Viernes, 17 de octubre de 2008

Sólo criminalizan la protesta social, afirma abogado.


Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 16 de octubre. A unos días de que se cumplan dos años del asesinato del camarógrafo estadunidense Brad Will, quien trabajada para Indy Media, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Procuraduría General de la República (PGR), detuvieron la tarde de este jueves a Juan José Martínez Moreno, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por su presunta responsabilidad en ese homicidio.

“La detención es un acto de criminalización de la protesta social, porque está demostrado que quienes mataron a Brad fueron policías”, afirmó el coordinador de la comisión jurídica de la APPO, Gilberto Hernández Santiago.

Will murió por disparos de arma de fuego durante una agresión de policías municipales contra participantes de una barricada instalada por la APPO el 27 de octubre de 2006, en el municipio de Santa Lucía del Camino.

El abogado informó que Martínez Moreno fue aprehendido cerca del palacio municipal de Santa Lucía y, al parecer, trasladado a la delegación estatal de la PGR o al Distrito Federal. “El compañero pudo comunicarse por teléfono con su familia para avisar que había sido detenido por el asesinato de Brad”, agregó.

Explicó que el arresto de Martínez aparentemente se debe a una orden de aprehensión girada por el Poder Judicial Federal, con base en la indagatoria 274/2008 iniciada por la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas de la PGR, que desechó la línea de investigación “lógica”, para inculpar a simpatizantes de
la APPO.

Destacó que la PGR asumió la investigación del homicidio después de que estuvo a cargo de la Procuraduría estaral, la cual culpó a los simpatizantes de la APPO de la muerte de Brad Will, “pero por lo visto no hizo ninguna indagatoria más, porque sus conclusiones fueron las mismas”, a pesar del peritaje del organismo no gubernamental estadunidense Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos) y la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mencionó que otros seguidores de la APPO, entre ellos, Miguel Cruz Moreno, Edgar Santiago, Hugo Jara y Arturo Villanueva, también podrían ser detenidos porque la PGR los ha vinculado con el crimen. Hernández Santiago señaló que la comisión jurídica de la APPO defenderá a Juan José Martínez Moreno.

N.R.- Esta es la forma en que el Estado “hace justicia”, fabricando culpables y falseando evidencias. En su momento la procuraduría estatal hizo lo suyo, ahora la PGR hace lo propio. No nos tragamos el cuento.

Protestan seguidores de la APPO en el PJF ante condena a consejero Orlando Sosa.

Simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se manifestaron ayer por la tarde frente al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), para protestar por la ratificación de una sentencia de tres años dictada al consejero estatal del movimiento magisterial y popular, Orlando Sosa López.

 

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

 

Los inconformes, extendieron una pancarta con la leyenda “Aquí tampoco hubo justicia”, frente a las instalaciones judiciales.

El coordinador de la Comisión Jurídica de la APPO, Gilberto Hernández Santiago, informó que Sosa López fue detenido ilegalmente y posteriormente torturado por policías locales en céntricas calles de la ciudad, el 18 de julio de 2007, después de participar en una marcha por la “gran represión” de la Guelaguetza Magisterial y Popular sucedida el día anterior en inmediaciones del “Cerro del Fortín”.

Los agentes, subrayó, “sembraron” una pistola al también vocero de la APPO para poder consignarlo ante la Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente quedó bajo proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, aunque después salió libre al pagar una fianza de 10 mil pesos.

Explicó que el Juzgado Tercero de Distrito del Estado conoció el asunto, y a pesar de las pruebas de descargo presentadas, fue sentenciado el 1 de agosto pasado a tres años de prisión y a 50 de multa.

Ante esto, destacó que Sosa López apeló la condena y el caso quedó en revisión en el Segundo Tribunal Unitario, a cargo del magistrado Rubén Darío Domínguez Viloria, sin embargo no hizo ningún estudio exhaustivo y ratificó la sentencia.

A su vez, Sosa López dijo que el magistrado dio más valor al parte informativo rendido por la policía y no tomó en cuenta su declaración donde denuncia la detención ilegal y la tortura sufrida en una cárcel clandestina.

“Me detuvieron en (la esquina de) Xicoténcatl y Fiallo…me aventaron a la caja de una camioneta tapándome la cabeza con un trapo negro y golpeándome en el trayecto, insultando y amenazando por mi pertenencia a la APPO. Me llevaron a una casa donde fui torturado por los policías que me detuvieron y me sembraron un arma contra mi voluntad, para consignarme a la PGR”, señaló.

Consideró que el magistrado Domínguez Viloria no hizo una valoración de los elementos del proceso “y únicamente tomó en cuenta el parte informativo de los policías cuando en Oaxaca ¿quién les cree? y así se convierte en instrumento del gobierno estatal, pues tampoco hizo un estudio minucioso del proceso y de las condiciones sociales de su detención, pues en ese momento la policía detenía a cualquier persona como parte de operativos represores al movimiento social”.

Ante esto, Sosa López dijo que recurrirá al amparo directo ante el propio Poder Judicial de la Federación (PJF) para echar abajo la sentencia e hizo un llamado a los 25 seguidores de la APPO sentenciados a impulsar una Jornada por la Libertad y la Justicia.

N. R.- Otra vez, el Estado autoritario emplea las leyes como instrumento de sojuzgamiento de la población y para reprimir a líderes sociales.

 

Exigen familiares de eperristas a la CNDH emitir recomendación.

El Comité Nacional de Familiares de Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, donde se agrupan parientes de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel López Cruz, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), así como de Francisco Paredes Ruiz, ex militante del Movimiento Armado Revolucionario (MAR),  exigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitir a la brevedad la recomendación por el caso y “que anteponga la defensa de los derechos humanos por sobre los compadrazgos”.

 

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

 

Este organismo, “ha permanecido callado ante los diversos crímenes de lesa humanidad que se cometido en nuestro país y con esto, ha legitimado lo que el Estado dice y hace”, afirmó Nadín Reyes Maldonado, hija del eperrista Reyes Amaya.

Los dos miembros del EPR, originarios de Oaxaca, fueron detenidos-desaparecidos forzadamente el 25 de de mayo del año pasado en esta ciudad.

La mujer expuso que la CNDH, a un año y cuatro meses de haber denunciado la desaparición de sus familiares, “ha demostrado la nula defensa de los derechos humanos ante este caso tan terribles como lo es la desaparición forzada y deja entrever su complicidad con el Estado mexicano”.

Lamentablemente ---subrayó---, la situación de nuestro país “no cambiará si nosotros como sociedad no hacemos algo para cambiarlo. La denuncia, la movilización y sobre todo, la solidaridad entre los movimientos sociales y organizaciones sociales, logrará que nuestras luchas sean fortalecidas y escuchadas”.

Ante esto, reiteró su exigencia de la presentación con vida de los tres desaparecidos y llamaron a los familiares de otras víctimas de este delito a unirse al Comité Nacional de Familiares de Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, para denunciar sus casos.

“En nuestra memoria y en nuestros corazones siempre vive el recuerdo y el amor por nuestros familiares y nunca vamos a descansar hasta encontrarlos”, asentó.

N. R.- Ahora los propagandistas del Estado van a decir que se autovolatizaron. A falta de que inventen otro cuento.

 

 

Se recrudece conflicto por proyecto eólico en La Venta.


Hiram Moreno / Tiempo

[07:40] JUCHITÁN.- Una vez más los ejidatarios de la población de La Venta, decidieron realizar un bloqueo a los trabajos del proyecto eólico “La Venta IV”, ya que la empresa EURUS, a decir de los hombres de campo, se niega a cumplir los acuerdos tomados en reuniones anteriores.
Los campesinos acusan al representante de la empresa, Benigno Villa Real, de desestabilizar al Ejido, al apoyar al anterior comisariado Ejidal, Carlos Antonio Ordaz, así como a Ernesto Solórzano, quienes pretenden a toda costa mantener un monopolio en los trabajos.
Ante el temor de que se pudiera dar un nuevo enfrentamiento como el ocurrido el pasado martes, la Policía Preventiva del Estado, tuvo que resguardar la zona, evitando que las cosas se violentaran.
La movilización inició cuando los ejidatarios decidieron atravesar una camioneta en el camino que conduce al terreno de uso común en donde se extrae el material pétreo que se utiliza en la construcción, con la finalidad de impedir el paso de los camiones, lo que provocó el descontento de los camioneros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), quienes pretendieron pasar a la fuerza, sin lograr su objetivo.
Esta situación causó momentos de tensión, sobre todo cuando un grupo de mujeres, esposas de algunos ejidatarios, armadas de palos y machetes se instalaron en el camino, acomodándose en unas sillas, lo cual hizo que los camioneros desistieran de su intento de desalojarlos, mientras que los 10 elementos de la Policía Preventiva observaban sin intervenir.
“Ahorita no se está trabajando, la empresa no ha querido cumplir con los acuerdos de asamblea, les dijimos que aquí ya no hay grupos, que tenían que respetar a la máxima autoridad del Ejido y no lo han hecho, de hecho tenemos entendido que lo que pretenden es desconocernos como autoridad, pero no lo permitiremos, pues fuimos elegidos por la mayoría de los ejidatarios”, aseguró el comisariado ejidal, Mario Manuel Carrasco.
Explicó que el problema ha llegado ya ha oídos de organismo internacionales quienes intervendrán para mediar en el conflicto y darle solución, pues buscarán la nulidad del contrato que firmaron con la empresa EURUS, para la construcción del parque eólico.
Señaló que el paro será de forma indefinida hasta que la empresa entienda que hay una autoridad ejidal, que tiene que cumplir con los acuerdos pactados, que no debe meterse en los asuntos ejidales y que otorgue el recurso que se ha obtenido por el acarreo del material.
Trascendió que organizaciones como El Centro de Derechos Humanos Tepeyac, la Unión de Comunidades indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio, el movimiento de Afectados por las presas y en defensa de los ríos, así como el Colectivo Popular y Magisterial 14 de Junio, entre otras, se encuentran apoyando a los ejidatarios, por lo que las acciones podrían recrudecerse en las próximas horas.

Organizan coloquio de crisis política y movimiento social
Iván Castellanos / Tiempo

[07:39] Investigadores convocaron al coloquio “Crisis política y movimiento social: Oaxaca 2006-2008”, el cual tiene como objetivo crear un espacio académico para la presentación de avances de investigación sobre diversos aspectos de esta temática.
Encabezados por Víctor Raúl Martínez, indicaron que este ejercicio forma parte del programa de actividades del cuerpo de Estudios Políticos del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).
Señaló que el análisis que se llevará a cabo se realizará por el conflicto de 2006, por ser una crisis política de amplia magnitud, los cuales son comparables con los vividos en 1947, 1952 y 1977.
Los sucesos vividos en el estado son objeto de distintos estudios académicos de estudiantes, profesores, investigadores y han dado origen las más diversas interpretaciones.
Influyen en estas el objeto del estudio, los marcos conceptuales de los que partan estos trabajos, las fuentes de información a las que recurran, aún los propios marcos ideológicos de quienes realizan estos estudios, indicó.
Consideró que hasta el momento las causas que generaron el conflicto de 2006 no están resueltas y que aún quedan pendientes que la población y las organizaciones sociales desean que sean cumplidas.
En este sentido, afirmó que las organizaciones continúan siendo víctimas de persecuciones, además de que aún existen personas presas, mientras que o ha habido investigaciones ni castigo para representantes del gobierno estatal.
“Tomando en cuenta esta situación académica y siendo una temática de interés general, el Instituto de Investigaciones Sociológicas a través del Cuerpo de Estudios Políticos, decidió organizar los días 20 y 21 de octubre este coloquio”, afirmó el investigador.
Indicó que la realización de este análisis reviste de importancia por las experiencias de lucha que han fomentado los diversos los diversos movimientos sociales en el país.

Crisis generada por el 2006 podrían generar un nuevo conflicto: Víctor Raúl

Las secuelas del movimiento social del 2006 son parte de un caldo de cultivo que podrían estallar una nueva crisis social. Las demandas más sentidas de la sociedad no se resolvieron y están latentes, aseguró Víctor Raúl Martínez Vásquez, líder del Cuerpo de Estudios Políticos del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO.

 

ELIZABET RUIZ JAIMES

 

En la presentación del Coloquio “Crisis política y movimiento social, Oaxaca 2006-2008”, el investigador señaló que en lo económico la entidad ha disminuido su Producto Interno Bruto,  pero también se han cerrado muchos negocios, ha crecido el desempleo y aumentado la migración, por citar algunos ejemplos. En el ámbito político, dijo, hay una evidentemente  división política que no se ha podido superar, una confrontación incluso a veces antagónica. No hay gobierno, no existe legitimidad en el gobierno en turno.

En el ámbito social, se mantiene la fractura y en el ámbito cultural hay interés por incluir a las diferentes manifestaciones que surgieron en el movimiento social. En términos generales hay una serie de pendientes que el movimiento reclamó y no se han satisfecho, demandas como la reforma jurídica de la revocación de mandato, el plebiscito, tenemos el problema del pluralismo jurídico, las reformas que hay que hacer para la libre determinación de los pueblos indígenas, los temas del desarrollo sustentable, temas de equidad de género y la violencia a las mujeres.

También hay secuelas de tortura, hay demandas por los asesinatos políticos, el regreso de escuelas a la Sección 22 que están en poder de la Sección 59, hay presos políticos, exiliados, hay muchas secuelas y pendientes. Pero también siguen las movilizaciones, este coloquio es parte de la inquietud que sigue existiendo, para continuar reflexionando y dar lugar a la polémica.

La crisis no está superada, deja un pendiente y deja un conflicto potencial y puede volver a darse una movilización, nuevos estallidos sociales, tal vez no de la misma forma, eso no se puede predecir, lo que si es evidente es que la crisis sigue ahí, en una especie de caldo de cultivo.

En el caso de la Sección 22, esta organización fue muy clara en su postura al decir que no van a socializar con el Gobierno, lo cual hace pensar que hay mayor cohesión en este gremio de cómo se encontraba antes de las elecciones, sobre todo por la convocatoria a varios grupos a aglutinarse para pelear respuestas a las demandas pendiente.

El programa tentativo del Coloquio del IISUABJO, incluirá 22 conferencias, arrancando con una magistral el 20 de octubre a las nueve de la mañana, sobre crisis de dominación y movimiento social, que será dictada por John Holloway. Los paneles de trabajo serán el día 20 y 21 de octubre de nueve a catorce horas y por la tarde de 16 a 18 horas.

El objetivo es crear un espacio académico para la presentación de avances de investigación sobre diversos temas generales del coloquio. Habrá participantes de distintas instituciones entre las cuales se encuentra la Universidad de Puebla, la de Veracruz, la UNAM, la UAM, el CIESAS, el ITO, la UABJO y la Universidad de Montreal.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:56
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