Lunes, 06 de octubre de 2008

Indagan a 5 policías por muertes durante desalojo en zona arqueológica de Chiapas

■ El Ministerio de Justicia estatal confirma 4 decesos; “hay información de dos desaparecidos”

Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. El ministro de Justicia del estado, Amador Rodríguez Lozano, informó que cinco policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) están sujetos a investigación por su presunta participación –en distintos grados– en los homicidios de pobladores del ejido San Manuel, cometidos durante el operativo para restituir a la Federación el parque nacional Lagos de Montebello y la zona arqueológica de Chincultik, municipio de La Trinitaria.

Mediante un comunicado de prensa, Rodríguez Lozano explicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra las personas que se apoderaron de los lugares mencionados.

En colaboración con las autoridades federales, con base en la averiguación previa PGR/CHIS/ COM/156/2008 para restituir a la Federación ambos sitios, el 3 de octubre se realizó un operativo policiaco interinstitucional, explicó.

En ese contexto, abundó, “los pobladores agredieron a las fuerzas del orden público en represalia por la detención de algunos miembros de su comunidad, obstruyendo las vías generales de comunicación, reteniendo ilegalmente a 36 elementos de la SSPC y a tres miembros del Ministerio de Justicia, a quienes golpearon, vejaron y torturaron”.

Añadió que los vecinos despojaron a los uniformados de 60 armas largas y 15 cortas, “generándose un intercambio de fuego que provocó pérdida de vidas humanas y lesiones de miembros de la comunidad y elementos de la Policía Estatal Preventiva”.

Esos acontecimientos, informó el ministro, arrojaron un saldo de cuatro muertos confirmados: Rigoberto López Vázquez de 35 años; Alfredo Hernández Ramírez, de 40; Miguel Antonio Martínez López, de 19, y Agustín Alfaro Alfaro, de 31.

Apuntó que durante el operativo 22 personas –17 de las cuales son elementos de la Policía Estatal Preventiva– sufrieron lesiones. De igual forma tres mujeres integrantes de la policía estatal preventiva resultaron con intoxicación por gases.

Añadió que “se tiene información de dos personas desaparecidas”: Ignacio Hernández López, de 59 años, y Ricardo Ramírez Hernández, de 55.

Por otro lado, agregó, existe información no confirmada de que el policía Juan Carlos López Estrada, cuya credencial se encontró en el lugar de los hechos, se encuentra desaparecido y, según versiones extraoficiales, fue golpeado hasta la muerte, pero no ha sido localizado.

El Ministerio de Justicia informó que horas después de los hechos un equipo de 90 fiscales del Ministerio Público, igual número de secretarios de acuerdos ministeriales, así como 40 peritos y elementos del Buró Ministerial de Investigación giraron oficios de localización y presentación de 313 personas, entre ellas 31 agentes del grupo táctico de la policía ministerial, cuatro peritos de la dirección de servicios periciales del Ministerio de Justicia y, el resto, elementos de la SSPC.

A las personas presentadas se les han realizado exámenes toxicológicos y clínicos; también se han realizado peritajes de radizonato de sodio, de balística –a 360 armas de cargo– y criminalística de campo.

El ministro explicó que los policías Amílcar Corzo Díaz, Javier Moreno Estrada, Juan García Villatoro, Juan Carlos Camacho Teco y Consuelo Espinoza Sánchez se encuentran en calidad de presentados y sujetos a investigación, por su presunta participación en distintos grados en el delito de homicidio.

Anunció que se solicitará la declaración del regidor del ayuntamiento de La Trinitaria, Mario Aguilar Guillén, por su presunta participación en esos hechos.

Rodríguez Lozano informó que la zona arqueológica y el parque nacional mencionados “ya están desocupados y han recuperado prácticamente la normalidad. Las armas detenidas por los pobladores están siendo devueltas en este momento, y los detenidos en el operativo serán puestos en libertad en las próximas horas por la PGR”.

Expresó que el gobernador Juan Sabines ordenó a la dependencia que se castigue “el abuso de la fuerza pública, el exceso y el autoritarismo, por lo que reiteramos nuestra convicción de no permitir la impunidad y castigar cualquier violación a los derechos humanos”.

“La situación en la región ha vuelto a la normalidad, donde existen todas las garantías para los habitantes de la zona y el turismo”, concluyó el ministro.

Hubo ejecuciones extrajudiciales en Chincultik, confirman testimonios

■ Los 312 agentes participantes en el operativo son investigados

Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. Cuatro de los seis campesinos muertos en el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik fueron ejecutados extrajudicialmente, según se desprende de las declaraciones que han proporcionado tanto policías como los lugareños. Cinco de 11 agentes involucrados en los homicidios ya fueron detenidos; dos confesaron su participación y tres más rendían declaración esta noche.

De acuerdo con esas declaraciones, Agustín Alfaro Alfaro, de 31 años, originario del ejido Ocotal, quien transportaba al hospital de Comitán a dos heridos durante el desalojo, recibió un disparo en la sien. Las otras tres personas que viajaban con él y que resultaron muertas, incluidos los que ya iban heridos, recibieron balazos en la espalda.

Alfaro Alfaro pasaba por la comunidad –aproximadamente a las siete de la noche–, en una camioneta Ford Ranger, acompañado de su esposa y su hijo de tres años. En ese momento Miguel Antonio Martínez López, de 19 años, le pidió ayuda para trasladar a su padre, Miguel Martínez García, quien recibió un tiro. También subió a Rigoberto López Vázquez y Alfredo Hernández Ramírez y otra lugareña que necesitaba atención médica.

En total, en el vehículo iban cinco hombres, dos mujeres y el niño de tres años. A casi un kilómetro de la comunidad encontraron un retén de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al frente del que se encontraba el jefe del agrupamiento de caballería y 11 uniformados, a cargo de Amílcar Corzo Díaz, herido durante el desalojo.

Los policías de este agrupamiento sostuvieron en sus declaraciones ministeriales que “alguien” les gritó que los lugareños que pretendían pasar iban armados, lo que habría motivado que dispararán contra ellos. Sin embargo, de acuerdo a los reportes preliminares, Alfaro Alfaro murió de un disparo en la sien izquierda, que le dieron cuando ya había bajado del vehículo.

A Rigoberto López Vázquez lo ultimaron cuando se encontraba sobre la góndola. Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Ramírez López intentaron correr y recibieron disparos en la espalda. Actualmente, los 312 policías que participaron en el operativo están en calidad de presentados y son investigados.

En tanto, policías que participaron en el operativo denunciaron que no hubo organización ni planeación táctica, que los dejaron “solos” y únicamente un subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana “azuzaba a la gente”.

Un grupo denunció que en los hechos del 3 de octubre pasado, “nos llevaron como borregos, porque era un operativo federal (de la policía federal) pero cuando empezó todo ellos (los policías federales) se retiraron.

“Cuando llegamos al poblado San Manuel la gente ya sabía (del operativo) y se nos vino encima; en ese momento los policías federales se retiraron y todo se volvió un caos.”

Se expande un sistema eléctrico privado y paralelo, alerta el SME

■ Grandes empresas y trasnacionales recibieron 617 permisos para generar energía

■ Se vale de las redes públicas con cargo al erario

■ Es “un claro proceso privatizador”

■ Al sector eléctrico nacional se le escamotea el presupuesto, se le endeuda y no se lo deja crecer

Patricia Muñoz Ríos

En los últimos meses se han otorgado 617 permisos a grandes empresas privadas y trasnacionales que operan en México para que generen su propia energía eléctrica; por ejemplo, se concedieron 19 de estos permisos a Bimbo, 17 a Cinemex, 20 a distintos ingenios azucareros, 13 a Liverpool, 95 permisos a Wal-Mart de México y 119 a Telmex.

“Estamos ante la creación de un sistema eléctrico privado o construido en forma paralela a la industria eléctrica nacional”, apuntó el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza. Expuso que, en contraste, al sector eléctrico público se le escamotea presupuesto, se le endeuda y no se le deja crecer.

El dirigente sindical indicó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó 68 permisos de electricidad para “usos propios”; 22 a productores independientes; dos a pequeños propietarios; ocho para exportación; 73 para cogeneración y 617 de autoabasto. De estos últimos sobresalen, por ejemplo, las 95 autorizaciones otorgadas a Wal-Mart, empresa que ya no paga energía eléctrica. “No podemos siquiera llamar a esto privatización silenciosa o secreta. Es un llano y claro proceso privatizador”, expuso.

Esta comisión se ha dedicado en años recientes, en especial en los gobiernos “del cambio democrático”, a transitar de lo público a lo privado el sector energético. La prueba es que todas las nuevas obras de plantas generadoras se han entregado a empresas privadas, en especial extranjeras.

Martín Esparza destacó que no solamente los permisionarios dejan de pagar su consumo, sino que también distribuyen energía a sus “compañías asociadas” en todo el país. Así opera, por ejemplo, Iberdrola con sus enormes plantas de autoabasto, que generan 527 megavatios; Tractebel, con 229; Termoeléctrica Peñoles, con 230; Termoeléctrica del Golfo, con 230; Energía Azteca, con 131, y Enertek, que tiene un permiso de cogeneración.

Estas plantas operan para autoabastecer a amplios sectores de clientes que le quitan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro. Por ejemplo, Iberdrola ha sido autorizada por la CRE para modificar una y otra vez su “cartera de clientes”, que abarcan importantes empresas vidrieras, cementeras, papeleras y de otros sectores. Lo mismo en el estado de México, que en Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz y otras entidades.

“Se trata de verdaderos sistemas eléctricos privados, auspiciados por las trasnacionales disfrazadas, que usurpan las funciones constitucionales de la energía eléctrica nacionalizada, desintegrando a la industria nacional o al sistema eléctrico nacional”, señaló Esparza Flores, y apuntó que para completar el panorama, la CRE ha repartido concesiones a infinidad de plantas privadas pequeñas, que forman un sistema “virtual”, que incluso pone en riesgo la operación del sistema eléctrico nacional.

Además, la mayoría utilizan plantas pequeñas de respaldo, con base en diesel, pese a que muchas están enclavadas en grandes centros urbanos. Es el caso de Enertek, Micase, Energía Azteca III, Hidroelectricidad del Pacífico, Proveedora de Electricidad de Occidente. No quepa la menor duda, se privatiza. La entrega del recurso está a la vista, dijo.

Las obras nuevas, sean en la industria petrolera o en la eléctrica, están siendo realizadas por empresas extranjeras, pero a la CFE como a Pemex no les permiten crecer, y las endeudan enormemente por medio de los Piridegas desde hace más de 10 años; persisten en vulnerar sus capacidades técnicas; retraen el potencial científico del país; socavan la esencia de las empresas; embargan y endeudan el futuro energético del país, apuntó el líder del SME, y señaló que la soberanía energética esta en declive si no es que ya tiende a desaparecer.

Planteó que los permisos se disfrazan de autorizaciones para “autoconsumo”, pero significan la base de un sistema eléctrico privado, que se vale de las redes públicas, ya que estas empresas requieren servicios de transmisión y respaldo que obligan a la expandir la red pública y, más aún, a la instalación de una reserva adicional de generación, todo con cargo al erario.

 

CINICO IMPUNE.

 

Miguel Angel Granados Chapa.- Proceso.

 

Preso en su casa en los últimos dos años, el expresidente Luis Echeverría está a punto de quedar exonerado del delito de genocidio por el que se le dictó auto de formal prisión. Obtuvo la protección federal contra ese acto procesal y después de ires y venires, un tribunal de circuito está por resolver la revisión. Es de temerse que la sentencia de amparo sea confirmada, y Echeverría quede en libertad uno de estos días.

 

Abre esa posibilidad la renuencia de los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardel y Manuel Bárcena Villanueva a que su resolución sobre el caso sea pública y difundida. Han guardado silencio ante la petición de que la sesión en que resuelvan sea difundida a través del Canal judicial o por cualquier otro medio. Al formular su petición, a nombre del Comité 68 pro Libertades Democráticas, Raúl Álvarez Garín dijo que "los magistrados que resuelvan deben actuar de cara a la nación, esa es su responsabilidad y ese es nuestro derecho. No hay nada en el marco jurídico que regula las funciones de los tribunales de circuito, tanto unitarios como colegiados, que impida que la sesión sea transmitida por los medios de comunicación electrónicos".

 

Si la sentencia confirma el amparo y Echeverría queda libre (aunque lo está para todo efecto práctico, ya que su estado de salud en los meses recientes le habría impedido de todos modos desplazarse fuera de su domicilio), quedará judicialmente a salvo de las acusaciones que se formularon en su contra, por los actos de genocidio que perpetró cuando fue secretario de Gobernación y presidente de la República. Es decir, siguiendo la regla que beneficia a cerca de 99 por ciento de los autores de delitos en todo el país, quedará impune. Con ese desenlace adverso para la causa de la justicia llegará a su fin, al menos en el ámbito jurídico mexicano, el esfuerzo del Comité 68 por que se le condena y que consiguió llevarlo al banquillo de los acusados y fuera declarado formalmente preso. Se abrirán entonces las diversas instancias de la justicia internacional, pero es improbable que sus fallos, que de haberlos no serán inmediatos, alcance con vida al acusado, quien acaso vive sus últimos días en su casa de San Jerónimo.

 

Allí lo visitó catorce veces el periodista Rogelio Cárdenas Estandía, quien desarrolló en esas sesiones una prolongada entrevista que acaba de publicar en forma de libro y del cual Proceso adelantó en su número anterior un extracto significativo, sobre el 2 de octubre de 1968, cuando el entrevistado despachaba en Bucareli. Como es verdad que genio y figura se conservan hasta la sepultura, Echeverría se incomodó con el interrogatorio al punto de  "pegar con ímpetu" a la mesita y terminó corriendo de su casa al entrevistador, que dirige el diario El Financiero, fundado por su abuelo y su padre, del mismo nombre los tres. De buenas a primeras, narra, "comenzó a regañarme como lo hace un padre a su hijo; me pidió que me fuera a mi casa, que reflexionara sobre la conducta que había tenido en las últimas sesiones y que le hablara por teléfono cuando hubiese terminado mi examen de conciencia". Cárdenas no lo hizo y no volvió a ser recibido ("La puerta de Magnolia 131 ya no se abrió para mí")  por lo cual, supongo, explica que la entrevista no fue autorizada.

 

A pesar de que en los temas torales Echeverría se muestra elusivo, omiso, sinuoso o  miente con descaro, o por ello mismo, no podría desmentir el contenido de la entrevista, donde aparece tal como es, con dificultades para explicarse de modo coherente y para aceptar responsabilidades en su desempeño como secretario de Gobernación o como Ejecutivo. Nadie creería que la entrevista fue trucada, porque el Echeverría que así sale retratado se parece demasiado al que conoció el país en su sexenio o al que se sospecha que fue bajo las máscaras tras las cuales se ocultó antes, durante o después de su sexenio presidencial.

 

  Echeverría se considera excepcional. No se comportó como sus compañeros de gabinete, no abandonó nunca sus deberes. Puritano, acusa a sus iguales con el ánimo y el tono con que lo haría un alumno de escuela religiosa ante su asistente espiritual: "como secretario de Gobernación... no iba a fiestecitas con secretarios de estado, nunca. A veces se reunían ocho o diez de ellos, llevaban muchachas guapas, medio golfas, se echaban una copa y hacían fiesta. Yo nunca fui. Y nunca hice negocios. Me porté muy bien desde que era subsecretario. Ni fiestecitas, ni queridas".

 

 Tampoco admite culpas. No siente necesidad de pedir perdón de nadie. Tampoco hay responsabilidades que puedan atribuírsele. La matanza del 2 de octubre fue ordenada por el presidente: "ni el secretario de Gobernación ni ningún otro secretario podía disolver una manifestación de 150 mil personas. Lo logró el Presidente con el ejército...". La movilización a la que de ese brutal modo se puso fin no era un acto de protesta genuino, era un simple borlote, según su propia visión. Un mitote en que participan no él, que angelicalmente permanecía al margen, sino el secretario de la Defensa, el procurador de la República, el jefe de la policía capitalina, por un lado; y por el otro, "los jefes de los muchachos, con la embajada soviética atrás, los cubanos un poco metidos, manejando a los líderes, y un gran entusiasmo juvenil, como ocurrió en el mundo..."

 

Como si se ignorara que fue Litempo en su papel de agente de la CIA, el expresidente habló ante Cárdenas de un modo confuso sobre la participación de esa agencia en la guerra fría. No admite que actuara en México, quizá para no incriminarse, experto como se muestra en arrojar las culpas lejos de sí. En cambio insiste en hablar de influencia de la URSS en la política mexicana y en la movilización del 68: "Algunos muchachos mexicanos, los que estuvieron en los comités de huelga, tenían contacto con la embajada soviética, donde les daban sus centavos..."

 

El periodista le preguntó si creía realmente que el país corría riesgos de no haber intervenido el Ejército, y Echeverría contesta afirmativamente. Llega al extremo de afirmar que la movilización quería impedir los Juegos Olímpicos, y se pregunta: "¿Qué hubiera pasado? Si no hubiera habido Olimpiada quizá hubieran invadido el Palacio y hubieran tirado al Presidente... En una de las manifestaciones comenzaron a quemar la puerta de palacio. Si se hubieran metido, probablemente hubieran intentado asesinar al presidente y entonces el Ejército hubiera intervenido. Yo creo que, de no actuar, sí hubieran quitado al Presidente".

 

Como responsable de la información política, Echeverría supo sin duda siempre que el movimiento estudiantil no discurrió jamás por esas veredas. Y sin embargo ahora justifica la represión invocando un fantasma.

 

O sea que, además de quedar impune, Echeverría es cínico.


Publicado por solaripa69 @ 9:56
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