Viernes, 01 de mayo de 2009

La justicia militar en México no funciona: informe de HRW

Cometen fuerzas armadas graves violaciones a derechos humanos en el combate al narco, dice

Critica proceder de Medina Mora, el Ejecutivo y la SG ante impunidad y recomendaciones

En el gobierno del presidente Felipe Calderón las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones a los derechos humanos en las tareas de seguridad pública, y estos aberrantes abusos persisten en la impunidad, debido a que la justicia militar no funciona, y debido a que las autoridades civiles tienen temor y se resisten a exigirle al Ejército plena sumisión”, sostuvieron ayer con conferencia de prensa, José Miguel Vivanco, director para las Américas, y Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rigths Watch (HRW).

Ambos directivos de la organización señalaron lo anterior al presentar el informe de 85 páginas titulado Impunidad uniformada, uso indebido de la justicia militar para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública.

En ese informe, HRW hace un severo cuestionamiento al papel de la justicia militar, de la que cual dice no funciona, está rota, es poco transparente y ni el procurador militar ni las autoridades de la Defensa Nacional pudieron documentarnos un solo caso en que los militares acusados de cometer desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias hayan sido procesados y sentenciados.

Ningún militar procesado

En tono escéptico Vivanco y Roth expusieron: “a pesar de que a HRW le dijeron que había muchos casos de militares procesados por graves violaciones a derechos humanos, cometidas en operativos contra el narcotráfico y tareas de seguridad pública, cuando les pedimos nombres, no dieron uno solo. Al contrario, nos dijeron que en los pasados 11 años, únicamente ha sido procesado y juzgado un militar. Esto es decepcionante”.

Vivanco y Roth sostuvieron que el Ejército no está preparado ni educado para realizar las tareas de seguridad pública, para eso está la policía, sin embargo, precisaron que no cuestionaban la decisión del presidente Calderón de usar al Ejército para esas tareas, lo que criticaron es que no estén supervisados por la autoridad civil.

HRW sostuvo que para acabar con la impunidad persistente, en este y en los gobiernos anteriores, se requiere voluntad política, por lo que demandaron del titular del Ejecutivo “que no evada la realidad; en este informe hay 17 casos documentados de graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares, y reconocidas por ellos, ya que en todos hay recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Son por violaciones sexuales, desaparición, ejecuciones, detenciones arbitrarias cometidas por militares contra la población civil en 2007 y 2008, como resultado de los operativos de combate al narcotráfico; que no evada más la realidad y que actúe”.

Le recomendaron a Calderón enviar al Congreso una reforma al fuero militar en el artículo 57, en la que al menos establezca expresamente que en los casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas contra la población civil, incluidas desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, no pueden ser juzgados por la justicia militar y deben ser remitidos inmediatamente a los agentes del Ministerio Público locales o federales.

HRW sostuvo que “dado que el sistema de justicia militar no está sancionando a los responsables, es crucial que estos casos sean trasladados al sistema de justicia civil, para frenar los abusos aberrantes y contrarios a los principios que deben cumplir las fuerzas armadas en los operativos de seguridad: aplicar la ley y proteger a la población”.

Hay renuencia de la autoridad civil, resistencias y temor a  juzgar a los militares, sostuvieron Roth y Vivanco. No hay otra explicación. Ejemplificaron que fue decepcionante la entrevista con el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien se dedicó a responsabilizar a los procuradores de los estados, dijo que los delitos eran locales o estatales, y dejó en claro que él no está dispuesto a dar el cambio, es decir, a procesar en la justicia civil a los militares.

Del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con quien también se entrevistaron, dijeron que primero se resistió a hablar del tema, pero ante la evidencia del informe, dijo que lo iba a analizar y si procedía recomendaría al gobierno algunas acciones. Pero notamos resistencia también en él.

Exige AI al gobierno de Morelos localizar a 4 jóvenes levantados

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Cuernavaca, Mor., 29 de abril. Amnistía Internacional (AI) demandó al gobernador del estado, el panista Marco Antonio Adame Castillo, y a las autoridades federales, realizar de inmediato una investigación independiente y completa para dar con el paradero de cuatro jóvenes levantados por policías ministeriales la madrugada del 18 de abril.

Horas después de que el organismo internacional hizo su petición, el titular de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, Francisco Coronato Rodríguez, destituyó a Guillermo Vargas Rodríguez de la coordinación de la policía ministerial.

En compañía del secretario de Gobierno, Jorge Morales Barut, el procurador presentó al nuevo coordinador de la policía ministerial: el coronel de infantería retirado José Robles Quintana.

Después de tomarle protesta, Coronato Rodríguez le instruyó cumplir la orden de aprehensión contra Elesban Miguel Alamilla Cabañas, ex elemento de la policía ministerial relacionado con la investigación SC01/2807/2009, por privación ilegal de la libertad de los cuatro jóvenes.

También solicitó presentar a Daniel Rueda Becerril, de 16 años de edad; José Alfredo Arroyo Juárez, de 23; Samuel Teroba Rodríguez, de 19, y Pablo Domínguez Montiel, de 22.

Agentes corruptos, arbitrarios y vinculados con la delincuencia

En una misiva que llegó la tarde del martes a las oficinas de Adame Castillo, AI expuso que los cuatro jóvenes fueron atacados por un policía que no estaba en funciones, el 18 de abril. Los tres hombres y el chico no han sido vistos desde ese día.

Según el organismo, “la corrupción de la policía y los señalamientos de su participación en crímenes son rutinarios (...) Con frecuencia, oficiales han sido implicados en crímenes serios y violaciones de los derechos humanos.

A pesar de los compromisos del gobierno para mejorar el comportamiento de la policía, la impunidad todavía es la norma, especialmente cuando los agentes son acusados de crímenes como tortura, secuestros y asesinato. La incapacidad de las autoridades para responder rápida y efectivamente aumenta la preocupación sobre la complicidad del estado.

AI llamó a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a expresar su preocupación por la seguridad de los cuatro jóvenes y pidió que los responsables sean castigados.

 

 

Piden garantías hacia líderes sociales y eclesiales
* Lamenta PRD amenazas contra defensores de derechos humanos 

Carlos Alberto HERNÁNDEZ
01/05/2009, 06:05:41 AM

La presidenta de la Comisión de Protección Ciudadana del Congreso del Estado, Guadalupe Rodríguez Ortiz, demandó ayer a la PGJE y a la Secretaría de Seguridad Pública garantizar la seguridad física y patrimonial de líderes sociales y eclesiales.
En entrevista colectiva, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que se debe investigar a profundidad las amenazas de muerte en contra del padre Uvi y demás defensores de derechos humanos.

Pidió adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar plenamente el respeto a las Garantías Fundamentales del prelado y las personas intimidadas, y a las actividades que estos realizan.

Refirió que desde el sábado 25 de abril, Mayren Peláez, y defensores de derechos humanos como, Yesica Sánchez Maya, Alba Cruz Ramos y Beatriz Casas Arellanes, recibieron amenazas de muerte, en diferentes horas, vía teléfono celular.

“Los mensajes que les enviaron tienen como finalidad amedrentarlos para que cesen sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos de los oaxaqueños, lo cual es inadmisible y condenable”, reiteró.

La diputada local perredista, requirió de las autoridades policiales y de procuración de justicia, garantizar a los habitantes del mismo los derechos y las libertades contenidas en
la Constitución.

El respeto a los derechos humanos es una condición indispensable del Estado democrático, soltó.

Rodríguez Ortiz, pidió a las autoridades locales, reconocer que en la entidad campea el autoritarismo y los cacicazgos.

“Asumamos que la vida pública requiere cambios sustantivos, entre éstos, garantizar que los derechos humanos y las libertades civiles cobren carta de naturalización”, refirió, la perredista.

Expuso que en la entidad, la existencia de múltiples instituciones y organismos defensores de los derechos humanos no es una circunstancia casual; por el contrario, obedece a una necesidad de la gente frente al abuso del poder público, añadió.

A los deleznables actos cometidos en perjuicio del prelado, lamentó la violencia y hostigamiento en contra del activista sindical, Marcelino Coache Verano, por diferir con la forma de actuar del actual gobierno.

 

Realiza magisterio marcha “silenciosa”
• Sólo participarán alrededor de mil 600 profesores: Santiago Chepi 

Yadira SOSA
01/05/2009, 05:05:08 AM

Por primera ocasión en más de 25 años, los trabajadores de la educación de Oaxaca realizarán este día una marcha representativa “silenciosa” y no masiva, en el marco del Día Mundial del Trabajo.

La dirigencia magisterial encabezada por Azael Santiago Chepi, determinó que en la marcha sólo participarán alrededor de mil 600 profesores y no los 60 mil que conforman el organismo seccional.

La decisión se realizó a última hora, toda vez que consideraron la emergencia sanitaria que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la influenza porcina, que propone evitar concentraciones masivas.

Y aunque el líder sindical no descartó que el tema de dicha enfermedad sea una “cortina de humo” a nivel mundial, sí recomendó que los trabajadores de la educación que acudan a la marcha, utilicen tapabocas.

En conferencia de prensa, Santiago Chepi reconoció que la situación de la influenza es compleja por la irresponsabilidad de los Gobiernos estatal y federal. “La Sección 22 es responsable y tomará ciertas medidas”, expuso.

Precisó que la marcha “silenciosa” iniciará a las 9:00 horas del crucero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) al Zócalo de la ciudad, durante la cual realizarán la entrega de su pliego petitorio de demandas a las respectivas autoridades, a las que dieron un plazo de 15 días para dar respuestas satisfactorias e inmediatas.

Afirmó que la movilización programada este día en la ciudad de México se suspende por decisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que propuso la protesta hasta el 8 de mayo.

Entre las principales demandas del pliego petitorio de la Sección 22, se encuentra el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y a la modificación al artículo tercero constitucional.

Asimismo, pedirán incremento salarial y el seguimiento a la rezonificación por vida cara, en su cuarta etapa. “Hay demandas de tipo educativo, social y político”, expuso el dirigente.

Por otro lado, cabe destacar que doce sindicatos agremiados a la Coalición Democrática de Sindicatos de Oaxaca (Codeso), anunciaron realizar para este día una marcha que iniciará de la Fuente de las Siete Regiones al Zócalo capitalino.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:16
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios