Jueves, 04 de diciembre de 2008

Rezago de 20 años en cobertura de educación superior, acepta la SEP

■ En 2020 se alcanzaría el nivel de Chile y en 2030 el de Argentina: Tuirán

Emir Olivares Alonso

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que México tiene un rezago superior a 20 años en la cobertura de educación superior en comparación con naciones de desarrollo similar.

El subsecretario del ramo, Rodolfo Tuirán, resaltó que si en 2012 el país llega a la meta de 30 por ciento de cobertura, en 2020 “alcanzaríamos el nivel de Chile (45 por ciento) y en 2030 el de Argentina (60 por ciento), es decir, hay un rezago de 22 a 23 años”.

En entrevista tras su participación en la ceremonia de entrega de reconocimientos a instituciones de educación superior, el funcionario reconoció que en el país apenas se construye una política educativa de Estado. “Vamos en la dirección correcta. De las intenciones y los consensos hay que pasar a reconocer esas prioridades como fundamentales desde el punto de vista presupuestal. Creo que en los siguientes años nos pondrá a prueba justamente esta posibilidad de construir los acuerdos que necesitamos para avanzar en esa dirección”.

Ayer, la SEP entregó reconocimientos a 101 instituciones de enseñanza superior por su “calidad educativa”, de las cuales, 94 son públicas y sólo siete privadas. Las autoridades del sector informaron que 39 de estas universidades tienen el ciento por ciento de su matrícula en programas reconocidos, y entre ellas cinco son federales: UNAM, IPN, El Colegio de México y las autónomas Chapingo y Agraria Antonio Narro.

En tanto que 75 por ciento de la matrícula de las 62 restantes está inscrita en programas de calidad. Sin embargo, Tuirán acotó que aún existe “una enorme responsabilidad por cumplir”, pues debido a la heterogeneidad de las instituciones de dicho nivel de enseñanza, sólo 45 por ciento de los alumnos matriculados en éstas realiza sus estudios en programas reconocidos por su calidad.

Por ello, subrayó que la meta para final del sexenio es elevar a 60 por ciento ese parámetro.

Dijo que no obstante los avances logrados en la calidad educativa del nivel superior, el reporte global de competitividad 2008-2009 ubica a México –respecto a 134 naciones– en las siguientes posiciones: lugar 127 en matemáticas y ciencias, 105 en disponibilidad de científicos e ingenieros y 79 en la calidad de las instituciones de investigación.

Al término de la ceremonia, Rosaura Ruiz, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, reconoció el esfuerzo de las instituciones de enseñanza superior para acreditar la calidad en sus programas. Sin embagro, manifestó que para hablar de excelencia y calidad no sólo se debe evaluar la licenciatura, sino ligarla con posgrado, desarrollo científico, investigación y bachillerato.

“Tiene que haber criterios más rigurosos y más apoyo a las universidades, y uno de éstos es el desarrollo de la investigación, no se puede hablar de educación de excelencia si no hay investigación y desarrollo científico de calidad”.

Al respecto, Tuirán señaló que aunque 93 por ciento de la matrícula total de educación superior está en licenciatura, los criterios de evaluación “se quedan cortos” debido a que no se incluyen posgrados que representan “cualitativamente una parte muy significativa”, por lo que consideró necesario “redoblar la marcha”.

En su turno, el rector de la Universidad de Sonora, Pedro Ortega Romero, destacó que esta acreditación otorgada por la SEP “no sólo es un reconocimiento de un trabajo bien hecho, sino que implica un compromiso con la calidad”.

Revela hijastro de ‘El Rey’ presunta red de corrupción
Édgar Enrique Bayardo, subdirector de Investigación de Delitos de la PFP, en arraigo, entregó al cártel de Ismael "El Mayo" Zambada información de diferentes corporaciones a cambio de 25 mil dólares mensuales

Francisco Gómez
El Universal
Jueves 04 de diciembre de 2008
[email protected]

Édgar Enrique Bayardo, subdirector de Investigación de Delitos de la PFP, en arraigo, entregó al cártel de Ismael El Mayo Zambada información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a cambio de 25 mil dólares mensuales.

El testigo protegido Rambo III y Ricardo Flores Quintana, El Richard o El R, éste último hijastro de Jesús El Rey Zambada, acusaron directamente a Bayardo de reclutar a miembros y mandos de la AFI y de la SSPF, entre quienes distribuía 200 mil dólares mensuales.

En sus declaraciones asentadas en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008 revelan toda una red de complicidades y corrupción a favor de la estructura del cártel de Sinaloa.

Rechazo generalizado a debatir la pena capital contra secuestradores

■ CNDH, Iglesia, ONG y partidos se manifiestan en contra; divisiones entre los priístas

■ El PAN advierte que detendrá la iniciativa y amenaza a Humberto Moreira con juicio político

■ Es “un método de venganza, no de justicia”, que puede utilizarse con otros fines, advierten

Andrea Becerril, Rosa Elvira Vargas, Roberto Garduño, Víctor Ballinas, Enrique Méndez y José Antonio Román

La decisión de la Legislatura de Coahuila de enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para aplicar la pena de muerte a los secuestradores que asesinen a sus víctimas provocó posturas encontradas en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como el rechazo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Iglesia católica y múltiples organismos civiles de derechos humanos, académicos y líderes sociales.

Así, mientras el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, el priísta César Duarte, se sumó a la propuesta del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y propuso iniciar “un gran debate nacional porque el clamor generalizado es muy claro”, el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, consideró que la minuta del Congreso coahuilense ni siquiera llegará al pleno de los diputados federales.

Gobernadores que participaron en la sesión del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresaron opiniones encontradas. Ivonne Ortega, de Yucatán, se manifestó a favor de la medida; Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa, la consideró aplicable sólo “por un tiempo perentorio”.

José Natividad González Parás, de Nuevo León, y Mario Marín, de Puebla, argumentaron que en sus entidades los secuestradores virtualmente reciben cadena perpetua.

José Reyes Baeza Terrazas, de Chihuahua, rechazó la pena capital, aunque, como lo hizo Silverio Cavazos Ceballos, de Colima, señaló que el asunto “vale la pena debatirse”.

La misma tónica de confrontación se hizo evidente en el Senado, donde el presidente de esa cámara, el panista Gustavo Madero, dijo que el gobernador Moreira podria ser sometido a juicio político y advirtió que el Partido Acción Nacional tiene votos suficientes para parar esa iniciativa.

Advirtió que un estado “no puede estar por encima de las disposiciones constitucionales y de ninguna manera podría aplicar la pena de muerte de manera independiente o motu proprio”.

En respuesta, el priísta Manlio Fabio Beltrones le dijo que “sufre una confusión” sobre lo que el Congreso de Coahuila aprobó. Señaló que toda legislatura estatal tiene derecho a presentar al Congreso federal cualquier iniciativa y los legisladores federales determinarán si procede. Agregó que, más allá de la “polémica natural” que la propuesta genera, nadie le puede negar a una legislatura estatal su derecho a presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión.

El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, expresó su rechazo tajante a la propuesta del Congreso y el Ejecutivo de Coahuila.

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria destacó que organismos civiles, sociales, religiosos, académicos y líderes políticos coinciden en que la pena de muerte es “un método de venganza y no de justicia”, administrada por personas falibles, lo que puede derivar en ejecuciones de inocentes, como ya ha ocurrido “innumerables veces”.

Otras organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos subrayaron que la pena de muerte puede convertirse en un instrumento de represión política, pues “en muchos países y en diferentes épocas se le ha utilizado para deshacerse de oponentes”. En México, la pena de muerte fue derogada en junio de 2005 mediante una reforma al artículo 22 constitucional, que ahora se pretende modificar.

La Iglesia católica también expresó su condena. El secretario general del Episcopado Mexicano, el obispo Leopoldo González, dijo que ésta “es una salida fácil, es no querer enfrentar el problema real, de fondo, que es la pérdida de valores humanos y cristianos”. Calificó a Moreira de “católico incongruente” y le recordó que la fe “que dice profesar enseña que nadie tiene derecho a atentar contra la vida de nadie”.

El prelado dijo que la inseguridad que vive el país, en gran parte producto del narcotráfico y otras formas del crimen organizado, se debe a “haberle dado la espalda a Dios, y ahora que nos estamos ahogando estamos en busca de una tabla, que es la recuperación de esos valores”.

Demagogia irresponsable
04 de diciembre de 2008

 

 

Pedro Salazar Ugarte


La abolición de la pena de muerte ha sido un símbolo civilizatorio, una prueba de modernidad ilustrada. Lo que reposa detrás de esa decisión es la convicción profunda de que la dignidad humana —de todas las personas, incluso de los delincuentes más despiadados— está por encima de las pulsiones primitivas que nos inclinan a la violencia y a la venganza. No es baladí que la enorme mayoría de las democracias constitucionales contemporáneas hayan caminado en esa dirección.

La Unión Europea es el modelo emblemático: el Coliseo romano, arena que fue testigo de ejecuciones y masacres, por decisión de los estados europeos, en nuestros días, se viste de colores las noches en las que, en algún lugar del planeta, se decide suspender la ejecución de un condenado. En el extremo opuesto está el salvaje primitivismo que, inspirado en la Ley del Talión, conduce a ciertos países, sobre todo de tradición islámica, a lapidar personas, ahorcar adolescentes, cercenar cuerpos. ¿Hacia dónde queremos mirar los mexicanos?

La demagogia casi siempre es peligrosa: inflama los ánimos, confunde a las personas, engaña simulando. Pero lo es aún más cuando explota el miedo de una sociedad azotada por una ola de criminalidad sin precedentes. La campaña del —así llamado— Partido Verde Ecologista ya era preocupante: una organización política que explota el desconcierto mediante una falacia infame: “Porque defendemos la vida, proponemos la muerte”. Pero lo del gobierno de Coahuila y el priísmo —por el momento— local debe despertar nuestra indignación y, sobre todo, movilizar nuestras conciencias.

Lo que ha hecho el gobernador Humberto Moreira, con el obsequio de los legisladores de su partido, es irresponsable y peligroso: aprovechar el temor ciudadano, apelando a los instintos y no a la razón de las personas, para posicionarse políticamente con una propuesta que, para colmo, es jurídicamente inviable. No encuentro otra manera más cobarde para esquivar la responsabilidad incumplida de brindar seguridad a sus gobernados.

La propuesta de Moreira es inviable porque, venturosamente, en el sistema internacional de los derechos humanos tienen vigencia dos principios fundamentales: el de progresividad y el de no regresividad.

En su conjunto estos principios estipulan un mandato claro y contundente: en el ámbito de los derechos fundamentales —¿alguien duda que la vida humana sea uno de ellos?—, los estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas que tengan como única finalidad ampliar las garantías de los mismos. So pena de abandonar el grupo de los países democráticos, entonces, está proscrito aprobar reformas constitucionales o legales regresivas, reaccionarias. Cuando el Estado mexicano, en 2005, con el respaldo de todos los partidos políticos (¡412 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara de Diputados!), decidió reformar los artículos 14 y 22 de la Constitución para expulsar de esa norma —y, con ello, de todo el ordenamiento jurídico mexicano, ya que cualquier reforma legal en sentido contrario sería inconstitucional— la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el país dio, por decirlo de alguna manera, un paso progresista sin retorno. Materializó, para decirlo con Bobbio, el “giro copernicano” que separa a la modernidad de los derechos del mundo premoderno.

La objeción a la pena de muerte no es una posición de humanistas ingenuos. Es una postura congruente con el paradigma del constitucionalismo democrático que, de paso, tiene un sustento práctico: todas las estadísticas serias indican que la medida no sirve para disminuir los índices delictivos. Y, según entiendo, eso es lo que todos queremos: ¿o alguien promueve la venganza como fin último? Quizá no faltará el personaje que prefiera sumar muertes a los muertos y tampoco el irresponsable que esté dispuesto a atizar la exacerbación social a cambio de votos.

Lo que sí les garantizo es que ni uno ni el otro buscan consolidar una sociedad democrática en la que la seguridad —física, económica, ecológica— de todos y de todas sea la prioridad.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:34
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