Mi?rcoles, 04 de febrero de 2009

Dictamen de la Corte ratifica las graves violaciones a la ley cometidas en Atenco

■ Concluye que el uso de la fuerza pública fue desproporcionado, ineficiente e irresponsable

Jesús Aranda

En San Salvador Atenco, estado de México, fueron gravemente violadas garantías individuales y derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, debido proceso, trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia, indica el dictamen elaborado por el ministro instructor de la corte José de Jesús Gudiño Pelayo.

Al darse a conocer ayer la versión abierta –sin datos personales o confidenciales de las víctimas, autoridades y policías que estuvieron involucrados en los hechos violentos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006–, el documento sostiene que el uso de la fuerza pública por parte de la policía del estado de México y de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue ejecutada “de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”, y que, por tanto, el Estado utilizó a las corporaciones policiacas de manera irresponsable y arbitraria.

El documento de 924 cuartillas que incluye fotografías y gráficas de los hechos, cuestiona la actuación del gobierno del estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, y de la PFP, cuyo titular era el actual procurador Eduardo Medina Mora, por no haber cumplido con su obligación de investigar las agresiones y violencia sexual en contra de los detenidos y por no haber actuado penalmente en contra de los responsables.

La actuación de las autoridades, añade, resulta negativa “pues infunde desconfianza en el Estado y temor en los cuerpos de seguridad pública”. “Desconfianza y miedo que, a su vez, es terreno fértil para la inseguridad, la injusticia y la impunidad, porque quien no cree en sus policías, en sus instituciones de seguridad pública, no denunciará ilícitos y, menos aún, colaborará con la autoridad para evitarlos o esclarecerlos”.

Lo cual, enfatiza, se traduce en impunidad e inseguridad que a todos nos afecta, además de que “inhibe la expresión de protesta, totalmente válida –cuando se ejerce sin violencia, en el marco de la ley– en un país que se precia de ser democrático y respetuoso de las libertades del hombre, entre ellas, la libertad de expresión”.

Gudiño señala que las agresiones perpetradas “resultan graves y muy lamentables, considerando el trasfondo histórico que el uso de la fuerza tiene en nuestro país, y las negativas consecuencias que esto pudiera acarrear en un futuro próximo”.

Los hechos, subraya, dan motivo a que se reafirme un sentir colectivo que rechaza y reprueba en términos absolutos el uso de la fuerza, “cuando lejos de ello, es no sólo una facultad que le asiste, sino a veces incluso un deber hacerlo”.

El documento destaca que si bien era justificado el uso de la fuerza para desalojar la carretera Texcoco-Lechería, la falta de protocolos en el uso de ésta y las omisiones en que incurrió la autoridad al no vigilar la actuación de los uniformados, derivaron en la violación de los derechos de las víctimas. Por ello, convocó a los poderes Legislativo y Ejecutivo a reglamentar el uso de la fuerza pública para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Asimismo, advierte que “de nada sirve que se reconozcan, en leyes, en tratados, en discursos, que nuestro país admite y respeta los derechos humanos, si cuando son violados, en este caso por agentes del Estado, amén de que no haya sido por orden institucional, las violaciones quedan impunes y a las víctimas no se les hace justicia”, porque no se toman las medidas necesarias para que los responsables sean identificados y reprimidos.

El ministro, cuyo dictamen será discutido en sesión pública el próximo 9 de febrero, se desmarca en dos aspectos únicamente de la recomendación que emitió en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en cuanto a la violación de garantías de los menores de edad que fueron trasladados a un penal para adultos y del joven que murió a consecuencia de un disparo. Gudiño señala que en cuanto a los jóvenes, éstos fueron enviados al Consejo para Menores en un tiempo razonable y que no existen, por otra parte, elementos que demuestren que el disparo provenía del arma de un policía.

Por lo demás, el dictamen concluye que en este asunto se complementaron las atribuciones que tiene la CNDH y la propia Corte para investigar violaciones graves a las garantías individuales.

Gordillo ganó $252 mil en 2007; detenta dos plaza en el Edomex.

 
En el primer semestre de 2008, recibió la presidenta del SNTE, 106 mil 503.75 pesos 


04/02/2009, 04:02:22 AM

TOLUCA, Méx. (EL UNIVERSAL).- Desde hace 17 años, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, cobra dos sueldos en el Estado de México: uno como directora de primaria y otro como maestra de grupo, sin necesidad de pisar nunca las aulas o la oficina, pues goza de licencia para realizar actividades sindicales en el valle de México.

En 2007 le pagaron por sueldo neto, aguinaldo, prima vacacional, bonos y otros rubros, 252 mil 280 pesos. En el primer semestre de 2008 cobró, por los mismos conceptos, 106 mil 503.75 pesos (213 mil 7.5 pesos en todo el año).

Gordillo goza de licencia especial de Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) para actividades sindicales con goce de sueldo. La dirigente está desde hace 17 años “comisionada a la sección 36 del sindicato, que corresponde a la región Valle de México”.

En la misma situación está su inseparable compañero de batalla, Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del SNTE, quien también figura en la nómina de maestros “federalizados” adscritos a esta entidad, y cobra por una plaza como “jefe de sector de educación primaria-foránea”.

De esa plaza obtuvo ingresos totales en 2007 por sueldo neto, aguinaldo, prima vacacional, bonos y otros la cantidad de 285 mil 454 pesos, mientras en el primer semestre de 2008 cobró, por los mismos conceptos, 177 mil 422 pesos (en todo el año, la suma sería de 354 mil 884 pesos).

Un informe entregado a EL UNIVERSAL por la Unidad de Transparencia del SEIEM, tras un litigio de casi medio año ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (ITAIPEM), indica que ambos dirigentes tienen permiso para ausentarse de sus responsabilidades docentes desde el 4 de junio de 1992.

Dicho informe fue entregado luego de que en una primera solicitud, en julio de 2008, el SEIEM se negó a dar la información con el argumento que era “reservada”. Una segunda solicitud, en agosto de 2008, obtuvo la misma respuesta, pero EL UNIVERSAL la impugnó ante el ITAIPEM, quien finalmente resolvió que la información debe ser pública.

No obstante que el SEIEM entregó incompleta la información —desatendió la orden de entregar los ingresos desglosados por sueldo, aguinaldo, prestaciones, bonos, entre otros, y lugar y nombre de las escuelas donde se ocupan las plazas, se revelaron datos básicos que resguardaba celosamente el gobierno mexiquense.

Se informó que tanto Elba Esther como Rafael Ochoa ocupan las plazas señaladas y desde 1992 tienen un permiso “vigente”, para actividades sindicales.

La información proporcionada por la Unidad de Modernización para la Calidad del Servicio y la Unidad de Trasparencia revela rango de una de las dos plazas que ocupa Gordillo.

En su primer reporte parcial, el SEIEM da cuenta de que la líder del SNTE ocupa dos plazas, pero en su segunda respuesta sólo da cuenta de un ingreso general anual de 252 mil 280 pesos en 2007, y de 106 mil 503.75 pesos en el primer semestre de 2008.

Maestros federales consultados de la sección 17 del SNTE señalan que un director de primaria gana 15 mil pesos mensuales; un profesor casi 7 mil 500 pesos mensuales y un jefe de sector poco más de 16 mil pesos mensuales.

Lo anterior coincide en números redondos con el cobro anual de las dos plazas que ocupa la dirigente sindical, ya que por su sueldo como directora de primaria cobra 14 mil pesos mensuales y como maestra 7 mil, lo cual da exactamente los 252 mil pesos que se reportan, pero sin aportar ninguna documental probatoria.

 

 

La ejecución del general Tello, “muestra del fracaso” de la estrategia de Calderón

■ El Ejército va perdiendo la batalla contra el crimen, dicen políticos, académicos y activistas

■ Legisladores de PRD y PRI demandan retirar a las fuerzas armadas del combate al narcotráfico

Roberto Garduño, Víctor Ballinas y Alfredo Méndez

La ejecución de dos militares y un civil, entre ellos un general de brigada, por parte del crimen organizado, es una muestra de que la estrategia emprendida por Felipe Calderón en contra del narcotráfico ha fracasado y sólo ha propiciado el debilitamiento del Ejército, “que es el que va perdiendo la batalla”, advirtieron políticos, académicos y defensores de derechos humanos.

Diputados de PRD y PRI coincidieron en la necesidad de retirar a las fuerzas armadas del combate a la delincuencia organizada, porque se pone en riesgo el prestigio del Ejército. “Los órganos encargados de enfrentar a los delincuentes, específicamente la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP), desde hace tiempo están metidas en problemas internos. El combate al narcotráfico lo está dando el Ejército y éste no puede estar en esas funciones. Estamos de acuerdo en que es una situación de emergencia, pero no podemos suponer que el Ejército se va a quedar con esa obligación”.

Para Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, “el Ejército es el que está poniendo los muertos, no vemos que esté apoyado por la PGR, la Policía Federal Preventiva (PFP) ni la Agencia Federal de Investigación (AFI), instancias que no están haciendo nada”. Insistió en que los diputados deberán aprobar el dictamen de ley de neutralidad, porque en Estados Unidos se comienzan a dar excusas en torno a su seguridad nacional para poder intervenir en México.

Al comentar el homicidio del general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y dos personas más, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, dijo que el problema a resolver en el tema de la creciente violencia producida por los narcotraficantes se halla en el ámbito económico.

Samuel Aguilar, diputado del PRI, consideró que la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico “es causa perdida, porque las policías encargadas de enfrentar a los delincuentes se encuentran infiltradas”.

En tanto, la fracción del tricolor en el Senado de la República dijo que ante el desbordante problema de la inseguridad en el país, que “es muy grave, tiene que dársele prioridad triple A en su atención”, por ello en el actual periodo de sesiones insistirán en que en las comisiones de Justicia y Seguridad Pública, el PAN “revise las propuestas que el PRI ha presentado para resolver este delicado problema”.

El priísta Fernando Castro Trenti señaló que “es penoso que nos anuncien que va a haber una nueva estrategia anticrimen; se les olvida que ese programa debieron ponerlo en práctica en diciembre de 2006 y no a mitad de gobierno”.

Aseveró que la ejecución de los militares muestra que la estrategia anticrimen de la administración calderonista ha fracasado y no presenta resultados contundentes. “No hay límite a las acciones criminales del narcotráfico, tienen en zozobra a la comunidad, ya no hay paz ni en las iglesias, retan frecuentemente a la autoridad y ésta no acierta más que a decir que van a presentar una nueva estrategia”.

Por otra parte, para el académico de la UAM y especialista en temas castrenses, Guillermo Garduño, el haber echado mano de militares para combatir a los narcotraficantes debilitó a las fuerzas castrenses, pues “en la historia de México se ha demostrado que su Ejército sólo es fuerte cuando su Estado también lo es, y en la actualidad el crimen organizado tiene postrado al Estado mexicano”.

Refirió que la ejecución de un general de brigada demuestra que las autoridades federales van perdiendo la batalla contra los peligrosos capos de la droga.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, manifestó que el asesinato de los tres militares prueba “que no hay resultados en la lucha contra el crimen organizado, y además se extiende la violencia, porque no hay investigaciones, y ante la impunidad se abren espacios para que la delincuencia actúe libremente”.

 

 

 

La venganza contra Herrán Salvatti

·        El ex fiscal acudió a la reunión del PRI en Aguascalientes.

  • Pretendía ser diputado plurinominal por el PRI

ISAíN MANDUJANO

Con el arresto y encarcelamiento del exfiscal antidrogas Mariano Herrán Salvatti en el penal El Amate bajo los cargos de peculado y otros delitos contra el patrimonio de Chiapas, el gobernador Juan Sabines Guerrero se aleja definitivamente de su antecesor Pablo Salazar Mendiguchía, quien fue su principal promotor en los comicios de 2006. El operativo contra Herrán Salvatti, otrora poderoso funcionario, fue una respuesta a la carta enviada el 21 de enero por el exmandatario en la que pedía que se le explicaran las razones de los ataques contra varios de sus seguidores. Tres días después, Sabines le respondió...
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El arresto de Mariano Herrán Salvatti y su internamiento en el penal El Amate, acusado de los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa en agravio del patrimonio del estado, no sólo ponen fin a las aspiraciones políticas del exfiscal, que quería lanzarse como diputado plurinominal por el PRI, sino que también representa una venganza del gobernador Juan Sabines Guerrero, quien se libera así de uno de sus principales opositores.
Contrasta el despliegue policiaco para capturar a Herrán Salvatti, en el que participó una treintena de policías dirigidos por el jefe de seguridad personal del propio mandatario, el militar retirado Orlando Leyva Lobato, y los delitos que se le imputan, en particular el presunto peculado por 6 millones de pesos cometido a su paso por la Secretaría de Economía, que dirigió de octubre de 2007 a junio de 2008.
A Herrán Salvatti se le cuestionaba por sus presuntas ligas con el narcotráfico, y sobre él recaían múltiples acusaciones ciudadanas por los excesos y violaciones a los derechos humanos de los detenidos durante los siete años en que se desempeñó como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). Pero no le detuvieron por eso.
El exfiscal fue detenido la noche del 24 de enero durante una fiesta que se celebraba en una lujosa propiedad de su amiga Dulce Berenice Velásquez Orantes en la colonia Xamaipac, al poniente de esta ciudad. Después de una pequeña escaramuza, los policías ministeriales y preventivos del estado desarmaron a los guardaespaldas de Herrán Salvatti y luego lo arrestaron a él.
De manera simultánea fueron cateadas algunas de sus propiedades, como la Quinta Alejandro, ubicada en este municipio, y le fueron incautados dos venados, un mono araña, así como caballos purasangre con valor de 500 mil pesos, 60 chequeras, escrituras de diversas propiedades, facturas de 25 automóviles y un lote de joyas. Los operativos fueron coordinados por Leyva Lobato.
Al día siguiente, las autoridades organizaron una conferencia de prensa para anunciar el arresto, a la cual asistieron el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), José Luis Solís Cortés, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Raciel López Salazar, y el secretario de Gobernación, Noé Castañón León, quien fue titular del Poder Judicial en el gobierno de Roberto Albores Guillén de 1998 a 2000.
Así mismo, le dieron una gran cobertura al caso mediante inserciones pagadas en la prensa nacional, lo que marcó la ruptura definitiva de Sabines Guerrero con su antecesor, Pablo Salazar Mendiguchía, quien lo impulsó al poder en 2006 con el apoyo del PRD, PT y Convergencia.
Y el 30 de enero por la tarde, el juez tercero del Ramo Penal, Bruno Bermúdez, dictó el auto de formal prisión contra Herrán Salvatti por los delitos mencionados.
La llegada
Mariano Herrán Salvatti llegó a Chiapas a finales de 2000. Llevaba consigo las recomendaciones del entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, del secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, y del embajador estadunidense Jeffrey Davidow.
El gobernador Pablo Salazar lo integró de inmediato a su gabinete como procurador de Justicia. Apenas posicionado, Herrán Salvatti mostró su mano dura. Amparado en el Código Penal del estado, comenzó a quitar del camino a los críticos y adversarios de Salazar, recuerda Miguel Ángel de los Santos Cruz, defensor de indígenas.
Más de una docena de funcionarios incluso fueron remitidos al penal de El Amate, donde ahora el exfiscal ocupa una celda. Arremetió también contra algunos de los colaboradores de Roberto Albores Guillén, quien precedió a Pablo Salazar en el gobierno; y empezó el hostigamiento sistemático contra los directivos del diario local Cuarto Poder.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), así como organismos civiles como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la Red de Defensores Comunitarios de los Derechos Humanos, a la cual pertenece De los Santos Cruz, empezaron a documentar cientos de casos de detenciones arbitrarias, prefabricación de delitos, tortura y ejecuciones extrajudiciales. La mayoría implicaban a Herrán Salvatti.
En el ejido El Jobo, a seis kilómetros al sur de la capital, Herrán Salvatti compró un predio y construyó en él una fortaleza de concreto; compró también el rancho San Jorge en el municipio de Suchiapa, en donde consentía a sus caballos pura sangre.
Amante del golf, él se ufanaba de su amistad con Onésimo Cepeda, el polémico obispo de Ecatepec, Estado de México, con quien se le llegó a ver en algunos torneos organizados en el Club Campestre de Tuxtla; también solía vestirse de charro y participar en jaripeos.
Supo sacar provecho de su cargo en la procuraduría estatal. El 12 de abril de 2003, su hija Mariana Laura fue coronada reina de la Asociación de Charros de Tuxtla- Gutiérrez durante los festejos de los Setenta Años de Charrería Federada. Antes de concluir la universidad, la joven era ya próspera empresaria. Su padre le mandó construir sobre un terreno de dos hectáreas las instalaciones de Criaderos Herrán Aguirre, S.A. de C.V., que la joven y su madre administraban.
Algunos ejidatarios recuerdan que el exzar antidrogas era una persona generosa con las fiestas patronales, Cada 30 de abril, dicen, su esposa e hija repartían juguetes a los infantes en el parque del ejido.
Su hijo Alejandro Francisco también prosperó, En diciembre de 2007 se casó y al mes siguiente asumió como tercer regidor del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, al ganar las elecciones municipales gracias a la plataforma conformada por el PRD, PT, Convergencia y PVEM, con Jaime Valls a la cabeza, en octubre de 2007.
Alejandro Francisco también aparecía como dueño y administrador del restaurante exclusivo de comida francesa Le Chat de La Nuit, en el que había cámaras de video que lo grababan todo. Sabines Guerrero era uno de los asiduos comensales de ese lugar.
En 2004, con cuatro años en el poder, Salazar promovió reformas a las Constitución política local para desaparecer la procuraduría estatal y crear la FGE, un organismo que, según el mandatario, sería autónomo. Y aunque la ley señalaba que los aspirantes a ocupar la dirección de la nueva fiscalía debían presentarse ante el Congreso estatal, Salazar propuso a Herrán Salvatti. El cargo era por seis años y tendría la posibilidad de buscar una reelección.
El 4 de agosto de 2006, cuatro meses antes de dejar su cargo, Salazar elogió a Herrán Salvatti y le dio el espaldarazo para, según él, dejarlo bien posicionado con Sabines Guerrero, su futuro sucesor.
La caída
Al propio Salazar le sorprendía cómo se movía su colaborador, incluso admiraba la manera en la que se relacionaba con la policía estadunidense. Fueron varias las veces en las cuales, al preguntar por él, los colaboradores del fiscal le respondían que se encontraba en Washington: otras, el mandatario se enteraba de que agentes del FBI y la DEA viajaban a Chiapas para capacitar a policías municipales o daban seguimiento a algún asunto en la frontera sur de México.
Con las elecciones enfrente, el PRD, en alianza con el PT y Convergencia se pronunciaron por Sabines Guerrero; Andrés Manuel López Obrador incluso le dio su apoyo total, pero fue Salazar quien se convirtió en el principal promotor del candidato a gobernador. Sabines Guerrero también fue impulsado por un grupo de priistas encabezados por Roberto Albores Guillén y por el cacique de la región cañera de Pujiltic, Jesús Alejo Orantes Ruiz.
Con la llegada de Sabines Guerrero al poder, cesó la persecución contra los adversarios de Salazar. Unos salieron de prisión, otros regresaron del exilio. Algunos habían sido colaboradores de Albores Guillén durante su gobierno, como Eduardo Montoya Liévano, quien estuvo al frente de la procuraduría estatal; José Librado de la Torre González, en la Secretaría de Agricultura; Arturo López Martínez, en la gerencia de la Comisión Estatal de Caminos, y Florencio Madariaga Granados, como subprocurador de Asuntos Jurídicos primero y como secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública Estatal después.
Todos ellos comenzaron a reagruparse y a exigir al nuevo gobernador que juzgara a sus verdugos políticos. Lo mismo hicieron los periodistas y propietarios de los medios locales, quienes se lanzaron contra Salazar y Herrán Salvatti.
Así fue como Herrán Salvatti dejó el cargo que ostentó durante casi siete años y fue sustituido por Amador Rodríguez Lozano. Pero de inmediato se colocó en la Secretaría de Economía, en la que sólo duró ocho meses.
Cuando Herrán Salvatti abandonó la oficina de procuración de justicia, se incrementó la violencia asociada a los cárteles de la droga en Tuxtla y en los municipios de Tapachula, Frontera Comalapa, Villaflores, Chiapa de Corzo, Comitán, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Hubo de todo: balaceras, narcoejecuciones, decomisos de drogas, dinero y armas.
En Palenque comenzó a hablarse de Elías Nieto Menéndez El Maya, del cártel del Golfo, y de Sergio Peña El Concord, quien capitanea una banda en la región, donde no pasó nada mientras Herrán Salvatti mantuvo el férreo control.
El titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, José Luis Solís Cortés, declaró el 29 de enero que por muchas décadas el cártel del Pacífico ha tenido presencia en Chiapas y que por ahora es el cártel del Golfo el que pretende apropiarse de la plaza por ser la frontera sur de México.
Y comenzaron a rodar cabezas
A principios de 2008, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado dio a conocer el resultado de una auditoría practicada a la administración de Herrán Salvatti durante 2007, cuando estaba a cargo de la Fiscalía General del Estado.
Según el expediente, había un faltante de documentación que comprobara y justificara gastos diversos, así como erogaciones improcedentes, incumplimiento a la norma en materia de adquisiciones por un monto de 170 millones de pesos.
Los presuntos responsables de ese desfalco eran el propio Herrán Salvatti y los coordinadores de Administración y Finanzas, Jorge Granillo Vázquez y Gabriel Salcedo Torres, respectivamente. Este segundo, brazo derecho de Herrán Salvatti, fue detenido y procesado por este caso. El mismo exfiscal obtuvo un amparo, pero la procuraduría estatal inició entonces una averiguación previa.
Herrán Salvatti fue destituido de su cargo en la Secretaría de Economía. Las investigaciones en su contra continuaron tanto en el Congreso del estado, donde los legisladores intentaron someterlo a juicio político, como en la procuraduría.
Despojado de sus cargos públicos, Herrán Salvatti asistió a la sesión plenaria de la XX Asamblea Nacional del PRI realizada en Aguascalientes el 23 de agosto de 2008. Quienes lo vieron aseguran que el exfiscal, que hasta esa fecha era un priista pasivo, mencionó que buscaría una diputación plurinominal para obtener el fuero constitucional.
Consultado al respecto, Juan Carlos Bonifaz Trujillo, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, respondió que al menos en Chiapas el exfiscal de justicia nunca se acercó al partido; si lo hizo fue a nivel central, explicó.
Y así como Herrán Salvatti se acercó al PRI, al exgobernador Salazar se le vinculaba- con el PT. Sin embargo, el líder estatal de ese partido, Neftalí Pérez, también rechazó esas versiones: “Lo que sabemos es que él (Salazar) está retirado de la política. No sé por qué insisten en endilgarnos que él irá a una plurinominal por nuestro partido”.
Días después del segundo informe de gobierno de Sabines Guerrero, un documento anónimo de 18 páginas titulado Lo que no dije en el informe: Juan Sabines empezó a circular por correo electrónico. En él se enumeran los presuntos actos de corrupción de colaboradores, amigos y familiares de Sabines Guerrero.
Los allegados al mandatario prohibieron a los burócratas chiapanecos leer ese documento o reenviarlo, so pena de ser despedidos de sus cargos. Y empezaron a rodar cabezas de personas cercanas a Salazar. Una de ellas fue la del titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), Alfredo Palacios; Roldán Salazar Mendiguchía, hermano de Pablo, perdió su puesto en el Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); y Mario Bustamante, director de Agua y Saneamiento en el anterior sexenio, fue enviado al penal de El Amate acusado de presuntos actos de corrupción.
También Pablo Salazar resintió la embestida. El gobierno estatal le retiró al grupo de guardaespaldas que por ley tenía asignado. En una carta pública, el pasado 21 de enero, el exmandatario emplazó a Sabines Guerrero: “De la respuesta que reciba esta misiva dependerá que precise lo que son las verdaderas razones de este sainete”. La respuesta le llegó tres días después con la captura de quien fue el hombre fuerte durante su sexenio.
El 29 de enero, un día antes de que se dictara sentencia contra Herrán Salvatti, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, José Luis Solís Cortés, declaró, en alusión a la detención del exfiscal:
“Se han encendido focos de inseguridad en algunas áreas de la entidad… Pasamos de un foco verde a un amarillo, y estamos cerca de que se prenda el rojo, estamos muy alertados revisando todo (&hellipGui?o hay una intención de la delincuencia por entrar a través de los estados colindantes con Chiapas. Por eso estamos checando todas las entradas, los puntos sensibles.”
“El estado estaba muy tranquilo. Pero hay indicativos de que algo está pasando”, concluyó.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:34
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