Martes, 16 de diciembre de 2008

Hay que rediseñar la estrategia de seguridad; la actual fracasó: CNDH

■ “Se evidencian excesos en el uso de la fuerza pública que vulneran derechos individuales”

■ De 2006 a la fecha, 48 millones de personas fueron víctimas de un delito; siete plagios al día

Víctor Ballinas (Enviado)

Culiacán, Sin., 15 de diciembre. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, destacó hoy aquí que de enero de 2001 a noviembre de 2008 ocurrieron en el país 20 mil secuestros, 2 mil 500 por año, siete al día, aunque sólo fueron denunciados 5 mil 140; el resto forma parte de la cifra negra de delitos no denunciados.

Al presentar aquí el segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública, el ombudsman nacional subrayó que en ese mismo periodo se registraron 10 mil 500 ejecuciones atribuidas al crimen organizado, y “solamente de enero de este año a lo que va del mes ocurrieron 5 mil 585”.

Los estados que encabezan la lista de más asesinatos son: Chihuahua, con mil 878; Sinaloa, 853; Baja California, 535. De esas ejecuciones, precisó, 86 por ciento son de civiles, 12 por ciento de servidores públicos y 2 por ciento de menores de edad.

El titular de la CNDH resaltó que en el periodo de enero de 2006 a noviembre de 2008 –gran parte de la administración del presidente Felipe Calderón–, 48 millones de personas fueron víctimas del delito, 16 millones por año y 43 mil 835 al día. “Es el periodo en el cual se presenta el mayor incremento de violencia, de casi 90 por ciento”, indicó.

El número de delitos cometidos, detalló el titular de la CNDH, se obtiene de las cifras oficiales más la lista negra de delitos no denunciados, que es de 90 por ciento en los tres años recientes; sólo uno de cada 10 delitos se denuncian, de los cuales sólo casi dos son consignados. Esto es lo que representa un margen de impunidad de 98.76 por ciento.

Ante este panorama, el ombudsman nacional aseveró: “es un hecho innegable que la seguridad pública en México se enfrenta a uno de los momentos más sensibles y delicados de la historia, no sólo por el número de delitos que diariamente se cometen a lo largo y ancho del país, así como por la violencia presente, sino también por la adopción de nuevas estrategias que han resultado ineficaces para combatir la inseguridad, como la inclusión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, sobre la base de considerar el problema, al menos de hecho, como un asunto de seguridad interior o nacional”.

En este segundo informe, que este día fue entregado al presidente Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y a los secretarios de Defensa Nacional, de Seguridad Pública y al titular de la PGR, el presidente de la CNDH demanda: “la realidad nos coloca en la condición de replantear las estrategias en materia de seguridad pública.

“El modelo aplicado hasta hoy presenta un severo desgaste, que va desde la tendencia de los cuerpos policiacos a cumplir deficientemente su labor, hasta excederse en sus atribuciones e incluso coaligarse con la delincuencia.”

Soberanes Fernández cuestionó el hecho de que el concepto de “ seguridad pública” se ha ido modificando o flexibilizando, a grado tal de equipararlo al de “seguridad interna o interior”, situación que se traduce en elevar un problema, que de origen entra en la competencia de las fuerzas de seguridad del orden civil, a un ámbito que por mando constitucional es de competencia de las fuerzas armadas, lo que ha permitido que el Estado mexicano libre una “guerra” con base en una estrategia de contención en contra de la delincuencia organizada.

En esa lucha, resaltó el ombudsman, “bajo el parámetro del ejercicio de la mayor fuerza pública, también se evidencian excesos, que desembocan en un alto grado de vulneración a las libertades individuales de los mexicanos, generando, además de víctimas del delito, víctimas del abuso del poder. Se evidencian excesos como la práctica de la tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos, privaciones arbitrarias de la vida y, en general, violaciones a los derechos humanos individuales y, eventualmente, un quebrantamiento del estado de derecho a través del abuso de poder”.

Soberanes Fernández precisó: “los graves abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas castrenses han quedado evidenciados en las 19 recomendaciones que la CNDH ha turnado a las fuerzas armadas; el mayor número en la historia del país se registró entre 2007 y 2008”.

Puntualizó que bajo este escenario “es muy importante que el Estado delimite la magnitud que el problema de la delincuencia ha provocado, y si ha adquirido tal dimensión para poner en riesgo la seguridad nacional o interior del país; de ser así, tendría que definirse el rumbo hacia el que se dirigirán los esfuerzos de los agentes de la ley, incluidos miembros de las fuerzas armadas en funciones de policías, así como la responsabilidad a la que estarían sujetos en caso de una violación a los derechos humanos al asumir una función propia de la autoridad civil estando al margen del fuero de guerra”.

Bajo este contexto, sostuvo, el fracaso de las medidas y acciones adoptadas por los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad pública “coloca al mismo gobierno en el problema de la inseguridad pública como un flagelo que no se logra contener. Y es en este escenario en el que la CNDH expresa su preocupación por el tipo de acciones que el Estado está realizando a través del impulso de múltiples planes y programas de gobierno que no están vinculados y coordinados entre todos los actores responsables de resolver el problema, y de reformas legales regresivas y altos presupuestos e inversiones en mecanismos de seguridad como una apuesta para enfrentar a la delincuencia”.

El ombudsman nacional demandó al Estado “acciones más allá del mero discurso o muestras de buena voluntad”, y propuso: rediseñar la estrategia nacional en materia de seguridad pública; una política de seguridad seria y profunda que prevenga el delito y no que sólo reaccione por la vía de la justicia penal; garantizar el acceso a la justicia; eliminar las prácticas que generan subregistros delictivos, como las actas circunstanciadas o actas especiales de hechos, y crear una instancia imparcial y autónoma del Ministerio Público que investigue los delitos donde están involucrados policías y elementos de seguridad pública.

También, impulsar una red nacional de atención a víctimas del delito y crear un fondo de compensación para éstas; generar una percepción de que se respeta la ley, y sancionar a quien la viola.

■ Peligro de que la economía global caiga en crisis prolongada, advierte el jefe del organismo

Se multiplicarán revueltas si no se reparte mejor la riqueza: FMI

■ Se han hecho muchos anuncios para paliar la debacle, pero “luego no se ha ido rápido”, acusa

■ Japón reporta el mayor desplome en la confianza empresarial en 30 años; China se desacelera

Reuters y Dpa

Madrid, 15 de diciembre. Revueltas sociales como las vistas en Grecia podrían propagarse, a menos que el sector financiero global distribuya la riqueza de manera más equitativa, afirmó el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.

“Si no logramos hacer eso, podría haber revueltas populares en muchos lugares, incluidas las economías avanzadas”, advirtió Strauss-Kahn en una conferencia en Madrid, y añadió que la economía global podría caer en una crisis prolongada que generaría malestar entre la población, a menos que los gobiernos implementen rápidamente los prometidos paquetes de estímulo.

Hizo hincapié en que el próximo año va a ser “muy difícil”, y que la recuperación económica puede no llegar hasta 2010. Para Strauss-Kahn, la crisis económica mundial será peor de lo previsto.

También añadió que el mundo necesita medidas de estímulo de alrededor de 2 por ciento de su producto interno bruto (PIB) –1.2 billones de dólares– para reducir el riesgo de una dañina recesión global, y que el sector financiero del orbe debe compartir en forma más amplia la riqueza. “Si no logramos hacer eso, podría haber revueltas populares en muchos lugares, incluyendo en las economías avanzadas”, insistió.

“La buena noticia, con algunas excepciones, quizá muchas excepciones, es que podríamos ver el comienzo de la recuperación a finales de 2009, comienzos de 2010, pero hay muchos riesgos”, agregó.

El crecimiento se está desacelerando a paso firme en China por los efectos de una caída sin precedente en la economía global, lo que genera temores de protestas populares como las ocurridas en Grecia, expresó el jefe del FMI. Sin una mayor celeridad de los gobiernos, el comienzo de la recuperación a finales de 2009 o comienzos de 2010 podría demorarse, alertó.

“Queda mucho por hacerse, y si no se hace será difícil evitar una crisis duradera que todo el mundo quiere evitar”, reiteró Strauss-Kahn durante una conferencia en Madrid.

“Periodo crítico”

El FMI probablemente recorte el mes que viene su estimación de crecimiento económico global de 2.2 por ciento para 2009, dado que los gobiernos no han podido o querido presupuestar suficientes fondos públicos para restaurar la confianza económica y reiniciar la recuperación, agregó.

“Nos enfrentamos a un descenso sin precedente de la producción, y existe una incertidumbre sustancial que limita la eficacia de algunas medidas fiscales. Debemos movernos muy rápidamente para restaurar la estabilidad económica y financiera. Este es un periodo crítico y las decisiones que se tomen ahora determinarán el futuro de la economía global”, sentenció.

“Se han anunciado muchas cosas, pero creo que luego no se ha ido rápido, y ese es uno de los componentes de la falta de confianza”, declaró Strauss-Kahn.

En ese sentido, especificó que el paquete de estímulo de la Unión Europea, equivalente al 1.5 por ciento del PIB del bloque, no es suficiente para promover una rápida recuperación económica. Llamó a la Unión Europea para hacer esfuerzos adicionales para reactivar la economía de la zona.

“Realmente creo que 1.5 por ciento está por debajo de lo que necesitamos”, indicó Strauss-Kahn. Para quien un síntoma de la crisis es la desaceleración en el crecimiento de China.

“Comenzamos con China con un crecimiento de 11 por ciento, luego ocho, después siete y luego crecería probablemente cinco o seis por ciento. La posibilidad de una recesión global es real, nos damos cuenta de que algo debe hacerse”, afirmó el jefe del FMI.

El organismo previó que el crecimiento chino podría reducirse a casi la mitad el próximo año a medida que la desaceleración global absorba a la mayor economía emergente.

En tanto, Japón reportó el desplome más agudo en la confianza empresarial en tres décadas, mientras China informó que su producción industrial se expandió al menor ritmo desde 1999, reforzando la evidencia de que un declive global duraría a lo largo de todo el próximo año.

Los mercados asiáticos repuntaron a pesar de los datos desfavorables, impulsados por las expectativas de que la Casa Blanca intervendrá para evitar el colapso de las “tres grandes” firmas automotrices de Estados Unidos.

Pero las proyecciones flojas de las automotrices europeas y las consecuencias de un presunto fraude de Wall Street mantenían contenidas las acciones europeas y estadunidenses.

El director gerente del FMI reveló en conferencia de prensa que el crecimiento de China, cuarta mayor economía del mundo y acostumbrada a tasas de crecimiento de dos dígitos, podría bajar a 5 por ciento el próximo año, desde 9.7 este año.

Añadió no ver riesgo inminente de deflación en el mundo a causa de la desaceleración económica y el descenso de los precios de materias primas.

“Hoy día la inflación es muy baja, pero esto no significa que nos enfrentemos a una posible deflación en el corto plazo. Naturalmente, siempre existe el riesgo y no diría que la posibilidad es igual a cero”, comentó.

Jusidman: los planes sociales están hechos “con las rodillas”

■ Son ocurrencias de personas que no conocen el país, asegura la consejera del Unicef

■ El programa de guarderías de Calderón tiró a la basura normas creadas por la Secretaría de Salud

■ Medidas macroeconómicas reproducen sin cesar un mayor número de pobres: David Ibarra

Elizabeth Velasco C.

Los programas sociales gubernamentales están hechos “con las rodillas, de acuerdo con lo que se le ocurre a gente que está detrás de un escritorio y desconoce tanto la historia como la realidad del país, para en su lugar aplicar cosas muy ingenuas y de mucha ignorancia”, afirmó Clara Jusidman, consejera del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Como ejemplo mencionó el programa de guarderías creado en la gestión de Felipe Calderón, que dejó de lado normas establecidas para proteger a los menores “simplemente porque fue una ocurrencia de alguien hacer un proyecto”.

Enfatizó: “En el país había una norma creada por la Secretaría de Salud, la cual establecía que todo aquel que quisiera hacer una estancia o guardería infantil tenía que cumplirla. Pero se tiró a la basura –ni siquiera sabían que existía la norma– porque fue una decisión presidencial. No se vale destruir ese conocimiento y experiencia de protección y garantía de los derechos de este grupo de infantes de alta sensibilidad y vulnerabilidad”.

Durante la presentación del libro Migraciones vemos... infancias no sabemos, la también consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal resaltó que dicho programa “ha venido a competir con los de grupos sociales, porque ha bajado el precio para que las madres inscriban a sus hijos, pese a que no tiene la calidad que amerita”.

Así, en lugar de “apoyar a las asociaciones civiles capacitadas para atender a los pequeños, está provocando su destrucción; un ejemplo es Ciudad Juárez, donde no las tomaron en cuenta ni les preguntaron su experiencia porque había que reinventar el hilo negro y el agua tibia. No se vale. Eso es parte de la desestructuración que vivimos”.

Del libro mencionado, destacó que pone “en evidencia esa desestructuración que hoy viven las instituciones y los programas públicos, en lugar de su transformación y adecuación a las nuevas realidades sociales”.

La exclusión

En la obra, coordinada por Nashieli Ramírez, sus autoras, todas reporteras, retratan la exclusión de millones de mexicanos desde temprana edad, a causa de la falta de políticas económicas de inclusión social. De ahí deriva la migración que, sin contabilizar a los migrantes internos temporales (por ejemplo, jornaleros agrícolas), abarca 26 por ciento de la población.

A ellos se suman 4.7 millones de jornaleros, de los cuales un millón son niños que a “muy temprana edad son confrontados con situaciones de inseguridad, violencia y discriminación”.

Añadió que programas como Oportunidades no cubren a la población infantil de familias jornaleras que al menos seis veces al año emigran en el interior y al exterior del país. Además, esos niños de uno a cinco años están excluidos de programas sociales.

Por su parte, el ex secretario de Hacienda David Ibarra advirtió que el problema medular de la política social es que forma parte de medidas macroecónomicas que, en lugar de eliminar la exclusión vía la creación de empleos y el uso de los impuestos para devolver servicios, reproducen sin cesar un mayor número de pobres por la falta de correspondencia con la microeconomía.

Jusidman puntualizó, parafraseando a Natalio Botana, que “las clases políticas en América Latina usan los recursos públicos que les aportamos para reproducirse ellos, para mantenerse en el poder y sus representaciones, dejando de producir bienes públicos”. “Ya no hay preocupación por el deber de los funcionarios públicos. Se acabó. Los recursos sirven para sus campañas y para hacer programas clientelares, pero no estamos construyendo ciudadanía ni derechos de ciudadanos”.

CNTE: 29 años

Luis Hernández Navarro

Hace 29 años nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El encuentro fundacional se efectuó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 17 y 18 de diciembre de 1979. Desde entonces, año con año, el movimiento magisterial democrático ha protagonizado importantes luchas en el ámbito laboral y político.

La CNTE se formó promovida por vigorosos movimientos regionales de maestros en estados como Chiapas, Tabasco, la Montaña de Guerrero y La Laguna. Demandó un aumento salarial de 30 por ciento, rezonificación por vida cara y democracia sindical. No fue producto de la iniciativa de algún partido o grupo político.

De hecho, las corrientes sindicales que actuaban en el interior del sindicato, incluyendo algunas con muchos años de actividad, quedaron relegadas ante el vertiginoso empuje de los profesores de base. Su nacimiento permitió que esas luchas locales rompieran su aislamiento, extendieran la protesta a otros estados y se proyectaran a nivel nacional.

La Coordinadora se definió a sí misma como una fuerza democrática e independiente que luchaba dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), claramente diferenciada de Vanguardia Revolucionaria y los partidos políticos. Era una fuerza formada por los maestros de base organizados en consejos centrales de lucha (CCL), grupos promotores y corrientes sindicales.

Dominaba la dirección gremial desde 1972 Vanguardia Revolucionaria. Su dirigente, Carlos Jonguitud Barrios, controlaba el sindicato con mano de hierro, grupos de golpeadores y un sistema de canonjías a sus incondicionales, entre las que se encontraban las dobles plazas, las licencias sindicales con goce de sueldo, los créditos y los programas de vivienda. El SNTE formaba parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Gobernaba el país José López Portillo. La propaganda oficial anunciaba que México nadaba en petróleo y se debía preparar para “administrar la abundancia”. Pero lo salarios de los trabajadores de la educación eran raquíticos y la inflación en los estados donde se explotaba el oro negro los hacían aún más precarios. “País petrolero, maestro sin dinero”, coreaban los mentores en sus protestas.

Se acababa de aprobar una reforma política que legalizó al Partido Comunista Mexicano (PCM). Los maestros pertenecientes a grupos más radicales temían que esa legalización implicara que, a partir de ese momento, la lucha social se rigiera por criterios parlamentarios, dando al partido y a sus aliados el monopolio de la interlocución de la lucha reivindicativa.

En 1979, la insurgencia obrera de los años 70 había sido derrotada. La inmensa mayoría de las tendencias sindicales democráticas que actuaban en el interior de los grandes sindicatos nacionales habían fracasado en su intento de remover a los líderes venales. Así había pasado con los electricistas y los metalúrgicos. El entorno gremial en el que la CNTE desplegaba su lucha era desfavorable.

Han pasado 29 años desde entonces. Han gobernado al país seis presidentes de la República de dos partidos diferentes. Una y otra vez, mandatarios y funcionarios en turno, aliados con los charros sindicales, han tratado de acabar con la Coordinadora. Decenas de sus dirigentes ha sido asesinados, encarcelados o despedidos. Pero no han podido: el movimiento sigue. Con altas y bajas, transformándose y reinventándose en el camino, la CNTE ha sobrevivido y se conserva como una poderosa organización sindical.

En muchos lugares las organizaciones que la integran son una formidable escuela de democracia y ciudadanía. Son una isla en el mar de corrupción del sindicalismo nacional y una fuerza anticorporativa. Reivindican la dignidad del magisterio. Cuando han ganado las secciones sindicales del sindicato, su gestión ha sido, en lo esencial, honesta. En algunos estados se han convertido en sujeto pedagógico alternativo.

En el camino, una parte de sus dirigentes han formado, dirigido o asesorado organizaciones urbano populares y campesinas. Los maestros democráticos siguen comportándose, en las zonas rurales, como intelectuales orgánicos del campesinado. Otros se han incorporado a los principales partidos de izquierda. Unos cuantos han sido diputados y funcionarios públicos. Su compromiso, constancia y paciencia con la causa democrática y popular son asombrosos. La lucha de muchos sectores subalternos en el país sería incomprensible si no se contempla en su análisis el papel que han desempeñado en ellas los trabajadores de la educación democráticos.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Algunos de ellos han sido cooptados, sobre todo a partir de 1989, por Elba Esther Gordillo. Otros han traicionado a sus compañeros y se han convertido en todo aquello contra lo que siempre lucharon. Algunos más hasta, como sucedió con Solidaridad campesino-magisterial de Chiapas, se volvieron paramilitares.

A lo largo de los últimos dos años la CNTE ha desempeñado un papel central en la resistencia contra la Ley del ISSSTE y en el rechazo a la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE). Sus integrantes fueron la columna vertebral en la oleada de amparos contra la reforma y para boicotear la afiliación al sistema de pensiones privado. Desde comienzos de este años escolar han estado en primera línea en la defensa de la educación pública y el normalismo.

A 29 años de formada, la Coordinadora está más viva que nunca. Ha superado la prueba del tiempo. Cuenta con una dirección estable y objetivos de lucha claros.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:33
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