Viernes, 17 de octubre de 2008

■ Docentes de ocho entidades reafirman su rechazo a la ACE

Llaman a desconocer dirigencias del SNTE y a recuperar las instalaciones

Laura Poy Solano

Maestros de ocho entidades del país ratificaron su rechazo a la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y se pronunciaron por elaborar una propuesta alternativa de enseñanza, “totalmente distinta al modelo privatizador que propone el gobierno federal y la cúpula charra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Elba Esther Gordillo Morales”, a quien desconocieron como dirigente nacional del magisterio.

Reunidos en el primer Encuentro Nacional Magisterial Popular, convocado en la capital del país, profesores de Morelos, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal, valle de México y Querétaro, analizaron los efectos que ha ocasionado la aplicación de la ACE, por lo que aprobaron hacer un llamado a todos los movimientos docentes que “tengan las condiciones para hacerlo, a que desconozcan a las dirigencias seccionales y recuperen las instalaciones sindicales”,

En el encuentro, al que asistieron académicos, estudiantes normalistas y universitarios, así como la secretaria de Educación y Cultura del “gobierno legítimo”, Raquel Sosa, también se acordó impulsar la defensa de todas las escuelas normales públicas del país, al considerarlas como “parte fundamental del patrimonio pedagógico nacional”.

Además, se aprobó acudir este viernes a la marcha masiva en repudio a las actos de represión en contra del magisterio de Morelos, y en contra de la aplicación de la ACE; por lo que se prevé la llegada, desde las primeras horas de hoy, de contingentes de Michoacán, Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca, valle de México, así como delegaciones representativas del resto del país.

Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la sección 18 de Michoacán, informó que la marcha partirá a las 10 de la mañana del plantón permanente que tienen instalado frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública, en la calle de Brasil, para dirigirse a la residencia oficial de Los Pinos.

Destacó que el acuerdo con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es que, “al mismo tiempo, miles de maestros salgan a marchar en las principales ciudades del país, en rechazo total a la ACE, pero también con una demanda central, para que se detenga cualquier acto de represión en Morelos, o en cualquier otro punto del país, donde han continuado surgiendo movimientos magisteriales de repudio a la alianza y a la dirigencia espuria de Gordillo”.

■ Unos 30 mil agremiados en Puebla se unen a la movilización

Marchan en Morelos en contra de la represión; pelean padres de familia

Rubicela Morelos, Alfredo Valdez, Sergio Ocampo y La Jornada de Oriente (Corresponsales)

Marcha de maestros por la carretera Amayuca-Temoac, en el oriente de Morelos

Marcha de maestros por la carretera Amayuca-Temoac, en el oriente de Morelos Foto: Marco Peláez

Más de 15 mil maestros y habitantes de la Unión de Pueblos de la Zona Oriente de Morelos realizaron una megamarcha-caravana, en protesta por el desalojo violento que sufrieron el pasado 8 de octubre; para denunciar la “criminalización” del movimiento opositor a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y exigir una mesa de diálogo con las autoridades, a fin de buscar una solución al conflicto, que ha impedido el inicio del ciclo escolar 2008-2009 en la entidad.

Según los profesores disidentes, la marcha-caravana, que recorrió al menos ocho pueblos, fue para fortalecer los lazos de los miembros del magisterio y los padres de familia de la región, así como para reafirmar a la población que “estamos en pie de lucha defendiendo la educación gratuita de sus hijos”, manifestó Óscar Miranda Avilés, integrante de la comisión negociadora del Movimiento Magisterial de Bases (MMB).

El contingente salió del poblado de Tlacotepec a las 11 de la mañana y concluyó su recorrido a las seis de la tarde en Axochiapan. En el trayecto, los manifestantes pasaron por Zacualpan, Temuac, Huazulco, Amilcingo, Amayuca y Jonacatepec.

Con pancartas y mantas, los mentores reiteraron que el gobierno federal de Felipe Calderón y el estatal de Marco Antonio Adame “criminalizaron su movimiento” y que, en vez de ofrecer diálogo, “nos manda golpear, como lo hizo la semana pasada”. “¡1968: Ordaz, 2008: Calderón y Adame!”, se leía en una de las mantas principales.

En Cuernavaca, estudiantes de las distintas normales públicas, tecnológicos y de la Universidad Autónoma de Morelos marcharon para repudiar los desalojos violentos que sufrieron los docentes y habitantes de Tres Marías, Amayuca y Xoxocotla, y para exigir a las autoridades que se sienten a dialogar con el MMB.

En la secundaria número 8, ubicada en Ocotepec, se enfrentaron padres de familia que están a favor de la apertura del plantel y los que están en contra. La trifulca, en la que también participaron ayudantes municipales, fue sofocada por policías antimotines.

Óscar Miranda afirmó que hasta ahora ni las autoridades estatales ni federales han manifestado su disposición al diálogo, pues, aseguró, insisten en que también participen en la mesa de negociación los consejeros nacionales que envió la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo.

Movilizaciones en Puebla y Zacatecas

El movimiento magisterial disidente de Puebla, que exige la destitución de Gordillo, la cancelación de la ACE y expresó su solidaridad a los compañeros de Morelos, dio una muestra de su fuerza, ya que logró que al menos 30 mil afiliados a las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaran.

El número de maestros (alrededor de 40 por ciento del total de afiliados a ese organismo en la entidad) fue tres veces mayor al que por la misma causa protestó hace dos semanas. Según testigos, la de este jueves ha sido la movilización magisterial más grande en la historia reciente de Puebla.

“¡No es Supermán, no es Topo Gigio, es la ratota de la Gordillo! ¡Va a caer Elba Esther, por las Hummers va a caer! ¡Morelos, aguanta, Zacatecas te respalda!...”, fueron las principales consignas que más de 5 mil docentes corearon durante la más grande movilización magisterial del año en Zacatecas, en rechazo a la ACE y a la corrupción en el SNTE.

Acompañados por cientos de integrantes del Frente Social para la Defensa de la Soberanía Popular, los mentores marcharon por las principales calles de la capital y apalearon hasta el cansancio una piñata que representaba a la lideresa magisterial y quemaron otra, así como un ataúd con su foto.

Suspende sesión el Congreso de Guerrero

Con el argumento de falta de garantías para el desempeño de sus funciones ante la presunta amenaza de que integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearían el acceso al Congreso local, éste suspendió la sesión ordinaria prevista para este jueves, y también la sesión solemne programada para este viernes en conmemoración del 55 aniversario del voto femenino.

El procurador estatal, Eduardo Murueta, confirmó que la Secretaría de Educación estatal, así como ciudadanos, han interpuesto al menos 10 denuncias en contra de dirigentes de la CETEG por privación ilegal de la libertad.

Mas, tarde miembros de esa agrupación tomaron las casetas de cobro de la Autopista del Sol y de la vía Iguala-Cuernavaca, permitiendo el libre paso a cientos de automovilistas y cerraron los accesos a palacio de gobierno.

Lucran con jóvenes en Colombia para sacrificarlos como “trofeos de guerra”

■ Los reclutan en zonas pobres, les ofrecen trabajo, los asesinan y luego son “bajas”

■ Denuncian ONG que el ejército premia con dinero a soldados y oficiales “que dan resultados”

Jorge Enrique Botero (Corresponsal)

Bogotá, 16 de octubre. Son las 11 de la mañana pero parece de noche. Enormes nubes de un gris plomizo y fúnebre se han posado sobre Soacha, dando al paisaje urbano un tono muy acorde con los sentimientos que cunden entre sus habitantes: la tristeza y el miedo.

Soacha, nombre indígena de la cultura chibcha que quiere decir varón del sol, tiene casi 400 mil habitantes y una larga historia de tragedias. Inundaciones bíblicas, deslizamientos de tierra que sepultan barrios completos, alcaldes corruptos que se roban su escaso presupuesto y violencia, mucha violencia.

Por estos días llora a sus jóvenes muertos. Decenas de muchachos que comenzaron a desaparecer a comienzos de este año y cuyos cadáveres han ido saliendo a la superficie tras permanecer meses enterrados en fosas comunes de lugares remotos. En la prensa colombiana se les conoce como “los desaparecidos de Soacha” y su historia promete ser uno de los más macabros sucesos de la violencia sin fin que sacude a Colombia desde hace décadas. “Si es que no la tapan a punta de amenazas y más muertes”, advierte el hermano de uno de los muchachos asesinados, único testigo de los hechos que accedió a hablar con La Jornada.

Camino a los hogares de algunas de las víctimas, ubicados en el barrio San Nicolás, se palpan el miedo y la desconfianza. Las miradas huidizas de los vecinos y su negativa a contestar cualquier pregunta se complementan con las puertas que se cierran al paso de los extraños y con una que otra advertencia pronunciada entre dientes:

–No pierda el tiempo, periodista. Aquí nadie le va a hablar de esos muchachos… esa vaina se quedó así.

“Esa vaina” comenzó a saberse en la primera semana de septiembre cuando la morgue de la ciudad de Ocaña, 610 kilómetros al nororiente de Bogotá, no pudo seguir guardando los cadáveres de jóvenes sin identificar que se amontonaban en sus bóvedas. El hecho llamó la atención de algunos periodistas locales lo cual hizo que se activaran las alarmas de un sistema gubernamental dedicado a establecer el paradero de personas desaparecidas.

Tras confirmar la identidad de Elkin Verano, Joaquín Castro y Julián Oviedo, todos menores de 20 años, sus familiares denunciaron que ellos habían salido meses atrás de sus casas atraídos por la promesa de un buen trabajo “en la costa” y nunca más había sabido de ellos. Agregaron que los cuerpos sin vida de sus seres queridos tenían impactos de bala de alto calibre y repitieron ante los medios las versiones que habían escuchado cuando fueron a recuperar los cadáveres: que las balas habían sido disparadas por soldados del ejército.

A lo largo de todo septiembre siguieron apareciendo cadáveres y con ellos se multiplicaron las denuncias de familias que exigían saber el paradero de sus hijos desaparecidos. Solamente de Soacha aparecieron 12 jóvenes muertos, pero la cifra de denuncias superó rápidamente los 50. Las fotografías de las madres desgarradas de dolor recibiendo los restos mortales de sus hijos se tomaron la primera plana de los medios y el ejército tuvo que pronunciarse.

Según su primera versión, se trataba de muchachos reclutados por las FARC muertos en combate. Sin embargo, días después se aclaró que los jóvenes no habían muerto en enfrentamientos con la guerrilla sino “con bandas emergentes de paramilitares que operan en las regiones de Ocaña, Acarí y Ábrego”.

El miércoles 24 de septiembre, la policía aseguró que un grupo de reclutadores pertenecientes a fuerzas paramilitares recorría zonas paupérrimas de las principales ciudades del país ofreciendo jugosos contratos a los jóvenes desocupados que deambulaban por las calles y los parques. La versión coincide con la del familiar de uno de los muertos.

“Mi hermano se mantenía por ahí, sin hacer nada. Tenía un parche de amigos que estaban en las mismas que él… Jugaban micro futbol todo el día y esperaban que les saliera cualquier trabajito. Un día me dijo: hermanito me voy, me salió camello en la costa, pagan bien y voy a conocer el mar. Al otro día se fue y nunca más supimos de él. Al principio pensamos que estaría ahorrando para poder llamar o que iba a llegar en cualquier momento, pero como al mes mi mamá comenzó a decir que le había pasado algo. Lloraba todo el día. Un día, de pura desesperada se fue para donde una señora que lee el tabaco y llegó muy triste. Decía que la señora le había confirmado sus presentimientos, que a mi hermano le había pasado algo muy malo”.

A comienzos de octubre, en medio del creciente escándalo por la sucesiva aparición de cadáveres de jóvenes que el ejército presentaba como “dados de baja en combate”, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció una investigación a fondo de los sucesos y pidió a la fiscalía general que tomara cartas en el asunto.

El gobierno se empeña en cerrar el caso

Unos días después, el 7 de octubre, el propio presidente Álvaro Uribe se pronunció sobre los hechos y tras calificar a los jóvenes de delincuentes “que no estaban recogiendo café en una finca”, intentó poner punto final a la polémica asegurando que según el dictamen de la fiscalía general, “ellos fueron dados de baja en combate”.

Con lo que no contaba Uribe era con que ese mismo día el fiscal general, Mario Iguarán, lo desmintiera, afirmando que su despacho no tenía evidencia de la forma en que habían caído los jóvenes.

Tanto interés del ejército y del presidente Uribe por cerrar el caso despertó las alarmas de numerosas ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, así como de organizaciones juveniles que olfatearon un tenebroso escenario detrás de las versiones oficiales. Según versiones de prensa aparecidas en los últimos días, las muertes de los muchachos estarían asociadas a un tétrico negocio mediante el cual los reclutadores llevan a los jóvenes a zonas de guerra, los dotan de armas cortas y luego entregan al ejército las coordenadas geográficas de su ubicación para que las tropas ataquen el lugar y los exhiban como “trofeos de guerra”.

La macabra operación funciona, según las ONG, gracias a la política interna de las fuerzas militares, que premia con recompensas y otros beneficios a los soldados y oficiales que muestren resultados en sus operaciones. Las bajas de miembros de grupos irregulares son denominadas “positivos” y estos “son el rasero para medir la efectividad en las zonas de orden público”.

A la denuncia sobre las motivaciones de lucro que habría detrás de las muertes de jóvenes se suman las noticias de medios locales según las cuales por lo menos 20 miembros de la fuerza pública fueron condenados la semana pasada por “falsos positivos” en los que perdieron la vida 15 campesinos de diversas regiones del país, presentados inicialmente como integrantes de grupos irregulares.

Mientras la fiscalía general sigue las investigaciones, en Soacha todavía reina la oscuridad. Muy pocos creen que se vaya a hacer justicia “mucho menos con las amenazas que nos han hecho llegar para que guardemos silencio. Yo le he dicho a mi mamá que sigamos buscando la verdad pero ella me responde que ya perdió un hijo y no quiere vernos muertos a los que quedamos”, dice el hermano de una de las víctimas, mi único testigo, no sin advertir, al terminar su frase, que no quiere ver su nombre publicado en la prensa.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:45
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