Viernes, 28 de noviembre de 2008

Denuncian desaparición de appistas tras operativo en penal de Oaxaca.

Señalan que autoridades estatales no han informado sobre el paradero de dos integrantes de la APPO, por lo que analizan realizar acciones de protesta para exigir información sobre su paradero

Iván Quecha Reyna
El Universal

Oaxaca, Oax. Jueves 27 de noviembre de 2008

15:40

Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) denunciaron la desaparición de dos de sus integrantes, tras el operativo registrado esta mañana en el penal de Santa María Ixcotel.

Tania Santillán, miembro del Comité de Presos Políticos de Ixcotel, argumentó que hasta ahora las autoridades no han informado sobre el paradero de Víctor Hugo Martínez Toledo y Pedro Castillo Aragón, ambos activistas de la APPO.

El comité hizo responsable al gobernador del estado, Ulises Ruiz, por la integridad de Martínez y Castillo, este último miembro del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) en Oaxaca.

Señalaron que valoran la situación actual junto con la sección 22 para determinar las acciones de protesta ante los hechos registrados.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que iban a reubicar a 11 reos, seis hacia penales de alta seguridad del país, y los otros cinco serán enviados en helicóptero a otras cárceles estatales.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado quienes serán los reos trasladados a penales federales y los que serán enviados a prisiones oaxaqueñas.

Víctor Hugo Martínez Toledo y Pedro Castillo Aragón fueron arrestados el tres de noviembre de 2006, en la Carretera Internacional, a la altura de la colonia Santa Rosa.

Martínez Toledo fue cuestionado sobre la propiedad del vehículo en el que viajaba, y cuando llegó Castillo Aragón con documentos sobre el automóvil, ambos fueron detenidos por la Policía.

El Codeci señala que existen graves anomalías en su caso, ya fueron enterados del motivo de su detención hasta dos días después de ser arrestados.

Agregan que no pudieron ser acusados de robo de vehículo, porque se comprobó su propiedad, por lo que después fueron acusados de violación tumultuaria, y aseguran que en el Juzgado han ignorado pruebas de su inocencia.

El Comité de Presos Políticos de Ixcotel denunció además tras una conferencia de prensa que dieron para brindar la información, fueron expulsados el estacionamiento del penal, y no se les permite acercarse a la cárcel a esperar información sobre Martínez Toledo y Castillo Aragón.

 

Habitantes de 5 municipios de Oaxaca, contra hidroeléctrica

■ La CFE manipula información de supuestos beneficios de la presa

■ Enlistan daños que traerá y advierten que impedirán su construcción

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 27 de noviembre. Ciudadanos, representantes agrarios y comunitarios y autoridades de cinco municipios pertenecientes la Sierra Sur y la Costa de Oaxaca acordaron no permitir en sus tierras la construcción de la hidroeléctrica Paso de la Reina que, con una inversión de 600 millones de dólares, la cual proyecta realizar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el cauce principal del río Verde.

El embalse, denominado Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina, tendrá una cortina de 195 metros de altura y afectará 3 mil 100 mil hectáreas de los municipios de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, Taltaltepec de Valdés y San Pedro Tututepec, y 15 de sus localidades de población indígena mixteca y chatina, así como afromexicana.

Según el acta de la asamblea regional efectuada el domingo pasado en Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, los asistentes denunciaron que funcionarios de la CFE han realizado visitas a comunidades “para promocionar los beneficios que, según ellos, traerá la presa; sin embargo, han incurrido en violaciones muy graves en cuanto al derecho a la información previa, pues la han manipulado y presionado a autoridades agrarias y municipales para que den la anuencia al proyecto.

“La CFE ha manejado como argumentos que las comunidades, al aceptar la presa, tendrán carreteras, caminos, hospitales, empleos, restaurantes, hoteles; en caso contrario, el gobierno no realizará estas obras”, señalaron.

Denunciaron que Joaquín de los Santos, diputado federal del PRD, y Antonio Iglesias Arreola, diputado local del PRI, han presionado a los habitantes de las poblaciones para aceptar la obra porque supuestamente “impulsarán el desarrollo y el trabajo”.

Expusieron que estos proyectos “traen enormes afectaciones, como inundaciones a comunidades en la zona baja, debido a la construcción del embalse y cortina de la presa, además del enorme impacto ecológico en la región, pues se obstruirá el cauce natural del río Verde”.

Esto provocará desaparición de variedades de peces y plantas nativas, afectación al ciclo de la lluvia, disminución de la humedad a las tierras para siembra, y secado de manantiales, ojos de agua y ríos secundarios.

También, al inundarse las tierras, la población “estaría obligada a desplazarse a otros lugares, lo cual golpearía la cultura y procesos comunitarios de los pueblos”.

Mencionaron que la región vive de la agricultura, ganadería y pesca, por lo que con la presa todo se vería afectado, “pasando de ser los dueños de la tierra a ser desplazados o, los que tengan suerte, ser contratados como peones para la obra por corto tiempo”.

Advirtieron que harán valer su derecho, según las leyes nacionales e internacionales, sobre todo la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la recién aprobada declaración de la Organización de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Angélica Castro Rodríguez, coordinadora del Programa de construcción de ciudadanía de la organización Servicios para una Educación Alternativa, dijo que funcionarios de la CFE han sostenido reuniones con los gobiernos estatal y municipales “pero no ha presentado el proyecto completo, el número de municipios que serán afectados y los impactos negativos de la construcción”.

Destacó que las visitas y reuniones de funcionarios de la CFE a las comunidades “no manejan de manera transparente, pues tienen una metodología poco apropiada, toda vez que no se realizan en el idioma materno de las comunidades, además no están respetando las instancias internas de toma de decisiones de las comunidades”.

Reportan decenas de lesionados, dos uniformados retenidos y vehículos oficiales incendiados

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha desde Las Tarascas al palacio de gobierno para protestar por la agresión a los alumnos.

Este mismo día, integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha realizaron una marcha contra una iniciativa de ley que pretende regular las manifestaciones en la entidad.

Denuncia Flavio Sosa amenazas de muerte

 

 

El consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, acusó al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y al administrador de Candelaria Loxicha, Carlos Rasgado Toledo, de la campaña de linchamiento político que se ha iniciado en su contra.



PEDRO MATIAS



Asimismo, los responsabiliza de cualquier atentado perpetrado en su contra, ya que el pasado 14 de noviembre, se distribuyó en la comunidad un "comunicado urgente" de una supuesta organización denominda "Centro de Mediación Comunitario" que encabeza José de Jesús Rodríguez Méndez, donde se azuzó a la población a cometer una agresión en contra.

Por esta razón, explicó, el 15 de noviembre, un grupo de personas "estuvieron deteniendo a los vehículos, buscándome en los vehículos particulares para asesinarme porque pensaban que yo iba a asistir (a la población), como estaban difundiéndolo".

Esta declaración la soporta con el documento que circulo en la población donde se le avisa de la peligrosidad del dirigente de la APPO: "Por la situación que se vive en este momento en el municipio, y la visita próxima del día sábado 15 de noviembre del presente año a cargo de el C. Martiniano Hernández Almaraz y C. Flavio Sosa Villavicencio, a este municipio".

Se les recomienda: "Y pensando en su seguridad le recomendamos que esté pendiente estimado comerciante y comunidad en general para resguardar sus comercios y casas en caso de disturbio, como es costumbre de esta organización de quemar y saquear comercios, vehículos y todo lo que a su paso encuentren".

El también dirigente de Comuna-Oaxaca se quejó que el administrador municipal contrató ese día a un grupo de golpeadores con la intención de agredirlo, sin embargo, él se encontraba en Jalisco.

Ante esta situación, Sosa manifestó que su vida está en riesgo por el trabajo político que realiza a favor de la APPO en las comunidades.

 

Incumplen pacto por la seguridad
Jorge Vega Aguilar

[07:37] A cien días de suscribirse el acuerdo de seguridad nacional con las entidades del país, el gobierno de Oaxaca lo ha cumplido únicamente en el papel, porque no ha aterrizado ni lo ha percibido la ciudadanía, considera la presidenta de la Comisión de Protección Ciudadana del Congreso del Estado, Guadalupe Rodríguez Ortiz – de filiación perredista-, al ser entrevistada sobre el particular.
Descartó que haya un pacto entre los responsables de las áreas de seguridad pública y el crimen organizado, y lo que prevalece es una falta de coordinación en los cuerpos policiales para encauzar sus tareas, indicó.
En tanto, el presidente de la Comisión de Administración de Justicia en la LX Legislatura del estado, Alfredo Ahuja Pérez –de filiación panista-, aseguró que las leyes no van a acabar con el crimen organizado y, para que esto funcione tiene que haber coordinación efectiva entre las instancias federal, estatal y municipal.
Sostuvo que no puede afirmar ni negar si hay un pacto entre la delincuencia organizada y el gobierno, porque “esto es algo temerario”, y señaló que el caso del gobierno estatal los legisladores sólo pueden verificar el cumplimiento y desempeño de funcionarios de áreas de administración de justicia.
Rodríguez Ortiz, por su parte, en entrevista con Tiempo, destacó que, por parte del gobierno estatal, no han sido cumplidos los controles de confianza y permea aún la corrupción en parte de los cuerpos policiales, especialmente en lo que hoy se denomina Agencia Estatal de Investigaciones.
La Legisladora mencionó que otra área que está descuidada es la dirección de Vinculación con la Ciudadana, porque falta un cuerpo real de inteligencia que investigue las de las personas anónimas y no sólo se basen en esta última estrategia.
Mientras, Ahuja Pérez, sostuvo que en la próxima comparecencia en el Congreso local de los encargados de la administración de justicia, “se verificará lo que han hecho en materia de procuración de justicia y seguridad pública”.

 

 

Alertan situación de migrantes centroamericanos en el Istmo
Iván Castellanos / Tiempo

[07:37] El sacerdote José Alejandro Solalinde, coordinador pastoral de Movilidad Humana en la región del Istmo de Tehuantepec, advirtió que la situación que viven los migrantes centroamericanos en esta región es crítica, principalmente las mujeres que son secuestradas y utilizadas para prostituirlas.
Sostuvo que a pesar de las constantes denuncias que han interpuesto, las autoridades de los tres nivele de gobierno no han atendido esta problemática que se va incrementando y que pone en riesgo a las mujeres oaxaqueñas, debido a que de forma paulatina, las migrantes dejarán de pasar por este lugar, ante los peligros que representan elementos policíacos y bandas de la delincuencia organizada.
Explicó que aún continúan sin saber del paradero de las 11 personas centroamericanas que fueron secuestradas el pasado 5 de noviembre en esta región, y tampoco sin que las autoridades hayan señalado cuales son los avances de las investigaciones.
Además, los poderes fácticos (la delincuencia) han amarrado una doble fuerza por medio de elementos armados que han desplegado en el Istmo, así como a los servidores que tienen bajo sus ordenes, “la situación es muy grave, tenemos un punto más vulnerable en donde se ensaña más la injusticia”.
Existe una gran preocupación debido a que esta situación es un polvorín, porque el Estado no tiene la voluntad y la posibilidad de resolver la problemática, lo que generará más conflictos porque ante el aumento de la violencia, los migrantes dejarán de pasar por esta ruta, poniendo en riesgo a los pobladores de Oaxaca, principalmente a las mujeres que las utilizan para explotarlas sexualmente.
Advirtió que se incrementará la violencia, y ante la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, se generará descontrol y se terminará la calma, además de provocar situaciones de enfrentamiento que nadie desea.
Toda la zona del Istmo está llena de grupos que hasta ahora, están secuestrando a mujeres migrantes que son secuestradas de forma masiva, y las explotan con fines sexuales para lograr recursos que entregan a organizaciones delincuenciales, quienes tienen el control en el país.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:37
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