Martes, 12 de mayo de 2009

'Llenan' aulas; ponen a prueba cerco sanitario
Iván Castellanos / Tiempo

Solo una parte de los estudiantes de educación básica que regresaron a clases este lunes, acudieron portando cubre bocas o con medidas de higiene para evitar un contagio por el brote de influenza humana AH1N1, lo que pudo constarse en las instituciones educativas de la capital oaxaqueña.
Tras los días que se pararon labores por la emergencia epidemiológica, los padres de familia de nueva cuenta acudieron a las instituciones educativas para reiniciar las clases.
En la mayoría de las escuelas, los alumnos no portaron cubre bocas como lo recomendó la Secretaría de Salud federal, con la intención de evitar algún contagio.
Padres de familia que fueron entrevistados en los accesos a los planteles, consideraron que esta medida fue aplicada en la capital del país, debido a que es ahí donde existe un mayor número de casos.
Otros, afirmaron que esta situación no es tan grave como se ha dado a conocer, “si fuera tan mala esta problemática, habría muchas personas muertas pero tal vez todo lo hicieron para mantenernos tranquilos”.
Sin embargo, los padres de familia si respondieron al llamado que hicieron las autoridades y maestros para desinfectar las escuelas, lo que se levo a cabo desde finales de la semana.

Ignoran comerciantes recomendaciones para prevenir la influenza
No utilizan los cubre bocas para expender sus productos ni cumplen con las medidas de higiene  

José Luis ROSAS. El Imparcial.

A pesar de la alerta sanitaria que se dio por la epidemia de la influenza AH1N1, comerciantes de los diversos mercados públicos de la capital, hasta el momento no han tomado en serio la situación ya que muy pocos han acatado las medidas de prevención proporcionadas por las autoridades de salud.

La secretaria general del Frente Único de Cocineras del Mercado 20 de Noviembre y Mercado de Abasto, Leonarda Morales Osorio, confirmó que durante la contingencia y hasta ahora, muy pocas personas que atienden los puestos de comida utilizaron el cubre bocas.
Eva Ruiz, quien buscaba un lugar donde consumir sus alimentos, entrevistada brevemente consideró que las personas quienes tienen contacto con la preparación de la comida deben extremar sus precauciones, debido a que aún no se ha superado la epidemia de influenza AH1N1 al cien por ciento.

Por su parte, el administrador de los mercados Benito Juárez, 20 de Noviembre y de Artesanías, Antonio Esteva Hernández, señaló que el día 28 de abril, personal de Prevención y Promoción a la Salud instalaron dos módulos de información, asimismo, se recomendó la limpieza extrema en cada uno de los puestos que existen en estos lugares.

Señaló además que se convocó a reuniones con los comerciantes de los mercados Benito Juárez, 20 de noviembre y del pasillo de la carne asada, personal médico de los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca, participó en las pláticas por lo que la mayoría extremó las medidas de prevención,

Sin embargo, reconoció que actualmente no se verifica que los comerciantes de comida preparada, así como vendedores de otros giros que realizan sus actividades en los citados mercados, cumplan con las medidas de seguridad para evitar el contagio de la enfermedad que hasta el momento se mantiene controlada.

Finalmente comerciantes y dueños de locales establecidos en el Mercado Benito Juárez, señalaron que el agua es fundamental para prevenir la enfermedad, pero en esa zona comercial el vital líquido escasea hasta 8 días, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que se atienda el problema y puedan cumplir con las recomendaciones de salud.

Minería: virus mutantes de la contrarreforma indígena.

 

Magdalena Gómez. La Jornada.

 

El laboratorio social confirma las evidencias de que la contrarreforma indígena de 2001 fue estratégica para la clase política y que en su definición operó la razón de Estado en clave neoliberal. De poco sirven las exiguas muestras de aplicación del artículo segundo constitucional en terrenos aparentemente seguros que ya en países como Guatemala se les ha denominado derechos permitidos; como sería la dimensión de los derechos linguísticos y los relativos a educación bilingüe e intercultural y, aun ellos, por cierto, deben ser sometidos a examen riguroso.

Dos elementos saltan a la vista en los días recientes: por una parte, la emergencia de los movimientos indígenas que se oponen a las concesiones mineras otorgadas en el marco de las reformas a la ley en la materia y, por otro lado, la aprobación unánime de una reforma en la Cámara de Diputados el pasado 23 de abril al artículo 17 constitucional para determinar la acción colectiva, no ciudadana, como se ha demandado, sino tutelada por instancias gubernamentales: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor (Profeco) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De manera expresa se dice: las leyes que expida el Congreso de la Unión regularán los derechos colectivos, los cuales solamente podrán establecerse en materia de protección al consumidor, usuarios de servicios financieros y protección al ambiente. ¿Quién se acuerda de que la esencia del debate realtivo a los derechos de los pueblos indígenas se dio en torno a que se trata de derechos colectivos y difusos? Ahora resulta que derechos colectivos sólo podrán establecerse en las tres materias anotadas. Bien se ha dicho que a las leyes hay que analizarlas no solamente por lo que dicen, sino también por lo que callan.

Siguiendo los pasos reglamentarios de la contrarreforma referida, el 28 de abril de 2005 se publicaron reformas a la ley minera. Con ellas se declaró prácticamente abierto el territorio para la explotación minera, se colocó de manera indistinta a pueblos, comunidades indígenas, comunidades agrarias o ejidos para que en caso de que en sus tierras se realice una exploración y explotación tengan derecho preferente en la concesión, siempre y cuando logren mejorar cualquier oferta de empresas interesadas y reúnan todos los requisitos técnicos y de solvencia económica. Ésa es la derivación de la contrarreforma indígena que evitó que los pueblos tengan acceso al uso y disfrute de recursos naturales en las tierras y territorios que actualmente ocupan y el soporte que el Estado está utilizando, pasando por encima de los derechos reconocidos a dichos pueblos en el plano internacional. (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.)

Pero resulta que los pueblos sí saben de derechos y por ello se organizan para hacerlos valer. No es casual que en las entidades donde se están otorgando concesiones esté presente el movimiento de resistencia a las mismas: el 5 y 6 de abril pasados en la comunidad de San Pedro Chico Zapote, en la región de la Cañada de Oaxaca, se realizó el primer Encuentro Nacional de la Red Mexicana contra la Minería, en el cual organizaciones de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y de San Luis Potosí analizaron sus experiencias en contra de los proyectos mineros, destacando que más de 90 mil hectáreas del territorio oaxaqueño están concesionadas por el gobierno federal a empresas mineras, principalmente canadienses, quienes han recibido concesiones sin consultar a los pueblos, como marcan convenios internacionales, por ejemplo, el 169 de la OIT.

Por su parte, el Foro Tejiendo Resistencias (que se llevó a cabo 17 y 18 de abril, en el municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca) ofreció un recuento de los proyectos como el turismo a gran escala, la construcción de represas, la explotación minera, la construcción de complejos inmobiliarios, diversas infraestructuras, producción de energía eléctrica, explotación petrolera, explotación de mantos acuíferos para negocios particulares, entre otros. Con ello, concluyeron los participantes, se impulsa de manera clara una privatización de los territorios y recursos naturales, mayoritariamente localizados en comunidades indígenas y campesinas.

En este contexto, la criminalización no se hizo esperar: el pasado 7 de mayo, el Colectivo Oaxaqueño por la Defensa de los Territorios denunció la agresión policiaca y detención de 25 comuneros de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y comunidades aledañas, por su resistencia frente al proyecto de exploración y explotación minera de oro y plata de la Compañía Minera Cuzcatlán, empresa subsidiaria de la Compañía Canadiense Fortuna Silver Mines Ltd.

Ahí quedan algunos botones de muestra sobre lo que está en juego para la vida de los pueblos indígenas. Para ellos la epidemia viene de muy antes y, como vemos, no se confían de tapaboca alguno.

Estos dos años serán decisivos para el cambio. Afirma Gabino en Chiltepec.

Comunicado legislativo.

San José Chiltepec. 11/05/09. En el marco de una gira de trabajo para informar de sus actividades en el Senado de la República, Gabino Cué Monteagudo manifestó su esperanza de que a pesar de los intentos del PRI de Ulises Ruiz por desalentar la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida social y política, estos dos años serán decisivos para lograr el cambio en Oaxaca.

 En reunión con habitantes de esta población cuenqueña  a quienes expuso pormenores de su trabajo legislativo en la Cámara Alta , el senador hizo énfasis en la claridad que tiene la población por impulsar las transformaciones que requiere una entidad que ha sido sometida a intensa explotación y agravios, en lugar de procurar desarrollo y progreso por parte de sus autoridades.

Por ello invitó al atento auditorio que lo escuchaba, a exigirle a sus representantes– autoridades municipales, legisladores y  funcionarios de los tres niveles de gobierno- a que  ofrezcan resultados de su gestión, que rindan cuentas y que acompañen las demandas de la población.

En presencia del presidente municipal de Chiltepec, Irineo Molina Espinosa y de otros invitados, el legislador oaxaqueño  escuchó atento las necesidades que tienen los habitantes de este municipio de la Cuenca de la Papaloapan  ante quienes reiteró su decisión de seguirlos acompañando en sus gestiones.

Develando el pasado reciente.

Tomado de: “Todo el Poder al Pueblo”.

Entrevista hecha por los periodistas del diario Milenio Diego Osorno y Óscar Rodríguez. Relativa a la participación en la “guerra sucia” del gobierno estatal contra la APPO y los maestros, durante los disturbios de 2006.

Oaxaca, Oax. (Concepto) - Lizbeth Caña Cadeza, abogada de profesión, sin ninguna experiencia en política cuando fue nombrada procuradora general de justicia, y a quien tocó “dar la cara” ante los medios de comunicación; acusada, después, de reprimir el movimiento de los maestros y la APPO contra el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz; 'recomendada' por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y 'embarrada' en la desaparición de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), confiesa sentirse mal: víctima de algo que “no es sano”, de un “manejo político para “involucrarme dolosamente”. Y narra su verdad:
Sostiene que como procuradora de justicia —acaso la más joven e ingenua persona que haya estado al frente de la PGJE— mantuvo su compromiso, su ideal de abogada, de respetar las leyes.
Y aclara que otros fueron los responsables de lo que pasó.

- ¿En septiembre del 2006, cuando toman las radiodifusoras, ¿hubo un recorrido de la policía?... Usted dijo al día siguiente que sí eran policías...—

“Al principio se pensó que no eran policías. Esto fue algo que me faltó aclarar. Mira, en Oaxaca las policías, la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (PABIC) depende de la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci); la Preventiva, de la Seproci; incluso la Municipal…”

- Pero ese día también iban ministeriales...-


“Bueno, mira: quien coordinó el operativo... Me acuerdo que ese día me habló el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Adalberto Castillo. 'Licenciada: Qué se va a hacer, porque todas las calles están bloqueadas, tienen autobuses y todo. Los comerciantes están aterrados.'“'Mira, Adalberto: déjame consultarlo con el gobernador... qué va a pasar...'
Era muy difícil ponerse a quitar cosas, porque íbamos a chocar con los manifestantes y en algo malo iba acabar eso. (Además, aclara, la Policía Ministerial, que en teoría estaba bajo su responsabilidad como procuradora, no es una policía preventiva, sino investigadora).
“Entonces me dijo el gobernador que quien iba a coordinar las tareas iba a ser el secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya. Inmediatamente me comuniqué con Lino Celaya y le dije: “¿Qué va a hacer concretamente usted?
Usted no se preocupe, porque voy hacer un operativo para retirar camiones, me dijo. Lo voy hacer en la noche. Ah, bueno. Fue todo lo que dije”.

“Y entonces pasó una cosa que se estiló mucho en ese momento: que sin pasar por mí, que era yo quien tenía a su cargo la responsabilidad de la Policía Ministerial, Lino le habló por teléfono al director de la Policía Ministerial (Manuel Moreno), para que se coordinaran en la realización de ese operativo. En ese operativo, que ustedes le llamaron la caravana de la muerte, o no sé qué, hubo balazos”.

- Hubo balazos en ese operativo. Murió un burócrata...”- Lorenzo San Pablo Cervantes...—

“Bueno, no me acuerdo. Pero a alguien mataron ahí. Entonces, al otro día nadie quería salir a medios. Nadie. Mira, Diego... Y yo salí, porque yo me entero de la noticia con Loret de Mola. Y en ese momento le hablé al teniente Moreno y le pregunté: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú interviniste? Sí, yo intervine. ¿Por qué no me avisaste? Y le dije a Moreno: Entonces, la próxima vez que intervengas y no me des aviso, a ver cómo le haces, porque es tu responsabilidad. No me voy a meter en responsabilidades que no me competen. Pero sí fueron a ese operativo. Y la hora de salir a medios, él no salió… Pero como novata en política... Quizás ahorita no habría actuado igual, pero a la hora de la conferencia yo di mi cara y dije lo que sabía: que habían ido a LIMPIAR LAS CALLES. Sí lo dije.
Pero en comunicación no se entendió el sentido de lo que quería decir. Sonó hasta sarcástico, perverso. El sentido que yo tenía era lo que yo traía en la cabeza: que iban a retirar los camiones. Y en ese sentido di mi declaración a los periodistas”.

“Pero nunca me dijeron: vamos a ir armados, cuántos policías, nada… Y él, Moreno, nunca se atrevió a salir a medios... Y yo sólo salí a decir lo que yo sabía, que había un muerto y que el MP fue a hacer el levantamiento del cadáver, pero cuando llegó ya no encontró nada. Yo le hablé a Lino y le digo: Qué tipo de operativo... eso, cómo lo hizo, cuántas personas... Y él nunca me quiso decir nada... Y ya no me dijo nada. Yo sólo supe lo que Moreno me platicó.

- ¿Hubo una investigación?-

“Sí, hubo una averiguación previa, que la tiene la PGR, porque antes de que saliera del cargo de procuradora de justicia, la PGR me atrajo todas las indagatorias sobre el conflicto. Todas las investigaciones se las llevó. Menos la de Brad Will. Y entonces lo que yo hice fue enviar la de Brad Will también. También llévate ésta... porque era hasta internacional [...] Así fue como estuvo eso”.

- Y eso que declaró, ¿tiene que ver con los hechos de septiembre? -

“¡Claro! Pero yo no he declarado nada...”

—O sea, si ya lo declaró como parte de las investigaciones...

“No. Yo no he declarado. Yo sólo sé lo que tú sabes, que sabes más que yo. Yo sólo sé lo que publica el periódico. Eso es todo lo que sé. Yo no conocía que hubiera una imputación en mi contra... El abogado del comandante Pedro Hernández ya la vio; me lo dijo ayer. Yo no he visto nada. Y me parece delicado que se me quiera imputar algo donde yo no tengo nada ver. Yo no he hecho nada, Diego, ¡Nada! Me parece increíble que mi actuación... Estoy bien convencida de que lo único que me pudo haber defendido en la procuraduría, porque se mueven mafias, componendas, arreglos, lo que sea... Lo único que pudo haber sido mi escudo es que yo no hice cosas chuecas. No puede haber alguien que me pueda decir lo contrario. Yo sólo di la versión oficial de la procuraduría). Y en este caso, yo no coordiné los operativos. Sólo en una ocasión tuve una llamada del gobernador del estado, que en ese momento me hacía pensar que no tenían confianza en mí, que no confiaban en que lo pudiera hacer, no sé... Me dijeron: Las cosas que tienen que ver con la APPO las va a tratar Seproci, no tú. Y entonces me quedé con lo formal.

Pero al final, después, ¡Qué bueno que no tuve nada que ver, porque ahora nadie de la APPO me va poder decir que yo ordené que los golpearan! No va a haber uno, ni el mismísimo Flavio Sosa. Porque mi actuación fue desde el marco institucional.”

- De esta investigación que hubo respecto de septiembre por lo de la actuación de la policía, ¿no hubo ningún caso en Asuntos Internos?—

“Todo lo que se hizo se mandó ante la PGR”.

- ¿Y qué fue lo que ustedes hicieron? -

Pues las investigaciones. Y las declaraciones que se lograron recabar. Pero, bueno... también hubo mucha resistencia de los familiares de las víctimas a declarar con nosotros, y lo que hacían era ir directamente a la PGR. Y no dudo que en la PGR haya otras cosas, de las cuales nunca nos enteramos... Nosotros investigamos y ellos se encargaron del resto.

- El titular de la Seproci y el resto de los jefes policiacos que participaron en los operativos, ¿le rindieron cuentas de lo que hacían? -

“Me convocaron a una reunión. Pero creo que también habría que preguntarle al propio Lino Celaya la responsabilidad que tuvo en los hechos que se cometieron.“A mí en ese tiempo, el propio secretario Lino me habló por teléfono, porque lograron detener a una francesa que llevaba en una bolsa bombas molotov... Parece que eso no está documentado en la prensa. A la francesa me la llevan a mí. La detuvo la PABIC, y por instrucciones del titular de la Seproci me la llevan. Al ingresar a los separos de la Ministerial ya es otra cosa: se le certifica y se le busca un abogado. Se cumplieron todas las formalidades. Y aun así el de Seproci me recriminó por cumplir con el procedimiento. Porque (él) sólo quería que certificara y se la mandara de regreso. Y yo le digo: Ya entró aquí y voy a cumplir con todo el procedimiento. Yo personalmente terminé enviándola a la delegación del INM. Y recuerdo que me hablaron para decirme que yo era una legalista, una legaloide; que imposilitaba el trabajo; que yo no era amiga del gobernador; que lo quería perjudicar. Fueron confrontaciones muy grandes; pero yo cumplí con mi deber cuando me correspondía.”

—Ellos, ¿no rendían cuentas? ¿Se la saltaban?—

No me rendían cuentas....

Respecto de la detención y desaparición de dos activistas del EPR en mayo de 2007, Caña Cadeza dice que en este asunto no tuvo nada que ver, porque no fue su época. Ya no era procuradora en esa fecha. Afirma que se le quiere involucrar “dolosamente”, y responsabiliza al secretario de Gobernación, Juan Camilo Muoriño (Qpd):

“El secretario de Gobernación maneja políticamente el asunto para involucrar inocentes: a la tonta que se dejó que le hicieran recomendaciones; que no tuvo voz ni voto para que no fuera así. No se vale. Está bien que me vean indefensa. Pero no está bien que distorsionen las cosas para acusarme de algo que no es.”

— ¿Qué intereses podría haber?—

No sé qué sea. Allá arriba se mueven muchas cosas más grandes. Yo sólo sé que hay (señalamientos) en contra mía, por las publicaciones que se han dado; pero no sé nada... Me siento mal —confiesa finalmente—, porque me hacen parecer como si fuera parte de una pandilla perversa. No, eso no es sano: que se me quiera involucrar, y menos con el EPR. No, yo tengo familia...”

 


Publicado por solaripa69 @ 10:28
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