Viernes, 27 de febrero de 2009

Incumplen ministros de la SCJN; se suben el sueldo.

Ganarán $347,647 mensuales; 14 mil pesos más que en 2008

Habían ofrecido que se congelaría

Consejeros de la Judicatura, magistrados y la alta burocracia judicial también serán beneficiados

Jesús Aranda. La Jornada.

 

A pesar del compromiso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de congelar su sueldo este año, en los hechos los integrantes del máximo tribunal recibirán un incremento salarial y su remuneración mensual neta oficial pasará de 333 mil 179 pesos en 2008, a 347 mil 647 en 2009. De acuerdo con el Manual de prestaciones, percepciones y demás beneficios del Poder Judicial de la Federación, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los consejeros de la Judicatura Federal, magistrados electorales, magistrados de circuito y la alta burocracia judicial también se verán beneficiados con el incremento proporcional de su sueldo y prestaciones.

Esto a pesar de que, según el citado manual, las percepciones de los mandos medios y superiores administrativos, así como las de ministros, consejeros, magistrados electorales y magistrados regionales no recibirán el incremento de cinco por ciento bruto compensatorio de la inflación durante el ejercicio 2009.

Por la noche, la Suprema Corte dio a conocer que los salarios para este año son los mismos de 2008, en razón de que en abril del año pasado aumentaron los sueldos en cinco por ciento, equivalente a la inflación, pero esto no se había hecho público hasta ayer.

Así, los siete magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibirán en 2009 un sueldo mensual neto de 343 mil 56 pesos, que supera los 316 mil 197 del año pasado; los seis consejeros de la Judicatura Federal (el presidente del Consejo y de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se maneja aparte) pasarán de 305 mil 197 pesos netos al mes, a 337 mil 989 pesos.

Los magistrados de circuito recibirán este año 200 mil 865 pesos mensuales, en lugar de los 178 mil 446 del año anterior, mientras que los jueces de distrito pasaron de 156 mil 688 pesos al mes en 2008, a 176 mil 165 pesos.

El oficial mayor de la Corte recibirá 198 mil 147 pesos este año, en comparación con los 189 mil 899 del año pasado, mientras que los directores generales obtendrán cada mes 160 mil 380 pesos, en lugar de los 145 mil 162 del año pasado.

Los 11 ministros de la Corte son los que más ganan en el Poder Judicial de la Federación; además de su sueldo neto recibirán prima quincenal, prima vacacional (50 por ciento de diez días de sueldo base en cada uno de los dos periodos de descanso), 40 días de aguinaldo, ayuda para anteojos y pagos por defunción.

El ministro Ortiz Mayagoitia recibe además compensación por ejercer la presidencia y Mariano Azuela pensión por decanato, estímulos de jubilación y por antigüedad, estímulo día de la madre, en su caso, tres bonos trimestrales con un mes de sueldo cada uno, y ayuda de aportación para el seguro de separación individualizado.

Además, tendrán dos vehículos a su disposición, teléfono celular y/o Internet móvil, así como gastos de alimentación. También seguros de vida, colectivo de retiro, de gastos médicos mayores, de separación individualizado (la Corte puede aportar un monto igual al que aporte el funcionario, hasta 10 por ciento de su sueldo mensual).

Cabe señalar que, a pesar de que no aceptaron el incremento de cinco por ciento, desde los ministros hasta los mandos medios, todos obtendrán este 2009 aumento proporcional en sueldo base, compensaciones garantizadas o apoyo, prestaciones nominales, prima vacacional, aguinaldo y asignaciones adicionales.

Además, el documento advierte que el Poder Judicial de la Federación, con el propósito de reconocer y estimular el desempeño de las funciones encomendadas a los magistrados de circuito y jueces de distrito, podrán otorgarles un estímulo con base en la disponibilidad presupuestal y lineamentos legales.

Casos graves de "contabilidad mañosa" en el gobierno federal: ASF

LA REDACCIóN. Proceso.

MÉXICO D.F., 26 de febrero (apro).- En vísperas de la entrega de la Cuenta Pública de 2007, el Auditor Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, acusó hoy a la administración pública federal y a los gobiernos estatales de hacer uso indebido de los recursos no ejercidos, con el fin de evitar su fiscalización.

"Los subejercicios, cuando no ven (los gobernantes) la posibilidad de ser gastados, los dan por gastados a través de cuentas por liquidar certificadas, y a través de ellas sacan los recursos y los depositan en fondos o fideicomisos, los cuales ya no están sujetos a reglas y no rinden cuentas de la aplicación de estos resultados", detalló.

El responsable del órgano fiscalizador ofreció una conferencia en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en la que comparó esa trampa contable en que están incurriendo las autoridades federales y estatales con el gigantesco fraude cometido por directivos de la empresa estadunidense Enron.

"Ya aprendimos a hacer una contabilidad mañosa, de los Enron, y desgraciadamente está siendo una práctica común en el gobierno federal", dijo.

González de Aragón recordó que en la segunda semana de marzo dará a conocer los resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 2007, de los que, anticipó, se desprenden casos "graves" en el manejo de los recursos. "Es una epidemia, el problema es la magnitud de los recursos", reiteró.

Para evitar ese tipo de "mañas", sugirió impulsar una regulación que obligue reintegrar a la Tesorería los recursos federales no ejercidos.

 

Impulsan eliminar pago de tenencia
En caso de aprobarse esta reforma, que implicaría un impacto presupuestal de 6 mil a 20 mil millones de pesos a las finanzas de los estados, se buscaría devolver el impuesto a quienes ya lo pagaron este año, o compensarlo por medio de otras obligaciones fiscales

Andrea Merlos y Juan Arvizu
El Universal

Un total de 221 diputados federales pidieron derogar de una vez —en marzo próximo— el impuesto de la tenencia, en aras de ayudar a la economía familiar a sobrepasar la crisis financiera. En caso de aprobarse esta reforma, que implicaría un impacto presupuestal de 6 mil a 20 mil millones de pesos a las finanzas de los estados, se buscaría devolver el impuesto a quienes ya lo pagaron este año, o compensarlo por medio de otras obligaciones fiscales.

  La reforma fiscal de 2007 previó que la tenencia desaparezca en 2012, pero a petición del diputado federal del PAN Gerardo Buganza, se impulsa que el impuesto quede derogado de una vez, y que los dueños de vehículos automotores no lleven sobre sus espaldas la carga que implica el pago de un impuesto, “por demás injustificado en estos momentos de difíciles condiciones económicas”. El legislador del PAN recibió el apoyo de cientos de sus compañeros, que incluso demandaron su urgente resolución.

En un acto inédito, diputados se formaron en el ala derecha del salón de plenos para firmar la iniciativa que según datos de la Mesa Directiva, fueron 221 rúbricas. Se esperaba que fueran más de 300 firmas, pues la afluencia de legisladores era notoria, y por ello los diputados del PRD Javier Hernández y de Alternativa Armando García, pretendieron que la iniciativa se discutiera de una vez, basados en la Ley Orgánica. 

García sostuvo que se pudo haber discutido la iniciativa con el voto de las dos terceras partes de los presentes, pero el presidente de la Mesa Directiva en turno, el panista José Luis Piña se negó en todo momento.

 

La iniciativa que presentó Buganza en tribuna y que fue turnada para su análisis y votación a la Comisión de Hacienda, refiere que la Cámara de Diputados tiene la gran responsabilidad de ser solidarios y congruentes para con las demandas ciudadanas, principalmente en el aspecto económico-familiar.  “No hay momento para dudas, el Congreso de la Unión tiene al alcance de sus manos la posibilidad de brindar un importante apoyo a miles de familias mexicanas que serán beneficiarias de la medida propuesta. Buganza dijo que la gente no quiera pagar la tenencia, pues en su opinión, este impuesto quedará derogado la próxima semana.

  A pesar del entusiasmo de los diputados por sacar en fast track el tema, la burbuja política en San Lázaro detuvo las pretensiones y ordenó el cauce legal; es decir, su análisis en comisión de Hacienda, su dictaminación, y su votación en pleno; y faltaría además el aval del Senado por tratarse de modificaciones a los ingresos, y luego la publicación del presidente Felipe Calderón. La tenencia es ciento por ciento aplicable a los estados, es decir, que gozan de este impuesto; y por ello no afecta a las finanzas del gobierno federal.

Esta iniciativa se presenta en medio de los jaloneos del gobierno federal con el PRI, por la demanda de este partido para reducir el precio del diesel; el coordinador priísta en San Lázaro, Emilio Gamboa previó afectaciones en los estados, que de alguna manera tendrían que solventarse.

 Legisladores al servicio de las televisoras

JESúS CANTú

Al aprobar las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), el Senado de la República cancela la posibilidad de que la autoridad revoque una concesión por violaciones graves y sistemáticas a la legislación electoral. También elimina la posibilidad de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) acuerde suspender “la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas” en el caso de la publicidad encubierta, cada vez más utilizada por actores políticos y concesionarios.
Los legisladores suprimieron de la propuesta original del senador Ricardo García Cervantes la fracción V del artículo 12-A (relativa a las facultades del IFE) que señalaba:
“Comunicar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la comisión de infracciones por parte de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, a efecto de que aplique las sanciones que le corresponda imponer conforme a esta Ley, o las que habiendo sido impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral requieran la intervención de la citada Secretaría.”
Así mismo, la aplicación de la fracción IV del inciso “f” del párrafo 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que contempla la citada sanción, requiere que intervenga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues el texto dice que se podrá castigar “con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable…”.
A fin de permitir que la sanción se aplique de acuerdo con el criterio del titular de la SCT, los legisladores eliminaron otras reformas de la propuesta de García Cervantes, pero en particular la de un nuevo artículo, el 104-TER, que en el tercer párrafo señalaba: “… la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a solicitud fundada y motivada por acuerdo del Consejo General, ordenará a los infractores la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas…”.
También modificaron la redacción del nuevo artículo 107, que indica en general que en caso de que el Instituto Federal Electoral considere que se han cometido infracciones graves y sistemáticas “dará cuenta a la autoridad competente, para los efectos correspondientes”.
En la propuesta del senador se complementaba, sin lugar a interpretación diversa, la disposición del Cofipe para que el Consejo General decida cuándo procede la suspensión; sin embargo, corresponde a la SCT aplicar la sanción.
Límites a la ley
El planteamiento de García Cervantes daba mayor sentido a la fracción V del mismo artículo del Cofipe, en el cual se indica que si una vez aplicada la suspensión referida en la fracción IV el infractor reincide, el Consejo General debe dar aviso “a la autoridad competente para que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia”.
Además, precisaba: “El Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá solicitar por acuerdo fundado y motivado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revocación de la concesión o permiso, en los términos de los artículos 31 y 37 de la presente Ley. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolverá lo conducente”.
La iniciativa original no dejaba lugar a interpretaciones. En el caso de infracciones reiteradas de “venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos…” o “difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral”, el Consejo General de este organismo era el responsable de acordar que se suspendiera la transmisión del tiempo comercializable hasta por 36 horas. En caso de reincidencia, esta autoridad estaba facultada para solicitar ante la SCT el revocamiento de la concesión.
En la propuesta de García Cervantes, el Consejo General del IFE podría sancionar, con la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable la difusión de la propaganda encubierta que se ha expandido en noticiarios, revistas televisivas y hasta en telenovelas; y, en caso de reincidencia, solicitar a la SCT la revocación de la concesión.
Con las reformas aprobadas por los senadores, incluso la suspensión que acuerde el Consejo del IFE está sujeta a interpretación por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la SCT. Obviamente, no existe la posibilidad de solicitar que sea revocada la concesión.
Incluso cuando haya materia para la revocación, el titular de la SCT  tampoco la puede aplicar, pues los senadores también eliminaron la reforma al artículo 31 de la LFRT que proponía incluir entre las cláusulas de revocación de las concesiones una fracción IX que señalaba: “Incumplir, en forma grave y reiterada, las disposiciones establecidas por la Base III del artículo 41 de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de radio y televisión, acceso de los partidos políticos a sus prerrogativas en dichos medios, o respecto de las prohibiciones establecidas para los particulares y entes públicos en dichos ordenamientos”.
La iniciativa aprobada por el Senado es un complemento a la controvertida reforma de noviembre de 2007, pero sobre todo, establece límites a las sanciones y a la actuación del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Las multas serán por un máximo de 100 mil salarios mínimos (aproximadamente 5 millones 300 mil pesos) y corresponderá al consejo cobrarlas.
En caso de “infracciones graves y sistemáticas” (que obviamente no basta con que sean reiteradas, sino que además debe haber patrones) se dará vista a la “autoridad competente” para los “efectos correspondientes”. Éstos serán inocuos, pues los senadores también se cuidaron de no incluir en las infracciones explícitas ni en las sanciones establecidas en la LFRT la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable.
En esa reforma hay avances, pues se establece la aplicación supletoria del Cofipe, así como el reconocimiento de la autoridad del Instituto Federal Electoral en la Ley Federal de Radio y Televisión; sin embargo, a cambio de esos logros se protege a los concesionarios, pues todo queda a discreción del titular de la SCT. 

 

 


Publicado por solaripa69 @ 10:01
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