Lunes, 02 de febrero de 2009

Desapariciones: horror multiplicado y disperso.

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

El 26 de noviembre del año pasado Luis Eduardo Cisneros Zárate fue asaltado por policías municipales de Chalco, Estado de México. La joven víctima es un activista, maestro de la Preparatoria popular Jacinto Canek, en Ciudad Nezahualcóyotl. Ha concluido ya sus estudios de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y se afana en saber más: cursa al mismo tiempo la carrera de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la maestría en desarrollo y planeación de la educación en la propia UAM.
Algo en su apariencia llama la atención de los agentes municipales y les desagrada. O simplemente lo escogen para hacer sentir su autoridad. O para obtener algún provecho ilícito. Lo golpearon y lo condujeron, sin acusación alguna, a la cárcel municipal. Al salir, Cisneros Zárate hizo la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Transcurrieron dos semanas sin que, imagino, se le llamara siquiera a ratificar su denuncia. Pero sospecho que los agraviados con ella le seguían los pasos. El 12 de diciembre, al salir de la estación Tepalcates del Metro a las 10 de la noche, Luis Eduardo abordó un transporte público para dirigirse a su casa. No llegó a su destino. El 15 de diciembre sus padres denunciaron su desaparición ante el Ministerio Público de Nezahualcóyotl. Transcurrió más de un mes sin que se supiera nada del joven profesor. El 23 de enero recibieron la amarga noticia de que el cuerpo de su hijo se hallaba en el anfiteatro del Servicio Médico Forense de Chalco.
Un caso como ese (denunciado a la opinión pública por la comunidad de la UAM-Xochimilco) no es, por desgracia, un suceso anómalo, extraordinario, como debería serlo en una sociedad civilizada. Al contrario, forma parte de un fenómeno que se dispersa por todo el país y se multiplica bajo diversas formas. Se trata de la privación ilegal de la libertad, de desapariciones que se multiplican ante la indolencia gubernamental o, lo que es peor, con la participación y el concurso de agentes de la autoridad.
Si la vida no vale nada (y por eso crece sin freno el número de homicidios violentos), tampoco la libertad es un bien apreciable y cualquiera milita contra ella. Ya son secuestradores que retienen a sus víctimas en busca de dinero; ya son matarifes que se apoderan de gente para ultimarla poco después; ya son agentes de la autoridad que, por descontrol u obedeciendo instrucciones, sacan de su cotidianidad a personas, generalmente militantes de una causa, como forma de combatirla. Hay casos, además, que no caben en esas categorías, como el del ciudadano estadunidense de origen cubano Félix Batista, experto en secuestros, quien no fue capturado con violencia sino que accedió a subir a un vehículo, en Saltillo, hace ya varios meses, sin que se demande el pago de cantidad alguna, pero de quien no se sabe nada. O como el de Cisneros Zárate, quien acaso fue castigado por atreverse a denunciar un abuso de autoridad.
Es preciso denunciar caso por caso y clamar porque las desapariciones sean penadas conforme a la ley. No debemos resignarnos a que esa práctica infame se multiplique y generalice hasta hacerse parte de la vida cotidiana, un elemento más del paisaje. Siendo todos importantes, porque la libertad de las personas es un bien que la sociedad debe respetar y proteger en todos los casos, algunas veces reviste especial importancia, porque se conectan con ellas factores relacionados con la convivencia y con la gobernabilidad.
Eso ocurre con Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a los que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) reputa como sus miembros y fueron hechos desaparecer en fecha ya remota, el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca. Después de muchos estériles llamados a que fueran presentados con vida, esa organización guerrillera pretendió alcanzar ese fin mediante procedimientos propios de su opción armada: en julio y septiembre de 2007 atacó instalaciones de Pemex, causando graves daños materiales y generando importantes consecuencias económicas. De esa manera buscó demostrar que la libertad de sus compañeros es un objetivo en cuya consecución puede ir muy lejos. En abril pasado, abriendo otra ruta, por entero diferente hacia la misma meta, el EPR propuso a un grupo de ciudadanos constituir una comisión mediadora en pos de un diálogo con el gobierno que permitiera la devolución de Reyes Amaya y Cruz Sánchez a su vida normal. Al aceptar la encomienda, los convocados pidieron al EPR que se abstuviera de acciones armadas mientras durara su intervención. La tregua unilateral así adoptada por la guerrilla con más notables signos de activismo en el país ha sido respetada cabalmente, pero a nueve meses de instaurada, ante los nulos avances de la mediación debidos a la negativa actitud gubernamental, la comisión se aproxima a un punto de definición que en uno de sus extremos dejaría al EPR liberado de su compromiso y colocado, en consecuencia, en posición de volver a atacar.
Después de un período inicial de reticencia a admitir siquiera que la Comisión Mediadora podía ser el conducto para una aproximación al EPR, así fuera sólo en torno a la presentación de sus dos miembros desaparecidos, el gobierno federal determinó que la Secretaría de Gobernación entrara en contacto con la Comisión Mediadora. Una delegación de aquella dependencia, encabezada por el subsecretario Abraham González Uyeda, ha escuchado los planteamientos de los mediadores, expuestos en sendos documentos de junio y agosto pasados, pero no ha dado a ellos respuestas que satisfagan al propósito mediador. A lo más que se ha llegado es a la admisión gubernamental de que se trata de un caso de desaparición forzada, lo cual implica aceptar la responsabilidad del Estado, sin que Gobernación admita llegar a esa consecuencia. Para avanzar en el contacto, y habida cuenta que la Comisión ha recabado valiosa información que requiere cotejar con fuentes oficiales, ha insistido en ampliar su interlocución especialmente con la Secretaría de
la Defensa.
Urgida a que acepte esa ampliación o de plano la niegue, Gobernación fijó un plazo de 15 días, que la Comisión interpretó que concluiría el viernes pasado, 30 de enero, para manifestarse a ese propósito. A la hora de escribir estas líneas no se tenía noticia de la posición oficial a este respecto. De lo que diga Bucareli, o deje de decir, se desprenderán consecuencias relevantes que examinaremos oportunamente.

 

Mano dura

Bernardo Bátiz V.
Hace ya varios meses, en un debate que tuvo lugar sobre la llamada reforma judicial, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), uno de los defensores de los proyectos que estaban ya circulando en las cámaras dijo, en defensa de la posición oficialista y en un arranque de sinceridad, que en realidad lo que pretendían era “mano dura”.

Se hablaba por supuesto de los juicios orales, de la transparencia y de la sustitución de los procesos inquisitorios por procesos controversiales en los que cada parte se encuentre en igualdad de situaciones, derechos y recursos frente a un juez imparcial; las objeciones que hacíamos entonces siguen siendo válidas para la oralidad no se necesitaba reforma constitucional, los juicios en buena medida ya eran orales en los careos, en las audiencias, en los interrogatorios a testigos y comparecencias de peritos; los juicios ya son controversiales desde las reformas impulsadas por Carranza en la Constitución de 1917, lo único que faltaba era experimentar a fondo el procedimiento y limpiarlo de corruptelas e ineptitudes.

Señalábamos también que lo que se buscaba en el fondo era justificar la “mano dura”, como se aceptó expresamente, dándoles como se hizo al reformar el artículo 21 constitucional, más facultades y fuerza a las policías, restándoselas en la misma proporción a la institución del Ministerio Público. El nuevo texto del artículo 21 constitucional equipara en cuanto a la posibilidad de investigar delitos a la policía con el Ministerio Público y estamos viviendo ya las consecuencias de esa apertura no bien meditada, apresurada y justificada en apariencia por el aumento de los delitos violentos y por la campaña, que tendrá que explicarse un día, tendiente a meter miedo a la población.

Se multiplican los cateos ordenados por jueces especializados, algunas veces, otras sin orden especial; los retenes se vuelven cotidianos y no es remoto que se dispare a quienes consciente o inconscientemente los desobedecen, pensando quizá que las garantías individuales siguen vigentes; la Universidad Autónoma Metropolitana, sus alumnos y profesores reclaman en un desplegado la muerte del joven investigador y estudiante Luis Eduardo Cisneros, detenido indebidamente por policías de Chalco, golpeado y robado por ellos, a quienes denunció ante el Ministerio Público.

Su denuncia, en lugar de haber sido el detonante de un proceso para sancionar a los policías arbitrarios, fue el inicio de un calvario para el joven universitario y su familia; recibió amenazas, tuvo que abandonar la averiguación previa, pero, a pesar de todo, finalmente fue secuestrado de nueva cuenta y durante varias semanas no se supo de él hasta que apareció su cadáver en el Semefo del municipio de Chalco, con múltiples contusiones y signos de violencia.

Los culpables son sin duda los policías que actuaron directamente en los dos atropellos al universitario, pero también lo son los funcionarios que no actuaron con imparcialidad y eficacia ante la primera denuncia, así como quienes durante 15 días conservaron el cuerpo del joven en la gaveta del servicio forense, sin dar aviso a la familia, sin colaborar con quienes buscaban a un hijo y en franca complicidad con quienes cometieron inicialmente los delitos, pero, además, dando muestras de una insensibilidad total, falta de humanidad y una carencia de ética inaceptable en un servidor público.

Otros excesos de los que nos enteramos por noticias recientes de los medios de comunicación son los verdaderos saqueos que se cometieron al catear las propiedades del defenestrado Mariano Herrán Salvatti y la muerte de un campesino en Guanajuato durante el interrogatorio y tortura a que fue sometido por los policías que investigaban un robo de ganado.

Siempre han existido, lamentablemente, abusos policiacos; sin embargo, estamos viviendo un incremento de casos en los que no sólo se produce el atropello, sino que se trata de ocultar y proteger a quienes lo cometen; estamos ante la presencia de los que los entusiasmados reformadores buscaban: “mano dura”, con objeto de dar la impresión de mayor seguridad a la población, pero con el costoso pago de la violación sistemática a los derechos humanos. La verdad es que, en efecto, queremos seguridad y justicia, pero no a ese costo.

 

 

 

El IFE se deslinda de transmisión de espots durante programas de tv

■ Comentaristas informan al público que las interrupciones son responsabilidad del instituto

■ La medida “unilateral” de las empresas, otra forma de protestar por la reforma electoral

Alonso Urrutia

Ante la decisión de Televisa y Tv Azteca de incluir los promocionales de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral (IFE) dentro de la programación normal y no en las pausas, la autoridad electoral responsabilizó a ambos consorcios de haber decidido la interrupción de sus programas, cuando siempre han sido transmitidos dentro de los bloques de anuncios, de manera alternada con la publicidad comercial.

“La decisión de agrupar los promocionales de los partidos políticos y de autoridades electorales en un solo bloque, así como interrumpir programas deportivos o de entretenimiento para ofrecer al público la transmisión de los mensajes, ha sido adoptada exclusivamente por las televisoras, pero no por el instituto.”

Si en la transmisión de los partidos del futbol había una interrupción deliberada, durante el Supertazón 43 –uno de los eventos deportivos de más alto rating–, donde abundan las pausas comerciales, lo que hicieron las televisoras fue tomar más espacio del asignado por los organizadores del encuentro para la comercialización. Con ello, los aficionados que tuvieron que ver el partido por la televisión abierta frecuentemente perdían jugadas, y observan en cambio los promocionales del IFE.

Así por ejemplo, las televisoras difundieron un “paquete” de anuncios en cada uno de los cuatro cuartos del partido entre los Acereros de Pittsburgh y los Cardenales de Arizona, así como uno más al final del encuentro. Asimismo, se transmitió un promocional en cada uno de los tiempos de los partidos de futbol que pasaron por televisión abierta entre sábado y domingo, no así en los transmitidos por la televisión de paga.

Esta postura de las televisoras es consecuencia de la inconformidad que han tenido en contra de la reforma electoral, cuando el Congreso de la Unión modificó el esquema de comunicación política y prohibió a los partidos la compra de promocionales y, con ello, acabó con el importante negocio que para los medios electrónicos de comunicación representaban las elecciones.

Antaño, los partidos políticos destinaban poco más de 60 por ciento de sus recursos para campañas electorales en la compra de espacios en radio y televisión. Ahora los partidos tienen acceso a los medios electrónicos a través de los tiempos oficiales, con promocionales de 20 segundos y programas mensuales de cinco minutos.

Al esfumarse el negocio que representaban para los concesionarios de radio y televisión las elecciones, se generan, en primera instancia –en el contexto de la negociación de la reforma– tensiones y presiones al Congreso, que posteriormente fueron trasladadas al IFE, instancia encargada de administrar los tiempos oficiales entre los partidos políticos.

Al fijar una postura respecto de la decisión deliberada de los consorcios televisivos de incluir los espots no en sus bloques comerciales, sino en la programación regular, el organismo explicó que, de acuerdo con la legislación electoral, cuando arrancan las precampañas y campañas el IFE dispone de 48 minutos diarios por cada emisora. Sin embargo, precisó, estos tiempos provienen de la cesión de espacios de las campañas gubernamentales, que están prohibidas en este periodo.

“Con la reforma electoral de 2007 se dispuso que los tiempos del Estado no deben ser utilizados por el gobierno durante las precampañas y campañas electorales, para no afectar la equidad en la competencia partidista. Por eso, a partir del 31 de enero, esos tiempos son utilizados sólo por los partidos políticos y las autoridades electorales.”

Desde el pasado sábado ambas televisoras determinaron incluir los promocionales del IFE y de los partidos interrumpiendo los partidos de futbol o los programas, cuando normalmente se difunden dentro de los espacios comerciales. Incluso en algunos casos, como el de Tv Azteca, los cronistas han hecho comentarios sarcásticos para enfatizarle al público que se debe interrumpir el partido de futbol porque están obligados a difundir los espots de partidos.

Previamente a la transmisión de los partidos y del IFE las emisoras colocaron una leyenda en la que señalan: “los siguientes promocionales son ordenados por el Instituto Federal Electoral y se transmitirán hasta el 5 de julio”, dando a entender que el organismo ordena interrumpir los programas.

En un pronunciamiento, el IFE señala que el Comité de Radio y Televisión pautó la difusión de los mensajes del IFE y los partidos a lo largo del día, determinación que fue modificada unilateralmente por las concesionarias para agruparlos en un bloque interrumpiendo la programación, y contrariamente a la práctica que utilizan cuando se trata de difundir la publicidad gubernamental.

El pautado de los promocionales en las estaciones de radio y televisión fue acordado por los partidos políticos y el Comité de Radio y Televisión de manera previa al inicio de las precampañas, y fue entregado con tiempo de antelación a los medios de comunicación para que tomaran sus previsiones.

Banqueros que desataron la crisis deberían ser procesados por crímenes de lesa humanidad

■ El impacto será devastador, dice el ex ministro de Obras de España, Joseph Borell

■ El Foro Social Mundial no tiene por qué ser no gubernamental, pues otro mundo posible se construye y eso involucra a varios gobiernos, afirma el sociólogo brasileño Emir Sader

Luis Hernández Navarro (Enviado)

Belem, 1º de febrero. Día final del foro. Se clausura tal y como concluyeron los siete foros anteriores: sin acuerdos de programa o de acción. Esas han sido siempre las reglas del juego y, por la más que pasen los años, no se han modificado.

No todo mundo está contento con esta medida. Incluso hay malestar. Los movimientos populares siempre han reivindicado la necesidad de aprobar acciones en común. Como el Foro Social Mundial (FSM) no permite hacerlo se reúnen por separado, en la asamblea de movimientos sociales, y allí pactan un plan de acción internacional multisectorial.

Pero no son los únicos inconformes. En esta ocasión voces tan respetadas como la del filósofo Boaventura Souza, tradicionalmente inclinado a hacer del foro un instrumento exclusivo de deliberaciones, intercambio de experiencias y conocimiento mutuo, sugirió la posibilidad de emprender acciones comunes contra la masacre en Palestina. Lo mismo hizo el economista filipino Walden Belo.

Quienes reivindican los acuerdos mundiales señalan que no hay una instancia parecida al FSM que permita enfrentar de manera unificada los retos planetarios. Según ellos, la izquierda moderna nació siendo una fuerza de vocación internacionalista y los retos que le plantea la globalización la obligan a practicar un nuevo internacionalismo, que vaya más allá de la democracia deliberativa. Uno de sus ejemplos favoritos para demostrar la eficacia de esta forma de acción es la movilización mundial contra la guerra, que se efectuó en centenares de ciudades al comienzo de la invasión estadunidense en Irak, convocada por el Foro Social Europeo de Florencia.

Las reglas del juego

Por el contrario, quienes defienden el actual funcionamiento del foro sostienen que ese fue su mandato original. Estas reglas del juego están claramente expresadas en la Carta de Porto Alegre, en la que se le concibe como “un lugar abierto de reunión, donde grupos y movimientos de la sociedad civil opuestos al neoliberalismo y a un mundo dominado por el capital o por cualquier forma del imperialismo, que a su vez están comprometidos con la construcción de una sociedad planetaria concentrada en la persona humana, se juntan para conjugar su pensamiento, para debatir las ideas democráticamente, para formular propuestas, para compartir sus experiencias libremente y para crear redes de acción efectivas”.

La sesión del séptimo FSM realizado en Nairobi, Kenia, entre el 20 y 25 de enero de 2006, se efectuó en medio de fuertes críticas respecto a la dinámica de su funcionamiento. Esa edición del foro fue dominada por las congregaciones religiosas y las grandes fundaciones de la cooperación internacional con muchos recursos, por sobre los movimientos sociales. El que empresas privadas hayan patrocinado el encuentro, levantó la indignación de quienes ven en él una alternativa a la lógica del mercado. Finalmente, que los organizadores hayan cobrado una cuota para acceder a la reunión, dejando fuera a los africanos más pobres que no tenían dinero para pagarla, fue severamente cuestionado. Con picardía, alguien transformó el lema original del foro “Otro mundo es posible” en “Otro turismo es posible”.

En esta ocasión las críticas se concentraron en el papel preponderante que tienen las ONG en la estructura formal de dirección del foro, en detrimento del que ocupan los movimientos populares.

Según el sociólogo Emir Sader, director de Clacso, hay “una especie de pecado original del foro. Surgió dirigido por un secretariado de ocho organizaciones brasileñas, de las cuales seis son Ong y dos, el MST y la CUT, son movimientos sociales. Es una desproporción. El MST y la CUT tienen una existencia incuestionable, eligen a sus representantes y ponen a votación sus decisiones. A pesar de que algunas Ong como IBASE son conocidas, otras no lo son. Hay, además, un secretariado más amplio, pero está integrado por entidades de varios países que tienen dificultades para estructurarse”.

Para el brasileño las Ong no pueden ser el paradigma de otro mundo posible. Ellas tienen un lugar en su construcción pero el protagonismo proviene de los movimientos sociales. “Yo no me siento representado por las Ong. No todos sienten que participan en fijar el destino del foro ¿Quién las eligió?”, dijo. Desde su punto de vista el foro no tiene porqué ser no gubernamental, pues lo central es dónde se está construyendo el otro mundo posible y eso involucra a varios gobiernos.

El señalamiento apunta a un problema delicado. Formalmente, el FSM es un organismo autogestionado. Sin embargo, quienes tienen el dinero para viajar y para convocar invitados de otros países son las Ong, por lo que ellas acaban decidiendo quién asiste al foro. En cambio, los movimientos populares tienen muy pocos recursos para viajar.

Entre los temas que más interés concitaron en el foro estuvo el de la crisis económica. Bernardo Kucinski, de la agencia Carta Mayor y durante muchos años asesor personal del presidente Lula, señaló que los especialistas que abordaron el tema parecían los cuatro jinetes del Apocalipsis. En general, los análisis que ofrecieron en diversas mesas coincidieron en que lejos de solucionarse a corto plazo, la crisis y sus efectos en el crecimiento del desempleo se van a profundizar.

El impacto será tan devastador que uno de los conferencistas, el doctor en economía Joseph Borell, ex ministro de Obras de España, afirmó que “los banqueros que provocaron la crisis deberían estar presos y procesados por crímenes de lesa humanidad”.

“La crisis –dijo Fátima Bello, integrante del Comité organizador del foro— nos obliga a mejorar nuestras propuestas. Hemos montado una gran red contra la crisis y lanzaremos varias jornadas de acción mundiales y campañas este año, para que los pobres no paguen el pato de la crisis”.

Frente a quienes le restan importancia al foro, Ramón Mantovani, dirigente del Partido de la Refundación Comunista de Italia, sintetiza en tres puntos su balance del encuentro: el foro existe, influye y es lo que hay como organismo coordinador de iniciativas a nivel internacional.

El zar antinarco recibía dinero... del narco

RICARDO RAVELO

Desde que era un funcionario clave de la PGR y hasta su detención el sábado 24, Mariano Herrán Salvatti ha estado bajo sospecha en diversos casos relacionados con la delincuencia organizada. Ya sin protección política, el zar antidrogas del sexenio zedillista enfrenta graves cargos de corrupción y narcotráfico. Y en vista de los altos cargos que ha desempeñado Herrán, tales acusaciones explican en gran medida la gran vulnerabilidad de las corporaciones policiacas ante los cárteles de la droga.


Después del golpe que en 1997 recibió la Procuraduría General de la República (PGR) tras la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces zar antidrogas y a quien se acusó de servir al capo Amado Carrillo Fuentes, el gobierno de Estados Unidos y la Drug Enforcement Administration (DEA) avalaron el nombramiento de Mariano Herrán Salvatti como "la persona ideal" para dirigir el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).

         En aquella época Herrán era subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde realizó un trabajo de investigación relevante sobre la exhumación del cadáver hallado en la finca El Encanto –cuya propiedad se le atribuyó a Raúl Salinas– y que fue presentado públicamente por la PGR, entonces a cargo de Antonio Lozano, como los despojos del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, el llamado "eslabón perdido" del caso del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y a quien se acusa de haberlo planeado.

         Al tomar posesión de su cargo en el INCD, el 10 de marzo de 1997 –uno de los años más convulsionados por la guerra entre cárteles– Mariano Herrán asumió el reto de enfrentar al narcotráfico con una declaración enfática: "La corrupción derivada del narcotráfico ha llegado a los más altos niveles de las instituciones encargadas de combatirlo".

         Jorge Madrazo Cuéllar, entonces procurador general de la República, festejó el nombramiento; destacó los atributos de Herrán y dijo que el presidente Ernesto Zedillo decidió nombrarlo comisionado del INCD porque aprobó rigurosos exámenes en los que demostró "fehacientemente su lealtad, honradez, ética profesional, capacidad y eficacia".

         La DEA, por su parte, avaló el perfil de Herrán Salvatti sin cortapisas. Y Barry McCafrrey, en aquellos años director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, también elogió al nuevo zar antidrogas de México.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:43
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