Martes, 18 de noviembre de 2008

Diputados de Guerrero apoyan rechazo a la alianza educativa

■ En repudio a ese pacto, marchan unos 15 mil maestros en Acapulco

■ Mentores de Querétaro denuncian represión al derecho a manifestarse

De los corresponsales

Ampliar la imagen Maestros tomaron cinco casetas de peaje en Morelos (en la imagen la de Alpuyeca), donde pidieron cooperación económica a los automovilistas y les permitieron pasar sin hacer el pago oficial Foto: Notimex

Los diputados guerrerenses, encabezados por el presidente de la mesa directiva del Congreso local, el perredista Armando Chavarría Barrera, respaldaron este lunes la demanda central de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Tras una reunión que ayer por la mañana tuvieron los legisladores con representantes de la agrupación magisterial disidente, unos 15 mil maestros marcharon de la costera Miguel Alemán hacia el zócalo de Acapulco, donde una comisión inició un diálogo con el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, que continuaba al cierre de esta edición.

Taurino Rojas, dirigente de la CETEG, reconoció que el encuentro con los legisladores fue cordial. “Ahora esperamos que en los mismos términos se lleven a cabo las platicas con el gobernador; de él dependerá si hay una pausa en el movimiento o si continuamos”, afirmó.

Agregó que, antes de llegar a una tregua, “primero tiene que haber una respuesta clara de Torreblanca Galindo, o de lo contrario el acuerdo entre todas las regiones magisteriales es continuar con el movimiento”.

El perredista Chavarría Barrera reconoció que “a todo mundo le consta que no hubo consulta a los maestros para conocer si estaban de acuerdo con la ACE, lo que evidencia que hubo un acuerdo cupular (entre la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, la Secretaría de Educación Pública y el presidente Felipe Calderón), aunque hay que rescatar lo positivo de la propuesta”.

El también ex secretario general de Gobierno estatal criticó el papel del actual secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega, porque “le hizo falta sensibilidad y oficio político para atender el problema”, y anunció que el Congreso del estado solicitará la comparecencia de dicho funcionario lo más pronto posible.

Los profesores bloquearon la costera desde las siete de la noche, y advirtieron que, de no haber respuesta favorable a su demanda, trasladarán el movimiento de las siete regiones de Guerrero al puerto de Acapulco, donde instalarían un plantón permanente en la principal avenida de la ciudad. Al cierre de esta edición el bloqueo continuaba.

Mientras, en Morelos, los integrantes del Movimiento Magisterial de Bases tomaron cinco casetas de peaje, entre las que destacó la Autopista del Sol, que comunica a esa entidad con Guerrero y el Distrito Federal, para exigir a las autoridades estatales y federales la cancelación de la ACE, informó uno de sus representantes, José Trinidad Regino Nájera. Todas las casetas fueron liberadas alrededor de las 6:30 de la tarde de ayer.

En Querétaro, la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado turnó una circular donde prohibió a los mentores de la entidad utilizar los planteles educativos o realizar reuniones para acciones de proselitismo, religiosas o comerciales, situación que representa para algunos maestros una forma de reprimir su derecho a manifestarse o expresarse.

Además, a los maestros que se manifiesten en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE y la ACE con la suspensión de actividades se les descontarán entre 800 y mil pesos de su salario, advirtió el representante de la comisión de relaciones de la Asamblea Estatal de Trabajadores de la Educación en Querétaro, José Guadalupe Navarro.

Sergio Ocampo, Misael Habana, Mariana Chávez y Rubicela Morelos

Perciben trama para contaminar con transgénicos todo el maíz

■ Denuncia que han sido ocultados estudios gubernamentales que prueban los estragos causados

■ En gran parte del territorio nacional existen evidencias de la alteración en las semillas, afirma

Angélica Enciso L.

En la producción de maíz para consumo humano en Sinaloa y en siembras de autoconsumo de campesinos en gran parte del territorio nacional se han encontrado evidencias de contaminación transgénica, según estudios realizados por instituciones gubernamentales que han sido ocultados, así como en análisis independientes, señaló Antonio Serratos, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Gran parte de esas semillas transgénicas habrían llegado a los agricultores vía programas gubernamentales, advirtió.

La presencia de maíz transgénico en los cultivos tradicionales del grano, del cual México es centro de origen, puede tener la estrategia de contaminar todo, para que así las empresas tengan el control sobre este alimento, señaló.

Estudios en las delegaciones Magdalena Contreras y Milpa Alta, Distrito Federal, revelaron la presencia de la proteína de transgenes, y por ello ahora se hacen evaluaciones en otras delegaciones, con el fin de dar seguimiento al problema. “En este caso se busca tener precaución, conocer la dimensión del hecho y remediarlo”, explicó.

En 2003, un estudio independiente del Grupo ETC, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, entre otras organizaciones, reportó la contaminación en cultivos de Chihuahua, Morelos, Durango, estado de México, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.

La contaminación se presentó en 24 por ciento de las comunidades muestreadas, apuntó.

También, aseveró, lo confirman estudios hechos en 2002 para la Secretaría de Agricultura y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, que no se han dado a conocer, y otros realizados en Sinaloa por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Riesgo de sanciones a campesinos

Serratos es coautor del estudio “Presencia de transgenes en maíz mexicano: evidencia molecular y consideraciones metodológicas para la detección de organismos genéticamente modificados”, que se publicará en los próximos días en la revista Molecular Ecology, el cual confirma la presencia de transgénicos en los cultivos de la sierra Norte de Oaxaca.

En entrevista, expuso que otro peligro inmediato es que la presencia de transgénicos –que tienen propiedad industrial y no pueden ser utilizados sin permiso– en las razas de maíz nativo de México puede acarrear sanciones para los campesinos.

“Los transgenes son propiedad privada introducida en un bien público, y esto generará problemas que, a largo plazo, estallarán; se multará al que use la patente con 500 mil pesos o mil días de salario mínimo.”

Explicó que entre las formas de difusión del maíz transgénico en todo el país, no se descarta la importación del grano, aunque es poco probable, debido a la cantidad que es usada extensivamente en el territorio nacional.

“Hay estudios que revelan que ese grano no se usa mucho por los campesinos; ellos prefieren utilizar el que conservan o adquieren de sus vecinos, o los de zonas aledañas”, abundó.

Agregó: “pensamos que programas oficiales como Kilo por Kilo, a través del cual los gobiernos estatales o federal distribuían semillas de maíces híbridos, pudieron haber llevado los transgénicos a los campesinos”.

A los productores se les sustituía el maíz por híbridos mejorados, que tenían muchas fuentes, aunque no estaban controladas: “en ningún momento el gobierno se preocupó por saber si había contaminación de transgenes; se suponía que no, pero nunca se hizo un esfuerzo por determinarlo.

“Éste es un factor que creemos viable para la distribución del maíz transgénico”, apuntó.

Otra vía, añadió, son las redes de distribución comercial, de pequeñas industrias, que atienden zonas alejadas y en realidad son representantes de las grandes empresas semilleras o tienen nexos con ellas.

“La falta de regulación y de supervisión en todo esto hizo que fueran elementos determinantes para la dispersión de transgenes.”

Detalló que en 75 por ciento del territorio mexicanos donde se cultiva maíz no se utilizan semillas compradas.

“Más bien provienen de los programas o de las que tienen los campesinos y son de polinización libre; este tipo de manejo del campesino genera focos de producción de cualquier tipo de transgenes, por comercio, contrabando o falta de supervisión.”

Investiga la PGR quebrantos por $3 mil 690 millones en el foxismo

■ El mayor desvío de recursos se documentó en Pemex, que hizo entregas irregulares al sindicato

■ En la oficina del titular de Turismo se alteraron facturas, con daño al erario por más de $5 millones

Enrique Méndez

A solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República (PGR), mediante su sector central y sus delegaciones, abrió y mantiene 21 averiguaciones previas en contra de distintas instancias federales, principalmente Petróleos Mexicanos (Pemex), por desvío de recursos públicos y peculado durante el sexenio de Vicente Fox.

En el caso de la paraestatal existen tres averiguaciones previas; de éstas, dos por un monto total de 3 mil 145 millones de pesos que su dirección general entregó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana sin contar con atribuciones legales para ello, la primera por la entrega irregular de recursos en 2000, de los cuales se transfirieron mil millones a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, y la segunda por una operación similar en la administración foxista.

Las otras 18 averiguaciones implican un daño al erario por 492 millones 239 mil 512 pesos, que van desde uso irregular del presupuesto del Fondo de Desatres Naturales (Fonden), los 31 millones entregados a Jorge Serrano Limón y Provida, e inclusive facturas alteradas por 5 millones de pesos en la oficina del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres.

En el documento, que fue entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se incluyen 106 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria a diversos organismos federales e instituciones de educación superior, como resultado de las revisiones a las cuentas públicas de los cuatro últimos años del gobierno de Vicente Fox.

Respecto de Pemex, existen abiertas tres averiguaciones previas: la 109/UEIDCSPCAJ/2007, iniciada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, por un contrato adjudicado de manera directa en el que Pemex Refinación pagó un sobreprecio de 53 millones 782 mil 59.86 pesos por la renta de buques a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y Naviera del Pacífico, en la que los legisladores presumían vínculos con los hijos de Marta Sahagún.

Sin embargo, de acuerdo con la documentación de la ASF, aun cuando la denuncia fue ratificada y se entregaron el dictamen técnico y el expediente, y se desahogaron requerimientos ministeriales, “el agente del Ministerio Público Federal consultó el no ejercicio de la acción penal, por lo cual se espera autorización del agente auxiliar del procurador” para cerrar el caso.

La misma unidad especializada aseguró a la ASF que el Ministerio Público “se encuentra recabando declaraciones de testigos” como parte de la averiguación previa 84/UEIDCSPCAJ/2007, debido a que el ex director de Pemex Raúl Muñoz Leos entregó al STPRM mil 724 millones 518 mil 939.20 pesos sin tener el aval del consejo de administración, y de acuerdo con el convenio el dinero se entregó “para campos deportivos, vivienda y ayudas para desfiles”.

La otra averiguación data de 2003, por la entrega de mil 421 millones 149 mil 746 millones de pesos al STPRM por parte del ex director Rogelio Montemayor Seguy, sin contar con atribuciones ni facultades para ello.

En el expediente, la auditoría superior refiere que ha realizado seis visitas al Ministerio Público Federal y, debido a que el proceso está estancado, el órgano fiscalizador asegura que envió a la PGR sendos oficios “solicitándole señale si requiere información o documentación adicional para ser aportada” por la ASF.

Asimismo, la PGR inició cuatro averiguaciones previas por distintos hechos ilegales en Oaxaca. La primera, la UEIDFF/ FINM15/167/2008, se refiere a una entrega anticipada de recursos para una obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con un daño de 4 millones 728 mil 340.66 pesos; la segunda, la SC/51/2004, por la falsificación de las listas de raya del Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social, por 49 mil 900 pesos.

Una tercera, por el mismo delito de alteración de las listas de raya del mismo programa, por un daño de 3 millones 471 mil 720 pesos. En este caso, la averiguación 0AX/II/139/03 se encuentra en reserva desde 2003, debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha negado a entregar la documentación requerida por el Ministerio Público de la delegación de la PGR en esa entidad.

Respecto de la investigación iniciada en la Secretaría de Turismo, la ASF detectó que la oficina del titular, Rodolfo Elizondo, alteró dos facturas, una por un millón 43 mil 68.41 pesos, y otra por 4 millones 112 mil 810.36 pesos. La auditoría informó a la Cámara de Diputados que “las facturas utilizadas para comprobar gastos no coinciden con las que expidieron los establecimientos”.

Por ello la PGR inició la averiguación previa 150/UEIDCSPCAJ/06, que se encuentra en trámite a pesar de que los auditores han realizado 58 visitas al Ministerio Público que lleva el caso. El reporte de la ASF refiere: “se llevaron a cabo tres reuniones entre peritos oficiales y auditores para unificar criterios; se desahogaron requerimientos ministeriales formulados por la autoridad investigadora, y el Ministerio Público está compareciendo testigos (sic) para determinar lo procedente”.

También se encuentra “en trámite” la averiguación previa 3905DDF/2004 y su acumulada PGR/DDF/SPE-XIV/1788/06-05, iniciada contra el Comité Nacional Provida, que utilizó 34 millones 278 mil 959 pesos que se le entregaron por intervención del ex diputado panista Luis Pazos de la Torre, actual director de la Comisión de Defensa de Usuarios de Seguros y Fianzas. Esos recursos, que el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto recortó a los programas de atención a enfermos de sida para entregárselos a Serrano Limón, fueron utilizados por éste para la compra de plumas de lujo, trajes e inclusive tangas.

Hasta el momento, la única orden de aprehensión girada contra un funcionario es el caso de un ex subdirector de compras de la Lotería Nacional (la ASF no incluyó su nombre en el informe).

 


Publicado por solaripa69 @ 10:33
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