Lunes, 23 de marzo de 2009

Reprueba un informe el sistema educativo para niños jornaleros.

El esquema oficial reproduce la marginación en que viven los menores, señala evaluación. En Coahuila, clases entre moscas que impiden el trabajo de alumnos y profesores, apunta. El gobierno de Veracruz ha recortado más de 50 por ciento el presupuesto dedicado al rubro

Karina Avilés. LA JORNADA.

Para los niños de familias jornaleras migrantes, el sistema educativo es un espacio de reproducción de las condiciones de segregación y exclusión en que viven: toman clases entre moscas, en ocasiones ni siquiera cuentan con las galeras que les sirven de aulas y se ha llegado al extremo de que reciban –en los casos en que se les manda material – el frasco más chiquito de pegamento para todo el ciclo agrícola.

De acuerdo con la evaluación externa del Programa de Educación Prescolar y Primaria Para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim) 2008, hay estados donde, pese a lo anterior, el gobierno federal sólo destinó un presupuesto de 934 pesos por niño.

Aunque el informe no hace las comparaciones, este gasto contrasta con los 45 mil pesos que eroga anualmente el Estado en un alumno de educación superior, o los 14 mil pesos que destina para un estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que ya de por sí es la inversión más baja que se hace en relación con el resto de los subsistemas de nivel bachillerato.

Cinco estados calificados

El estudio, elaborado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bajo la coordinación de Carlos Rafael Rodríguez Solera, da cuenta de cómo ha funcionado el Pronim en cinco estados a los que se considera prioritarios en este proceso de evaluación: Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz.

Así, en la región lagunera de Coahuila los educandos acuden a tres predios pertenecientes a la empresa Hortaliza de La Laguna. Son recogidos por un autobús de la compañía, que los concentra en un solo lugar. La escuela cuenta con dos cuartos (...) Se ha tratado de acondicionarlos lo mejor posible, aunque el clima y las moscas, debido a la planta de tomate, no dejan trabajar ni a los niños ni a las maestras.

Esos menores provienen de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz; la mayoría no tienen siquiera una identificación, por lo que no se les puede certificar, y viven en una galera, donde se encuentran las familias hacinadas.

Sin embargo, en algunos casos no hay siquiera un espacio para que reciban clases, por lo que dependen del poder de negociación de los maestros con las autoridades municipales o los dueños de los campos, como ocurre en Veracruz, donde fueron compradas carpas de plástico móviles, que no sirvieron para los fines educativos por el exceso de calor que producen. Hoy se usan para otras actividades.

Pese a ello, desde que comenzó el gobierno de Fidel Herrera, el monto estatal para el programa sufrió una caída de más de 50 por ciento, pues de 800 mil 962 pesos que se destinaron en 2002, el año pasado se erogaron apenas 380 mil 381, lo que sólo alcanza para cubrir los salarios de los educadores durante cinco meses.

Otra observación constante al programa es que los niños migrantes tampoco cuentan con material didáctico.

En Oaxaca, los maestros expresaron: el material que nos dan para cada niño es el bote más chiquito de Resistol, un cuaderno, un lápiz y un sacapuntas, como si nada más fuéramos a ocupar eso en el ciclo. En esa entidad el presupuesto por alumno es de 934 pesos, mientras en San Luis Potosí asciende a 4 mil 936 y en Chiapas a 17 mil 718 pesos.

Y si la condición de los niños es paupérrima, la de los maestros no es mucho mejor. En Veracruz, los educadores reciben una beca de 960 pesos mensuales, lo que los ubica en el último lugar de los salarios comparados a nivel nacional. Entre las cinco entidades evaluadas, los docentes que más ganan son los de Coahuila: 4 mil 500 pesos al mes.

Además de la escasez de recursos materiales y humanos –hay coordinaciones estatales del Pronim donde sólo trabaja una persona–, el informe advierte que existe un condicionamiento de los pagos - beca a los docentes y otras irregularidades. Por ejemplo, en Oaxaca las autoridades obligan a los maestros a firmar documentos en blanco a cambio de un pago por concepto de viáticos.

Para los maestros del Pronim, los gastos que deben realizar están por encima de sus posibilidades. En Chiapas, los supervisores deben trasladarse de Tuxtla Gutiérrez a Tapachula, lo que implica una distancia de 400 kilómetros, 12 horas de viaje y gastos de hospedaje, alimentación y traslado, por lo que deben solicitar el apoyo de los dueños de las fincas, lo que resta autonomía a las actividades de supervisión.

Al día de hoy, muchas de las empresas agrícolas que contratan esta mano de obra infantil impiden el acceso de los niños al Pronim, al negar que haya niños jornaleros en edad escolar.

Frente a esa problemática, el informe hace una serie de recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública, en torno a un eje central: la creación de una verdadera política oficial que permita romper con la marginación que sufren esos menores.

El mejor posicionado será candidato en 2012: AMLO

La estructura del gobierno legítimo no es para impulsarme, asegura

No soy cacique ni aspiro a serlo; siempre actuaré con dignidad, dice

Nuestro movimiento no servirá a intereses personales o de grupo, advierte.

Enrique Méndez y Alma E. Muñoz. LA JORNADA.

 

Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que la estructura del gobierno legítimo, que el sábado reunió a 12 mil cuadros dirigentes, no se construye para impulsar su candidatura presidencial en 2012, porque este asunto lo resolveremos en su momento y dependerá, en mucho, de quién esté mejor posicionado para ese entonces. Resaltó: No soy cacique, ni aspiro a serlo; siempre actuaré con dignidad y seré congruente con mis ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida.

Ante miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino, el ex candidato presidencial dijo que la organización –que cuenta ya con 2 millones 200 mil representantes y se espera que sean 15 millones en 2012– no estará al servicio de intereses personales o de grupo, porque su objetivo es lograr los cambios que necesita el país. No habrá, declaró, cabida a politiquería, corrupción, servilismo, clientelismo, nepotismo, influyentismo, arribismo, simulación, sectarismo, ninguna de esas lacras de la política.

Insistió en que la participación de los 12 mil representantes que tienen a su cargo las células básicas del movimiento en los municipios no será mera búsqueda de cargos sin compromisos con la gente ni afán de lucro ni oportunismo, porque la política es moralidad, convicción, congruencia y, sobre todo, humanismo, es decir, acción en beneficio de los demás.

Explicó que los comités municipales estarán a cargo de ampliar y consolidar la organización popular, hacer valer la democracia, defender la economía popular y crear una red nacional de información y difusión, y que el siguiente paso será constituir los comités en barrios, colonias y comunidades, pues ya se aprendió la lección de 2006 y ahora estamos preparándonos con tiempo.

En un amplio discurso, en el que hizo un reconocimiento al Gobierno del Distrito Federal por su política social, también se refirió a las elecciones del 5 de julio y confirmó que su voto será diferenciado entre los candidatos de PRD, PT y Convergencia. Refirió que como esos tres partidos, que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), no lograron una alianza electoral, los militantes y simpatizantes deben reflexionar y decidir libremente si apoyan a los candidatos del PT o a los de la coalición Salvemos a México (PT y Convergencia), a partir de quién se postule, y pensando en lo que más convenga al movimiento. En lo personal expuso que decidió apoyar a los tres partidos, pero acotó que hasta el momento ha definido ayudar en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, a los candidatos de Salvemos a México, y en Tabasco y Distrito Federal a los del PRD.

Aclaró que su respaldo a PT y Convergencia se debe a que participan de manera solidaria en el movimiento y hay un intento de sus adversarios por impedirles que alcancen una votación suficiente para sostener sus registros, y eso no lo podemos permitir.

Aseguró que a pesar de las discrepancias, obstáculos y dificultades, el movimiento debe participar en los comicios de julio, porque si bien no es fácil transformar al país en forma pacífica y por la vía electoral, y aun cuando algunos compañeros legítimamente sostienen que así no se va a poder, que los potentados no dejarán nunca sus privilegios, sí es posible si hay una mejor organización.

Por ello, dijo, aun cuando las elecciones intermedias no son definitorias, sí es necesario respaldar a los candidatos para que, desde la Cámara de Diputados, contribuyan a la construcción de una nueva república, y llamó a votar por los partidos del FAP y no otorgar ni un solo voto al PRI ni al PAN.

Asimismo, defendió la vigencia del movimiento, que –ejemplificó– detuvo la entrega de la industria petrolera a particulares nacionales y extranjeros, y dijo que ha contribuido en mucho el trabajo de gobiernos surgidos del FAP. El del Distrito Federal, resaltó, ha actuado de manera consecuente y dado ejemplo a nivel nacional al mantener programas sociales, no aumentar el precio del Metro, otorgar becas a estudiantes de preparatorias públicas y ampliar la atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población e instalar 300 comedores populares.

Agregó que por nuestra lucha, perseverancia y terquedad, en comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen a la minuta del Senado con la reforma constitucional para que ningún funcionario público gane más que el Presidente de la República. Es decir, no ha sido inútil nuestra denuncia sobre la inmoralidad que significa asignar sueldos en los tres poderes de gobierno hasta de 600 mil pesos mensuales.

López Obredor propuso –y sus simpatizantes aceptaron– concentrarse el miércoles a las 17 horas frente a la Cámara de Diputados para exigir que el dictamen de reforma constitucional sea conocido por el pleno y sometido a discusión.

El ex candidato presidencial aseguró que el movimiento es como una lucecita que indica que podemos salir del túnel en que nos encontramos, y expuso que está a la vista lo que se ha logrado, como haber frenado el intento original de la derecha, de Calderón y de las cúpulas del PRI y del PAN de legalizar la privatización del petróleo, pero estamos conscientes de que esta lucha aún no termina, porque es una gran tentación y es mucha la codicia y el acecho de las minorías rapaces.

Guerra sucia contra indígenas

GLORIA LETICIA DíAZ. PROCESO.

La historia reciente de Guerrero está cargada de violencia contra sus comunidades indígenas a manos de los sucesivos gobiernos locales y, señaladamente, del Ejército. El arribo del perredista Zeferino Torreblanca a la gubernatura en 2005 no acabó con las agresiones; aún más, las empeoró. En este contexto, el asesinato de los activistas sociales Raúl Lucas y Manuel Ponce provocó la exigencia de organismos internacionales para que el Estado mexicano ponga fin a su escalada represiva.

Considerado como "crimen de lesa humanidad y de Estado" por organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas se sumó a la lista de agravios contra luchadores sociales en Guerrero durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

La eliminación de los dirigentes indígenas forma parte de "una estrategia de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad contra toda organización social que apela a la protesta y a la manifestación pública", asegura Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

En un punto de acuerdo aprobado por unanimidad el miércoles 11, el Congreso del Estado rechazó la solicitud que hizo el 27 de febrero el gobernador Torreblanca para crear una fiscalía especial. En ese punto de acuerdo se contempla pedir la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los homicidios.

Igualmente, un grupo de diputados y otro de senadores perredistas se manifestaron por que la PGR atraiga el caso, ante la desconfianza de los familiares de las víctimas en las autoridades locales, que se negaron a intervenir cuando se denunció la desaparición forzada de Lucas Lucía y Ponce Rosas el 13 de febrero pasado, en un acto público en Ayutla.

Después de que los cuerpos del presidente y el secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) –Lucas y Ponce, respectivamente– fueron localizados, el Centro Tlachinollan,  como representante legal de los familiares,  criticó la actuación de la procuraduría estatal. Como respuesta, el titular de la dependencia, Eduardo Murueta Urrutia, declaró que la OFPM armaba "una campañita" en contra del gobierno de Torreblanca Galindo y la acusó de obstaculizar las investigaciones, incluyendo la que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tomó el caso después de la condena internacional, según publicó el periódico El Sur en su edición del jueves 5.

"Esas declaraciones nos dejan en un alto estado de vulnerabilidad y corresponden a la estigmatización en la que se nos ha colocado a los defensores de derechos humanos, al vernos como entes desestabilizadores con la función de dañar la imagen del Estado mexicano", destaca Barrera Hernández.

 

Los combates de Proceso

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

En una sociedad poco habituada al ejercicio de las libertades, el periodismo tiene que unir al vigor de su tarea informativa la fuerza de la convicción, pues de lo contrario se estrella contra los intereses creados cuando no con la indiferencia social, que es parte de la raquítica convivencia ciudadana, remanente del autoritarismo largamente padecido.

Así, al mismo tiempo que se esmera en ofrecer a sus lectores el resultado de investigaciones y reflexiones que develen lo oculto y lo impregnen de sentido, una publicación como Proceso, que nació como respuesta contra la violenta censura gubernamental, tiene que blandir además de sus propias armas, las del trabajo periodístico, las de la defensa jurídica de su derecho a decir, que es el de los lectores a leer información sustantiva que, aunque en ocasiones tenga la apariencia de pertenecer al ámbito de la vida privada, es en realidad asunto de interés público porque público es el escenario donde transitan sus protagonistas y público es el poder de que se valen.

No acaba de salir de un intrincado vericueto judicial montado por Marta Sahagún, cuando ya Proceso se enfrenta a otra forma de acoso judicial, esta vez más abiertamente peligroso porque implica la posibilidad de sanciones  que incluyen pena corporal: el gobernador de Colima presentó ante el Ministerio Público de su entidad, que depende de él, dos denuncias "contra quienes resulten responsables" de muy cabal información sobre la intolerable presencia del narcotráfico en la vida pública colimense, en el ejercicio del poder y en la disputa electoral.

Hace ya muchos años, en el tiempo en que se suponía capaz de reemplazar a su marido en el Poder Ejecutivo e inaugurar una época en que desaparecería la pareja presidencial, pues ella sola se bastaría para ejercerlo, como dispone la ley, la esposa de Vicente Fox demandó por la vía civil a Proceso, por dar cabida a un notable reportaje de la periodista Olga Wornat, que incluyó documentos sobre la anulación del matrimonio eclesiástico de la señora originalmente casada con Manuel Bribiesca. Indebidamente, por que el daño moral sólo se produce cuando procede de actos ilícitos –la publicación de un anónimo, por ejemplo, carente de los registros legales que le dan identidad—un juez dio entrada a la demanda, evidentemente presentada no por una señora común y corriente sino potenciada por su condición de cónyuge del Presidente de la república, según este mismo reconoció sin ambages. Tampoco debió ser admitida tal demanda porque no se entró en la intimidad de la persona afectada. Lo que se hizo fue dar mayor publicidad que la que por su propia naturaleza estaba destinada a tener, a un documento en que la antigua señora de Bribiesca se explayó en narrar las vicisitudes de su vida de pareja, antes y durante la duración del matrimonio que consiguió anular. El documento estaba dirigido a muchos ojos, los que tenían participación en el procedimiento judicial eclesiástico, y por ello no era reservado. No era un diario que sólo la presunta dañada escribiera y leyera, y que fuera objeto de un latrocinio o una infidencia.

Sin embargo, el proceso judicial condenó a la periodista por afectar la reputación de la esposa del Presidente ¡a partir de un texto redactado por ella misma y entregado a varias personas para que lo conocieran! ¡Un retrato trazado por ella misma, por lo cual no cabría esperar una deformación de su imagen que resultara lesiva de su honra! Proceso, por su parte, fue exonerado porque el juez consideró que se había limitado a portar el mensaje que provocó el daño moral.

Esta parte del resultado de su pretensión, el que no se condenara al semanario en igual o semejante medida en que se hacía con la periodista llevó a la demandante al juicio de amparo, cuya revisión reposó durante largos meses en los escritorios del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, encabezado por el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, uno de los siete integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a quienes, con fundada razón, ampliamente documentada, José Antonio Crespo consideró responsables del fraude con que concluyó la elección presidencial de 2006.

La causa de la demora consistió en que ese juicio, su abordamiento por la Judicatura federal, iba a desembocar en la fijación de un criterio con arreglo al cual se resolvieran otras demandas contra periodistas encausados por practicar su oficio o rendir testimonio de hechos que les constan. Ese criterio consistiría no en conciliar derechos humanos que en una democracia pueden ser y son compatibles, sino en imponer el valor de uno por encima de otro, con las consecuencias funestas de tal postergación. La sentencia que muy probablemente iba a ser aprobada el jueves 19 (cuando el asunto estaba en la lista de los expedientes a revisar) valoraría en más el derecho a la intimidad que el de los ciudadanos a saber y el de los periodistas a comunicar, algo contrario a principios firmes del derecho internacional de los derechos humanos.

Eso significaba, en el caso concreto, que triunfaran las pretensiones silenciadoras de la señora Sahagún frente a Olga Wornat y Proceso, que también sería sancionado. Y para la sociedad en su conjunto, la apertura de un grave riesgo, la inhibición de las libertades de informar y de publicar, con las consecuencias funestas que ello implica para la convivencia democrática en que nos afanamos no siempre con éxito. Por fortuna, antes de que el asunto concluyera en la jurisdicción del tribunal colegiado, la Suprema Corte le dio aviso de que, por su probable trascendencia, examinará el caso y eventualmente lo atraería. En buena hora ocurra esto último, pues las repercusiones sociales de la sentencia que se dicte ameritan que el asunto sea discutido abiertamente por el pleno del máximo tribunal, ante las cámaras del canal judicial y no en la discreta penumbra de un colegiado de rango inferior.

Una semana antes de este suceso, el viernes 13, se inició otro que, como dije arriba, puede tener consecuencias aun más graves que las decisiones resultantes de la iniciativa judicial de la esposa del expresidente de la República. En un rasgo supremo de inverecundia, el gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Cevallos presentó ante su empleado, el procurador de justicia de esa entidad, Arturo Díaz Rivera, dos denuncias por la publicación del reportaje titulado Colima: todos están en el narco, aparecido en el número 1687 de este semanario, que comenzó a circular el domingo primero de marzo.

   Aunque el Ejecutivo local pretendió que las denuncias corresponden una a su condición de persona particular y otra a su carácter de representante del pueblo colimense, a quien consideró agraviado con la publicación de un texto basado en expedientes judiciales y reportes de oficinas gubernamentales de inteligencia. Sin embargo, al día siguiente del trámite ministerial convocó en su carácter de gobernador a una conferencia de prensa para hablar de la doble vertiente en que supone discurrirá el procedimiento. Cavazos Cevallos se hizo acompañar por su señora esposa, por la secretaria de Gobierno y por los abogados contratados exprofeso, que es de suponerse serán pagados por la oficina del gobernador, con recursos públicos. El político colimense arguyó que "no se vale que se hagan imputaciones sin ningún fundamento" y que "no es correcto que sin elementos fehacientes y tan sólo con elucubraciones (sic) personales de alguien que se dedique al periodismo pueda dañar la imagen pública de persona alguna". El reportaje no incluyó imputación alguna a su persona. Sólo refirió que dos de sus hermanos han tenido problemas judiciales por su relación con delitos contra la salud.

Otras personas mencionadas en el reportaje buscaron simplemente desmentir. Si bien se reservaron de modo expreso su derecho a iniciar acciones legales, el senador Rogelio Rueda Sánchez, la señora Isaura Anguiano Chávez y Rafael Ordorica Suárez escribieron a Proceso expresando su inconformidad y disgusto por su inclusión en el material periodístico impugnado. En cambio, el gobernador decidió hacer uso de su poder para iniciar un procedimiento de carácter penal, cuya averiguación previa será realizada por el Ministerio Público encabezado por el procurador que depende del denunciante y ventilado ante un Poder Judicial que, a la antigua usanza, que es la misma de hoy en los gobiernos locales priistas, está en último término sometido también al gobernador.

Nadie se asombrará de que procedimientos penales sesgados de origen concluyan en sentencias contra quienes resulten responsables de los actos denunciados por el gobernador. Pero conocer de antemano el desenlace no significa que debamos pasivamente esperarlo y padecerlo. Declarémoslo desde hoy inadmisible y luchemos, no sólo en esta casa sino en los ámbitos más anchos del periodismo en general, contra una agresión que en cualquier momento, por cualquier motivo, en cualquier estado, puede dirigirse a cualquiera de nosotros, oficiantes de la prensa.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:03
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