Lunes, 16 de marzo de 2009

Apuntalan a corporativos privados $400 mil millones de pensiones de trabajadores.

Crece la participación de inversionistas institucionales en tenencia de deuda privada

Víctor Cardoso. La Jornada.

 Cerca de 400 mil millones de pesos que forman parte de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, públicos y privados han servido para apuntalar financieramente a corporativos privados nacionales y extranjeros, ya sea mediante la compra de acciones o títulos de deuda, como los certificados bursátiles.

Los llamados inversionistas institucionales, entre los que se encuentran las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), fondos de pensiones y compañías aseguradoras y de fianzas destacan como los principales tenedores de deuda privada, que como porcentaje de su portafolio total representan 21, 23 y 20 por ciento, respectivamente.

Desde hace un año, que se cumplió este 15 de marzo, las Siefores cuentan con reglas más relajadas en materia de riesgo para la inversión de los recursos de pensiones en, por ejemplo, acciones y otros mecanismos de deuda privada, como los certificados bursátiles emitidos por grandes corporativos enlistados en el mercado de valores, que se han servido de estos recursos para enfrentar hasta ahora la crisis financiera.

Las Siefores, sociedades de inversión, aseguradoras, fondos de pensión y tesorerías de grupos financieros han incrementado sustancialmente el monto de sus recursos a invertir. Con información al 4T08 (cuarto trimestre de 2008), los recursos de dichas instituciones ascienden aproximadamente a 2 billones 458 mil millones de pesos, de los cuales 601 mil millones de pesos están invertidos en deuda privada, cifra que representa 24 por ciento del monto total. Se destacan los fondos de pensión como los principales tenedores al cierre del 4T08, con 23 por ciento del monto en circulación de deuda privada, afirma el reporte Análisis de deuda privada, elaborado por el grupo financiero Ixe.

Con base en los últimos reportes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a febrero de este año la mayor parte de las inversiones de las Siefores, 70 por ciento, se habían realizado en bonos emitidos por el gobierno federal. En orden de importancia le siguieron, por su monto global, las inversiones en bonos de deuda de empresas privadas nacionales, con 16 por ciento.

En bonos de deuda emitida por gobiernos o empresas extranjeras se tiene invertido 5.5 por ciento de los recursos operados por las Siefores; en lo que se conoce como renta variable, es decir, acciones de empresas nacionales, las inversiones representan 4.5 por ciento, en tanto que la renta variable internacional representa 4 por ciento.

Con motivo de haberse cumplido un año de que entraron en vigor las nuevas reglas que permiten un mayor riesgo en la operación de los recursos para la jubilación de los trabajadores, José Miguel Torres, del Departamento de estudios económicos y sociopolíticos de Banamex, emitió un reporte en el que reconoce que la turbulencia de los mercados ha afectado el rendimiento de los fondos de ahorro para el retiro. Pero al mismo tiempo, aclaró que ha sido una coincidencia desafortunada que la ampliación de oportunidades de inversión permisibles se haya dado precisamente al desatarse la crisis económica mundial.

El analista manifestó su convicción de que la ampliación de las alternativas (de inversión) abrirá nuevas oportunidades para las empresas locales para obtener liquidez en los mercados domésticos.

Advertencias

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, DF, 13 de marzo (apro).- En la segunda mitad de los años ochenta, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la prensa y el gobierno estadunidenses emprendieron una amplia ofensiva contra México tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kike Camarena a manos de narcotraficantes mexicanos.

Aunque quedó en duda el papel de la DEA en la desaparición y asesinato de su agente, atribuidos únicamente al entonces capo Rafael Caro Quintero, el gobierno de Ronald Reagan desplegó una intensa campaña en contra de México, principalmente a través de la prensa y la televisión. Los medios estadunidenses comenzaron a hablar de la existencia de listas elaboradas por agencias de ese país en las que se mencionaban a altos funcionarios mexicanos protectores del narcotráfico.

La respuesta del gobierno delamadridista fue que el problema del narcotráfico en México se debía al gran consumo de drogas en Estados Unidos. Cínicos, los priistas decían que el papel de México "sólo" era el de transportar la droga. Dos décadas después, Felipe Calderón hace lo mismo.

Culpa a los drogadictos estadunidenses y a los vendedores de armas. Más aún, montado en su reiterativo discurso rijoso ("nada ni nadie nos arredra") arremete contra los funcionarios corruptos de Estados Unidos.

No conforme, pide que éstos sean procesados. Según él, como lo ha hecho en México con la llamada Operación Limpieza. Calderón miente, pues la operación –que el procurador Eduardo Medina Mora ya dio por terminada­– no sólo fue un requisito de Estados Unidos para la aprobación del Plan Mérida, sino que no alcanzó más que a unos cuantos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. Y algunos de ellos, con acusaciones endebles.

Calderón dejó intocados a funcionarios de otras instituciones claramente involucrados, así como a políticos federales, estatales y municipales vinculados con el narcotráfico. Soslayó además todas las redes empresariales que explican en parte la existencia de los cárteles narcotraficantes. Cierto que el narcotráfico escapa a la realidad mexicana y Estados Unidos es parte importante del problema, pero a diferencia de lo ocurrido en los años ochenta del siglo pasado, la respuesta de Calderón resulta de la desesperación.

Desde fines del año pasado, es decir, prácticamente desde la llegada de la administración de Barak Obama, Estados Unidos ha dejado en claro que está preparando una nueva estrategia antinarco en función de su seguridad nacional, lo que implica mayor injerencia en México. El argumento es que los niveles del narcotráfico ya rebasaron la frontera y se han registrado actos violentos en Texas y Arizona relacionados con el narcotráfico mexicano.

Calderón está rebasado porque en Washington tienen claro que su estrategia antinarco es insuficiente. Los mensajes no pueden ser más claros. Primero fue el Departamento de Estado con la idea del "Estado fallido", después las declaraciones del director de Inteligencia, Dennis C. Blair, sobre los problemas de gobernabilidad en México a causa de la corrupción propiciada por el narcotráfico y, más recientemente, el señalamiento desde el Congreso de que el Estado mexicano ha perdido el control de algunas zonas de su territorio.

Por si fuera poco, el Congreso aprobó para este año 300 de los 450 millones de dólares prometidos del Plan Mérida. Todo avalado por el Pentágono, que claramente ha señalado su propósito de tener más presencia en el Ejército mexicano para combatir el narcotráfico. La cereza del pastel fue la provocadora inclusión de Joaquín El Chapo Guzmán en la lista Forbes como el número 701 de los hombres más ricos del mundo, con mil millones de dólares como "empresario del transporte" de droga.

Al igual que los priistas en su momento, Calderón asegura que se trata de una campaña desde el exterior para "distorsionar la realidad de México".  Cuando los panistas comenzaron a gobernar en México a fines de los ochenta, en pleno descrédito del PRI por la penetración del narcotráfico, lo único que ocurrió fue que los nuevos gobernantes sucumbieron igual que los priistas ante el narcotráfico. Lo mismo ha ocurrido con los perredistas desde la década pasada.

El narcotráfico ha desestructurado la relación de las instituciones con los gobernados y se necesitan más que soldados para recuperar el terreno perdido. Calderón se engaña y quiere engañar a quien se deje de que se trata de una perversa campaña de Estados Unidos. Lo que no dice es que las críticas estadunidenses ponen en duda su estrategia surgida por su propia necesidad política y sin saber a dónde llegaría.

 

Causó la SEP quebranto al erario por $11.5 millones, infiere la ASF

Hay irregularidades en el Pronabes, señala informe de la revisión de la Cuenta Pública 2007. Entregó becas a personas que incumplían requisitos; erogó de más en 484 alumnos, señala. Se desconoce toda información sobre alumnos apoyados con mil 130 millones de pesos, apunta.

Karina Avilés

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) causó un probable quebranto a la hacienda nacional al entregar becas por 11 millones 589 mil pesos a personas que no cumplían con los requisitos y a estudiantes a quienes otorgó más fondos de los señalados por la norma, de acuerdo con el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2007 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Así, la dependencia becó a más de mil 700 personas entre 21 y 77 años de edad, pese a que los beneficiarios no deben ser mayores de 20 años, pues el objetivo es retener a alumnos de educación media superior. También privilegió a casi medio millar de educandos, quienes recibieron recursos adicionales.

El reporte advierte que en el padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas de Educación Superior (Pronabes) hay un importe de mil 130 millones 193 mil pesos; sin embargo, se desconoce toda información sobre los alumnos apoyados, como nombre, edad o cantidad recibida.

En relación con el Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (PNBREEMS) –cuya organización y operación, destacó la ASF, se manejó en general con opacidad–, recomendó fincar responsabilidades administrativas, porque la convocatoria excluyó la totalidad de la población objetivo, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, entre otros.

Entre 21 observaciones que hace la ASF al PNBREENS –manejado por la Subsecretaría de Educación Media Superior–, destaca un probable daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal por 11 millones 589 mil pesos, de los cuales 8 millones 918 mil se otorgaron a mil 717 beneficiarios que no cumplieron con el requisito de ser menores de 20 años, y 2 millones 671 mil correspondieron a la entrega de fondos adicionales a 484 alumnos.

A estos últimos becarios se les depositaron 6 millones 709 mil pesos, pese a que les debían entregar 4 millones 38 mil, dice el informe.

La ASF descubrió que mil 717 personas que recibieron apoyos tenían entre 21 y 77 años de edad, por lo que observó que dicha subsecretaría no cuenta con un padrón único de beneficiarios de becas existentes.

Todo ello impactó en una deficiente selección de los candidatos, con edades muy superiores a la establecida; otorgamiento incorrecto de los montos de las becas; falta de formalización de un contrato o convenio donde se establecieran las condiciones ofrecidas y solicitadas por la institución bancaria correspondiente para la dispersión de los recursos, entre otros.

Detectó que se pagaron fuera de la norma 229 millones 535 mil pesos por concepto de becas que cubrieron un periodo de 12 meses, y la convocatoria del programa fue poco transparente, al omitir requisitos fundamentales, como la duración. Tampoco fue señalado el carácter público del programa, sin el patrocinio de partido político alguno.

En cuanto al Pronabes, la SEP registró y reportó como ejercidos 446 millones 340 mil pesos que no estaban devengados, pues no existía la obligación de pago, al desconocer quiénes serían los beneficiarios. Además, 480 millones 569 mil pesos se reportaron incorrectamente en la actividad prioritaria fortalecimiento del programa de becas.

 

 


Publicado por solaripa69 @ 10:16
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