Lunes, 03 de noviembre de 2008

El regreso a clases en Morelos aún no se discute: profesores

■ Hoy, megamarcha y toma de protesta del nuevo comité de la sección 19 del SNTE

■ La comisión que coadyuva a resolver el conflicto pide a docentes que reconsideren su actitud

■ En Guerrero, los maestros demandan al gobernador que dé respuesta a sus planteamientos

Gabriel León y corresponsales

El Movimiento Magisterial de Bases (MMB) determinó que el regreso a clases en Morelos es un tema que “aún no está a discusión” entre los docentes paristas; sin embargo, el punto será abordado hoy en la tarde durante la reunión de representantes delegacionales, quienes como máxima instancia de decisión resolverán “el momento en que se pueda entrar a la segunda fase” de las acciones que emprendieron los docentes hace más de 70 días en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Alejandro Trujillo González, de la comisión negociadora del MMB, reiteró en entrevista que no habrá regreso a clases este lunes, como aseguran autoridades estatales. Habrá, expuso, una megamarcha, al término de la cual rendirán protesta los nuevos integrantes del comité ejecutivo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En contraste, la comisión coadyuvante para resolver el conflicto magisterial en Morelos hizo un llamado a los integrantes de la comisión negociadora del MMB para que consulte y valore si ha llegado el “momento de cerrar ese capítulo” y se concrete el retorno a las aulas.

Según un documento que será dado a conocer hoy, “se parte de la existencia de una minuta del gobierno del estado con el SNTE y algunos representantes magisteriales desleales”. Pide: “consulten a sus representados o mandantes acerca de si es el momento adecuado para cerrar con temple y generosidad este capítulo, para levantar los techos improvisados y retornar a la normalidad sencilla del aula en que su sabiduría indispensable llega cotidianamente al niño o a la niña en todos los rincones del territorio”.

Mientras tanto, en Cuernavaca, Morelos, los profesores que se oponen a la ACE nombraron un comité ejecutivo alterno en la sección 19 del SNTE, el cual quedó integrado por una dirigencia colectiva de 84 docentes, de los cuales seis irán a la cabeza del comité representado a sus respectivas zonas.

Por su parte, Jorge García Hernández, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), expresó en Chilpancingo que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo. “Esperamos que este lunes haya comunicación con él, pues queremos conocer su respuesta en relación con el exhorto que le hizo el Congreso del estado la semana pasada para que rechace la ACE”, resaltó.

Entrevistado vía telefónica, luego de que asistió a una asamblea del magisterio en Morelos, efectuada hoy en Cuernavaca, lamentó que a más de dos meses de haber comenzado el conflicto en Guerrero no haya respuesta.

Adelantó que a partir de esta semana se van a incrementar las protestas en distintas partes de la entidad. “Desde la semana pasada los compañeros de la Costa Grande, zona norte y Costa Chica han realizado diversas actividades en rechazo a la ACE.”

Mientras tanto, el gobierno de Baja California Sur no firmará dicha alianza hasta que se modifiquen los esquemas de financiamiento del sector educativo en el país, pues en el presupuesto de 2009 se pretende quitar recursos a unos estados para dárselos a otros, aseveró el secretario de Educación Pública de esa entidad, Omar Castro Cota.

Explicó que, de acuerdo con la fórmula aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conformar el Presupuesto de Egresos de 2009, saldrán perjudicados 20 estados, entre ellos Baja California Sur, pues se va a privilegiar el aspecto matricular, en el cual están en desventaja las entidades con menor densidad de población.

“Ya se entendió que la alianza educativa es inaplicable”

Gabriel León Zaragoza

La negativa de los secretarios de Educación a brindar apoyo incondicional a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) evidencia que las autoridades estatales están entendiendo que ese programa del gobierno federal es inaplicable y que se necesita revisar todos los sectores para alcanzar una “transformación real a partir de la realidad mexicana de cada una de las 32 entidades del país”, manifestó Artemio Ortiz Hurtado.

El secretario general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Michoacán sostuvo que “la ausencia de incondicionalidad, aun en instituciones gubernamentales, se debe a las acciones que hemos realizado en todo el país, porque se entiende que la alianza es mala para la escuela pública y el derecho laboral de los trabajadores. Los funcionarios estatales piensan que siguen acciones mayores de resistencia y rechazo, por lo que ya piden la revisión de la ACE.

“Tienen que hacer lo que están determinando los congresos locales, como en Morelos, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, entre otros, que se han pronunciado por que en sus entidades no se aplique la alianza. Están entendiendo que no se puede establecer y que seguramente la opción es regresarla”, destacó el dirigente michoacano en entrevista.

Comentó que cada entidad tiene requerimientos particulares que no están previstos en la alianza de Felipe Calderón, como la situación geográfica, la inversión per cápita, la deserción escolar, el bajo rendimiento, la desnutrición y la desintegración familiar, “que es muy grave en varios estados”. De igual forma, la condición de los grupos indígenas, “que son muy despreciados en ese acuerdo”.

Éstas, sostuvo, son realidades que se tienen que considerar. Se trata de acciones “que nosotros ya incluimos en nuestra propuesta educativa, la cual fue presentada la semana pasada en la Cámara de Diputados”.

Respecto de la inconformidad manifestada por autoridades de enseñanza al concluir en Tijuana, Baja California, la 14 sesión plenaria del Consejo de Autoridades Educativas (Conaedu), Juan Calvo, coordinador general del Movimiento de la Escuela Pública, sostuvo que la ACE “es un documento que utiliza demagógicamente el SNTE con fines aviesos, porque en nombre de la calidad de la docencia pretende destruir lo sustantivo de la escuela pública”.

Expuso que el proyecto impulsado por la Secretaría de Educación Pública “no es original”, como pretende hacer creer el gobierno federal.

Puntualizó: “se aplicó en el Estado español, cuando gobernaba el Partido Popular, y los resultados fueron desastrosos. Ya echaron atrás la aplicación de esa forma de evaluación.

“Coincidimos con la mayoría de quienes estamos en la escuela pública: queremos mejorar la calidad, pero la ACE va en sentido contrario. Pretende destruirla”, señaló.

Detalló que la evaluación estandarizada del proceso de escolarización tiene como consecuencia curricular una disminución de los aprendizajes significativos.

“Fomenta el aprendizaje memorístico y el conocimiento es fragmentado”, puntualizó.

Además, abundó, “con dicha forma de valoración pretenden generar un ranking de alumnos, escuelas públicas y docentes, de forma tal que en breve tendremos centros educativos de primera, segunda y tercera, es decir, colegios que contarán con el apoyo social y gubernamental y otros no.

“Son temas que no se han discutido abiertamente, pero es uno de los propósitos del comité ejecutivo nacional del SNTE”, advirtió.

 

 

 

 

CALDERÓN, DUDAS Y VIOLACIONES.

 

Jorge Carrasco A.- Proceso.

 

MÉXICO, DF, 3 de noviembre (apro).- Felipe Calderón está por agotar su primer tercio como presidente de la República y no dejan de surgir evidencias de que ganó con violaciones a la ley que generaron, por lo menos, desequilibrios en su contienda con Andrés Manuel López Obrador.

 

La violación a los principios de legalidad, igualdad y equidad en las contiendas electorales dejó amplias dudas que alcanzaron ya trascendencia internacional y que echan abajo su cínica expresión de que ganó las elecciones "haiga sido como haiga sido".

 

La semana pasada ocurrieron dos hechos que no sólo confirman la existencia de tales violaciones, sino que abren la posibilidad de que se amplíen los derechos de los mexicanos para evitar que queden sin un verdadero escrutinio público elecciones como las que se le adjudicaron a Calderón Hinojosa.

 

El primero de ellos fue la resolución tomada el miércoles 29 de octubre por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

 

Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF establecieron una verdad jurídica: que con el aval de PAN, PRI y el Partido Verde Ecologista, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) violó la ley electoral al hacer una campaña paralela en contra de López Obrador.

 

El principal beneficiario de esa violación fue Calderón y ahora su partido -al igual que PRI y PVEM- deberán ser multados por hacerse cómplices de la propaganda de la cúpula empresarial a sabiendas que se estaba violando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

 

Los magistrados también pusieron en evidencia la pasividad del Instituto Federal Electoral (IFE), tanto el presidido por Luis Carlos Ugalde, como el de su sucesor, Leonardo Valdés Zurita.

 

Con Ugalde, el IFE guardó silencio, y con Valdés trató de desvincular a PAN, PRI y PVEM con esa campaña.

 

Si en la lógica del "haiga sido como haiga sido", la resolución del TEPJF sólo es para la historia, el segundo hecho representa un verdadero revés para Felipe Calderón que prolongará en el tiempo las dudas sobre su elección.

 

El viernes 31, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que mantiene vigentes las medidas cautelares otorgadas a Proceso para evitar que Calderón destruya las boletas de la elección presidencial.

 

La CIDH acabó de esa manera con la pretensión del gobierno calderonista de que se levantaran tales medidas, adoptadas en julio pasado como parte de la demanda interpuesta por la revista en contra del Estado mexicano por su reiterada negativa a dar acceso a la papelería electoral del 2006.

 

Las medidas cautelares son significativas por sí mismas, pues por primera vez el organismo interamericano toma medidas encaminadas a salvaguardar las garantías de los ciudadanos en una verdadera democracia, en particular el del acceso a la información.

 

Aunque la CIDH aún debe resolver si le da entrada al juicio, sentó ya un precedente a favor de la democracia, gracias a las dudas y violaciones de la elección de Calderón.


Publicado por solaripa69 @ 16:31
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