Viernes, 05 de diciembre de 2008

Animador ya había desnudado menores en fiestas, aseguran
Declara niño que participó en concurso de jaripeo sentirse apenado, agredido y como si hubiera cometido un delito por el episodio en el rodeo; niega alcalde haber presenciado acto, pero habitantes lo contradicen

El Universal
Ciudad de México Viernes 05 de diciembre de 2008
08:17

Diversos testimonios, incluidos los del edil de Hueytlalpan, Puebla, Juan Martín Barrientos Ramos,  señalan que el animador que participó en un jaripeo, donde se desnudaron niños por dinero, acostumbra este tipo de "entretenimiento".

Según Barrientos Ramos, el director de Obras de Zacapoaxtla fue quien contrató al animador del denominado Sonido Leo, de quien la gente de Hueytlalpan testifica que ya en otras festividades había hecho lo mismo, pero con jovencitas, pagándoles por quitarse la blusa.

Supuestamente, el animador -de quien se desconoce el nombre aún- vive en el municipio de Zaragoza.

Por su parte, el presidente municipal afirmó no haber estado cuando el animador instó a los niños a desnudarse por dinero.

"Nooooooooo, yo estaba atendiendo gente", pues pese a haber admitido ser el organizador se deslindó de la contratación de la empresa de luz y sonido que anima actos, pero los habitantes afirman que sí se encontraba en el jaripeo carcajeándose.

Uno de los niños que participaron en el jaripeo de Hueytlalpan, Puebla, y que se desnudó en un concurso por el que pagaron a un grupo de menores por hacerlo, dijo sentirse apenado, agredido y como si hubiera cometido un delito por el episodio en el rodeo.

El menor asegura que sus padres no acudieron a la fiesta municipal, que él se fue de la ranchería Cruz de Chaca, ubicada a 45 minutos de Hueytlalpan, con un grupo de amigos. Uno de ellos fue quien lo animó a participar en el concurso.

La diputada Irma Ramos Galindo presentará a las 14:00 horas de este viernes una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se encontrará con el titular de la dependencia, Eduardo Medina Mora. Asimismo, los padres de los menores acudirán el lunes próximo a la misma instancia para realizar lo propio.

 

 

■ Se agravará el problema por falta de empleo formal y estructura del salario

Crecerá la pobreza en 2009, revela Coneval a senadores

■ En un informe detalla que la desigualdad se incrementó en el país desde hace 14 años

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

La pobreza crecerá este año y el próximo, debido al incremento en los precios de los alimentos y por la crisis financiera mundial, informó ayer el secretario técnico del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, durante una reunión de trabajo con los senadores de la Comisión de Desarrollo Social.

El funcionario reconoció además que la desigualdad sigue siendo alta “y no ha mejorado sustancialmente en 14 años, periodo en el que sólo se redujo en dos puntos la concentración del ingreso, entre 10 por ciento de la población más rica del país, quienes pasaron de retener 41.6 por ciento de la riqueza nacional a 39.3 por ciento entre 1992 y 2006”.

De igual forma Hernández Licona detalló que “el 10 por ciento de la población más pobre concentraba, en 1992, el 1.4 por ciento del ingreso y para 2006 pasó a 1.6 por ciento del ingreso total”.

Al presentar el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008, el secretario ejecutivo del Coneval subrayó que el empleo informal creció al doble del formal, es decir, expuso, de 1992 a 2006 se tuvieron 5 millones 145 mil 45 trabajos formales, y en ese mismo lapso, el informal alcanzó los 10 millones 169 mil 898 empleos”.

Explicó que “la pobreza sigue siendo alta en el país, 42.6 por ciento de pobreza patrimonial en el periodo referido –1992-2006–; 20.7 por ciento de pobreza capacidades y 13.8 por ciento de pobreza alimentaria”, pese a que el gasto social creció en ese lapso, al pasar de 38 por ciento a 60 por ciento en 14 años.

Hernández Licona dijo que en el periodo analizado el salario medio prácticamente no ha tenido cambios, y advirtió a los senadores que 2009 “será más difícil” para los más pobres. “Hay que preocuparnos por 2009, por el problema económico que se nos viene, con los empleos y con la estructura del salario”.

Resaltó además que el crecimiento económico, en buena parte explica la evolución de la pobreza por ingresos, en esos 14 años el crecimiento del producto interno bruto per cápita anual fue de 1.6 por ciento, y la reducción de la pobreza anual en esos años fue de 1.8 por ciento, o sea “casi la misma cifra”, pero, abundó, “por supuesto que hay otros factores que impactan en la economía”.

Expuso que otros datos duros que tienen que ver con el desarrollo social y el mercado laboral es la seguridad social: “si vemos dos tipos de personas sin pensión y sin ser derechohabientes de algún servicio de salud, tenemos una cobertura de seguridad social muy baja a escala nacional.

“Pasamos del 80 por ciento de personas de 65 años y más sin pensión, a 71.5 por ciento en 2006; y jefes de hogar sin derechohabiencia –es decir que no estén inscritos en el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, y otros– en 1992 eran el 69.3 por ciento, para 2006, la cifra llegó a 71 por ciento.

“Pero –subrayó– si nos vamos al 20 por ciento de la población más pobre, este problema de seguridad social se agrava, ya que los jefes de hogar sin derechohabiencia pasaron de 91.4 por ciento en 1992 a 92.9 por ciento en 2002”.

Al presentar la evaluación de la política social, Hernández Licona insistió: “vale la pena informar el fenómeno que está impactando más desde hace unos meses es el aumento de los precios de alimentos, porque este ha sido constante, ha sido un crecimiento más alto que la inflación, y es probable que este fenómeno y la crisis financiera mundial incrementen la pobreza este año y el que entra, por eso hay que estar atentos de la medición y de las políticas coyunturales sobre la pobreza por ingreso”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu reconoció que el problema radica en que existe una vinculación directa entre el modelo económico y la pobreza. Adelantó que la Junta de Coordinación Política convocará a un debate nacional sobre el tema.

Las policías, sin facultad para investigar; aprueban en el Senado la reforma penal

■ Los legisladores eliminan del dictamen la creación de una corporación nacional única

■ Tampoco podrán realizar cateos, arrestos y consignaciones ante un juez, sin orden previa

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Con el aval de todas las fuerzas políticas, la Cámara de Senadores aprobó anoche la legislación secundaria en materia penal, una vez que el PAN aceptó las modificaciones propuestas por PRI y PRD para eliminar facultades excesivas a los agentes de las diversas corporaciones policiacas, que ponían en riesgo garantías fundamentales de los mexicanos.

Así, se suprimió la facultad de investigación que se pretendía otorgar a los agentes policiacos y, en general, otras atribuciones que corresponden exclusivamente al Ministerio Público. Asimismo, quedaron fuera varias propuestas de la iniciativa original de Felipe Calderón, que a juicio de legisladores perredistas y priístas posibilitaban la comisión de arbitrariedades contra la ciudadanía, como cateos sin mandamiento judicial, arrestos y consignaciones ante cualquier juez federal y medidas de “arraigo territorial”.

La llamada miscelánea penal, que contiene modificaciones a 10 códigos y leyes en la materia, logró destrabarse en los primeros minutos de ayer, después de una prolongada y ríspida reunión entre presidentes y secretarios de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, que comenzó la noche del miércoles y en la cual legisladores de PRI y PRD unieron fuerzas para lograr que el PAN cediera en aquellos puntos de mayor controversia de las propuestas de Calderón.

Ayer, durante todo el día siguieron las negociaciones e incluso se realizó un receso en la sesión para reanudarla por la tarde, cuando el dictamen ya había sido consensuado y pasó al pleno, donde se aprobó en lo general con 76 votos en favor, tres en contra y una abstención.

La discusión sobre esa legislación secundaria, para concretar las disposiciones de la reforma constitucional sobre seguridad pública y justicia, comenzó hace dos meses, con la oposición del PRD y la determinación del presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, de sacar adelante las iniciativas de Ejecutivo federal con el apoyo del PRI.

Sin embargo, al final los priístas hicieron frente común con los perredistas. Durante la reunión de presidentes y secretarios generales de las comisiones dictaminadoras, el miércoles por la noche, el senador Tomás Torres, del PRD, exigió que salieran los representantes de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Consejería Jurídica de la Presidencia, ya que, argumentó, ni siquiera tenían poder de decisión y sólo estaban obstaculizando las negociaciones.

Eso fue a las 10 de la noche, y en los primeros minutos del jueves, explicó Torres, se había logrado la anuencia de los panistas para modificar en el proyecto de dictamen el artículo tercero del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que se pretendía constituir “una superpolicía”.

Se suprimieron figuras que trasgreden garantías individuales, entre ellas que “el Ministerio Público puede consignar ante cualquier juez federal”.

Esto último implicaría, explicó Torres, que por un cargo por delincuencia organizada o por un accidente de tránsito que ocurra en Tijuana, el Ministerio Público puede consignar en otra entidad, con el riesgo de que se dé la repetición de casos como el de Lydia Cacho.

Derechos humanos, innegociables

Anoche, en la discusión del dictamen, el senador Torres expuso que el PRD asumió que los derechos humanos no son negociables y eso quedó de manifiesto en lo aprobado. Igualmente, en nombre del PRI, el legislador Ricardo Fidel Pacheco resaltó que su bancada aportó observaciones y criterios para defender los derechos de los ciudadanos.

El PAN aceptó también eliminar las modificaciones propuestas al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la fracción tercera del artículo 76 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, en la que se pretendía crear un régimen especial para evitar que los policías despedidos puedan interponer recursos encaminados a su reinstalación o indemnización.

Se determinó analizar a fondo esas propuestas, ya que no es posible incluir en la legislación secundaria normas que pasan por encima de la Constitución.

El senador perredista Ricardo Monreal consideró apresurada la aprobación de la miscelánea penal, ya que, explicó, recibió el dictamen momentos antes de que se pusiera a discusión en el pleno, con dispensa de trámites. Sin embargo, los coordinadores de PRI, PAN y PRD valoraron que anoche mismo se votara y aprobara, para turnarla de inmediato a la Cámara de Diputados.

¡No!, ¡no! definitivo y para siempre a la pena de muerte

Cuauhtémoc Cárdenas.

En todos los medios de información se resalta la noticia de las iniciativas del Partido Verde Ecologista de México y del gobierno y Congreso de Coahuila para restablecer la pena de muerte en nuestra legislación, en el caso de delincuentes sentenciados por el delito de secuestro y asesinato del o los secuestrados.

Es cierto, más que justo y explicable el temor y la preocupación generalizados, así como la fuerte indignación de la sociedad por la expansión de este tipo de delitos –y de muchos más– a lo largo y ancho del país y la impotencia de las autoridades y de la propia sociedad para frenar esta expansión, abatir la delincuencia y restablecer una seguridad real, que así sea reconocida y sentida por todos.

Las propuestas del Partido Verde y del Ejecutivo y el Legislativo de Coahuila son muestras evidentes de la impotencia de la autoridad en general y del régimen político-social, también en general, para combatir e imponerse a la delincuencia, pero son muestra también de esos cuerpos y personas de reconocerse y admitirse incapaces, incompetentes, impotentes, carentes de imaginación, carentes sobre todo de compromiso humano y con la vida y definitivamente derrotados en la lucha contra la delincuencia y el crimen.

Restablecer la pena de muerte, así sea en el caso de un delito tan bárbaro como el secuestro acompañado de asesinato, sería retroceder a las épocas más oscuras de la humanidad y a la negación de todo pensamiento lúcido, además de que significaría que todos los mexicanos nos reconociéramos vencidos, humillados y dominados ya por la delincuencia, representaría el reconocimiento de nuestra derrota ante el mundo y un muy grave retroceso constitucional.

En 2005 se prohibió, de manera definitiva, mediante reforma al artículo 22 de nuestra Constitución, la pena de muerte. El 28 de junio del 2007 el titular del Ejecutivo firmó la adhesión de México al Protocolo a la Convención Americana sobre derechos humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que en su preámbulo establece que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa y (quiero pensar que se hace esta consideración para que lo pensemos dos veces, y pensémoslo nosotros, como mexicanos, sólo en función de la calidad de impartición de justicia con la que desafortunadamente contamos en nuestro país) que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado. En el artículo 1 de este Protocolo se dice que los Estados partes no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción y en el 2 que no se permitirá ninguna reserva al propio Protocolo.

Por ningún motivo debe caminarse hacia atrás en esta materia. Sería vergonzoso que cualquier autoridad lo hiciera. Sería vergonzoso e indignante que el Congreso reformara la ley fundamental y atropellara además nuestros acuerdos internacionales.

El crecimiento y el desbordamiento de la delincuencia –secuestros, asesinatos, narcodelitos, etcétera– guardan una relación directa con, y tienen entre sus causas profundas los incrementos también de la corrupción en la administración y en su contraparte privada, la bajísima calidad de la justicia, la creciente desigualdad social, la pérdida y escasez de empleos, el estancamiento económico, la baja calidad de la educación, la falta de acceso a la atención de la salud y a la seguridad social, acentuados en más de un cuarto de siglo de régimen entreguista, elitista y neoliberal.

Enfrentar el delito es tarea irrenunciable de toda autoridad responsable, pero no sólo de ella y no sólo de sus cuerpos que cumplen tareas policiacas. Éstos deben sanearse, capacitarse y dotarse de los elementos necesarios para librar una lucha efectiva y eficaz en contra de todo tipo de delincuencia, pero esa lucha debiera derivar de un plan que fijara objetivos, acciones concretas y tiempos de ejecución, que involucrara a gobiernos municipales, estatales y federal, a los tres poderes federales y estatales, a los sistemas educativo, de salud y de seguridad social, a la política internacional, a los medios de información y asignara tareas específicas también a los grupos organizados o a organizar de la sociedad. Un plan bien concebido, bien estructurado, debidamente coordinado en su ejecución, seguimiento y evaluación de cumplimiento, en el que cada quien –instituciones, organizaciones e individuos– tuviera algo qué hacer y supiera cómo hacerlo.

Combatir directamente a los delincuentes es sin duda asunto de policías, pero ese combate, que debe ser también de la sociedad y que la sociedad sana está desesperada por llevar a cabo, debe librarse convocando a la propia sociedad y creando las condiciones para que surjan la oportunidades de empleo, atacando en sus raíces las causas de la pobreza, generando crecimiento económico, educando, curando, llevando la cultura a la gente del campo y la ciudad, incorporando los avances de la ciencia y la tecnología a las estructuras productivas.

Admitiéndonos derrotados, frente a un altísimo porcentaje de los delitos que ni siquiera se denuncian y menos se castigan, con un sistema de procuración e impartición de justicia que debe empezar por comprometerse a su propio saneamiento, inmovilizando a autoridades por creer que la dureza y el aumento de las penas han sido en alguna época eficaces para detener la delincuencia, lo que está demostrado no ha sucedido en México ni en ninguna parte del mundo, con una sociedad que se inmovilizara pensando que una pena más dura la salvará de sufrir los efectos del delito, sería lo peor que pudiera hacerse.

Restablecer la pena de muerte sólo sería una vergüenza más de México y los mexicanos ante el mundo y ante nosotros mismos.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:27
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