Viernes, 24 de abril de 2009

CREACION DEL ESTADO POLICIACO.

Se turnan a comisiones con miras a analizarlas hasta septiembre, luego de realizar foros. Se atoran en el Senado iniciativas de Calderón sobre seguridad. Pretenden dar sustento legal a la intervención del Ejército en la lucha antinarco y crear estados de emergencia en el país.

La propuesta es intransitable, sostiene el perredista Pablo Gómez

Andrea Becerril y Víctor Ballinas. LA JORNADA.

 

El paquete de iniciativas presidenciales sobre seguridad pública, por el que se pretende dar sustento legal a la intervención del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y crear estados de emergencia o de excepción en el país, fueron turnadas ayer a comisiones por el pleno del Senado de la República, con miras a que se discutan hasta el próximo periodo de sesiones de septiembre, luego de la realización de foros de consulta similares a los que se llevaron a cabo en el caso de la reforma de Pemex.

El coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, planteó la posibilidad de que las cuatro iniciativas de Felipe Calderón pudieran aprobarse en un periodo extraordinario de sesiones, pero el priísta Manlio Fabio Beltrones y el perredista Carlos Navarrete lo consideraron poco probable, dado lo delicado del tema.

El senador del PRD Pablo Gómez advirtió que la propuesta de Calderón para modificar la Ley de Seguridad Nacional es intransitable, ya que la Constitución no permite que el presidente de la República pueda crear estados de sitio donde quiera y cuando quiera, ni dar facultades al Ejército para intervenir en todo. Con esas iniciativas, dijo, se busca avanzar hacia un Estado policiaco, violando lo que establece la Carta Magna.

Beltrones, a su vez, hizo notar que de una primera lectura apresurada de las reformas de Calderón surgieron opiniones favorables, pero también otras que consideran que las facultades que se le están dando a las fuerzas armadas pudieran llevarnos a algo que pareciera un régimen de excepción. Por ello, dijo, lo mejor es no apresurarse, sino abrir una consulta en la que todos los interesados puedan participar.

Con ello coincidió el perredista Navarrete, quien dijo que su bancada analizará a profundidad, renglón por renglón, las cuatro iniciativas para entrar luego a una consulta pública, toda vez que cuando se trata de las fuerzas armadas nadie tiene derecho a actuar con irresponsabilidad o prisas, porque es un asunto mayor.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el priísta Fernando Castro Trenti, dijo que propondrá que la UNAM y los demás integrantes de la comunidad académica y científica participen en la consulta. Estamos dispuestos a cambiar todo tipo de leyes para ganar la batalla al crimen organizado, pero necesitamos que el gobierno federal nos explique por qué generar regímenes o estados de excepción.

Por otra parte, ayer finalmente se aprobó en comisiones el dictamen que reforma la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer una serie de disposiciones en materia de combate al narcotráfico.

Es una iniciativa que fue motivo de discusión y controversia los dos años y medio de la actual legislatura, ya que los senadores recibieron la ley contra el narcomenudeo que el presidente Vicente Fox vetó al final de su administración, y no pudieron ponerse de acuerdo en ese texto; finalmente, Calderón envió una nueva reforma, que ayer aprobaron con cambios.

Es fundamental, explicó Pablo Gómez, eliminar de la Ley General de Salud la penalización del consumo de drogas. El PAN aceptó el cambio ante la mayoría PRI-PRD, que decidió además dejar en cinco gramos de mariguana –y no dos, como proponía Calderón– la cantidad máxima que los farmacodependientes pueden traer consigo para no ser considerados narcomenudistas.

No podíamos aceptar en forma alguna que se criminalizara el consumo y se llenaran las cárceles de jóvenes adictos en lugar de narcotraficantes.

Asimismo, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de sancionar con mayor rigor a los servidores públicos que permitan la introducción ilegal de armamento al país.

Se establece una pena mínima de 15 años y una máxima de 45 a aquellos funcionarios que tengan la obligación de impedir que entren de manera ilegal armas al territorio nacional y no la cumplan. Además de ello, quedarán inhabilitados para desempeñar cualquier otro cargo o comisión pública.

 

¿PRUDENCIA?

Editorial de “La Jornada”.

Ayer por la mañana, el secretario federal de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, exhortó a la población a mantenernos tranquilos ante los casos recientes de influenza estacionaria –unos 120 casos de infección en el Distrito Federal, 13 de ellos con desenlace fatal, 44 en el estado de México, cerca de dos decenas de muertes en todo el país en varias semanas, cuatro de ellas en San Luis Potosí–, dijo que se trataba de los casos habituales, que no se está ante una epidemia descontrolada y formuló algunas recomendaciones para evitar el contagio. Pero al filo de las 11 de la noche de ayer, tras una reunión entre autoridades de Salud, Educación Pública y Seguridad, Villalobos anunció una medida sin precedente en la historia del país: la suspensión de las clases en toda la zona metropolitana del valle de México, en todos los niveles –desde prescolar hasta universidad– y tanto en los planteles públicos como en los privados (lo que implica afectar a más de 5 millones de alumnos, más centenares de miles de maestros y personal administrativo), y recomendó evitar las concentraciones. El funcionario aseguró que los casos de contagio y los fallecimientos son consecuencia de un nuevo virus.

Sin desconocer la importancia de las medidas epidemiológicas oportunas, resulta obligado preguntarse si las autoridades federales calcularon las consecuencias de disparar la alarma social y de provocar caos y zozobra de modo tan irresponsable como lo hicieron, es decir, menos de ocho horas antes de que empezaran las clases de hoy, cuando muchos padres de familia y maestros ya no tenían oportunidad de enterarse –salvo por medio de los obligados rumores que distorsionan, para colmo, los poquísimos datos disponibles–, sin ofrecer información precisa, con un discurso que pasa de manera abrupta de tranquilizador a alarmista y con un desaseo tal que la medida fue adoptada sin consultar al Consejo de Salubridad General, como habría debido hacerse.

No hay –porque el gobierno federal no los ha proporcionado– elementos de juicio para que la sociedad pueda darse una idea de las dimensiones del problema, ni para saber si asistimos a un mero ejercicio preventivo o al intento por contener una catástrofe. No hay tampoco forma de saber por qué se decidió implantar la suspensión de clases en el Distrito Federal y los municipios mexiquenses conurbados y no en otras entidades, como el propio San Luis Potosí, en donde las muertes por el nuevo virus son proporcionalmente mayores; lo único que puede asentarse, por ahora, es que la autoridad ha actuado en una forma que es, inevitablemente, generadora de pánico, y que ha tomado medidas en las que confluyen la precipitación, la desinformación y la más exasperante opacidad.

Si es cierta la peligrosidad que se esgrime para cancelar las clases con unas horas de anticipación y cuando muchos de los habitantes del área metropolitana ya estaban dormidos, si recomienda evitar muchedumbres, contacto con personas que tengan cualquier síntoma de gripe –hasta saludos de mano–, resulta obligado preguntarse si no tendrían que tomarse medidas mucho más drásticas; es decir, si la gravedad de la situación ameritaba la cancelación de cursos este viernes, habría debido suponer también el establecimiento de una cuarentena general de la población y la prohibición de hacinamientos más intensos que los que tienen lugar en los salones de clases de las escuelas públicas, como los del transporte público y los espectáculos masivos.

Finalmente, si la situación epidemiológica es realmente tan grave como para cancelar las clases, resulta inverosímil la posibilidad de conjurar los peligros entre el viernes y el sábado, a fin de que las autoridades pudieran anunciar, el domingo, el regreso a clases para el lunes próximo.

La población de la capital de la República y de su zona conurbada ha sido víctima, de una determinación oficial que, lejos de inducir tranquilidad, concierto y certidumbre, puede echar a andar una oleada de pánico, zozobra y desorden.

El virus, altamente contagioso

Bertha Teresa Ramírez y Agustín Salgado. La Jornada.

 

El titular de la Secretaría de Salud del DF, Armando Ahued, señaló que la influenza se presenta con mayor virulencia y ha alargado su tiempo de impacto.

El funcionario afirmó que es importante hacer un trabajo de prevención, por lo que en breve las autoridades capitalinas lanzarán una campaña de información por medio de la cual se repartirán 34 mil carteles que contendrán una serie de recomendaciones a la población.

Informó que en la ciudad de México existen 79 casos de influenza en 23 hospitales y se han registrado 13 decesos relacionados con el mal.

Hizo un llamado a los capitalinos para que acudan al médico en caso de tener alguna infección de vías respiratorias y alertó que la influenza es altamente contagiosa.

Entre las medidas de prevención anunció que vacunará a toda la población de riesgo; en cuanto a las recomendaciones comentó que si alguien detecta que tiene algún problema respiratorio como tos, gripe o catarro debe acudir al médico, al centro de salud o al hospital. No debe automedicarse; no lo puede tomar a la ligera, necesitamos saber qué padecimiento tiene y cuál es la mejor manera de tratarlo, agregó.

Síntomas del mal
Ante la presencia de estos síntomas por más de tres días se debe acudir a los servicios de salud y evitar la automedicación.
Fiebre superior a 38 grados centígrados. Tos. Congestión nasal. Dolor de garganta
Dolor de cabeza. Dolor muscular. Escalofrío. Cansancio excesivo. Dolor en articulaciones. Dificultad para respirar. Conjuntivitis. Diarrea y vómito, principalmente en niños.

 

Suman 45 muertes por influenza; 16 por virus porcino

LA REDACCIóN. Proceso

México, D.F., 24 de abril (apro).- La Secretaría de Salud informó que 45 personas han muerto víctimas de la influenza, 16 de ellas por fiebre porcina, una variante del virus. En total, se tienen ya consignados ya 943 casos de los dos tipos en todo el país. A manera de contingencia, las clases fueron suspendidas en todos sus niveles en el Distrito Federal y el estado de México.                                                                                                              

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, incluso valora extender el asueto al próximo lunes. El gobierno del Distrito Federal anunció la ejecución de un programa eventual de vacunación que contempla la aplicación de un millón de dosis. El Instituto de Salud del estado de México informó de 44 casos de influenza.

En Sonora, la Secretaría de Salud estatal se negó a suspender clases, a pesar de que se han confirmado tres casos.

En Oaxaca, el hospital regional del ISSSTE Presidente Juárez reportó la muerte de una niña de seis años de edad por influenza. Este es el segundo caso presentado en el estado en los últimos diez días.

En Sinaloa, el secretario de Salud, Héctor Ponce, ofreció a la población abastecimiento de vacunas en los centros públicos e informó que cuentan con una reserva de 4 mil inyecciones preventivas.

En Monterrey, Nuevo León, el gobierno estatal informó del contagio de 8 casos de influenza y descartó muertes por la enfermedad.

En paralelo, en Texas y California siete personas fueron detectadas con fiebre porcina, otro tipo de virus similar a las influenzas A y B.; no obstante, las autoridades estadunidenses minimizaron estos contagios. Tanto Felipe Calderón, presidente de México, como Marcelo Ebrard, jefe del gobierno de la capital del país, cancelaron sus actividades por la epidemia de influenza.

Córdova Villalobos recomendó en un boletín que para evitar el contagio de influenza se debe mantenerse alejado de personas con infecciones respiratorias, lavarse las manos con agua y jabón, así como no compartir alimentos, ventilar casa y oficinas y mantener limpios los objetos de uso común.

De igual forma sugirió a las madres de familia no llevar a sus hijos a las estancias infantiles, evitar el Metro si ello es posible, y no acudir a sitios concurridos como cines, bares y antros.

 

Gobernador en Coahuila ordena a Raúl Vera denunciar a narcogobernantes

LA REDACCIóN. Proceso.

Saltillo, Coah., 24 de abril (apro).- El gobernador Jesús Aguilar Padilla, exigió al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, presentar una denuncia puntual contra cada uno de los mandatarios que, según acusó, están relacionados con el narcotráfico. Aguilar Padilla incluso demandó al clero alejarse de la cuestión pública: "En Sinaloa, en mi Gobierno, absolutamente no, si él tiene pruebas, no sé. A Dios lo que es de Dios, y al César, lo que es del César, debe tener vigencia".

El obispo Raúl Vera expresó durante la 87 Asamblea Plenaria del Consejo del Episcopado Mexicano que la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón está encaminada al fracaso y lanzó una acusación:

"Se tiene que empezar a investigar y meter a la cárcel a gobernadores, presidentes municipales, porque muchos están coludidos con el crimen y las ejecuciones demuestran que el Estado no nos está dando garantía de vida a ningún ciudadano".

 


Publicado por solaripa69 @ 11:48
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