de un mes para otorgar las plazas de nueva creación haya sido un éxito y un ejemplo de transparencia.

A un mes de la aplicación del examen y del inicio del curso escolar, no hay información pública disponible del proceso de asignación de plazas. Los exámenes no tuvieron una calificación mínima aprobatoria. Concursaron, más allá de sus méritos profesionales, aquellos que obtuvieron la ficha para hacerlo. Su realización se efectuó en medio de todo tipo de anomalías.

Según señaló el ex subsecretario de Educación Pública, Lorenzo Gómez Morín, sólo entraron en la convocatoria “la Programación Detallada que emerge del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008; toda la vacancia de los estados, la que es parte de la plantilla ordinaria y que queda libre o puede quedar libre de manera temporal, hasta donde he visto, nadie la ha puesto”. El ex funcionario calcula que la mitad de las plazas “no se renovaron por la vía del concurso.”

Flavio Campos, secretario de Educación de Zacatecas, confirmó que las plazas vacantes estatales para maestros no se sometieron a concurso. Eso significa, lisa y llanamente, que cerca de la mitad de los puestos de trabajo renovados fueron asignadas a discreción por los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Quienes han manejado patrimonial y corruptamente las plazas lo siguen haciendo, al menos en parte.

La oposición al ACE no se limita a los maestros. Por distintas razones los gobiernos de Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas y Durango no han firmado el acuerdo, porque, como señaló Omar Castro Cota, la Alianza “lejos de garantizar mayor impulso al sistema educativo, desde plazas docentes, equipamiento e infraestructura, en la realidad –por lo confuso de los criterios que aplica la autoridad federal– representa un retroceso para entidades como éstas”.

Para la ACE educar es sinónimo de “invertir en el recurso humano”. El lucro se disfraza de pedagogía. El nuevo sistema de reclutamiento docente hace de los profesores una mercancía que requiere someterse a una certificación estandarizada, diseñada con criterios empresariales y tecnocráticos.

La evaluación de los maestros conforme a un principio abstracto de “calidad”, que deja de lado en su elaboración la desigualdad social y las diferencias regionales y culturales, termina siendo no una herramienta para mejorar el trabajo pedagógico, sino un instrumento para impulsar la flexibilidad del mercado laboral y terminar con el normalismo.

En muchos estados los padres de familia pagan de su bolsillo al personal de intendencia, a los profesores de inglés, computación y danza. Sus cuotas financian la reparación de escuelas y el equipamiento escolar. En multitud de comunidades rurales las aulas tienen piso de tierra, techo de lámina de cartón y carecen de baños. No se construyen nuevos centros escolares, ni aulas didácticas, ni laboratorios o talleres. Los libros de texto gratuito llegan tarde o no llegan. Formalmente la Alianza contempla el mejoramiento de la infraestructura escolar. Ni lo ha hecho ni lo hará en los poblados más pobres. Como señala la OCDE, el gasto público en el sector no impacta en el mejoramiento de este rubro ni en el acceso a material didáctico de vanguardia.

La ACE atenta contra los principios educativos establecidos en la Constitución. La educación pública no es una empresa y el mercado no es una escuela de virtud. La actividad docente no debe regirse conforme a criterios mercantiles. La enseñanza debe seguir siendo un bien público, no una mercancía que beneficie a unos cuantos privilegiados. Es por eso, y no por el mantenimiento de privilegios, que luchan los miles maestros que se oponen a la Alianza en el país.

 

 

México, penúltimo lugar en la OCDE en ciencia y tecnología

■ Las cifras en investigación y desarrollo son preocupantes, destacan en la UNAM

■ En el país sólo 3 mil empresas invierten en el sector y se registran 500 patentes al año

■ Universidades y centros de investigación superior carecen de recursos, coinciden académicos

Patricia Muñoz Ríos

México ocupa el penúltimo lugar en materia de ciencia y tecnología, entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco- nómicos (OCDE), debido a que destina bajos presupuestos para este rubro y universidades y otras instituciones carecen de recursos suficientes; además, en todo el país hay cerca 15 mil investigadores certificados y otros 20 mil que están en el sector industrial, para un total de 35 mil; sólo cerca de 3 mil empresas hacen investigación y se registran apenas 500 patentes al año.

Tal diagnóstico fue hecho ayer en la inauguración de la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación, por directivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre otros, que señalaron que en México se destina la mitad de los recursos que se canalizan en otras naciones a la investigación científica.

En este foro organizado por dichas instituciones y la Global Network For Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems (Globelics) el secretario general de la UNAM, Sergio Alcocer, señaló que las cifras que tiene México en materia de ciencia y tecnología son muy “preocupantes”.

Apuntó que, en la medida en que el Poder Legislativo no asuma el tema del desarrollo de la ciencia y tecnología como “la gran apuesta al futuro del país” no se otorgará presupuesto suficiente, y expuso que lo que se busca con la Ley de Ciencia y Tecnología, que se discute en el Congreso, es justamente establecer un sistema formal para impulsar la innovación y que vaya de la mano con estímulos y canalización de recursos para promover la investigación.

Por su parte, Gabriela Dutrénit Bielous, profesora-investigadora de la UAM y quien tuvo a su cargo la organización de este foro, dijo que México destina apenas 0.5 por ciento del PIB al desarrollo de la ciencia, cuando en países como Brasil o India se destina más de uno por ciento a esta actividad, lo que provoca que las universidades y centros de investigación carezcan de los recursos suficientes para desarrollar investigación. Expuso que falta compromiso del sector productivo para impulsar la tecnología y es cuestionable que que en vísperas de la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, aún no se tenga claro si se incrementará el monto asignado a las universidades.

El doctor José Lerma Labadie, rector general de la UAM, planteó que existen “grandes asimetrías entre las capacidades de producción de conocimiento y los resultados para concretar proyectos que mejoren las condiciones de vida de los mexicanos y aminoren la brecha entre la pobres y ricos en el país”.

Comentó, además, que hay proyectos que se han desarrollado para mejorar al sistema nacional de ciencia y tecnología, pero no se ha logrado la transferencia adecuada de los mismos al sector productivo.

En cuanto a las cifras en materia de investigación en México, el doctor Leonardo Ríos, director adjunto de Desarrollo Tecnológico del Conacyt, señaló que aun cuando la economía mexicana se sitúa en el lugar 12 o 13 a nivel mundial y tiene el octavo sitio como país exportador, “sólo 3 mil empresas en el país producen investigación”. Explicó que en materia de competitividad “la situación también es crítica”, pues México ocupa el lugar 60 en este rubro, así como el penúltimo lugar en materia de investigación científica y tecnológica con sólo 35 mil investigadores en todo el país.

Por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Juan Pedro Laclette dijo que México ha vivido una escasez de recursos provenientes del Estado en sus ámbitos federal y local, y una falta de coordinación intersecretarial en la definición de prioridades y sobre la asignación de los recursos presupuestales.

ESCALADA DEL NARCO, RESPONSABJE CALDERON.

 

José Gil Olmos.

 

MEXICO, D. F., 22 de septiembre (apro).- Cinco grupos armados responsabilizaron al gobierno de Felipe Calderón del crecimiento del narcotráfico y de la violencia en el país, y reiteraron su propósito de formar una coordinadora nacional guerrillera.

 

En su octavo "Manifiesto a la Nación", los grupos Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo(TDR-EP), Organización Insurgente 1 de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D), y Unidad Popular Revolucionaria Magonista (UPRM) acusaron tambiénn a la clase política de estar vinculada con el crimen organizado.

 

            En un comunicado, dichos grupos, que desde hace al menos dos años operan en unidad, fueron los que en noviembre de 2006 se adjudicaron las explosiones en la sede nacional del PRI, en el Tribunal Electoral y en oficinas bancarias, en protesta por el triunfo de Felipe Calderón  al que consideran como un presidente "ilegítimo" por haber ganado a través del fraude y con el apoyo de grupos empresariales de derecha, y también por la impunidad con que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, salió del conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

 

            En mayo pasado, esos grupos guerrilleros declararon una tregua en sus acciones militares, en solidaridad con la demanda del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de presentar con vida a sus dos militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mediados de 2007.

 

            Ahora, en su nuevo manifiesto, los cinco grupos guerrilleros sostienen que el crecimiento de la violencia en el país es producto de la pelea entre los narcotraficantes por el control de la producción, trasiego y venta de las drogas.

 

            "El origen de este brutal enfrentamiento se encuentra en el desmantelamiento neoliberal de que ha sido objeto el Estado y, por tanto, en la reestructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal) y al interior de los cuerpos policiacos y militares", apuntan.

 

            Sostienen, así mismo, que los cárteles de la droga tienen protección gubernamental y que se han infiltrado en el sistema financiero, así como en los procesos electorales, incluso en los presidenciales.

 

            "Por eso nació muerta la más reciente cumbre de seguridad. Y por eso seguirá fracasando todo intento de mantener la cohesión entre los organismos encargados del orden y la seguridad pública, pues los funcionarios que encabezan a dichos organismos son, al mismo tiempo, los jefes de las mafias que se encargan de vender protección a distintos cárteles de la droga y responden, por tanto, a intereses opuestos", afirman.

 

            La alianza guerrillera insiste en varias parte del comunicado en los lazos entre narcotraficantes y políticos, y señala: "El gabinete calderonista ha empezado a cosechar así, los vientos golpistas y fraudulentos que sembró no sólo con el apoyo del sector empresarial más reaccionario y rapaz, sino también con el apoyo de sus propias mafias y con dinero del narcotráfico".

 

            Advierten que el atentado en Morelia, Michoacán, está siendo utilizado por el gobierno de Calderón como una cortina de humo para ocultar su política entreguista "y su participación en la guerra de las drogas"; además, para aplicar su política de represión amplificando el despliegue militar y policiaco en todo el país, mediante retenes, cateos, patrullajes, detenciones arbitrarias, registros y allanamientos de casas-habitación.

 

            Muestra de esta política de represión a los líderes sociales, señalan el caso de Ignacio del Valle, del movimiento de San Salvador Atenco, estado de México, recientemente sentenciado a 112 años de cárcel "por negarse a aceptar de rodillas el autoritarismo y la injusticia gubernamental".

 

Que no secuestren nuestra agenda democrática

Magdalena Gómez

En el camino del miedo, la guerra y la incertidumbre generalizada corremos el riesgo de que cual torrente incontrolable se lleven nuestra agenda democrática, pues hoy por hoy en los medios y en todos los espacios públicos y privados se impone el análisis de este aroma de nota roja que se respira a lo largo y ancho del país. Los crímenes contra la ciudadanía en Morelia, Michoacán, son reprobables y ominosos por todos conceptos y es de desear que esta vez las investigaciones den con los autores intelectuales y materiales.

Casi se cumplen dos años de la llamada guerra contra el narcotráfico y día a día nos encontramos con sucesos cada vez más escalofriantes sin que se encuentre la punta de la madeja y ante los cuales sólo alcanzamos a evocar la noción de lo inimaginable. Sobre los saldos de miedo en la ciudadanía ya se ha escrito bastante y casi no caben en el traído y llevado término de la inseguridad que camina sigilosamente gestando la carta de naturalización para la respuesta autoritaria y restrictiva de garantías. Un primer desafío que tenemos es precisamente impedir que se consolide esta apuesta. Pero no sólo eso: tendremos que insistir en que la impunidad viene de lejos y que el Estado no ha rendido cuentas. Lo que hoy nos horroriza ya se ha vivido con la intervención directa de fuerzas policiales y militares, igual el secuestro, la tortura, la desaparición forzada, el asesinato, la cárcel contra luchadores sociales sin que hasta ahora se haya juzgado y sentenciado a los responsables, y sin que el conjunto de la sociedad se haya unido exigiéndolo. Cierto es que no todos son culpables, pero mientras no se castigue a los que ordenaron y ejecutaron estos crímenes el Estado todo carga con el peso de la complicidad histórica.

Viene al caso la reivindicación de la Memoria contra el Olvido a unos cuantos días de que se cumplan 40 años de la matanza de 1968, precisamente cuando en un día como hoy, 23 de septiembre, se produjo en 1965 el asalto al cuartel Madera en Chihuahua. De entonces acá podemos anotar tantos y tantos movimientos locales, regionales, nacionales haciendo parada obligatoria el primero de enero de 1994 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyos saldos aún no terminan de aquilatarse.

Para cerrar este recuento debemos anotar que está en un penal de alta seguridad Ignacio del Valle, líder histórico del pueblo de Atenco, pagando una condena de por vida por atreverse a desafiar al Estado y encabezar la oposición al proyecto de construcción de un aeropuerto.

Por otra parte, en este clima de tensión salió del “escenario” de los medios el proyecto de privatización del petróleo, pero esto es sólo una apariencia, pues en los ámbitos legislativos se están cocinando acuerdos y pueden dar una sorpresa en cualquier momento, aprovechando que la vista social está concentrada en la dinámica de la inseguridad y en las propuestas para enfrentarla.

Casi resulta irreverente o irresponsable, dirían algunos, llamar la atención sobre otro tema que no sea el del secuestro y atentados. También en el ámbito educativo se teje la oposición magisterial a la gran alianza entre la SEP, el SNTE y el Banco Mundial, tema del cual sólo se da cuenta cuando hay molestias en el tráfico debido a las marchas.

Ni qué decir del impacto social que tienen la persistencia de fenómenos como el desempleo, el encarecimiento del costo de la vida, estos temas por estructurales no dan para ocho columnas ni comentarios editoriales de radio o televisión. ¿A quién le importa que a buen número de familias no les alcance el ingreso para los alimentos básicos? Lamentablemente este enfoque no está en la agenda nacional, no sólo en la de los medios, sino en la de la llamada clase política que se mueve en torno a los partidos y que ya está preparándose para los relevos electorales de 2009. Entre ellos el horizonte se mueve entre pasar de diputado local a federal o viceversa, de presidente municipal o delegado a diputado y viceversa: “te tocó a ti, ahora me toca a mí”. Ante esta situación es muy probable anticipar un elevado abstencionismo que no tiene castigo porque las reglas electorales no marcan un mínimo de votación.

Así que la postulación y defensa de la agenda social y democrática descansa en los muy diversos movimientos políticos y sociales, así como en los sectores de organización ciudadana no gremial, cuyo camino no se cruza con los partidos políticos. En todo este panorama encontramos que el llamado desde Los Pinos a “la unidad” no es igual para todos, pues a unos les implica aceptar el borrón y cuenta nueva, olvidar 2006 y legitimar al postulante de “haiga sido como haiga sido”, “la unidad” de hoy implica olvidar que la justicia que se está buscando es selectiva, que antes de la de Morelia se perpetró una masacre también contra población en Creel, Chihuahua, y que no hubo reunión de los tres poderes del Estado ni gritos de ¡Ya basta! en cadena nacional. ¿De qué lado está la mezquindad?

 

 


Publicado por solaripa69 @ 9:49
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