Jueves, 02 de abril de 2009

Magistrados del TEDF usarán el presupuesto para comprarse autos.

Aprueban asignarse $300 mil cada tres años para cambiar vehículo, que será de uso personal. La prestación alcanza también a los secretarios general y administrativo y otros funcionarios del tribunal.La asignación inicial se entregará a la brevedad, señala el lineamiento

Raúl Llanos Samaniego y Rocío González Alvarado

 

Los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), cuyo sueldo bruto es superior a 140 mil pesos mensuales, acordaron utilizar los recursos públicos que tiene asignados este organismo para comprarse automóviles de lujo, los cuales pasarán a ser de su propiedad y ya no del patrimonio de esta institución.

Tal resolución fue adoptada y avalada por los cinco magistrados que forman el pleno del TEDF: Adolfo Riva Palacio Neri, Alejandro Delint García, Armando Ismael Maitret Hernández, Darío Velasco Gutiérrez y Miguel Covián Andrade, quienes llegaron al grado no sólo de darle carácter permanente a esta compensación, sino establecieron que cada tres años recibirán estos apoyos para adquirir un auto nuevo.

Incluso, se puntualiza que si los beneficiarios requieren apoyo institucional para negociaciones comerciales, financieras o de carácter administrativo y poder hacerse de su unidad sin problemas, deberán solicitarlo y se les dará.

De acuerdo con la normatividad interna de este tribunal, a cada magistrado se le debe asignar –al llegar a su cargo– un teléfono celular, un vehículo y vales para gasolina (además de otras prestaciones), los cuales deben regresar al concluir el periodo para el cual fueron electos.

Pero ahora los magistrados aprobaron una serie de lineamientos que les permitirán recibir 300 mil pesos cada 36 meses para comprarse un automóvil, con recursos económicos que saldrán del presupuesto del tribunal, sin que el auto pase a ser propiedad del oganismo.

Los lineamientos están publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del pasado martes 31 de marzo, y ahí se detalla que este beneficio se aplicará tanto para esos cinco magistrados como a los servidores públicos de mandos superiores del TEDF, es decir, secretario general, secretario administrativo, contralor interno, director jurídico, titulares de las coordinaciones de Comunicación Social y el de Documentación y Difusión, así como para el responsable del Centro de Capacitación Judicial Electoral.

El artículo 7 de los lineamientos precisa: El Tribunal asignará una cantidad económica mensual al cargo del mando superior como compensación por el uso de vehículo particular en el servicio público. Esta asignación será de carácter permanente y sujeta a criterios específicos para su operatividad.

Se impone como requisito para recibir este apoyo económico que los beneficiarios tengan una antigüedad de cuando menos seis meses. Sin embargo, para los de reciente ingreso que pudieran verse marginados de esa compensación, el pleno de los magistrados acordó que se les proporcione un vehículo institucional hasta que cumplan ese medio año y puedan recibir el dinero público para comprar su auto propio.

En el artículo 12 de este acuerdo se precisa que a los magistrados se les darán en total 300 mil pesos del presupuesto para que adquieran su vehículo, y los que menos recibirán son los directores y coordinadores de área, con 200 mil pesos.

Para que no quede duda, se estableció que el Tribunal dará a los acreditados 20 por ciento del dinero a que tienen derecho, y el 80 por ciento restante se les dará en 36 pagos mensuales iguales.

Por último, el artículo 15 de los citados lineamientos resalta: la asignación inicial se entregará a la brevedad.

En Aguascalientes, aviadores del SNTE ganan 100% más.

Violan las propias normas del sindicato, según información oficial.

Demandan sancionar al director del Instituto de Educación del estado.

Es parte del pago de favores de Calderón a Elba Esther Gordillo: PRD.

Claudio Bañuelos

Corresponsal

Aguascalientes, Ags., 1º de abril. Al menos 153 profesores adscritos a la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre ellos el dirigente seccional, Heriberto Gallegos Serna, cobran como comisionados de esa organización gremial sin cumplir los requisitos, y además perciben salarios dos veces más altos de los correspondientes, de acuerdo con documentos del Instituto de Educación del Estado (IEA). Diputados locales consideraron que se debe sancionar por estos acuerdos al director del IEA, Oscar Ponce Hernández, quien asigna los salarios.

La maestra jubilada Laura Ramírez Pérez aseguró ante el Congreso estatal el 20 de enero que recibió el procedimiento de acceso a la información PAI.022/08, que consiste en una copia de la nómina del personal del IEA adscrito a la sección 1 del SNTE, correspondiente a septiembre de 2008, así como el expediente PAI. 073/08, que es una copia de la nómina de enero del mismo año.

En el documento se acota que el capítulo 3, artículo 142, fracción 2 de los estatutos del SNTE señala: Para secciones de mil uno hasta 30 mil agremiados, el Comité Ejecutivo Seccional se integrará con 43 titulares (...) pudiéndose ampliar hasta 45, de acuerdo con las necesidades de la sección. Pero la nómina de septiembre de 2008 indica que hay 153 comisionados en la sección 1.

Igualmente, se destaca que un comisionado debe laborar como profesor frente a grupo, ser integrante del personal de supervisión en funciones o maestro que realice actividades técnico-pedagógicas, además de tener los años de permanencia efectiva requeridos en el nivel de carrera magisterial correspondiente. Ninguno de los beneficiados cumple esas condiciones.

En entrevista, el diputado priísta Jorge Ortiz Gallegos, secretario de la Comisión de Educación de la Legislatura local, afirmó que analizó estos documentos y comentó: “Sabemos que, a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, este año se destinaron a la entidad 3 mil millones de pesos. En esa partida vienen los salarios de los trabajadores que a partir de 1992 pasaron de la Federación al gobierno estatal. De acuerdo con ese documento, el número de comisionados es una exageración.

Si la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del estado analizó esta situación, tiene que sancionar a los responsables, en este caso el titular del Instituto de Educación, Óscar Ponce Hernández, porque es quien libera las plazas.

La diputada local perredista Nora Ruvalcaba Gámez acusó al presidente Felipe Calderón y al gobernador Luis Armando Reynoso Femat de solapar las irregularidades del sindicato magisterial para pagar favores a Elba Esther Gordillo.

PAN intenta desviar fondos de la Lotería para financiar a candidatos.

ROSA SANTANA

CAMPECHE, Camp., 1 de abril (apro).- Ante el escándalo que desató la denuncia del Grupo Megamedia –editora de Diario de Yucatán y el rotativo la I-- sobre un presunto desvío de recursos de la Lotería Nacional al PAN, la directiva estatal de ese partido anunció esta noche la separación de Jorge Luis Lavalle Maury como coordinador del equipo de campaña de Mario Ávila Lizárraga, aspirante panista a la gubernatura.

         En sus ediciones de hoy del Diario de Yucatán, la I y su portal electrónico, el Grupo Megamedia reveló que, el pasado 26 de marzo, sus representantes en Campeche "recibieron y rechazaron una oferta de propaganda política del Partido Acción Nacional, que sería pagada con fondos públicos federales procedentes de la Lotería Nacional".

          Según la información, la propuesta se hizo en Torres de Cristal, edificio sede del Grupo Energético del Sureste, con la participación de Carlos Mouriño Terrazo --hermano del desaparecido Juan Camilo--, Lavalle Maury y Miguel Ángel Godínez, director de la Lotería Nacional, y el monto de la operación, que debía ser facturado con cargo a esta institución de asistencia pública, sería de 3 millones de pesos.

         Godínez es militante de Nueva Alianza y alfil de Elba Esther Gordillo, líder nacional del sindicato magisterial. 

         Representantes de la empresa editorial denunciaron el caso en la Presidencia, Secretaría de Gobernación y CEN del PAN, cuyo dirigente nacional, Germán Martínez, tenía agendada una visita hoy a Campeche para acompañar a Ávila Lizárraga en su toma de protesta y para inaugurar la convención nacional de diputados locales de su partido.

Sin embargo, a última hora canceló su visita, aduciendo motivos de salud.

         En su lugar llegó el secretario general del CEN del PAN, Rogelio Carbajal, con quien se convocó a una conferencia de prensa esta tarde para fijar la postura del partido en torno de la denuncia de Megamedia.

          Carbajal llegó con más de una hora de retraso, argumentando un retraso en el vuelo que lo trasladó desde la capital del país, aunque dos horas antes se le vio comiendo en el restaurante de un hotel con Ávila Lizárraga, Carlos Mouriño Terrazo y Lavalle Maury.

         En la conferencia de prensa, Carbajal afirmó: "La postura del PAN es clara: es ajeno a estas prácticas, que son de otros partidos y otras épocas".

         "Nos deslindamos pública y oficialmente" de esas acusaciones, dijo, y tras ofrecer sus "respetos" al Grupo Megamedia, afirmó que el PAN financia sus campañas únicamente con los recursos que la ley le permite. 

         Además, Carbajal dijo que tienen la disposición de transparentar sus recursos para cualquier investigación que la autoridad considere pertinente, y aseguró que si de las pesquisas se comprueba alguna irregularidad, "no dudaremos en actuar en consecuencia".

         Luego, Carbajal se trasladó al Centro de Convenciones Siglo XXI para tomar la protesta a Ávila Lizárraga como candidato a la gubernatura, en un evento al que, además de los delegados federales, asistieron también los diputados locales de otras entidades que están aquí con motivo de su convención nacional, que se inició hoy.

         Aunque Ávila Lizárraga intentó en principio eludir los cuestionamientos de la prensa, más tarde, al terminar el trámite de registro como candidato ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche,  accedió a responder a las acusaciones, aunque primero pidió instrucciones a Carbajal sobre lo que debía decir.

         "Lo que les tengo que decir es que, a partir de este momento, pongo a disposición del Instituto Electoral no solamente las cuentas de mi campaña para que tengan a bien revisar y checar que todo el financiamiento va a ser completamente legal", dijo. Añadió que, de comprobarse alguna irregularidad en su equipo, pondrán el caso a disposición de las autoridades competentes "para que sean las que sancionen por estos actos".


 

145 y 145 bis rebobinados

Abraham Nuncio

Cuando no hay imaginación ni capacidad política para resolver los problemas se recurre a fórmulas que nada tienen que ver con su solución: campañas moralizadoras, funciones de simulación, leyes que agravan los problemas o acciones represivas en contra de aquellos que los padecen.

Desde hace décadas los mexicanos no conocemos fórmulas de solución real a los grandes problemas nacionales. Tampoco las comunidades y el grueso de las familias han experimentado mejora en sus condiciones de vida ni hoy abrigan esperanzas de que ello pueda ocurrir en un horizonte cercano. Al contrario.

En Monterrey aparecieron de repente unos grupos de jóvenes, mujeres y niños impidiendo el tráfico vehicular. Llevaban el rostro cubierto (quienes no lo llevamos empezamos a sentirnos desclasados) y demandaban que el Ejército se retirara de las calles a sus funciones institucionales. Iban en traza de acarreados y la prensa dejó saber que habían recibido un pago de 500 pesos por asistir a esas manifestaciones. Aunque hubo detenidos, no se llegó a saber con precisión quiénes habían sido los autores intelectuales. Se infería, por el tipo de demanda, que fueron individuos vinculados al crimen organizado.

Acto seguido, el candidato por el PRI al gobierno de Nuevo León en las elecciones de julio demandó una legislación para penalizar aquellas protestas callejeras que involucraran el impedimento total o parcial de la circulación automotriz. El gobernador y el Congreso se hicieron eco de tal demanda. Y se legisló en consecuencia a velocidad de the fastest gun. El nuevo artículo 177 bis 1 del Código Penal del Estado de Nuevo León reza así: Comete el delito de obstrucción de la vía pública quien, mediante actos de protesta o manifestación, ataque los derechos de tercero, impidiendo total o parcialmente el libre tránsito de vehículos automotores. El PRI y el PAN votaron conjuntamente, acompañados por el Panal y el PRD; no así el PT. Cabe señalar que el candidato panista al gobierno del estado mostró su desacuerdo con la medida.

Otra Marcha por la Paz o manifestaciones semejantes a las realizadas el año pasado por Iluminemos México, ¿no serán ya posibles? Ninguno de sus organizadores en Monterrey, por cierto, declaró nada en contra de la nueva legislación penal. En fin, si los ciudadanos protestan o se manifiestan impidiendo el tránsito vehicular, así sea parcialmente, se convertirán en delincuentes. ¿Ocurriría lo mismo con peregrinaciones religiosas, ciertas fiestas paganas y competencias deportivas? No. Lo que se castiga es el ejercicio de libertades constitucionales de contenido político.

Los organizadores de Iluminemos y conexos y el sector social en torno suyo saben que algunas leyes no están destinadas a ellos. Son decididos defensores de la vigencia del estado de derecho sólo cuando su infracción les afecta particularmente a ellos (del Consejo de Hombres de Negocios para abajo). Y cuando no, pues no. Así se explica que la sustitución inconstitucional de los cuerpos de seguridad civil por el Ejército no sólo no se vea como un hecho contrario a la salud pública y a la democracia, sino que se lo haga objeto de exaltaciones. El señor Alejandro Martí, padre del joven Fernando Martí, secuestrado y asesinado en el verano de 2008, calificó –con bastante ligereza– de heroicas a las fuerzas armadas de México. Hay que recordarle al señor Martí que quien las comanda no es el general Ignacio Zaragoza ni luchan en defensa de la patria.

Así también se explica que nadie de ese sector haya dicho nada sobre las agresiones sistemáticas a la libertad de expresión desde la propia PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agresiones que han descubierto una veta en las radioemisoras comunitarias. Un ejemplo entre varios: la radio comunitaria del barrio conocido como Tierra y Libertad fue atacada, la víspera del Día de la Libertad de Prensa de 2008, por 120 agentes de la Policía Federal Preventiva. Tenía muchos años de funcionar en el perímetro vecinal de ese barrio. Pero el gobierno de Calderón, que ya ha reprimido a diversos movimientos sociales (Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas, Atenco), ahora la emprende contra esa radio. A Héctor Camero, uno de los líderes históricos del movimiento de colonos Tierra y Libertad, las autoridades judiciales lo convirtieron de testigo en indiciado, y sobre él pende la amenaza de hacerle pagar con 12 años de cárcel y 15 millones de pesos la osadía de atenerse a la Constitución. Habrá que estar alertas. E izar la bandera del derecho a la difusión como uno de los derechos fundamentales de la humanidad en el proceso concentrador de los medios de comunicación en manos de unos pocos empresarios poderosos y sus cómplices en el gobierno.

La inseguridad se redobla cuando la población no sabe dónde están los delincuentes. Un día después de la visita protocolaria de la secretaria de Estado estadunidense, Hillary R. Clinton, a Monterrey, un grupo de familias se plantó frente al palacio de gobierno para exigir la presentación de sus familiares desaparecidos a manos de policías.

No soy el primero en señalarlo. El espíritu de los artículos 145 y 145 bis, que sirvieron de fachada legal a la represión gubernamental contra los movimientos populares a lo largo de tres décadas (fueron derogados en 1970, a raíz del movimiento democrático que culminó dos años atrás en la masacre del 2 de octubre) ha sido rebobinado y es hoy una arma dirigida contra la sociedad que se organiza para defender los derechos que le son conculcados por el régimen.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:34
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