Lunes, 27 de octubre de 2008

Marcharán maestros hoy, para recordar muerte de Brad Will
Iván Castellanos / Tiempo

[05:31] La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizará marchas masivas regionales este lunes, para recordar la muerte del camarógrafo de Indymedia, Bradley Roland Will; los mentores partirán de la calle de Calicanto en Santa Lucía del Camino hacia el Zócalo de la ciudad.
En tanto, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), realizarán un tapete floral en el sitio donde cayera el camarógrafo estadounidense, además de mítines y se sumarán a la movilización que realizará el magisterio oaxaqueño.
El secretario de organización de la Sección 22, Gabriel López Chiñas, afirmó que estas actividades forman parte de su plan de acción, el cual se detallará en el mes de noviembre durante su próxima asamblea estatal.
Advirtió que las autoridades no han conocido la fuerza de la Sección 22, por lo que estarán llevando este tipo de acciones hasta lograr el cumplimiento de sus demandas.
Advirtió que también es necesario que se cumplan los pliegos petitorios que han presentado los profesores como la demanda de la entrega de escuelas en conflicto, cuyo plazo para hacerlo ya se terminó, “no queremos generar conflictos, queremos que presenten soluciones, no nos obliguen a demostrar la fuerza de la Sección 22”.
Además, demandó castigo a los responsables de las agresiones a los mentores desde el conflicto de 2006, por ello, las autoridades deben presentar soluciones que no generen conflictos.
En este sentido, señaló que la marcha se llevará a cabo por la tarde alrededor de las 16:00 horas, debido a que han establecido que no causarán mayores problemas a la impartición de clases.
La protesta es para exigir que se esclarezca este hecho y se castigue a los responsables del asesinato, además para exigir que se libere de Juan Manuel Martínez Moreno, detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), acusado de ser el autor material de la muerte del camarógrafo de Indymedia.


CONCENTRACION ESTE 27 DE OCTUBRE DESDE LAS
11:00 HRS EN LOS JUZGADOS DEL PENAL DE IXCOTEL, OAXACA.


El magisterio oaxaqueño saldrá a las 5 pm marcha de partirá de dicho lugar hacia el zócalo de la ciudad.

Se invita al pueblo a colaborar con aportaciones en especie: frutas, flores, veladoras, etc.



¡VIVA LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA!
¡VIVA OAXACA!
¡JUSTICIA PARA BRAD WILL!
¡CASTIGO A LOS VERDADEROS RESPONSABLES!
¡LIBERTAR A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡FUERA ULISES RUIZ!

Bradley Roland Will y la verdad sospechosa

José Luis Soberanes Fernández
27 de octubre de 2008

 

 

El 27 de octubre de 2006, el ciudadano norteamericano Bradley Roland Will fue asesinado de dos disparos en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en circunstancias que en lo general son del conocimiento público, pero que, hasta hace dos semanas, no habían sido abiertas en detalle ante la opinión pública.

Aunque desde el 2 de noviembre de ese año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atrajera las investigaciones relativas al homicidio, ésta no lo hizo sino hasta abril del 2007, cuando la lentitud de la procuraduría de Oaxaca en el desarrollo de la investigación y sus inconsistencias técnicas fueron tantas que quedó en entredicho cualquier posibilidad de mantener un mínimo de pulcritud en los procedimientos y en los peritajes necesarios para establecer el tiempo, modo, lugar y circunstancia de lo ocurrido.

El 26 de septiembre de este año, la CNDH emitió la Recomendación 50/2008, dirigida al procurador general de la República, el gobernador constitucional del estado de Oaxaca y al Congreso de Oaxaca.

Por mandato de ley, en tanto emite una resolución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está obligada a guardar secrecía respecto de los casos que investiga. Pero una vez emitidas, las recomendaciones —por ser instrumentos del derecho público— es igualmente obligatorio hacerlas del conocimiento de la opinión pública.

El 17 de octubre, fecha en la que concluía el plazo de las autoridades destinatarias de la recomendación, se recibieron en la comisión nacional los comunicados del gobierno de Oaxaca y de la PGR. En tanto que el gobierno local aceptaba la recomendación, la PGR expresaba su rechazo.

En lo que va de este mes, los factores que desde su inicio politizaron este caso resurgieron con nuevo brío. El veredicto de la opinión pública sobre lo ocurrido —el de los medios, los grupos políticos, de la sociedad civil o las autoridades concernidas— suele ocupar uno de los dos posibles extremos del abanico: o que Will fue asesinado por sus propios compañeros en la organización de la cual era simpatizante; o el de que fue ultimado por policías sin uniforme, integrantes de una fuerza irregular presuntamente auspiciada por las autoridades locales.

Con base en las actuaciones puestas a su disposición por la autoridad ministerial federal, tocará al juez de la causa dictar sentencia condenatoria o no al único detenido como presunto autor material del homicidio. Si sucede lo primero, habrá apelación y el asunto deberá ser revisado por un tribunal en Oaxaca, de lo contrario, el acusado, a quien ya le fue decretada la formal prisión, podrá quedar en libertad.

Hasta aquí no hay nada extraordinario y todo parece convertirse en un caso más en el que, en pleno siglo XXI, los procedimientos técnico jurídicos de la justicia en nuestro país, no han logrado encontrar una verdad histórica sólida e inobjetablemente anclada en evidencias y en comprobaciones del Ministerio Público fuera de toda sospecha.

Resulta claro y doloroso a la vez, constatar como ombudsman nacional que algunos segmentos de la sociedad mexicana no están preparados aún para enfrentar y asumir verdades incómodas basadas en evidencias criminológicas bien sustentadas, pero que pueden parecer “políticamente incorrectas” (como que una indefensa anciana de la sierra veracruzana no haya sido violada por una soldadesca, o que una o más personas puedan resultar heridas o muertas cuando hay intercambio de disparos de arma de fuego entre dos grupos antagónicos, sean manifestantes o policías de civil).

Si México necesita lograr confianza en la justicia, es ahora, cuando se multiplican en muchos frentes los embates contra la institucionalidad y se advierte, sin freno, el progresivo debilitamiento del Estado por el avance y la acción mafiosa de los grupos, y se vulneran derechos fundamentales, el de acceso a la justicia, entre otros.

Al igual que en el caso de Ernestina Ascencio, en el de Bradley Roland Will todo indica que cada quien terminará viendo y creyendo lo que mejor quiera o le convenga, pero sin la suficiente disposición para atreverse siquiera a conocer una hipótesis que contradiga “la verdad escogida”.

Los responsables federales de investigar el homicidio de Brad Will conocieron nuestra opinión institucional respecto de la necesidad de profundizar en todas las líneas de investigación y, en consecuencia, no centrarse exclusivamente en una de ellas, la insostenible, de los disparos hechos a corta distancia. Todo indica que políticamente esa versión es la adecuada —han de suponer— porque permite exhibir “el profundo y primitivo salvajismo de los integrantes de la APPO”.

La PGR sostiene que en el primer disparo, el arma fue accionada a dos metros de distancia de la víctima (aunque primero afirmó que fue a una distancia de entre 30 y 60 centímetros y después de entre dos y ocho metros). Los dos disparos a más de 30 metros, evidenciados por peritos de la CNDH, han sido objetados de manera casi pueril, argumentando que “es muy difícil acertar dos disparos de revólver .38 especial en una persona, a más de 30 metros”. Lo difícil no lo hace imposible, como se pudo comprobar pericialmente. Fueron disparos que pudieron tocarle a cualquiera en esa circunstancia.

El segundo disparo que —según la PGR— recibió Will en un costado cuando lo trasladaban a un automóvil aparece fotografiado desde antes de ser trasladado por quienes se encontraban junto a él tras recibir los dos proyectiles disparados con un pequeño intervalo y que recorrieron 30 metros de distancia en fracciones de segundo).

El seguimiento minucioso de la investigación de la CNDH —iniciada por la flagrante violación del derecho a la vida del camarógrafo— incluyó trabajo de campo y análisis periciales en medicina forense, criminalística, audio y video; los dos últimos resultaron de una enorme fuerza probatoria y de convencimiento al permitir —segundo a segundo y cuadro por cuadro, sobre la propia filmación hecha por el fallecido y por otras fotografías de personas que se encontraban muy cerca de él— asumir no sólo lo que ocurrió, sino también lo que no pudo ocurrir (el disparo a corta distancia) que contiene el dictamen de la PGR, cuya respuesta ha sido descalificar a la CNDH.

Peritos forenses de Physicians for Human Rights, la organización internacional cuyos estudios técnicos dieron valor probatorio a las inculpaciones de la Corte Internacional de La Haya, en contra de Slobodan Milosevic por los crímenes que cometió en Yugoslavia —entre otros casos de resonancia mundial—, sostienen que Will no murió por disparos a corta distancia.

Entre 14 personas que manifestaron pública aceptación de la tesis de que Will había fallecido a consecuencia de dos disparos hechos a corta distancia, sólo cuatro —invitados a ver y a preguntar lo que quisieran— aceptaron conocer de manera directa los estudios periciales de la CNDH, que echan por tierra la hipótesis defendida por la PGR.

Esas cuatro personas tuvieron luego el valor de modificar públicamente sus opiniones iniciales. El resto, en ningún momento, hasta hoy, se ha allanado siquiera a la posibilidad de conocer lo actuado por los peritos de la Comisión o a poner en duda sus “convicciones” sobre “cómo les parece” que falleció el camarógrafo de Indymedia.

Por lo pronto, Brad Will no es, hasta hoy, la única víctima de los tropiezos de una investigación criminal. El 26 de octubre de 2006, en una calle del centro de la capital oaxaqueña y bajo uno de los cielos más intensamente azules del planeta murió también la posibilidad (una menos) de que en México nazca la confianza indispensable que debería tener en la procuración de justicia federal una sociedad tan desigual y tan necesitada como la nuestra.

 

Levantan a corresponsal de Proceso
De la Redacción

[05:31] El corresponsal de la revista Proceso en Oaxaca, Pedro Matías Arrazola, fue “levantado” durante la madrugada del domingo por un grupo armado que lo secuestró con lujo de violencia y lo abandonó semidesnudo en inmediaciones de Tlacolula de Matamoros, luego de que fuera golpeado, maniatado y despojado de su vehículo y teléfono celular.
Al respecto, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO), advirtió que ya se interpuso la denuncia penal correspondiente y se llevarán a cabo las investigaciones hasta sus últimas consecuencias con los datos que proporcionó el afectado.

SE DIRIGÍA A SU HOGAR
De acuerdo a las corporaciones policiacas, el también reportero del diario Noticias se dirigía a su domicilio ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán, cuando fue interceptado por un sujetos armados, quienes lo amagaron para despojarlo de su automóvil.
Durante el trayecto sus agresores lo golpearon, y posteriormente le abandonaron en inmediaciones de Tlacolula de Matamoros; fue atado de las manos y lo dejaron semi desnudo.
Los autores de este hecho tras cometer su fechoría escapron del lugar, llevándose las pertenencias de la víctima entre las que se encuentra su unidad de motor, por lo que tuvo que ser auxiliado por uniformados de ese municipio.
También recibió ayuda por parte de la Cruz Roja, quienes verificaron las lesiones que presentaba debido a los golpes que le propinaron, sin que éstas hayan sido de consecuencias graves.

INTERPUSO DEMANDA
Martínez Ramírez confirmó los hechos y señaló que la víctima ya había interpuesto la demanda correspondiente.
“El periodista ya interpuso su demanda, también ya se le tomó su declaración y con base a estos datos se llevarán a cabo las indagatorias para poder ubicar a los responsables de este acto”, afirmó.
Señaló que hasta el momento no se tiene algún móvil de esta agresión, pero expresó que no se descartará ninguna línea de investigación hasta lograr resultados favorables.
Las indagaciones se llevarán a fondo para dar con los responsables y para evitar que este caso se quede en la impunidad, por lo que los trabajos se llevan a cabo desde el momento de la denuncia para avanzar en este caso, aseguró.

 

Acusan a empresas eólicas por despojo de tierras
SUN / Tiempo

[05:31] JUCHITÁN.- Campesinos del Istmo de Tehuantepec denunciaron que han sido víctimas de “engaños y despojos” por parte de las empresas españolas Iberdrola y Endesa que construyen en el sur de Oaxaca el corredor eólico para generar electricidad con el viento.
En Santa María Xadani, un grupo de 50 campesinos prepara una demanda penal por el delito de despojo en contra de Endesa, debido a que los directivos solicitaron las escrituras originales de las tierras y no las han devuelto, dijo el productor Abel Sánchez.
“Entregamos las escrituras desde 2006 y hasta ahora sólo hemos recibido tres pagos anuales de mil 300 pesos, pero no quieren devolver las escrituras originales”, denunció al tiempo de señalar que solicitó el apoyo del Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT), para presentar la demanda.
En La Ventosa, un grupo de seis familias se consideró víctima de “engaños y burlas” de parte de Iberdrola. El campesino Gerardo Montaño narró que obreros de esa empresa causaron daños en sus predios y ahora nadie se hace responsable.
“Excavaron varios hoyos de 50 metros de profundidad para sembrar las torres (aerogeneradores), y ahora nos dijeron que ya no estamos dentro del proyecto a pesar de que firmamos un contrato por renta de nuestras parcelas por 30 años. Si ya nos excluyeron, entonces que nos paguen y reparen los daños”.
Las familias de La Ventosa, agencia de esta ciudad, demandaron el apoyo de la Unión Campesina Oaxaqueña y realizaron un plantón frente a la oficina de Iberdrola para que cubra los daños. Los campesinos amenazaron con bloquear los trabajos de construcción del parque eólico.
Unos 300 campesinos de La Venta anunciaron que solicitarán el embargo precautorio de maquinaria pesada propiedad de la empresa española Eurus, para que ésta, que liquidó a 600 obreros y suspendió la construcción de un parque eólico, cubra su deuda con el ejido.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:02
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