Jueves, 05 de febrero de 2009

Reclaman a la PGJE de Guanajuato disculpa por asesinato de agricultor

■ Debe pagar indemnización y garantizar que se erradicará la tortura, señala ombudsman.

■ Policías ministeriales del estado le dieron descargas eléctricas y lo asfixiaron con una bolsa.

Carlos García (Corresponsal)

León, Gto., 4 de febrero. La Procuraduría General de Justicia del Estados (PGJE) debe indemnizar económicamente y ofrecer ante los medios de comunicación una disculpa “amplia y sincera” a la familia de Vicente Palomo Rodríguez, quien fue torturado hasta la muerte por policías ministeriales. Además. la dependencia deberá ofrecer “garantías efectivas” de que erradicará la tortura y el procurador Daniel Chowell Arenas deberá investigar a todos los involucrados en el crimen, de acuerdo con nueve recomendaciones, un acuerdo de vista y una propuesta general que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) emitió para él, para el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y para el Poder Legislativo.

El 20 de enero policías ministeriales torturaron con choques eléctricos y con una bolsa en la cabeza al ganadero y agricultor Vicente Palomo en las instalaciones de la PGJE en el municipio de San Felipe, para que confesara que robó ganado.

A raíz de este asesinato, la PDHG solicitó que se indemnice “de manera efectiva y rápida” a los deudos de Vicente Palomo, quien fue víctima de una “grave violación a sus derechos humanos por medio de tortura, tratos crueles e inhumanos” a manos de los policías ministeriales.

El ombudsman estatal, Gustavo Rodríguez Junquera, recomendó que la Procuraduría de Justicia otorgue una beca para que los hijos del ganadero puedan estudiar hasta la licenciatura, y que brinde tratamiento médico y sicológico a los deudos.

Además, Rodríguez Junquera solicitó a la PGJE que imprima en sus documentos oficiales durante un año la leyenda “erradiquemos juntos la tortura” y ponga en marcha una “amplia campaña para prevenir, combatir y erradicar” los suplicios.

La PGJE, señala, tiene que investigar “profesionalmente” la tortura y el homicidio de Vicente Palomo, pues se acreditó la participación de los policías Daniel Méndez, Jorge Antonio Zavala, Juan Antonio Peña, Francisco Javier Sandoval y Juan Carlos Durán; de la agente del Ministerio Público Laura Beatriz Calvillo Correa, y de la radioperadora Patricia Amaro.

De la misma forma, el procurador Daniel Chowell deberá iniciar una investigación “exhaustiva” contra el agente del Ministerio Público José Luis Guerrero Campos, a quien se responsabiliza por “dejar en libertad sin fundamento legal alguno” a los acusados José Antonio Peña Arias y a Francisco Sandoval Ramírez.

De manera concurrente, la PDHG propuso por segunda ocasión al Congreso de Guanajuato que reforme el artículo 264 del Código Penal y tipifique el delito de tortura con base en tratados internacionales.

Diálogo IFE-televisoras en SG; sólo buenos deseos

■ La reunión, en un local alterno de la dependencia, fue convocada por el secretario de Gobernación; estuvieron legisladores de PRI, PAN y PRD

Fabiola Martínez

El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, se reunió anoche con Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros de Televisa, y con Tristán Canales y Javier Tejado Dondé, altos ejecutivos de TvAzteca, luego del choque suscitado entre concesionarios y el órgano electoral debido a la transmisión de mensajes proselitistas.

En instalaciones de la Secretaría de Gobernación, las partes fijaron su postura y los representantes de las televisoras acordaron analizar aspectos técnicos de las pautas de transmisión de los espots.

No hubo conclusiones ni acuerdos derivados de esta cita, sólo manifestaciones de buena voluntad de las televisoras para no editorializar al momento de transmitir los mensajes electorales, de acuerdo con información de asistentes al encuentro.

El pasado fin de semana, Televisa y TvAzteca interrumpieron programas deportivos para transmitir los espots, pero con la advertencia a los televidentes que ello obedecía a un lineamiento del IFE y de partidos políticos.

La reunión fue convocada por el titular de la SG, Fernando Gómez Mont; acudieron también los presidentes de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, además de los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD.

Algunos legisladores, como el coordinador de la bancada perredista en San Lázaro, Javier González Garza, dejaron en claro que la reforma electoral no está sujeta a negociación y que, ante todo, es prioritario hacer valer la autonomía del IFE, el cual –desde el 31 de enero– es el administrador único de los tiempos oficiales, lapsos que deben acatar los concesionarios de radio y televisión para la transmisión de los mensajes de partidos políticos y del propio organismo electoral.

Al término del encuentro, el cual se prolongó por tres horas en el inmueble de Gobernación ubicado en Reforma 99, el consejero electoral Virgilio Andrade, presidente del Comité de Radio y Televisión, dijo que todos los actores reconocen, como base fundamental, que el IFE es la única autoridad en la materia y, en ese contexto, Gobernación no es mediadora sino sólo una instancia que abrió un espacio para dialogar y conocer de primera mano la situación.

La responsabilidad del diálogo y la aplicación de la ley es facultad exclusiva del IFE y asume enteramente su responsabilidad, comentó el consejero. Los involucrados admitieron también que se requiere trabajar en torno a las pautas (a fin de no repetir las interrupciones del fin de semana), aunque advirtió que bajo ninguna circunstancia se debe renunciar al cumplimiento de las reglas.

Al final de la reunión, Gómez Mont declaró a la prensa que se trató de un “ejercicio de comunicación para generar un mayor consenso o cuando menos un disenso menos crispado”.

–¿Continuarán difundiéndose mensajes electorales a mitad de los programas? –se le preguntó.

–Hoy por hoy el propio reglamento prevé mecanismos para esos supuestos y existe un compromiso de todos para buscar ajustar estos espacios de comunicación con la menor crispación posible.

El funcionario manifestó su preocupación por la transmisión de mensajes de partidos políticos en barras infantiles, pero aseveró que el encuentro fue un ejercicio de reflexión y comunicación que fructificará pronto.

“El diálogo no debilita los principios de autoridad ni los procedimientos legales… A todos nos preocupa que en los próximos meses el nuevo modelo de comunicación política logre una consolidación de la democracia mexicana”, comentó en entrevista.

Al encuentro acudió también la subsecretaria de Normatividad de Medios de Gobernación, Irma Pía González.

El padre Maciel tenía hija, mujer y estafaba a sacerdotes

LA REDACCIóN

México, DF., 4 de febrero (apro).- El sacerdote fundador de la orden Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, engendró a una hija, tenía mujer y exigía cantidades de hasta 10 mil dólares a sus seguidores, reporta la prensa estadunidense. 
La agencia Reuters atribuye al portavoz de la orden en Roma, Paolo Scarafoni, la abierta admisión de que Maciel llevaba una doble vida, contraria a los preceptos de dicha religión: "No podemos negar la existencia de estos hechos, pero no podemos entrar en detalles, porque tenemos que respetar la intimidad de las personas involucradas".

En tanto, el New York Times incluye en su edición que otro vocero de la orden, Jim Fair, reconoció que Maciel no ejercía los recursos de la orden con transparencia. Compara que mientras a cualquier seminarista se le exigía comprobar hasta las compras menos costosas, el líder de la congregación jamás rendía cuentas.

Aún más, Fair confirma que Maciel en cada viaje pedía un promedio de 10 mil dólares a su partida.

Las ediciones más importantes de Estados Unidos atribuyen al Vaticano el reconocimiento de la hija de Maciel y de su pareja. Así lo hicieron el Dallas Morging News, el Boston Globe, The Washington Post, por citar algunos.

A Maciel, antes de morir, el propio Papa Benedicto XVI lo retiró del sacerdocio, como consecuencia de la denuncia de una docena de sacerdotes que lo acusaron de abuso sexual.

 

Desdeña Peña Nieto dictamen sobre Atenco

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 4 de febrero (apro).- El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, minimizó el proyecto de dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de San Salvador Atenco, en el que es confirma que el uso de la fuerza pública fue "desproporcionado", "ineficiente" e "irresponsable".

En entrevista, el mandatario estatal aclaró que el proyecto elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño, que se someterá al pleno el próximo lunes, no es una resolución, sino la opinión de uno de los ministros, por lo que pidió no adelantar vísperas y esperar "a ver qué definen hacer".

         Peña Nieto confió en que los ministros lean todo el dictamen, ya que en más de mil fojas hay "distintos considerandos".

                Además, justificó el uso de la fuerza pública en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, cuando varias mujeres fueron víctimas de abuso sexual, dos personas murieron, entre ellas un menor de edad, y cientos fueron encarcelados en penales del Estado de México.


Los monopolios y la ley

Adolfo Sánchez Rebolledo

Hoy, al calor de la crisis, cuando están en la picota algunos postulados de la preceptiva neoliberal, la disputa por el presente y el futuro se intensifica. Surgen nuevas propuestas servidas en antiguos recipientes que caben como anillo al dedo. Se renueva la prédica contra los “monopolios” al tiempo que se afirma sin matices la urgencia de abolir todo proteccionismo. Pero en este punto también hay abusos políticos y conceptuales que expresan la crudeza de la pugna por los espacios de mercado y poder, sostenida por algunas de las figuras encasillables bajo la sombra fantasmal de los poderes fácticos.

La oferta es en apariencia sencilla: se trata de democratizar el capitalismo desbaratando los nudos que limitan o coartan la competencia. Nada nuevo. A lo largo del siglo XX se conocieron iniciativas cuyo objetivo era mitigar la centralización y la concentración del capital, abriendo la propiedad de las empresas a los ciudadanos mediante operaciones accionarias, de modo que las viejas categorías clasistas perdieran sentido. En el lugar de los antiguos dueños y sus clanes parasitarios surgiría una capa de anónimos propietarios capaces de orientar a las empresas hacia objetivos “más humanos”, como si la “avaricia” fuera un defecto moral de algunos pecadores encumbrados y no expresión del “afán de lucro” que mueve al “sistema” a obtener las más altas ganancias posibles. Se estableció así el reino de los gerentes, el domino del expertice sobre la regulación, la irresponsabilidad privada proyectada sobre los intereses públicos, el dominio de las grandes corporaciones para hacer que los gobiernos se plegaran a sus intereses.

Parte de ese discurso, definido y aplicado al mundializarse la economía, ha sido retomado en México y otros países del sur como la última novedad en materia de transformación económica. El descubrimiento de la competencia como fuente de todas las libertades y riquezas, tan asociado al imaginario del capitalismo liberal (del que se excluye al Estado), se nos presenta aquí como panacea. La acción contra los monopolios, por cierto descritos con manga ancha y sin precisión, se concibe como un momento liberador de la energía social y productiva de la sociedad, contenida durante décadas por los arreglos perniciosos entre los beneficiarios del poder político y el económico, una minoría que se ha aprovechado por igual del viejo estatismo y de la apertura comercial. Tal revitalización ideológica, afín al corazón blanquiazul de algunos gobernantes, es utilizada como arma arrojadiza en la descarnada  lucha que vienen librando entre sí distintos grupos en los que se funden componentes locales y trasnacionales. Por ejemplo, el señor Calderón lamenta en voz alta que la ley proteja a Pemex, impidiendo al gobierno entregar a los capitales trasnacionales la construcción simultánea de tres o cuatro refinerías a la vez. Habla por la herida, pues a estas alturas de la crisis aún no acepta que sin rematar al mejor postor la riqueza petrolera (el monopolio) su administración carece de todo proyecto nacional digno de ese nombre.

Algunos partidarios del capitalismo “popular” exigen un régimen de estricta competencia, aunque no puedan evitar que, bajo la radicalidad de sus denuncias, asomen la oreja otros monopolios que aspiran a aumentar su tajada. En esta visión se pierde de vista el papel del Estado y se mezclan temas políticos y asuntos económicos, es decir, todo lo que sirva al discurso “perturbador” que ya se comienza a poner de moda. Es común la denuncia elitista del sindicalismo, sea el del magisterio o el de Pemex, que los críticos suman al rubro de los monopolios, sin deslindar la estructura corrompida y burocrática que manejan a discreción los líderes, con el organismo legal, necesario y legítimo al que los trabajadores aspiran.

La noción de “monopolio” se aplica con indiferencia, aun cuando se trate de evitar que la desregulación” aniquile la presencia nacional es áreas tan importantes como las telecomunicaciones. En nombre del consumidor se pide mayor eficiencia, precios internacionales, pero resulta sospechoso que bajo la crítica a Telmex aparezca apenas disimulado el deseo de aupar a la telefónica española o cualquiera otra de las siglas en conflicto. Y es que la defensa del consumidor no siempre ha traído los resultados prometidos. Allí está el caso de la banca.

Caso paradigmático es el de las televisoras, que no cejan en su empeño de revertir la reforma electoral, y están dispuestas a seguir por la misma ruta de enfrentamiento hasta que la clase política se rinda y el Poder Judicial se doblegue. Juegan con el desprestigio de los partidos y la debilidad de las instituciones que, como el IFE, dependen, casi exclusivamente, de la confianza ciudadana. Resentidas por el recorte que significa para sus ingresos la canalización de la propaganda política por conducto del órgano electoral, dejan sentir su fuerza reduciendo al absurdo el argumento racional que anima la reforma y que no es otro que darle absoluta transparencia a una operación que no puede ser negocio cautivo de unos pocos. Este desafío de los llamados poderes fácticos al Estado no habría cruzado la línea roja sin la complicidad de los gobiernos que en el pasado se rindieron antes sus intereses. Basta recordar la claudicación de Vicente Fox ante los medios, presentada como síntesis de las libertades de expresión y empresa, y que no fue sino un paso atrás en el cumplimiento del ordenamiento constitucional.

La cuestión no está en “disolver” las grandes empresas (o los sindicatos) sino en sujetarlas a la ley; la competencia requiere de la fiscalización de la sociedad y de la supervisión directa de la autoridad para que cumplan con la función pública que tienen a su cargo. El extraordinario poder acumulado por algunas empresas privadas proviene menos de su tamaño (sin duda importante) como de las complicidades que desde sus orígenes las atan a la operación de las cúpulas políticas. Eso es lo que hay que cambiar.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:09
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