Jueves, 11 de diciembre de 2008

Incumplidos, objetivos de la Declaración de los Derechos Humanos: Ban Ki-moon

■ Conmemoran en Naciones Unidas el 60 aniversario de la proclamación de ese documento

■ Nuevos problemas en el mundo agravaron las condiciones de vida de millones de personas, afirma

■ Pide AI a Obama que adopte una posición firme ante la hipocrecía de las democracias occidentales

Dpa, Afp y Reuters

Nueva York, 10 de diciembre. Al conmemorarse el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, aseguró que sus objetivos permanecen incumplidos mientras nuevos problemas mundiales agravaron las condiciones de vida de millones de personas.

“Recorrimos un largo camino, pero la realidad es que no cumplimos con la visión de la declaración, al menos hasta ahora”, dijo Ban al asegurar que desde que asumió el cargo en la ONU, hace dos años, ha visto que los derechos humanos fueron violados y no protegidos adecuadamente.

Ban, quien se encuentra en Polonia, envió un mensaje a la Asamblea General de la ONU, en la que señaló que no se puede cerrar lo ojos ante la pobreza, la intolerancia y la represión. “Tenemos una responsabilidad colectiva para rechazar la indiferencia... los derechos humanos indivisibles e interdependientes deben mantener al mundo en solidaridad”, dijo.

En su oportunidad, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Navathenem Pillay, subrayó la necesidad de rechazar cualquier “tolerancia hacia medidas de doble rasero o aplicaciones selectivas” de los derechos humanos en el mundo.

“Es necesario trabajar en favor de la plena implementación de los derechos humanos sobre el terreno, de tal modo que impacte y mejore las vidas de hombres, mujeres y niños que sufren en razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, renta o nacimiento”, añadió.

En París, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, llamó a que el nuevo gobierno de Estados Unidos “adopte una posición firme”, después de que “los ataques del 11-S (11 de septiembre de 2001) demostraron la hipocresía de las democracias occidentales, que hasta entonces habían sido los adalides de esos derechos humanos”.

La organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) premió a Stephane Hessel, uno de los autores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el compromiso con esta causa mostrado a lo largo de su vida.

Hessel, de 91 años, aseguró que aún hoy es difícil implantar estos derechos en todo el mundo y criticó el trato que da Francia a los inmigrantes indocumentados.

Además, lamentó las escasas críticas de la comunidad internacional contra las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos. “Nadie se atreve a criticar a Israel por miedo a ser tildado de antisemita”, afirmó.

En Nueva York, la Asamblea General también premió a cuatro personajes: la antecesora de Pillay, Louise Arbour; el doctor Denis Mukwege, por su ayuda a las mujeres víctimas de la violencia sexual y física en la República Democrática del Congo; la doctora Carolyn Gomes, directora del grupo cívico Jamaicans for Justice, y el ex fiscal general estadunidense Ramsey Clark.

En la sede ginebrina de la ONU, dos premios Nobel, la abogada iraní Shirin Ebadi y el escritor Wole Soyinka, condenaron a los líderes de línea dura de los países musulmanes y a gobernantes de estados comunistas, por sus abusos a los derechos humanos.

 

Policías torturaron y asesinaron a internos del penal de La Mesa

■ Pide iniciar juicio político y penal en contra del titular de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa

■ El gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán debe ofrecer una disculpa pública, señala

Olga Alicia Aragón Castillo (Especial para La Jornada)

Tijuana, BC, 10 de diciembre. La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California emitió 22 “observaciones” sobre los motines ocurridos los días 14 y 17 de septiembre en la prisión de La Mesa, entre las cuales destacan una al Congreso local para que inicie juicio político al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel de la Rosa Anaya, y otra a la Procuraduría de Justicia del estado para que cite al mismo funcionario en calidad de indiciado, ya que las fuerzas bajo su mando torturaron y asesinaron a por lo menos 24 internos e hirieron a cientos más.

Al gobernador José Guadalupe Osuna Millán se le pide que “ofrezca una disculpa pública, especialmente a los familiares de los internos muertos y lesionados y, en general, a los internos del Cereso (Centro de Readaptación Social) de La Mesa, que fueron victimas de violaciones a sus derechos humanos”. La disculpa, precisa, deberá ofrecerse en los medios de información de mayor circulación en el estado.

Francisco Javier Sánchez Corona, procurador de derechos humanos, dijo que sólo fue posible constatar el homicidio de 24 internos –a cuyos cuerpos se practicó la autopsia–, pero hubo una cantidad indeterminada de internos a los que no fue posible identificar porque murieron calcinados, aunque se recuperaron 10 envoltorios con huesos.

El ombudsman dijo que los peritajes indican que a 18 de los 24 reos les dispararon a matar (a 11 en el cráneo y a seis en el tórax); además, en la mayoría de los casos la trayectoria de las balas era de arriba abajo, lo que corresponde con los disparon que se hicieron desde el helicóptero de la Policía Estatal Preventiva, según testimonios.

El organismo solicitó a la presidenta del Congreso del estado, Andrea Cruz Blackledge, instruir juicio político a De la Rosa Anaya para investigarlo por violaciones a las garantías individuales.

Asimismo, pidió al procurador de Justicia, Rommel Moreño Manjarrez, citar en calidad de indiciado a De la Rosa Anaya a fin de deslindar responsabilidad penal por los presuntos delitos de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena, evasión de reos y lo que resulte, conforme a las averiguaciones previas 250/08/201/AP y 256/08/201/AP radicadas en la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos de la Subprocuraduría General de Justicia.

Además se demanda cumplir la orden de aprehensión librada contra Marco Antonio Ibarra Chávez y Daniel Ibarra Pérez por el juzgado sexto de lo penal de Tijuana, como parte de la causa penal 900/08, relacionada con los delitos de tortura y homicidio en agravio de Israel Blanco Márquez y otros internos.

Además de disculparse, el gobernador panista deberá ordenar que se investigue a Simona Garmiño Gurrola, Miguel Ángel Cannet Sánchez, Carlos Arturo González y Alejandro Oblea Bueno, ex funcionarios del sistema penitenciario, para determinar su responsabilidad en la matanza. También deberá notificarse al Ministerio Público de la Federación para que investigue a los policías de los tres niveles de gobierno que acribillaron a los internos.

De acuerdo con el informe, los hechos se iniciaron el 14 de septiembre luego que el comandante Jorge Eduardo González Montero y los custodios Álex Cervantes, Antonio y Daniel Ibarra mataron a golpes a Israel Blanco Márquez, a quien torturaban junto con otros 22 internos del edificio 5 del Cereso para que dijeran a quién pertenecían un celular y unas dosis de mariguana.

Al día siguiente los internos se amotinaron para protestar por el asesinato de Israel Blanco. El 17 de septiembre ocurrió una segunda revuelta en el edificio 7, cuando las mujeres subieron por los ductos a los techos para exigir comida, atención médica y agua.

Los reos fueron atacados a golpes y con gases lacrimógenos, y luego les dispararon, pese a que ya se habían rendido.

 

AN y PRI frenan aprobación de reformas sobre el plebiscito y la consulta popular

■ Juan Guerra critica que los panistas falten a su palabra; el malestar del PRD tendrá reacciones

Roberto Garduño y Enrique Méndez

El PAN en la Cámara de Diputados, acompañado por la bancada del PRI, determinó que los dictámenes sobre las reformas para plasmar el plebiscito y la consulta popular en la Constitución no serán aprobados hoy por el pleno, durante la última sesión del periodo ordinario.

La semana pasada, los diputados de PAN y PRI integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron los dictámenes de reformas con el propósito de incluir, por primera vez en la historia contemporánea, las figuras de plebiscito y consulta popular en la Carta Magna, con el propósito de abrir la posibilidad de participación directa a la ciudadanía en aquellas decisiones que le atañen.

Ayer, los diputados de PAN, PRI y PVEM determinaron frenar la aprobación de ambas reformas con el argumento de que existía un acuerdo en la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se señalaba que a los textos sólo se les dará –en la sesión de este jueves– trámite de primera lectura, y con ello se les abandonará en el archivo de la presidencia camaral para que se discutan en cuanto se dé un acuerdo interparlamentario.

La maniobra de Héctor Larios, coordinador de los panistas en San Lázaro, se fundamentó en dos supuestos sucesos. El primero, referente al acuerdo que se habría firmado en la mesa directiva de ese órgano legislativo para darles trámite de primera lectura, y con ello dejarlo en el olvido, y el segundo, acerca de una declaración del presidente de la citada comisión, el perredista Raymundo Cárdenas.

Larios expuso a los coordinadores parlamentarios, reunidos en la Junta de Coordinación Política, que Cárdenas le habría dicho que no resultaba relevante que a las reformas se les dispensara la primera y la segunda lecturas, con objeto de someterlas a votación ante el pleno, porque el trámite se podría dar en el siguiente periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura.

El argumento de Larios fue rechazado en forma tajante por el PRD, mientras en las curules dos diputados, personeros del PRI, difundían la especie de que el plebiscito y la consulta popular no interesan a su partido.

Esa postura fue capitalizada por el PAN, que de inmediato doblegó al PRD, dada la representación proporcional que mantiene en San Lázaro, e influyó de manera determinante en un acuerdo para someter los dictámenes a primera lectura.

No obstante, Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, manifestó que a pesar del acuerdo él no sabía qué acciones podrían realizar sus compañeros de bancada para protestar en la sesión de hoy, por el freno tanto al plebiscito como a la consulta popular.

“Evidentemente, es un asunto que nos interesa mucho. Es una herramienta de la democracia en sí misma. No entiendo por qué se opone el PAN a que pase; nos parece que es un asunto que está absolutamente rebasado por la necesidad y por la realidad. Más de 15 estados en la República lo tienen, otros tienen participación ciudadana, y resulta que una herramienta de esa naturaleza, que podía haber sido aplicada en el caso legislativo más importante de este año: la reforma energética, no se pudo hacer porque no se tiene.

“Me parece un error que un tema de esa naturaleza, que, insisto, es una herramienta de la propia democracia en cualquier país, no se apruebe. Me parece una insensatez; vamos a ver qué es lo que traen”, expuso González Garza.

Por su parte, Héctor Larios se refirió al despropósito en que habría incurrido el perredista Raymundo Cárdenas y manifestó su oposición a esas figuras de democracia directa.

“En voz del propio presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el acuerdo político fue turnarlo a la mesa directiva; se turnó en el transcurso de la sesión, hacia el final, nunca hubo el acuerdo de que se presentara ya de primera lectura y es un tema que merece la mayor revisión, es una reforma constitucional.

“Evidentemente hay temas en los que no puede haber referendo, no lo existe en ningún país del mundo en materia fiscal; no se pueden poner a consulta los temas fiscales ni los monetarios; varios temas no pueden ser sometidos a referendo y ese tema está en discusión ahorita entre los grupos parlamentarios.”

Con malestar, Juan Guerra Ochoa, del PRD, replicó al PAN: “no se vale que si hay acuerdos, de repente el PAN, sin importarle nada, esté tratando de bloquearlos u obstaculizarlos. Les hemos hecho la propuesta de que puede haber dos sesiones mañana (jueves). Se les puede dar primera y segunda lecturas al plebiscito y referendo, y votarse. Espero que haya sensibilidad, que entiendan que los acuerdos son para cumplirse, que no se puede estar empeñando la palabra y faltar a ella como si no pasara nada. Y lo espero, porque el malestar de la bancada del PRD va a tener reacciones”.

Dignidad y justicia para todas las personas

Alberto Brunori*

Vista desde su dimensión simbólica la Declaración Universal hizo su aparición en la historia como una respuesta ante la barbarie. En ella resuena el fuerte grito de ¡nunca más!, exclamado por una humanidad exhausta y atónita ante el nivel de destrucción que ella misma era capaz de alcanzar.

La tesis planteada por Michael Ignatieff es que la Declaración Universal se redactó no tanto con base en la confianza en las potencialidades del ser humano, sino, sobre todo, ante el recuerdo del horror. “El Holocausto puso al descubierto cómo se mostraba el mundo cuando la pura tiranía obtuvo permiso para explotar la crueldad humana.”

La defensa que la declaración hace de la dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad no se hizo en el vacío, ni con la intención de defender unos meros postulados teóricos. La declaración es producto de la historia y, como tal, surge en un contexto y ante problemáticas específicas; busca dar respuesta a las violaciones graves de derechos humanos que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial y que aun siguieron proliferando en la época de la posguerra. El genocidio, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución política, la pena de muerte, la discriminación racial, la marginación de las mujeres de la vida pública, el apartheid, la dominación colonial, la intolerancia religiosa, la negación de la identidad de los pueblos indígenas, eran tan sólo algunas de las violaciones a los derechos humanos vigentes en el decenio en el que se redactó la declaración. Ella misma en su preámbulo da testimonio de ello al reconocer “que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.

A 60 años de su aprobación por la Asamblea General de la ONU, la Declaración Universal es mucho más que un instrumento jurídico. No sólo constituye la piedra angular sobre la cual se ha construido el sistema internacional de protección de los derechos humanos, sino que se ha convertido en la bandera de un movimiento de emancipación más amplio que no conoce de fronteras políticas, culturales, sociales o religiosas. La declaración refleja un consenso ético universal sobre las aspiraciones más básicas que compartimos todos los seres humanos del mundo, independientemente de nuestro origen étnico, posición social, sexo, religión, raza, orientación sexual, por sólo mencionar algunas. Constituye la herramienta más poderosa para defender la igual dignidad y valor de todos los seres humanos en un mundo en el que la lógica del mercado coloniza todos los espacios vitales y convierte a las personas en mercancías de las que se puede prescindir cuando han dejado de ser útiles. Los derechos en ella contenidos sirven como el principal recurso que las personas más débiles y marginadas tienen para hacer frente y contener los abusos de los más poderosos.

El aniversario de la declaración es motivo de festejo y júbilo, pues a partir de ella se construye un andamiaje jurídico que pretende hacer realidad sus postulados. La declaración ha permeado en la gran mayoría de las constituciones del mundo y ha sido un referente para los órganos encargados de hacer justicia. Al día de hoy los 192 estados que forman parte de Naciones Unidas se han comprometido a observar y promover los derechos contenidos en ella. Paradójicamente, el contexto actual también nos invita a la reflexión e insta a la acción con el fin de hacer que las aspiraciones de la declaración sean una realidad para todas y cada una de las personas que habitan el planeta.

México ha sido y es parte de esta historia. Como país fundador de Naciones Unidas participó en los trabajos preparatorios y en la aprobación del texto de la declaración. Sin embargo, no fue sino hasta la década de los años 80 que México inició un proceso de incorporación plena a los sistemas internacional y regional de derechos humanos. Al momento, México es parte de casi la totalidad de los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen a la declaración como fuente principal. Al igual que en 1948, México ha recuperado un liderazgo entre la comunidad internacional. Ese liderazgo tiene que intensificarse en la esfera interna, principalmente en el momento de implementar los compromisos que ha asumido en la esfera internacional. Se trata de un gran reto en tanto los derechos humanos deben desempeñar un papel central en el orden constitucional, el quehacer legislativo y judicial, así como en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Un ámbito fundamental para lograr el ejercicio de los derechos contenidos en la declaración en México es el de su promoción. En las últimas dos décadas, una generación de mexicanas y mexicanos lograron –no sin dificultades y, en ocasiones, con sacrificios personales– introducir el tema de derechos humanos en el debate público. La llama que lograron encender precisa del combustible de la generación presente y de aquellas que están por venir. Para tal propósito, se debe tener la habilidad y el compromiso de que las niñas y los niños de México crezcan en un ambiente de respeto a sus derechos, pues sólo de esta manera abrazarán los postulados de la declaración y podrán aquilatar su significado más profundo, para transmitirlo en su momento.

Este año, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos decidió conmemorar el 60 aniversario de la declaración mediante una campaña que se inició en diciembre del año pasado y que ha tenido por lema “dignidad y justicia para todas las personas”. La oficina en México del alto comisionado ha tomada parte activa en las tareas conmemorativas. Haciendo uso de múltiples herramientas de divulgación, como el cine, el debate público y las artes audiovisuales, ha llegado a un público amplio, sumando y fortaleciendo otros esfuerzos de instituciones públicas y privadas.

El lema dignidad y justicia para todas las personas no es casual; atiende a problemáticas y retos concretos que hoy enfrenta el movimiento de los derechos humanos en el mundo. La exigencia de universalidad en el ejercicio de los derechos humanos contenida en lema escogido, busca hacer visible y superar los procesos de exclusión y marginación que enfrentan hasta el día de hoy millones de mujeres, indígenas, migrantes, personas desplazadas, privadas de su libertad, con discapacidad o víctimas de la pobreza. Estas personas exigen el reconocimiento de su igual dignidad y claman por una justicia que les es negada persistentemente en su situación concreta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace eco de sus reclamos y da voz a las personas que no son escuchadas. Al abrazar la Declaración Universal, cada uno de nosotras y nosotros contribuye a la edificación de un mundo más digno y justo para todas las personas.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:37
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