Lunes, 15 de diciembre de 2008

El poder adquisitivo del salario cayó en octubre a su peor nivel

■ Se ubicó 1.59 por ciento por debajo de la inflación, revelan estadísticas gubernamentales

■ Las cifras indican que por cada 5 trabajadores que perdieron su puesto desapareció un patrón

■ En el tercer trimestre, 251 mil plazas menos; aumenta cifra de quienes laboran sin recibir pago

Susana González G.

El deterioro del poder adquisitivo del salario alcanzó su peor nivel en octubre pasado, ya que el incremento contractual obtenido por trabajadores de los sectores público y privado se ubicó en 1.59 puntos porcentuales por debajo de la inflación, revelan estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Las cifras indican que por cada cinco asalariados que han perdido su trabajo, un empleador dejó de serlo. Así, del segundo trimestre del año al tercero hubo 58 mil 775 patrones menos –la mitad mujeres–, al tiempo que desaparecieron 251 mil 63 plazas laborales.

También hubo una caída en el número de trabajadores por cuenta propia, y aumentó la cifra de los que laboran sin pago.

En cuanto a las percepciones obreras, octubre forma parte de la caída que por siete meses consecutivos ha sufrido el salario, pese a las alzas contractuales logradas por sindicatos en todo el país.

El descenso en las percepciones se debe a que la inflación no se ha detenido (en noviembre fue de 6.23 por ciento anual).

Así, del aumento salarial de menos 0.16 por ciento reportado en abril prácticamente se pasó al 1.59 por ciento de octubre, casi 10 veces mayor que el primer registro negativo de 2008.

Dicho deterioro no ocurría desde octubre de 2004, cuando el incremento salarial contractual que en general se obtuvo para todo tipo de empresas fue 2.07 por ciento por debajo de la inflación, aunque se profundizó hasta 2.24 por ciento para las entidades del sector público.

En todos los meses del año pasado, el incremento salarial superó la inflación en rangos que iban de 0.06 a 71 por ciento, pero en 2008 únicamente en el primer trimestre hubo números positivos (0.64 en enero, 0.7 en febrero y 0.03 en marzo).

De manera “nominal”, el aumento en los últimos cuatro años ha sido superior a 4 por ciento, pero, en términos reales, sólo en más de la mitad de este año ha sido menor a la inflación.

El acumulado de revisiones salariales y contractuales de enero a octubre de 2008 fue de 5 mil 661 casos, que involucraron a más de 1.7 millones de trabajadores.

Más mujeres trabajan sin paga

Los indicadores de empleo de la STPS y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan también que de abril a septiembre de este año hubo caídas en tres de los cuatro rubros que conforman la población económicamente activa –asalariados, empleados y trabajadores por cuenta propia–; en tanto que sólo el cuarto rubro, referido a quienes laboran sin pago, hubo incremento.

Para el tercer trimestre de 2008 se contabilizaron 251 mil 63 asalariados menos que los del segundo trimestre; hubo 58 mil 775 empleadores menos y el número de trabajadores por cuenta propia cayó 34 mil 790.

En contraste, 103 mil 670 personas se sumaron a las filas de quienes laboran sin recibir pago.

Esas cifras varían entre géneros, aunque en el caso de los empleadores son prácticamente iguales: 29 mil 764 varones menos y 29 mil 11 mujeres menos.

En tanto, mientras aumentó en 95 mil el número de varones que trabajan por cuenta propia, hubo 130 mil mujeres menos laborando de esa manera.

En el caso de quienes laboran sin pago, hubo un aumento de 36 mil hombres, frente a un alza de 67 mil mujeres. Entre los asalariados, se perdieron 119 mil trabajadores y 131 mil trabajadoras.

Los créditos morosos al consumo crecen de modo “alarmante”, advierten analistas

Al menos 14 instituciones de crédito operan con índices superiores a 10 por ciento Víctor Cardoso

Aún sin que la crisis financiera llegue a tocar fondo, comenzaron a encenderse los “focos amarillos” en el crecimiento “alarmante”, por encima de la media nacional, del índice de morosidad en créditos al consumo, con el que operan diversas instituciones bancarias, en particular algunas operadas por tiendas de autoservicio y especializadas.

Al menos 14 instituciones de crédito, entre ellas los incipientes bancos manejados por cadenas de tiendas, operan con índices de morosidad en créditos al consumo por arriba de 10 por ciento, que en algunos casos, como el del regiomontano Banco Amigo, del grupo inmobiliario Landus, con sede en Monterrey y escasos 19 meses en el mercado, se ubica en 35.93 por ciento, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con datos de la casa de bolsa Banamex, los nuevos bancos asumieron el modelo de negocio establecido por Banco Azteca, es decir, altas tasas de interés, cobranza intensiva en mano de obra y fondeo barato.

En el reporte más reciente de la CNBV sobre cartera de crédito y captación se establece un promedio de morosidad de 3.31 por ciento de la cartera total en todo el sistema bancario del país. En esta estadística, Bancoppel, de la cadena Coppel, y Banco Fácil, propiedad de la cadena de autoservicios Chedraui, operan con índices de demora de 18.05 y 14.83 por ciento, respectivamente, las más altas del sistema.

En detalle, en las estadísticas referentes al crédito al consumo, se eleva el número de instituciones con índice de morosidad superior a la media, de 8.10 por ciento, en este segmento de negocio: el más alto es de Banco Amigo, con 35.93 por ciento; Bancoppel, 18.05; Banco Fácil, 14.83; grupo financiero HSBC, 12.15, y grupo financiero Invex, 11.97.

“El crédito al consumo registra una trayectoria débil, con una caída año tras año de 26.5 por ciento en septiembre, según cifras oficiales, mientras a principios de 2008 avanzaba a un ritmo de hasta 20 por ciento. Esta cifra parece alarmante, aunque se debe tener en cuenta que no sólo está afectada por la restricción del crédito, sino también por la distorsión derivada de la reclasificación de los negocios de tarjeta de crédito de algunos intermediarios”, comentan los analistas de Banamex Eduardo Estrada López, Miguel Ulloa Suárez y Jaime Ortiz en su trabajo Autoservicios y tiendas especializadas, nuevos bancos, todavía lejos de marcar una diferencia.

Más aún: consideran que la “desaceleración/recesión seguramente afectará la calidad de las carteras crediticias enfocadas al consumo”. Sobre la política crediticia de las nuevas instituciones bancarias ligadas a cadenas de tiendas especializadas, señalan que la mayoría “están en etapa temprana y su contribución al negocio es todavía muy limitada. Esto es muy evidente en los autoservicios, mientras en el caso de las tiendas especializadas ya se aprecia cierto efecto en ingresos pero también la calidad de su cartera es más vulnerable”.

Tarjetas de crédito y el no pago

El índice de morosidad más alto se presenta en el segmento de tarjetas de crédito, según el reporte de la CNBV. En este renglón se menciona que la media nacional se ubica en 9.91 por ciento.

Ese nivel lo rebasan las tarjetas de crédito Azteca, con 30.22 por ciento; Mifel, 22.56; Bancoppel, 18.05; Fácil, 14.83; HSBC, 14.61; GE Money, 13.11; Afirme, 12.3; Invex, 11.97; Scotiabank Inverlat, 11.36, y Banorte, 11.4.

Evaluarán maestros de Morelos manifestarse durante vacaciones

■ Durante la asamblea que hoy se llevará a cabo determinarán el plan de acción a seguir

■ Docentes de la sección 19 del SNTE reforzarían el plantón del zócalo de Cuernavaca, liberarían casetas de peaje y protestarían frente a catedrales

■ Rechazan despido injustificado de 63 mentores

Rubicela Morelos Cruz (Corresponsal)

Cuernavaca, Mor., 14 de diciembre. Los secretarios generales delegacionales de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) determinarán en asamblea si realizarán, durante el próximo periodo vacacional, manifestaciones y liberaciones de casetas de peaje en la entidad, para expresar su rechazo a los recientes despidos de 63 maestros y a la Alianza por la Calidad de Educación (ACE).

“Los maestros de Jojutla llevarán al pleno estatal que en las vacaciones se refuerce el plantón que se tiene en el zócalo de la capital, el del Instituto de Educación Básica de Morelos, así como la liberación de las casetas de peaje, y en otras regiones van a proponer manifestarnos afuera de las catedrales de la entidad, para que la gente se dé cuenta de la represión de que somos objeto por oponernos a la ACE”, dijo Alejandro Trujillo González, integrante del comité seccional alterno de la sección 19 del SNTE.

La reunión del pleno estatal se realizará este lunes en las oficinas seccionales, donde se definirá el plan de acción.

Trujillo González señaló que desde el pasado 18 de agosto, cuando comenzó su movimiento en rechazo de la ACE –que el presidente Felipe Calderón firmó con la “charra y criminal” dirigente vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales–, los mentores han sido desalojados hasta en tres ocasiones por policías federales y estatales y elementos del Ejército Mexicano de vías de comunicación que mantenían bloqueadas. Destacó que estos hechos dejaron un saldo de varios maestros, padres de familia y alumnos golpeados, torturados y detenidos hasta por tres días.

Hasta el momento, agregó Alejandro Trujillo, existen averiguaciones abiertas contra unas 160 personas “por delitos que ha orquestado el gobierno del estado para reprimirnos”. A esto se sumaron los despidos de 63 maestros. Adelantó que, por ello, sus protestas contra la ACE no se suspenderán en el periodo vacacional.

Este domingo, los seis concejales del comité ejecutivo alterno de la sección 19 del SNTE se presentaron formalmente en la normal rural de Amilcingo ante los maestros y las alumnas para informar sobre los despidos que, en su opinión, constituyen actos de represión administrativa del gobernador Marco Antonio Adame.

Disparen contra Lucía Morett

Carlos Fazio

Después de más de medio año de virtual exilio en Nicaragua, Lucía Morett regresó a México. Es una sobreviviente del horror. Una víctima más del terrorismo de Estado que practica el presidente Álvaro Uribe más allá de las fronteras de Colombia. Lucía es una víctima civil, pero también testigo clave del operativo de guerra sicológica diseñado por Estados Unidos, y ejecutado por Uribe contra un campamento clandestino de las FARC en la selva del Sucumbíos, Ecuador, el pasado primero de marzo.

En la agresión murieron 25 personas, incluidos cuatro mexicanos. Tres mujeres sobrevivieron. Lucía Morett es quizás la única que puede dar testimonio cabal de lo que ocurrió. Al margen de los Convenios sobre la Guerra de Ginebra y otros relativos a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el personal militar que la interrogó cuando yacía herida, buscaba obtener información de valor inmediato, apartándose de lo que determinan las leyes humanitarias. Un video de la operación militar difundido por el gobierno de Colombia muestra imágenes tomadas con una cámara de visión nocturna, que exhiben a Lucía tirada en el piso, rodeada de soldados que la interrogan. El trato fue hostil, amenazante. Incluso la desvistieron e hicieron comentarios sexuales agresivos. Además, dada la gravedad de sus heridas, un interrogatorio en tales condiciones configura delito de tortura. La tortura está específicamente prohibida en los conflictos armados, internacionales o internos, sin importar si se aplica contra combatientes que hayan depuesto las armas, civiles, o incluso criminales comunes.

Una vez que los soldados colombianos evacuaron la zona, militares ecuatorianos trasladaron a Lucía a la unidad de Lago Agrio. Allí, dos agentes de inteligencia militar la sometieron a una segunda sección de preguntas. “Eran idénticas a las que antes me habían formulado los colombianos.” La acusaron de que estaba en el campamento dando entrenamiento a la guerrilla. Que era la comandante. La apremiaron a que hablara, que sus compañeros ya habían confesado.

Según el gobierno ecuatoriano, se trató de una operación combinada entre Colombia y Estados Unidos, con la participación de una red de inteligencia extranjera que operaba en Ecuador y conocía con antelación del bombardeo. Miembros de esa red destruyeron evidencias judiciales en el lugar de los hechos. También eran parte de esa red los militares ecuatorianos que la interrogaron y ocultaron la información a las autoridades judiciales y políticas de Ecuador, incluido el presidente de la República, Rafael Correa. El mandatario denunció que los servicios de inteligencia militar y policial del Ecuador estaban infiltrados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia).

Dos militares están sujetos a juicio. Uno es el coronel Mario Pazmiño, quien se mantuvo 10 años como director de Inteligencia del Ejército y ha sido señalado como colaborador de los servicios de Estados Unidos, Colombia e Israel.

En el juicio puede surgir información que involucre a Álvaro Uribe, ahora que la realidad comienza a pasarle facturas por los crímenes cometidos en Colombia y Ecuador durante su mandato.

Al escándalo desatado por un multimillonario fraude financiero organizado en las cañerías del Estado se suma la evidencia de que el Ejército colombiano ha practicado cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, desde la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate. Más de 2 mil 100 muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría. El escándalo de los “falsos positivos”, como eufemísticamente denomina Uribe a las ejecuciones sumarias, provocó la dimisión del jefe del Ejército, Mario Montoya, el “héroe” de la liberación de Ingrid Betancourt. Veintisiete oficiales fueron destituidos.

Lucía Morett puede identificar a los agentes que la interrogaron. Además, vio y escuchó, inerme, traumatizada y aterrada, cómo la tropa de elite colombiana remataba a los heridos. Al menos un sobreviviente del bombardeo fue torturado y asesinado de siete disparos con armas diferentes, dice un informe realizado por forenses europeos. Correa acusó a Bogotá de incurrir en crímenes de lesa humanidad. Lucía Morett es una testigo de cargo clave. Álvaro Uribe lo sabe. Por eso busca criminalizarla. Callarla. Sabe que Lucía puede conducirlo al banquillo de los acusados en el Tribunal Penal Internacional. Ésa es la razón por la cual, desde un comienzo, se montó una campaña de intoxicación y terrorismo mediático contra Lucía Morett y sus cuatro compañeros asesinados, un libro incluido.

El 16 de abril, en Cancún, en presencia de Felipe Calderón, Uribe dijo que los cinco eran terroristas, delincuentes y narcotraficantes. Y a través de dos dirigentes de la ultraderecha local, Guillermo Arzak y José Antonio Ortega, promovió aquí un juicio por “terrorismo internacional” contra Lucía y otras 16 personas. Ese juicio y una averiguación previa abierta por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) están sustentados en miles de correos electrónicos, presuntamente intercambiados por el número dos de las FARC, Raúl Reyes, con “subversivos” del mundo.

Pero según el noticiero de Canal Uno de Colombia, el capitán Ronald Ayden Coy Ortiz –investigador antiterrorista de la DIJIN, la policía científica, quien elaboró el informe del computador que se atribuye a Reyes– declaró bajo juramento ante la Fiscalía que no encontró e-mails en el ordenador. “Sólo había documentos de Word.” Eso podría dejar sin curso la investigación contra políticos, legisladores y periodistas de Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y México. Y exonerar también a Lucía Morett y sus compañeros. Claro, si aquí existiera una justicia imparcial.

Tendrán los celulares pájaros en el alambre

 

Leticia Robles

Excelsior

 

 

Todas las charlas telefónicas y mensajes de texto enviados mediante celulares de prepago o por contrato serán grabados de manera automática y conservados, como parte de las nuevas reglas aprobadas por el Congreso de la Unión para combatir el uso de esta tecnología en extorsiones y secuestros.

La medida aplicará a todo el territorio nacional y las compañías telefónicas deberán conservar las grabaciones y registros durante un año. Esta información sólo podrá ser utilizada por los procuradores General de la República y estatales, a fin de garantizar su uso exclusivo en investigaciones policiacas. Se trata de las nuevas obligaciones que los empresarios del sector deberán cubrir, según la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones enviada desde el martes desde el Senado al Ejecutivo federal para su promulgación.

El artículo 44 de esta ley, que crea el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, precisa el catálogo de obligaciones para quien ofrezca este servicio en territorio mexicano. En su fracción se establece que se deberá “conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad”.

Este registro deberá permitir la identificación con precisión del tipo de comunicación, servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) y de mensajería o multimedia empleados, incluidos los textos cortos. También deberá contener los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número marcado y modalidad de líneas con contrato, plan tarifario o prepago. También conservará los datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación.

“La obligación de conservación de datos a que se refiere la presente fracción cesa a los doce meses, contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación”, indica la ley. Ordena que “los concesionarios tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control”.

También estarán prohibidos los llamados “números privados”, por lo cual todas las compañías deberán hacer compatible sus sistemas de identificación de llamadas. Cuando la reforma fue aprobada en comisiones del Senado, en septiembre pasado, el presidente de la Comisión de Comisiones y Transportes, Ángel Aguirre Rivero, informó a Excélsior que estas disposiciones fueron trabajadas y consensuadas con la Comisión Federal de Telecomunicaciones y los empresarios del ramo. La nueva disposición legal empata a México con mecanismos de seguridad que se aplican en otras naciones.

Con las nuevas reglas de seguridad en el uso de celulares de prepago o por contrato todas las conversaciones telefónicas realizadas en territorio nacional, inclusive desde un teléfono fijo a uno móvil, se grabarán en automático, igual que los mensajes escritos o multimedia y se conservarán durante un año.

La disposición forma parte de la estrategia para combatir el uso de esta telefonía en extorsiones y secuestros, la que desde el martes pasado el Senado envió al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

Incluye un candado para que esta información sólo sea conocida por los procuradores General de la República y estatales, además de la compañía que la preserve, y únicamente se abra cuando sea necesario para una investigación.

El artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, reformado por el Congreso, establece dentro de las obligaciones de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, en el punto XII, que deberá “conservar un registro y control de comunicaciones realizadas desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad”.

Este registro deberá permitir la identificación, con precisión, del tipo de comunicación, sea transmisión verbal, buzón de voz o datos; servicios suplementarios, incluidos el reenvío o transferencia de llamada; los servicios de mensajería o multimedia y los mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados.

También los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino y si se contrató por plan tarifario o por prepago.

Los datos necesarios para determinar fecha, hora y duración de la llamada, así como el servicio de mensajería o multimedia; deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio.

Será necesaria la ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas y estarán obligadas a conservar estos datos 12 meses.

Ordena que “los concesionarios tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control”.

En el punto XIII establece que los datos conservados deberá entregarlos al procurador general de la República o procuradores generales de Justicia de las entidades, cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada.

“Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos; cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales.

“Los concesionarios están obligados a entregar la información dentro del plazo máximo de 72 horas siguientes contados a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad judicial.

“El Reglamento establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los legalmente autorizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizado.”

De igual forma las empresas estarán obligadas a “realizar el bloqueo inmediato de las líneas contratadas bajo cualquier modalidad, reportados por los clientes o usuarios como robados o extraviados; realizar la actualización respectiva en el registro de usuarios de telefonía; así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales”.

En caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía, en cualquiera de sus modalidades de contratación, deberán dar aviso al concesionario, a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto sea registrado el nuevo usuario

 

 


Publicado por solaripa69 @ 10:01
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