Lunes, 30 de marzo de 2009

Insiste Obama en que el narco es una seria amenaza para EU.

Afp. (la Jornada).

 Washington, 29 de marzo. El presidente Barack Obama aseguró que la violencia del narcotráfico en México está fuera de control y que plantea una seria amenaza a las comunidades de la frontera con Estados Unidos.

En una entrevista con la cadena de televisión CBS, Obama dijo que su gobierno esperaría para evaluar el impacto de la intensificación de las tareas policiales antes de desplegar la Guardia Nacional en la frontera.

No creo que eso sea lo que podría llamarse una amenaza existencial. Pero es una seria amenaza a las comunidades de la frontera, y se ha salido de las manos, afirmó. Haciéndose eco de los comentarios de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien estuvo en México la semana pasada, Obama calificó a la crisis de la droga en el sur de Estados Unidos de calle de doble sentido, alimentada por la demanda de droga en su país y la disponibilidad de armas.

Debemos reducir la demanda de droga. Debemos hacer nuestro esfuerzo por reducir también el flujo de dinero y de armas en el sur, dijo.

Funcionarios del gobierno anunciaron la semana pasada planes de enviar 360 agentes federales más y funcionarios a la frontera para concentrarse en el movimiento de droga y armas, oara así fortalecer la seguridad e inteligencia. Incluso, Obama dijo que el gobierno consideraba llamar a la Guardia Nacional.

Pero antes queremos evaluar si algunos de los pasos que dimos pueden ayudar a disipar la violencia, dijo. Queremos asegurarnos de que estamos consultando lo más efectivamente posible al gobierno mexicano para avanzar con esta estrategia, agregó.

Clinton dio este mismo mensaje la semana pasada en México, prometiendo colaborar con el gobierno de Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos cárteles de la droga. Asimismo se comprometió a proveer a México de 80 millones de dólares para adquirir helicópteros BlackHawk con el objetivo de perseguir a estos grupos.

Obama habló sobre México durante una entrevista difundida este domingo por la televisora CBS –una de las de mayor auditorio en Estados Unidos–, conducida por el jefe de la corresponsalía de la cadena en Washington, Bob Schieffer, quien comenzó con el tema de la guerra en Afganistán, su ampliación hacia Pakistán y su relación con el conflicto en Irak. Casi a la mitad del programa, realizado el viernes pasado, el periodista introdujo las preguntas sobre México.

–Déjeme preguntarle sobre algo más próximo a nuestra casa y eso es México. Usted habló de enviar más ayuda al gobierno mexicano. Pero las cosas allá son de verdad serias, como usted bien debe saberlo. Entiendo que 90 por ciento de las armas que se consiguen allá provienen de Estados Unidos. No parece que estemos haciendo un muy buen trabajo para cortar ese flujo. ¿Necesita algún tipo de ayuda legislativa es ese frente? ¿Ha pensado, por ejemplo, en pedir al Congreso que restablezca la prohibición del armamento de asalto?

–Pienso que lo que más necesitamos es una mejor aplicación de la fuerza pública. Y por eso esta semana pusimos en marcha una amplia iniciativa para apoyar a aquellas regiones fronterizas que están siendo amenazadas por estos cárteles de las drogas para dar respaldo al gobierno mexicano, a fin de asegurar que de nuestro lado de la frontera tengamos más personal y más equipo de vigilancia.

México incumplirá objetivos mundiales en materia de salud.

Redujo fondos y mantiene bajo nivel de acciones para disminuir la mortalidad materna. Recorte presupuestal, para atender un mayor número de casos de sida: Elena Zúñiga. Hoy, la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas evalúa avances

Fabiola Martínez.

México ha reducido el financiamiento para salud reproductiva y mantiene un bajo nivel de recursos y acciones para disminuir el índice de mortalidad materna. Ello lo deja lejos de alcanzar las metas globales en la materia, advirtió Elena Zúñiga, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas.

En 1994, en El Cairo, 190 países se comprometieron a hacer esfuerzos por reducir 75 por ciento –en 20 años– la mortalidad materna. Falta un lustro para que venza el plazo para alcanzar ese objetivo, y México tenía apenas un avance cercano a 38 por ciento en el periodo 1990-2007. También con un rezago similar se encuentran la mayoría de las naciones firmantes.

A escala global, hace 15 años alrededor de 40 por ciento de los recursos de cooperación internacional dedicados a salud reproductiva estaban dirigidos a la planificación familiar, y actualmente el indicador cayó a 4 por ciento. Para 2015, México difícilmente logrará la reducción de 75 por ciento. A escala global también se presenta un desplome, y ello lleva a retrocesos en diversos ámbitos respecto de embarazos no planeados, aseveró Zúñiga en entrevista.

La reunión

Hoy, la comisión mencionada empieza en Nueva York, Estados Unidos, la evaluación. Elena Zúñiga, mexicana y ex titular del Consejo Nacional de Población, advierte que la mayoría de los países, incluido el nuestro, han dedicado buena parte de los fondos que correspondían a combatir ese déficit a la atención de afectados por VIH-sida.

También en México, explicó, hay indicios de ese fenómeno. En el presupuesto destinado a salud reproductiva el porcentaje para planificación familiar se ha reducido, lo cual afecta otros ámbitos, como la difusión de información y la atención de los adolescentes.

–¿En qué magnitud?

–Es una estimación difícil, pero lo que ha generado el sistema de salud indica que también la nación se ha visto afectada por ese aspecto (atención a VIH) y ha reducido el presupuesto para el rubro.

Ahí está lo que ocurre en México con las jóvenes respecto del aumento de la demanda insatisfecha de uso de anticonceptivos. Advirtió que hay focos rojos en el ámbito internacional, particularmente estancamientos en lo que se refiere a mortalidad materna. Se estima que, en el mundo, pocas naciones van a alcanzar la meta establecida en 1994 de reducir 75 por ciento los niveles de mortalidad materna.

La Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas es el órgano que tiene a su cargo dar seguimiento a los acuerdos globales en la materia. El plan mundial más reciente en el rubro, consensuado por más de 190 países, es el Programa de Acción Internacional sobre Población (El Cairo, 1994).

Esa conferencia marcó un cambio radical en las políticas de población en todo el planeta. Antes de esa cumbre predominaban las que tenían enfoque meramente demográfico, es decir, de reducción del crecimiento. Hoy la persona es puesta en el centro de las políticas públicas y se le reconoce como sujeto de garantías. En ese sentido, lo que importa es garantizar el derecho de las personas a decidir básicamente cuántos hijos desean tener y a las mujeres a llevar un embarazo sin riesgo de muerte, así como tener hijos deseados, planeados y sanos.

Eso es lo que deben promover las políticas públicas, de acuerdo con los acuerdos de El Cairo. También en esa reunión se reconoció que algunos factores que inciden en el ejercicio de esos derechos tienen que ver con la pobreza y la desigualdad social y de género, lo cual impide a las mujeres decidir de manera autónoma sobre su reproducción y sexualidad. Otro elemento que se reconoce es la desigualdad intergeneracional, que limita sobre todo a las personas jóvenes ejercer de manera plena sus garantías sexuales y reproductivas. Cada año la comisión se reúne para evaluar las problemáticas más apremiantes, pero cada lustro se hace una revisión integral de los logros.

Este año se celebran los 15 años de ese programa y, por tanto, se efectúa la tercera revisión. En el encuentro se darán a conocer las conclusiones, con el fin de que en los cinco años que restan al programa se puedan alcanzar más objetivos fundamentales para el desarrollo: que las mujeres tengan mejor situación para la salud reproductiva, acceso a la planificación familiar y reducir la mortalidad materna e infantil.

Determinan 70 ONG programa en favor de la liberación de los presos de Atenco

Exigen que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo sean cambiados a un Cereso

Ángeles Cruz Martínez

Con la participación de representantes de 70 organizaciones civiles de 10 estados de la República se realizó ayer la primera asamblea de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, en la cual se definieron las siguientes acciones para exigir la liberación de las 12 personas que continúan presas por los hechos de 2006.

De manera particular, los asistentes resaltaron la urgencia de que Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa sean trasladados a un centro de readaptación social (Cereso) y dejen el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Rechazaron que a los líderes sociales se les equipare con delincuentes peligrosos, como secuestradores o narcotraficantes. Rosa Nelly, quien crió a Galindo Gochicoa, denunció que desde octubre pasado las autoridades del penal decidieron cancelar al abogado el permiso de visita.

Además, denunció que los presos padecen hostigamiento, pues en varias ocasiones, durante la noche, se realizan inspecciones a las celdas. Los policías entran con perros y tiran al suelo sus pertenencias, acusó.

La represión se agudizó el pasado 16 de marzo, cuando los obispos Samuel Ruiz, Raúl Vera y el sacerdote Miguel Concha intentaron visitarlos. No les dieron de comer ni los dejaron salir de sus celdas, señaló Rosa Nelly.

En el transcurso de la reunión, Rodolfo Inés Cuéllar, detenido en el reclusorio Molino de las Flores, se comunicó telefónicamente para enviar, en representación de todos los detenidos, un saludo y un agradecimiento a la asamblea, en lo que fue un emotivo mensaje.

Al encuentro asistieron, además, Adolfo Gilly, el general Francisco Gallardo, los hermanos Cerezo y Dolores González, de Serapaz, entre otros. Los abogados de las 12 personas que continúan privadas de su libertad en la prisión Molino de las Flores y el Altiplano dieron cuenta de los procesos a que fueron sometidos los campesinos y las sentencias dictadas. Todos son presos políticos, afirmaron los litigantes.

Como parte de los acuerdos, la asamblea emitió un pronunciamiento de solidaridad con el cantante Manu Chao, a quien también reconocieron el papel que ha desempeñado al denunciar en todos los lugares a que llega las violaciones a los derechos humanos.

A su vez, los representantes de organizaciones civiles ofrecieron realizar actos de difusión en sus respectivas localidades y con ello promover la campaña con que se busca relanzar la exigencia por la liberación de los detenidos, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión todavía pendientes y la revocación y anulación de las sentencias.

La campaña, de la que forman parte académicos, intelectuales, actores, obispos y organizaciones civiles, también exige que se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de los perseguidos y detenidos, y se castigue a los responsables de las violaciones a esas garantías básicas. De igual forma, demandan que se detenga la criminalización de los movimientos sociales en el país.

Entre las próximas actividades del plan de acción destaca, del 28 de marzo al 28 de abril, la realización de la campaña nacional de difusión. El 18 de abril se llevará a cabo una caravana motorizada hacia el penal Molino de las Flores para visitar a los nueve presos políticos. La movilización saldrá del Monumento a la Revolución.

El 19 de abril se efectuará una segunda asamblea de organización de la campaña, y el 3 de mayo un acto político cultural en San Salvador Atenco, justo cuando se cumplen tres años del operativo policiaco ordenado por el gobierno contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

 

Echeverría: la historia no lo deja impune

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

La historia no ha absuelto a Luis Echeverría y, sin duda, no lo absolverá. En cambio, el expresidente ya cuenta con la exoneración de las autoridades judiciales que han creado para él, según lo dijo el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, un "nicho de impunidad" al liberarlo de toda responsabilidad en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. En ello coincide la subdirectora de Amnistía Internacional para las Américas, Kerrie Howard, quien critica al Estado mexicano porque, arguye, no sólo incumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que garantiza la impunidad de aquellos que los violan.
Exonerado la semana pasada por la justicia mexicana, el expresidente Luis Echeverría Álvarez quedó juzgado para la historia apenas ocurrida la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, ratificó el jueves 26 el argumento con el que la justicia federal llevó las acusaciones contra Echeverría: hubo genocidio aquella noche de Tlatelolco, pero él no fue responsable. El Colegiado confirmó el amparo obtenido por el exmandatario desde el 12 de julio de 2007, cuando el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, aseguró que en las casi 59 mil fojas del expediente no encontró "ni una sola prueba" sobre su responsabilidad, pese a sostener que en la plaza de las Tres Culturas sí ocurrió ese delito de lesa humanidad y que éste aún no había prescrito.

El criterio predominante en la justicia mexicana fue que no pudo procesar a ningún responsable de aquel hecho sangriento porque los acusados estaban muertos –empezando por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz– o la acción penal había prescrito. Más aún, que Echeverría, ahora de 87 años y en ese entonces secretario de Gobernación, "no tuvo nada que ver" en la masacre.

Con esta determinación no sólo concluye la prisión domiciliaria a la que Echeverría estuvo sometido desde el 28 de noviembre de 2006, por su probable responsabilidad en esos hechos, sino que prácticamente se terminan las acciones judiciales en su contra. En junio de 2005, la justicia federal también exoneró al exmandatario en definitiva de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, perpetrada en San Cosme por el grupo paramilitar Los Halcones cuando él era presidente.

Con el juicio de la historia a cuestas –ante la que Echeverría pasó como responsable de ambas masacres–, la ratificación del amparo fue criticada por la oficina de Amnistía Internacional (AI) en México, que hizo ver al gobierno de Felipe Calderón que la impunidad por los delitos del pasado se agrava con el clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país. Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1691 que empezó a circular este domingo 29 de marzo.

 

 


Publicado por solaripa69 @ 10:51
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