Lunes, 20 de abril de 2009

Lanza la Iglesia católica severa crítica al gobierno por el cambio en la SEP

Reprocha al SNTE ser de los más corruptos y poderosos

Gabriel León Zaragoza

 

La víspera de la reanudación del ciclo escolar, la Arquidiócesis de México cuestionó al gobierno federal los cambios realizados en la Secretaría de Educación Pública, toda vez que se dieron en un momento en el que la sociedad espera señales claras del gobierno en torno a sus políticas educativas, y donde falta mejorar la preparación de los docentes y administrativos de la educación.

En el editorial de su semanario Desde la fe, expuso que al colocar a Lujambio en el lugar que ocupaba Vázquez Mota no todo puede reducirse a cálculos políticos y que el gobierno de la República no puede darse el lujo de hacer modificaciones de tanta importancia, simplemente por cambiar.

En el texto ¿Cambiar por cambiar?, la Iglesia católica realizó una serie de preguntas obligadas al gobierno federal sobre el porqué del cambio en la SEP y en este momento.

¿Se trata sólo de un movimiento de oportunismo político ante las próximas elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados o se busca un nuevo empuje en el proyecto educativo nacional?, apuntó.

Cuestionó además ¿por qué el nuevo titular de la SEP?, y si su llegada es simplemente un movimiento para cubrir el hueco o una decisión bien calculada para impulsar los esfuerzos educativos.

Al respecto recomendó que la compleja relación entre gobierno y sindicato debe estar en la agenda de prioridades del nuevo secretario, toda vez que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es uno de los más poderosos y al mismo tiempo “conflictivo.

“Conocemos la corrupción con que se manejan sus líderes, los favoritismos, las exageradas e injustas prestaciones que reciben y una serie de privilegios –para algunos maestros– que no se justifican, mientras muchísimos de los mejores hombres y mujeres de nuestro país, dedicados a la enseñanza, no reciben salarios dignos para vivir”, destacó.

Abundó que la Alianza por la Calidad de la Educación ha encontrado en los propios maestros, apoyados por algunos de nuestros peores políticos, a los principales opositores, lo que nos muestra la gravedad del problema sindical que sigue impidiendo el buen desarrollo del país.

En su publicación semanal expuso que son muchos los proyectos educativos que aún no se consolidan en el país, como que persista la monstruosa burocracia que impide mejorar la infraestructura educativa; que escuelas sigan en pésimas condiciones y que sólo el altruismo ciudadano busque remediarlo o la insuficiente mejora en la preparación de docentes y administrativos.

La educación pública, laica y gratuita no tiene por qué ser sinónimo de poca calidad y deficiencia. Debemos aspirar a un mejor futuro a partir de una verdadera educación que llegue a toda la sociedad, concluyó.

La corrupción azul

DANIEL LIZáRRAGA

En una suerte de ritual de traspaso de potestades para ejercer la opacidad, y muy probablemente la corrupción, el último de los mandatarios del PRI, Ernesto Zedillo, donó al primer presidente panista, Vicente Fox, más de 24 millones de pesos en un fideicomiso privado, fondos cuyo destino se desconoce hasta ahora. En una replica casi de espejo, Felipe Calderón tuvo a su disposición 130 millones de pesos, que gastó en banquetes, edecanes, estudios de imagen… Estos hechos son exhibidos en La corrupción azul, trabajo de investigación con el cual su autor, Daniel Lizárraga, reportero de Proceso, ganó el Premio Debate organizado por Random House Mondadori. Con la autorización de esta casa editorial, reproducimos aquí partes del Capítulo XI del libro, el cual empezará a circular esta semana.

El general Jesús Castillo chasqueó la lengua tras sorber una copa recién servida por alguno de los meseros del Oxo Tower Restaurant, uno de los sitios más afamados en Londres cuando se quiere celebrar algo especial. Sin embargo, este militar de rasgos indígenas con un mechón blanco en el negro copete estaba absolutamente solo. Nadie compartió con él la botella de vino tinto que seleccionó entre las más de 300 marcas existentes en ese sitio. La noche de ese sábado 28 de enero de 2007, desde su mesa, a través de un ventanal de 360 grados, pudo deleitarse con una vista inigualable del mítico río Támesis. Este restaurante fue construido en el octavo piso de un edificio que data de finales del siglo XIX, aún en la época victoriana, justo cuando transcurrieron algunas de las historias del detective más famoso del mundo, Sherlock Holmes.

Apenas un par de meses atrás —el 30 de noviembre de 2006— Felipe Calderón lo había nombrado jefe del Estado Mayor Presidencial, uno de los puestos más altos que puede alcanzarse dentro de la carrera de las armas en México. El anuncio se hizo ya por la noche de ese día, cuando podían contarse con los dedos de las manos las horas que faltaban para saber si el presidente electo rendiría protesta ante el Congreso de la Unión, superando las amenazas de no dejarlo pasar lanzadas por los legisladores fieles al líder opositor Andrés Manuel López Obrador .

Pero la incertidumbre sólo existió en las redacciones de los diarios o en la cabeza de los que exigieron el voto por voto tras las disputadas elecciones. El general de brigada diplomado del Estado Mayor Jesús Castillo no tenía dudas.

Durante semanas, a lo largo del período de transición gubernamental, junto con los jefes de inteligencia militar diseñó un operativo quirúrgico que logró meter y sacar a Felipe Calderón de San Lázaro sin que le tocaran un ojal, ni siquiera una uña de la mano derecha en la que luce la sortija matrimonial.

Un platillo fuerte para cenar servido dentro del Oxo Tower Restaurant puede costar entre 20 y 30 libras —entre 500 y 700 pesos—. Una botella de champaña va desde las 45 hasta las 300 libras —unos 7 mil pesos—. La capital británica es una de las ciudades más caras del mundo. Jesús Castillo cumplía entonces con su primera gira de trabajo por Europa acompañando a Felipe Calderón.

El sueldo de JC —como le llaman sus subalternos— es como una carta sin abrir dentro del sistema de transparencia, ya que los miembros del Estado Mayor no figuran en la nómina de Los Pinos ni tampoco aparecen en la información pública difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos oficiales son como una burbuja dentro de las Fuerzas Armadas. El investigador universitario José Luis Piñeiro los ha definido como "militares de terciopelo".

 

 

Nuestros fracasos

Gustavo Esteva

 

Hace poco más de 50 años se criticó públicamente el apoyo que el presidente Truman prestaba a la dictadura feroz de Somoza en Nicaragua. Se dice que respondió: “Es cierto que es un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta…”

Pegar la etiqueta Estado fallido a México, el pasado diciembre, no fue una finta irresponsable del régimen agónico del presidente Bush. Refleja un estado de ánimo que tiene fundamento en la realidad. Como se ha examinado con rigor en estas páginas, la noción Estado fallido es insostenible, pero hay razones de peso en quienes recurrieron a esa etiqueta equívoca. Son razones compartidas por muchos mexicanos.

Estados Unidos no tiene en la actualidad ni la capacidad ni la voluntad imperial que antes tenía. En política internacional, su desafío actual consiste en encontrar formas dignas y apropiadas de abandonar sus ejercicios imperiales, no en ampliarlos. Además, dirige actualmente ese país un personaje notable, entre otras muchas cosas por su lucidez, competencia y sensibilidad políticas. Por todas esas circunstancias, tiene fundamento la hipótesis de que su abierto respaldo a Felipe Calderón se debe a que conoce bien tanto su falta de legitimidad como su incompetencia, no a que las ignora. El gesto, además, corresponde a necesidades de política interna y seguridad nacional de Estados Unidos, no a descuido o vocación injerencista.

En su momento, el presidente Reagan señaló que Estados Unidos había perdido control de su frontera sur. Era cierto desde entonces. Se trataba ya de una línea porosa, incapaz de contener o siquiera detectar el flujo en ambos sentidos de cosas y personas. Pero el asunto tenía otra jerarquía, no sólo porque era anterior a la amenaza terrorista y a la violencia que actualmente abarca una amplia zona a ambos lados de la frontera, sino porque no existía la decisión real de reducir la migración.

La situación es hoy radicalmente distinta. El número de mexicanos en Estados Unidos no es la amenaza cultural que percibió Huntington, pero tampoco es irrelevante. Forman ya parte significativa de la realidad política y social de ese país. Y el desgobierno mexicano, una de las razones principales de la corriente migratoria y el factor principal de la violencia actual, se ha convertido en asunto de política interna para Estados Unidos.

El Estado no es sino un conjunto de instituciones. El Estado no falla, pero sus instituciones pueden funcionar mal. Esto se debe, habitualmente, a problemas de gestión. Una administración incompetente, corrupta o las dos cosas puede arruinarlas. Las administraciones panistas, que se quisieron ver como remedio a los desastres de las del PRI, han resultado aún peores. Es ahora motivo de vergüenza nacional que haya quienes sientan añoranza por aquéllos.

Pero no se trata sólo de mala gestión. Las instituciones mismas están fracasando: producen lo contrario de lo que pretenden. Es la hora de cambiarlas. No basta ya cambiar a los operadores del aparato. Hace falta desmantelarlo y reorganizar la sociedad desde su base, para dotarnos de estructuras e instituciones que correspondan a las necesidades y aspiraciones actuales de los mexicanos.

El caso más evidente de contraproductividad es el de las instituciones supuestamente dedicadas a la seguridad. El monopolio de la violencia legítima se estableció para que el Estado pudiera cumplir la principal de sus obligaciones: proteger a los ciudadanos. Esta configuración planteaba un alto precio. Como señaló con claridad Hobbes: Protego ergo obligo. La protección exigía que los ciudadanos aceptaran restricciones y controles impuestos por el Estado en nombre de la seguridad. Por ese resquicio se colaron toda suerte de opresiones y distorsiones en la vida social y política de las sociedades modernas.

La función de la policía y el ejército se ha invertido. En vez de proteger a los ciudadanos, cuya inseguridad aumenta, los aparatos de seguridad se dedican a espiar y controlar a los ciudadanos para proteger de ellos a los gobernantes y a las instituciones.

En vez de las garantías individuales, que protegen constitucionalmente a los ciudadanos de los excesos del Estado, reina ahora la impunidad, reconocida con cinismo hasta por la Suprema Corte. Se brindan ahora garantías institucionales a quienes desde posiciones de poder político usan y abusan sus facultades y medios públicos contra los ciudadanos. Esta impunidad se mantiene con abierta participación de los tres poderes constituidos y de los llamados poderes fácticos.

Esto no es simplemente asunto de gestión ni se contrae al caso mexicano y abarca todas las instituciones del Estado.

En vez de convertir el patriotismo en superstición, concentrándolo en la defensa de instituciones obsoletas y contraproductivas, es preciso hacer frente con entereza al desafío real: cómo deshacernos de ellas.

 

DESPUES NO NOS PREGUNTEMOS POR QUÉ.

 

Mario di Costanzo Armenta

Siempre he sostenido que el Estado crea sus propios monstruos y en muchos casos los ciudadanos los alimentamos con nuestra complacencia. Y si lo señalo de nuevo es porque lo que ahora sucede en nuestro país no tiene ninguna explicación que podamos calificar como medianamente sensata: se trata de aberraciones que, combinadas con la carencia absoluta de un sistema que garantice una cabal y congruente rendición de cuentas, nos tienen sumergidos en la mediocridad y la pobreza.

Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar algunos ejemplos recientes que muestran claramente esta situación y que se dieron casualmente durante la semana que concluye.

El primero de ellos fue el mensaje triunfalista de Felipe Calderón sobre la evolución de la economía, donde el "presidente de la estabilidad y del empleo" señaló que la crisis se está superando y que lo prueba el hecho de que durante el último mes se generaron 4 mil empleos, el "índice de la bolsa" ganó terreno y nuestra moneda se recuperó frente a la divisa estadunidense, al cotizarse en 13.20 pesos por dólar.

Sin embargo, en su "alentador mensaje" olvidó señalar que los supuestos empleos generados representan sólo 1 por ciento de los que se perdieron entre octubre del año pasado y febrero del presente año; y que diariamente más de 50 empresas desaparecen por problemas financieros.

Omitió mencionar también que, al igual que el "índice de la bolsa", los precios de muchos alimentos –incluidos el frijol, el huevo y el azúcar– también crecieron y que la "notable" recuperación momentánea de nuestra moneda obedece a que el país obtuvo una línea de crédito; es decir, una "deuda contingente" de 47 mil millones de dólares, cifra que representa el doble de nuestra deuda externa actual y que de ser utilizada implicaría un mayor endeudamiento para futuras generaciones de mexicanos.

Más aún, este "nuevo endeudamiento" no tendría como destino la construcción de refinerías, petroquímicas, carreteras, universidades o proyectos de infraestructura hidráulica, sino que se estaría utilizando para "estabilizar la economía" (rescatar a grandes empresas y a bancos).

El segundo ejemplo de las aberraciones que mencionamos al principio se refiere a que, finalmente, después de casi 13 meses de haberse anunciado la construcción de una refinería, se dio a conocer que ésta se ubicará en el estado de Hidalgo (en Tula), pero ello queda sujeto a que dicha entidad federativa adquiriera los terrenos donde la magna obra se asentará y para eso se otorga un "pequeño" plazo de 100 días más.

Este anuncio fue hecho por el director general de Pemex y, más allá de poder analizar en estas líneas si el lugar determinado es el óptimo, lo primero que debemos de preguntarnos es por qué razón el anuncio lo hizo él y no su "nuevo y flamante consejo de administración".

Hay que recordar que la "Nueva Ley de Pemex", a decir de los legisladores que la aprobaron, incluido Graco Ramírez y Carlos Navarrete, la dotó de un consejo de administración que incluye "consejeros profesionales". La ley, además, ahora le permite a la paraestatal contar con un "comité de estrategia y de inversión" y con un "comité de transparencia y auditoría", que garantizarían eficiencia, eficacia y transparencia en la toma de decisiones de la empresa más importante de nuestro país.

Y lo señalo porque hasta ahora, que yo sepa, nadie le ha preguntado a estos cuatro flamantes "consejeros profesionales" (Fluvio Ruiz, Rogelio Gasca, Héctor Moreira y Fortunato Álvarez), ni ellos por iniciativa propia han dado a conocer su opinión en torno de la ubicación y características que tendrá la "nueva refinería".

Más aún, cuando ya se comenta que dichos consejeros no fueron formalmente informados sobre la decisión anunciada por Jesús Reyes Heroles y sería sumamente grave que en este tema, que representa una de las decisiones más importantes adoptadas por la empresa en los últimos 30 años, se haya pasado por alto la opinión de los "consejeros profesionales".

De ser cierto lo anterior, por dignidad, respeto a su trabajo y a la propia ley, dichos "consejeros profesionales" deberían de renunciar, ya que si su nueva chamba no es la de participar en estos asuntos, francamente no sé que hacen ahí ni para qué les pagan su quincena.

Y así podríamos seguir mencionando muchas más aberraciones económicas pero, desafortunadamente, no puedo dejar de mencionar otras dos de tipo "político" que me parecieron para Rippley.

La primera es la incorporación de los luchadores Atlantis y La Parquita a la lista de precandidatos a diputados plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN). Aquí vale la pena explicarle a Germán Martínez que unos son los luchadores sociales y otros son los profesionales de la lucha libre, aunque ambos sean luchadores.

La segunda es la decisión adoptada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de enviar a sus candidatos a diputados a tomar un curso (clases) en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Yo me pregunto: ¿acaso no dicen que están en contra del neoliberalismo?

Quiero decirles que yo estudié en el ITAM, pero esa decisión la tomé hace 27 años, cuando tenía 18, el instituto era diferente y no era candidato a diputado de un partido que dice ser de izquierda.

Al respecto, sería interesante escuchar las respuestas que darán los "catedráticos del ITAM" a los candidatos a diputados del PRD cuando éstos pregunten a su maestro su opinión acerca de la aplicación del IVA a los alimentos y a las medicinas, o su opinión en torno de las privatizaciones, o bien su conclusión sobre temas como el Fobaproa, el rescate carretero o las líneas de crédito otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal (Fed) a nuestro país.

Más aún: imaginemos a Francisco Gil Diaz, Agustín Carstens o Jesús Reyes Heroles –que han sido catedráticos del ITAM– ¡dándoles clases de economía a los candidatos a diputados de un partido de izquierda! O bien opinando sobre la política económica instrumentada por Evo Morales, Hugo Chávez o Luiz Inacio Lula da Silva.

Bueno, ¿acaso no tenemos una Universidad Nacional o a una Universidad Metropolitana donde se enseña buena economía, buen derecho, así como otras ciencias sociales, pero con una visión más nacionalista?

Pero, en fin, mientras reflexionamos sobre lo anterior, no me queda más que advertir: después no nos preguntemos por qué…



Publicado por solaripa69 @ 9:55
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