Viernes, 20 de febrero de 2009

Aumenta el gobierno mexiquense reparto de despensas y subsidios.

Se concentra en ayuntamientos que están en manos de la oposición

Israel Dávila

 Corresponsal

Toluca, Méx., 19 de febrero. El gobierno del estado de México distribuirá cada mes más de medio millón de despensas entre personas de escasos recursos, luego que el Congreso local aumentó 26 por ciento el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social estatal (Sedesem).

Este incremento, que permitirá a la Sedesem ejercer en 2009 2 mil 228 millones de pesos, se concedió en año electoral: el 5 de julio los mexiquenses elegirán presidentes municipales y diputados estatales.

Según la Sedesem, la mayoría de los beneficiarios de programas de alto impacto de combate a la pobreza se concentran en demarcaciones gobernadas por la oposición al PRI: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, a cargo del Partido de la Revolución Democrática, así como Naucalpan y Toluca, donde gobierna el Partido Acción Nacional. En Chimalhuacán el ayuntamiento es del tricolor.

El titular de la Sedesem, Ernesto Nemer, negó que los programas tengan fines electorales. En esos municipios existen más beneficiarios porque son los que tienen mayor concentración poblacional, sostuvo.

Pero los líderes estatales del PAN, Juan Carlos Núñez, y del PRD, Luis Sánchez, aseguraron que sí existe una estrategia para beneficiar al PRI, pues los apoyos se entregan por conducto de los Consejos de Integración Cuidadana de Desarrollo Social, integrados principalmente por líderes municipales priístas.

La Secretaría de Desarrollo Social maneja 13 programas de combate a la pobreza. Siete se financian exclusivamente con fondos estatales, pero son los de mayor impacto para la población.

Por ejemplo, el Programa de Seguridad Alimentaria entrega una canasta nutricional a familias cuyo ingreso es inferior a 20 pesos diarios. Este subsidio se entrega mensual o trimestralmente, de acuerdo con el grado de marginación de las familias.

Cobija el gobierno de Calderón a los dueños de Grupo México, acusan

Deudos y varias organizaciones recuerdan el tercer año de la explosión en Pasta de Conchos

Propone Gómez Urrutia elaborar una ley que sancione los homicidios industriales

Patricia Muñoz Ríos

 

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha protegido y favorecido a los dueños de Grupo México por encima del dolor de las viudas y deudos de los 65 mineros muertos hace tres años en Pasta de Conchos, Coahuila; no ha querido recibir ni escuchar a los familiares y les ha negado todos sus derechos, hasta el más elemental: el de tener los cuerpos de sus muertos para darles sepultura.

Así lo denunciaron diversas organizaciones que se reunieron ayer en foros, misas y marchas para recordar el tercer aniversario de la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006; señalaron la responsabilidad de Grupo México en este homicidio y denunciaron que es la complicidad y contubernio de las autoridades laborales del país con los dueños de esa compañía lo que ha evitado que se haga justicia a los deudos.

Ni nos ven ni nos oyen

En el foro organizado por el sindicato minero, una de las viudas, Rosa María Mejía, señaló que este gobierno tampoco las ha querido oír ni ver, y dijo: Felipe Calderón está más frío que las galerías y diagonales de la mina en que yacen abandonados los cuerpos de nuestros seres queridos.

En el acto, al que asistieron mineros de todo el país, líderes sindicales, abogados, familiares de los fallecidos y diputados, el mensaje central lo dio el secretario general del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, en una videoconferencia, donde propuso presentar una iniciativa de ley que sancione los homicidios industriales. Convocó a todas organizaciones a estructurar y proponer una legislación que penalice la inseguridad laboral en las actividades industriales y económicas del país.

Los abogados Arturo Alcalde y Carlos de Buen hicieron ver como el Estado lejos de defender a los trabajadores y a sus familias, se ha dedicado a perseguirlos; hicieron un recuento de todas las acciones emprendidas durante el pasado y presente gobiernos para acabar con el sindicato minero. A su vez, Benito Bahena Lomé, secretario general de la Alianza de Traviarios, dijo que es vergonzoso el cobijo del gobierno en turno a empresarios como Germán Larrea.

Al mediodía, afuera de la sede de Grupo México en esta ciudad, el grupo llamado Familia Pasta de Conchos, apoyado por organizaciones pastorales y de derechos humanos, realizó una misa por los 65 mineros muertos hace tres años, la cual fue oficiada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera. El prelado señaló que las autoridades sinvergüenzas del país no han hecho nada por rescatar los cuerpos, y sostuvo que ocho órdenes religiosas pidieron ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haga un pronunciamiento al gobierno de este país para que se haga justicia a los deudos y se lleve a cabo el rescate de los restos.

Incluso durante la eucaristía, el abogado Manuel Fuentes informó que la juez primera de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Silvia Cerón Fernández, emitió una sentencia en contra de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía y la instruye para que suspenda la concesión de esta mina que explota Grupo México.

Al filo de las 16 horas, esta organización de familiares de los mineros, acompañadas de organizaciones como la Pastoral Laboral, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otras; marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo, en cuya plancha presentaron el tercer informe elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral titulado El vacío en el estado de derecho, y el Estado vacío de derecho, que señala que la empresa Industrial Minera México violó el derecho a la vida y a la salud de los trabajadores, así como los derechos de los deudos a enterrar a sus familiares, de acuerdo con sus usos y costumbres; y señala que la Secretaría del Trabajo manipuló las conclusiones del dictamen emitido por el Foro Científico y Tecnológico, violentando los derechos de los deudos para encubrir a la empresa y a sus funcionarios.

Estas organizaciones demandaron que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo asuma su responsabilidad por haber perdido los recursos jurídicos frente a Industrial Minera México, a fin de que viudas y huérfanos reciban la pensión debida; que la procuraduría de Coahuila declare nulo todo lo actuado hasta que no haya constancia de la existencia de los cadáveres de las víctimas; que la Procuraduría General de la República integre la averiguación previa correspondiente y admita la coadyuvancia de las familias para aportar pruebas.

 

Osuna se deslinda de grabaciones de Téllez
Atribuye polémica a coyuntura de varios refrendos de radio y televisión por resolver

El Universal

“No tengo nada que ver con eso”. Con esta frase remató ayer Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), una entrevista que le realizó Sergio Sarmiento durante su programa de radio.

El diálogo radial se hizo a propósito del señalamiento hecho por Purificación Carpinteyro la noche de antier, cuando dijo que había sido Héctor Osuna quien le dio las grabaciones que tienen en medio de la polémica al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.

La ex subsecretaria de Comunicaciones de SCT dijo a EL UNIVERSAL que Osuna le mencionó que había recibido de manera anónima la grabación.

En la emisión de radio del periodista Sarmiento, Osuna dio a entender que este tema no lo quería discutirlo en los medios.

“Yo creo que vale la pena que este asunto lo ventilemos con quien la autoridad designe. Yo no tengo ningún problema en el asunto... en el caso de los dichos, sería muy lamentable estarlo ventilando públicamente cuando existe ya una investigación al respecto para la cual yo le doy la bienvenida, porque sí creo que vale la pena”.

El propio Osuna observó que la actual polémica se da en medio de un punto coyuntural para la industria de la radio y la televisión ya que están por venir varios refrendos.

“Sí hay en esto un juego de intereses muy grande. En el que algunos de los involucrados hacen algunas demandas penales... . Estamos en medio de un problema de refrendos de radio y televisión que tenemos que resolver -desde mi punto de vista- con el Congreso de la Unión, y todo esto siempre en total comunicación con la Secretaría, y también en total comunicación con lo que el Presidente ha ordenado que tenemos que hacer”, sostuvo en la entrevista.

El funcionario dijo no estar distraido por esta situación e incluso describió que el día anterior (antier) había estado encerrado en su oficina contestando tres demandas penales que la Cofetel tiene que atender como el regulador del tema de las telecomunicaciones.

“Ayer estuve todo el día encerrado contestando de tres de ellas. El día de... (inaudible)... tenemos otra que ya tiene un buen rato, por parte de un concesionario de telecomunicaciones, y no tenemos ningún problema. Yo creo que las cortes, las instancias institucionales, me refiero yo a los juzgados, la justicia, son el camino para dirimir las controversias, yo creo que ese es el buen camino para hacerlo. Nosotros en la institución que nos toca laborar, tanto el Pleno como un servidor estamos conscientes de que tenemos que tomar decisiones que no son del agrado de todo el mundo, pero pues ni modo, lo tenemos que hacer lo más transparente posible”, detalló.

La charla con el periodista Sergio Sarmiento concluyó así por parte de Osuna: “yo creo que lo que están buscando es quién las grabó y quién las divulgó, y eso abiertamente, eso lo puedo decir en los medios, que no tengo nada que ver con eso”.

Zorrilla, autor intelectual del asesinato de Buendía, también libre

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

México, DF; 19 de febrero (Apro). José Antonio Zorrilla Pérez, sentenciado como autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía, quedó en libertad la noche del miércoles luego de casi 20 años de prisión.
Zorrilla Pérez, último director de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), abandonó el reclusorio Oriente al obtener un amparo para gozar del beneficio de preliberación que solicitó desde abril 2007.
El exfuncionario, quien al momento de su detención se preparaba para asumir como diputado federal por el estado de Hidalgo, había sido condenado a 29 años de prisión por el crimen de Buendía, ocurrido el 30 de mayo de 1984.
En enero de 2007 se cumplieron las tres quintas partes de la sentencia y a partir de abril de ese año su defensa buscó el beneficio de la preliberación, pero el gobierno del Distrito Federal la negó de forma sistemática, explicó a Apro su abogado Santiago Ramos Millán Pineda.
"Tuvimos que tramitar el amparo porque las autoridades rechazaban liberarlo bajo el argumento de que no lo consideraban apto para reincorporarse a la sociedad", añadió.
Antecedente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la DFS fue durante cuatro décadas la policía política del régimen del PRI hasta que en 1985, el gobierno de Miguel de la Madrid decidió cerrarla en medio del escándalo por el asesinato de Buendía y por la infiltración del narcotráfico.

 

 


Publicado por solaripa69 @ 9:47
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