Viernes, 24 de octubre de 2008

Casos Brad Will y Roberto Mora : "Las autoridades federales se empeñan en permitir la impunidad", según Reporteros sin Fronteras.

Reporteros sin Fronteras manifiesta su rabia ante el tratamiento que la Procuraduría General del República (PGR) ha dado a la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto al caso de Brad Will (leer el comunicado del 2 de octubre de 2008). La Procuraduría no solo no ha tenido en cuenta las graves irregularidades cometidas en la investigación del asesinato del camarógrafo norteamericano de Indymedia, sino que el 22 de octubre el juez cuarto penal, anunció la inculpación y el próximo juicio de uno de los simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ahora detenido, y dos más que fueron puestos en libertad bajo fianza. Quedan por ejecutarse siete órdenes de aprehensión por “encubrimiento”. Todos ellos habían sido identificados como testigos en el caso.

“La maniobra política resulta evidente y puede llegar a convertirse en un estrepitoso escándalo judicial, a dos años de la muerte de Brad Will. Tras una investigación mutilada a nivel local, destinada únicamente a exculpar de toda responsabilidad en la muerte del periodista al gobernador Ulises Ruiz y sus funcionarios más cercanos, la PGR intenta groseramente salvar a las autoridades de Oaxaca, desautorizando a la CNDH. ¿Cree, decentemente, que la lucha contra la impunidad ganará algo con ello? ¿No hay más alternativa que impunidad o injusticia? El probable desenlace del caso recuerda la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la más alta institución judicial del país, salvó la cara al gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, en el proceso contencioso que le enfrentaba con Lydia Cacho (leer el comunicado del 30 de noviembre de 2007). Los graves incumplimientos constatados en la investigación de la muerte de Brad Will es también una repetición de lo ocurrido en el caso de Roberto Mora García. Precisamente hoy, la comisión En Memoria, en la que ha participado Reporteros sin Fronteras, hace públicas las conclusiones de una misión llevada a cabo en el Estado de Tamaulipas, en relación con este último caso. Unas conclusiones que no incitan en nada al optimismo”, ha declarado la organización.

La recomendación 50/2008 de la CNDH, enviada el 26 de septiembre a la PGR y al gobierno del Estado de Oaxaca, refiere claramente a los aliados del gobernador Ulises Ruiz en el asesinato de Brad Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006, en el momento álgido de una grave crisis política y social que causó dieciocho muertos y más de trescientos heridos. En principio, el gobierno del Estado cuestionó la recomendación, el 16 de octubre, aunque después cambió de parecer y la aceptó. Al día siguiente, de forma inesperada la Procuraduría General de la República anunció la detención de Juan Manuel Martínez Moreno y Octavio Pérez Pérez, por “asesinato” y “encubrimiento” respectivamente. Octavio Pérez Pérez salió libre bajo fianza un día después. En el momento de los hechos ambos militaban en la APPO, cuyas manifestaciones contra el gobierno de Oaxaca cubría Brad Will cuando le mataron. Hay otros siete militantes de la APPO inmersos en el procedimiento. Algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos han manifestado temor, algo que comparte Reporteros sin Fronteras, por la integridad física del detenido Juan Manuel Martínez Moreno.

Los procedimientos de investigación - pruebas maquilladas, autopsia modificada, fabricación de “evidentes culpables” - denunciados por la CNDH en el caso de Brad Will son similares a los seguidos después del asesinato, el 19 de marzo de 2004, de Roberto Mora García (ver los comunicados), director editorial del diario El Mañana en Nuevo Laredo (Estado de Tamaulipas, Nordeste). Los pasados días 25 y 26 de agosto varias organizaciones, agrupadas en la comisión En Memoria - entre las que se encontraba Reporteros sin Fronteras -, dedicaron una nueva misión al caso. Las conclusiones de la investigación, presentadas hoy mismo en México D.F., subrayan el empeño de las autoridades para excluir cualquier móvil profesional en aquel asesinato, mientras que la víctima investigaba temas sensibles en una región dominada por el Cartel del Golfo (ver el informe completo abajo). El documento hecho público subraya también que la Procuraduría del Estado concluyó rápidamente la investigación culpando a Mario Medina Vázquez, de 23 años, y a su compañero Hiram Oliveros Ortiz, de 29, quienes vivían en el mismo piso de la casa de Roberto Mora García. Al primero le asesinaron en la cárcel el 13 de mayo de 2004; el segundo continúa detenido.

Reporteros sin Fronteras pide a las autoridades locales y federales responsables que investiguen y hagan justicia apegándose a las evidencias y hechos que obran en los casos mencionados, que atiendan las observaciones de la CNDH, y que actúen en consecuencia, reconociendo los errores cometidos y realizando investigaciones eficientes que no den más espacio a la impunidad.

Denuncia senador Jara que ex munícipe de Santa Lucía pagó sobornos a la PGR.

 

Pide investigar versión de que pagó a MP Federal para acusar a la APPO del crimen de Brad Will


OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

El senador de la República, Salomón Jara Cruz presentó un punto de acuerdo en la Cámara Alta para que se exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) a que atienda la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las irregularidades en la investigación del asesinato del camarógrafo estadunidense, Brad Will, principalmente por los rumores sobre el pago de sobornos del ex presidente municipal de Santa Lucía del Camino, el priísta Manuel Martínez Feria, para acusar del crimen a militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Es que la PGR, "se limitó a hacer suya la averiguación previa de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, que está plagada de insuficiencias e irregularidades", afirmó.

El legislador expuso que existen versiones no confirmadas de pagos irregulares entregados por personeros del ex munícipe a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra Periodistas de la Delegación Oaxaca de la PGR, Silveria Martínez, en fechas distintas durante el 2007.

"Son versiones que nos han hecho llegar personas que se enteraron de esta situación, pero hasta ahora no las hemos podido confirmar", señaló.

Aunque consideró que el rumor "puede tener mucho de cierto" porque uno de los testigos, Alfredo Feria Pérez, utilizados por la PGR para acusar al simpatizante de la APPO, Juan Manuel Martínez Moreno, como autor material del crimen de Will, es sobrino del ex munícipe quien ordenó la agresión a la barricada el 27 de octubre del 2006.

"Esta especie me parece muy grave y ante esto, la propia PGR debe iniciar una investigación para determinar si efectivamente hubo sobornos", señaló.

Quizá a causa de esto ---subrayó---, la CNDH detectó deficiencias en el trabajo de los servicios periciales de la PGR aplicados en esta investigación, pues "no permiten plantear de manera correcta una hipótesis para llegar a la verdad histórica del hecho, y en su caso determinar la secuencia, los tiempos y la distancia a la que se realizaron los disparos" en contra de Will.

"Si el agresor hubiera accionado el arma a dos metros de la víctima, como afirma la PGR, no habría sido posible percibir ni identificar lapso alguno entre el disparo y el impacto", añadió.

Jara Cruz dijo que la PGR rechazó la recomendación 50/2008 de la CNDH, por tener supuestamente acreditado el cuerpo del delito y la participación de Martínez Moreno como autor material del homicidio de Will, pero con esto "surge una gran preocupación por las circunstancias de impunidad por no haber una investigación seria e imparcial para llegar a la verdad de los hechos y lograr el cumplimiento del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos".

 

Bloquen acceso a CDI; exigen respeto a radios comunitarias.


Iván Castellanos / Tiempo

[07:50] Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Red de Radios Comunitarias, Centro de Acompañamiento Comunitario y Cactus A.C, bloquearon los accesos a las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para manifestarse en contra de los operativos que se han realizado para desmantelar radios comunitarias e indígenas.
Encabezados por Carlos Beaz Torres, también exigieron que se les entreguen recursos económicos para llevar a cabo proyectos de comunicación por más de 2 millones 700 mil pesos y que ya habían sido aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).
Exigieron que se respeten las radios comunitarias, al considerar que son los únicos mecanismos para mantener comunicación entre los pueblos, por lo que requieren libertad para enviar estos mensajes.
Señalaron que es necesario que cese el hostigamiento a estas radios, las cuales han sido afectadas en el último año de manera constante, con una serie de operativos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como por la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Además, manifestaron que requieren los recursos que ya fueron aprobados, por lo que exigieron que la CDI intervenga ante la SHCP, para que se logre la liberación de los recursos.
Estos serían aplicados principalmente en comunidades como Matías Romero y Guichicovi, en donde tienen una serie de proyectos para atender a personas de escasos recursos.
Por su parte, la CDI indicó que este tema no es de su competencia, ya que tiene que ver apoyos para el desarrollo de los pueblos y en todo caso, esto debería ser revisado por la Secretaría de Hacienda.

 


Publicado por solaripa69 @ 16:56
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