Lunes, 16 de febrero de 2009

Involucra la CNDH al Estado en la desaparición de dos activistas

Emite recomendación a Fernando Gómez Mont, Ulises Ruiz Ortiz y al edil de Oaxaca

Solicita la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez

Funcionarios de diversas dependencias obstaculizaron y entorpecieron las indagatorias, acusa

Víctor Ballinas

 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, dirigió ayer la recomendación 7/2009 al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y al edil de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández, solicitándoles la presentación con vida de los señores Edmundo Reyes Amaya –o Andrés Reyes Amaya– y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –o Raymundo Rivera Bravo–, desaparecidos el 24 de mayo de 2007. Y acusa: “Hay indicios suficientes en la investigación para determinar la responsabilidad que ahora se atribuye al Estado”.

Sostiene el ombudsman nacional que las evidencias que se allegó la CNDH “permiten observar que funcionarios de diversas dependencias –incluido el Ejército Mexicano– participaron en el operativo efectuado el día 24 de mayo de 2007, en que desaparecieron las personas referidas, y se tiene certeza jurídica de que ambos fueron detenidos en esa operación y trasladados inicialmente a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, entre el 24 y 25 de mayo de 2007, fechas en que nada se volvió a saber sobre su paradero”.

En la Recomendación 7/2009, que consta de 99 páginas, el titular de la CNDH dice: “A pesar de las dificultades en la investigación, porque las autoridades obstaculizaron la indagatoria, la entorpecieron y mintieron, se logró llegar a evidencias que demostraron que el Estado mexicano, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), por parte del gobierno federal; la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, actualmente Secretaría de Seguridad Pública, y la Procuraduría General de Justicia, por parte del gobierno del estado de Oaxaca, así como la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, por medio de los servidores públicos cuyos nombres se identifican en la recomendación, vulneraron a los agraviados Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, sus derechos de libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso”.

Soberanes Fernández asevera que la falta de verdad y las contradicciones en los informes rendidos por las autoridades responsables, así como la falta de voluntad para colaborar con la CNDH en la investigación del presente caso, “que se traducen en un entorpecimiento a las mismas para esclarecer la verdad de los hechos que propiciaron la detención y posterior desaparición de ambas personas, vinculadas con el conjunto de evidencias que se allegó esta institución, resultaron ser indicios suficientes para determinar la responsabilidad que ahora se le atribuye al Estado”.

El ombudsman nacional añade que, como resultado de la investigación de la CNDH, se confirma que “el Estado ha dejado de cumplir los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de derechos humanos, y es por ello que esta comisión insiste en la importancia de que éste dé a conocer, de manera inmediata, la verdad de los hechos que propiciaron la detención y posterior desaparición de los agraviados; sobre todo que dé a conocer la suerte final que corrieron los mismos o, en su caso, se les deje en completa libertad o incluso se les ponga a disposición de las autoridades, en el supuesto de que hayan incurrido en alguna conducta delictiva”.

Soberanes resalta en la recomendación que en los archivos de la CNDH se tiene registrado un caso análogo o similar al presente, la investigación que realizó a 532 expedientes de queja de personas desaparecidas de manera forzada o involuntaria de la denominada guerra sucia. Con ello, abunda, ante la comunidad internacional México se encuentra dentro de los países que registran un mayor índice de desapariciones forzadas de personas pendientes de aclarar.

La investigación de la CNDH revela que en el operativo del 24 de mayo de 2007 participaron elementos del Ejército Mexicano, de la Dirección General de Seguridad Pública (entonces Secretaría de Protección Ciudadana), de la policía ministerial y de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca, y en él actuaron por lo menos 70 elementos durante 40 minutos, pero “al rendir sus informes –las policías– manejan distintas versiones sobre la operación y los resultados”.

La PGR, dice la comisión, “entorpeció, dilató y no se apegó a la verdad de los datos remitidos”. Por ejemplo, señala la CNDH, “la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) estuvo encaminada no sólo a entorpecer las investigaciones, sino a impedir por todos los medios posibles que se conociera, muy probablemente, que dentro de las actuaciones practicadas por la representación social de la Federación no ha sido llamado a declarar ninguno de los elementos militares ni de las procuradurías o de la Secretaría de Seguridad Pública”.

La PGR, agrega, tampoco indagó que del 21 de mayo al 24 de septiembre de 2007 “estuvo activo el teléfono de Edmundo Reyes Amaya. El informe de la compañía de servicios celulares reporta que en ese periodo se realizaron 19 llamadas a cuatro números telefónicos diferentes, uno de ellos fijo en la ciudad de México, cuyos datos de ubicación se precisan en la lista de claves y que corresponde al de una persona de origen israelí, y tres celulares con números telefónicos de la ciudad de Oaxaca, cuyas llamadas dan la ubicación de una radio de base de la ciudad de México”.

Transportistas de Oaxaca se suman a paro nacional del sector

El paro de actividades inició desde el primer minuto de este lunes y se mantendrá hasta la medianoche de este día.

Notimex / La Jornada On Line
Oaxaca. Decenas de unidades del servicio de transporte público paralizaron actividades este lunes como parte de las protestas que a nivel nacional encabezan los transportistas para exigir el congelamiento del precio del diesel.

De acuerdo al anuncio de los transportistas en el estado, el paro de actividades inició desde el primer minuto de este lunes y se mantendrá hasta la medianoche de este día en los servicios de transporte urbano, suburbano, foráneo, de carga, materialistas y piperos en todo el estado.

En la capital del estado, los trabajadores del volante mantienen los autobuses varados a la derecha del arroyo vehicular en diferentes puntos de la ciudad, sin causar ningún bloqueo.

Sin embargo, al oriente de la ciudad se reportó una trifulca entre urbaneros y el chofer de una camioneta particular que intentaba brindar el servicio de transporte en esa zona.

Por este motivo, cientos de personas se mantienen en las paradas de autobús en la espera de algún tipo de transporte que los conduzca hacia su destino, por lo que otros servicios como los mototaxis, los taxis y camionetas particulares intentan abastecer de este servicio a la ciudadanía.

Sin embargo, ante el surgimiento de automóviles y camionetas particulares que intentan dar el servicio de transporte público, los camioneros han amenazado con impedirlo a toda costa mediante la retención de los choferes y sus unidades.

En tanto, la policía municipal anunció la puesta en marcha de un operativo especial gratuito mediante el cual camionetas de esta corporación trasladarán a la ciudadanía en tres rutas del norte y oriente de la capital hacia el centro, con el fin de acercarlas hacia sus centros escolares y de trabajo.

El paro previsto en las siete regiones del estado mantiene varadas 13 mil las unidades que normalizarán actividades hasta después de la medianoche de este lunes.

No obstante, lostransportistas han amenazado con repetir la dosis de paralizaciones en caso de no recibir una respuesta concreta por parte del gobierno federal a su exigencia por la disminución del precio del diesel.

 

Cancelan 17 módulos más de la Sección 59.

Otros 17 centros de trabajo fueron entregados a la Sección 22 en enero 

Yadira SOSA CRUZ
Tan sólo en enero, el Gobierno del Estado canceló 17 módulos de un total de 54 creados por la Sección 59 del magisterio oaxaqueño, además de entregar 17 centros de trabajo a la Sección 22, donde laboraba la disidencia.

Por medio de varios documentos, fuentes extraoficiales detallaron el número y nombre de módulos que supuestamente la dirigencia de la Sección 59 se comprometió a entregar a la Secretaría General de Gobierno, ante la serie de chantajes y amenazas por parte de la Sección 22.

Por regiones, se explica que en la Costa ya fueron cancelados seis módulos y otros cinco están en proceso; en la Mixteca, ocho ya fueron cancelados y catorce quedan pendientes.

En el Istmo de Tehuantepec doce están en proceso de anulación, a diferencia de los cuatro en el Papaloapan, donde también ya fueron cancelados tres. Por su parte, en la Sierra Norte sólo un módulo está en proceso al igual que en Valles Centrales, en donde ya se canceló la extensión de una escuela en el fraccionamiento “El Retiro”.

De los centros de trabajo entregados a la Sección 22 hasta el 30 de enero de 2009, se destaca dos centros de Educación Inicial, la escuela “Octavio Paz”, primaria “Melchor Ocampo” y la Supervisión Escolar de San Juan Bautista Tlacoatzintepec.

Asimismo, la escuela primaria “Guillermo Prieto” de Arroyo Platanal, el preescolar “Gregorio N. Chávez” y la primaria “Margarita Maza de Juárez” y el preescolar “Luis Donaldo Colosio” de San Esteban Tectitlán.

Además, el preescolar “Francisco I. Madero” de San Francisco Vega, la primaria “Ricardo Flores Magón” de San Mateo Yetla, el preecolar “Carmen Parra” y la Supervisión escolar de San José Chiltepec y el “Apóstol de la Democracia” del Centro de Tuxtepec.

En la Mixteca, ya se entregó el preescolar de San Pedro Nopala, la Telesecundaria de Santa María Yosocuno y la primaria general de Santa Cruz de Bravo Silacayoapan.

Y es en la Cañada y en el Istmo de Tehuantepec donde aún se tiene pendiente las dos supervisiones escolares de Chilchotla, la primaria de Santa María Teoposco y la telesecundaria de Chivixhuyo.

 

Representantes De Amnistía Internacional Se Reúnen Con Habitantes De Santo Domingo Ixcatlan.

Tlaxiaco Oaxaca.— Habitantes de Santo Domingo Ixcatlan así como integrantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas que encabeza Maurilio Santiago Reyes  se reunieron con Nancy  Tapias  Torrado, Investigadora  y Sara Shelebeare, encargada  de  campañas de admistia internacional con la finalidad de darles a conocer los diferentes actos de violación a sus derechos humanos que han sufrido. 

En entrevista Maurilio Santiago Reyes, presidente de CEDHAPI dijo que  en esta visita de integrantes  de Amnistía  Internacional  con vecinos  de Santo  Domingo Ixcatlan  e  integrantes  de CEDHAPI   se llevo a cabo  en el marco de la investigación  sobre la situación de las  defensoras  y defensoras  de Derechos Humanos  en México.  

Dio a conocer el defensor de los derechos humanos que en  esta reunión se entrevistaron con las victimas   de la masacre  de Santo Domingo Ixcatlan, efectuado  el día  30 de abril  por el grupo paramilitar  de Freddy Eucario Morales Arias, así también con familiares  de las victimas  de los homicidios por  este grupo paramilitar  en Chalcatongo de Hidalgo, y con los  integrantes  de CEDHAPI que han sufrido persecución, por defender los derechos humanos  en Oaxaca, especialmente  el caso santo domingo, asimismo se les  proporcionaron todo tipo de documentación  de lo cual se prueba  la persecución  y hostigamiento  a los defensores  de los Derechos Humanos y defensores comunitarios  en Oaxaca.  

Menciono que amnistía  Internacional  a emitido  dos acciones urgentes  a favor  de habitantes de  Santo Domingo Ixcatlan,  y se comprometió  a seguir observando este caso  y brindar  su apoyo para la denuncia  de la violación de los derechos  humanos  de los habitantes  de citada comunidad  donde la violación a los derechos humanos por parte del grupo paramilitar son mas frecuentes.  

Señalo que hasta  el momento  el Gobierno de México  no ha cumplido con las medidas  cautelares otorgadas  por la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos  a favor  de 177 habitantes  de Santo Domingo Ixcatlan,  y que al contrario  funcionarios  del gobierno  de Oaxaca siguen brindando  apoyo   económico  y político  al grupo  paramilitar  de Freddy Eucario Morales  Arias, negándose  a cumplir   12 ordenes  de aprehensión que  existen  en contra  de este grupo  y tal es el grado  de impunidad que los funcionarios  estatales  se reúnen  y firman acuerdos  con personas que tienen  orden de aprehensión por los  hechos  criminales  del 30 de abril del 2008.  

Explico que la comisión interamericana  de Derechos Humanos  en su informe sobre la situación de los defensores  y defensoras  de los derechos Humanos  en las Américas, manifestó que la CIDH ,  esta seriamente preocupada por la grave situación de inseguridad  y peligro en la que realizan su trabajo  las defensoras  y defensores  en el hemisferio, los asesinatos, desapariciones forzadas,  agresiones, amenazas, desprestigio, las acciones  legales  orientadas  a intimidarlos, la violación de domicilio,  y los mecanismo utilizados  para impedir  o dificultar su labor  constituyen  una realidad  cotidiana  en el quehacer  de estos actores. La Comisión recuerda  que cuando se ataca  a un defensor  o defensora,  quedan desprotegidas  todas  aquellas personas  para quien el defensor  o defensora  trabaja.  Por ultimo  Maurilio Santiago Reyes, presidente de la CEDHAPI recalco que el Centro de Derechos Humanos y Asesoria  a Pueblos Indígenas manifestó su preocupación ante Amnistía Internacional  por la impunidad  y protección  del gobierno  de México a los  grupos paramilitares  creados  por el gobierno   de Ulises Ruiz.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:56
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