Mi?rcoles, 13 de mayo de 2009

Oaxaca ocupa primer lugar en endeudamiento público
En 4 años, pasó de 552.7 mdp a 5 mil 170.6 en 2008: BRM 

Carlos Alberto HERNÁNDEZ

El estado de Oaxaca figura como uno de los estados con mayor deuda pública del país en los últimos cuatro años, al pasar de 552.7 millones de pesos en 2004 a 5 mil 170.6 en 2008, de acuerdo a un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia en la LX Legislatura local, Benjamín Robles Montoya señaló que la deuda pública real no corresponde a la entregada en un documento a la Cámara de Diputados.
Detalló que con datos disponibles en el portal de Internet de la SHCP, se demuestra que Oaxaca es el estado de la República Mexicana que más ha incrementado su deuda.

Al iniciar su administración, Ulises Ruiz recibe al estado con una deuda pública de 552 millones 700 mil pesos, sin embargo, al concluir el 2008 el monto de la deuda estatal alcanzaba los 5 mil 170.6 millones de pesos.

Junto al presidente estatal de Convergencia, Mario Mendoza Flores, afirmó que esto significa en términos relativos, que en cuatro años la deuda se incrementó 835.5% y en términos absolutos el incremento es de 4 mil 617.9 millones de pesos.

Reunido con algunos colaboradores, señaló que a lo anterior se agrega, el costo por el endeudamiento de la Ciudad Judicial que asciende a 1 mil 400 millones de pesos y que todavía no ha sido contabilizado por
la SHCP.

El promedio nacional de crecimiento de la deuda para los estados y municipios para el período 2005-2008 es de un 55.8%, lo que significa que Oaxaca se ha endeudado 779.7% por arriba del promedio.

Reiteró que al analizar el saldo de la deuda de cada estado en comparación con sus respectivos Productos Internos Brutos (PIB), la deuda del estado en el 2004 representaba el 0.5% del PIB estatal, mientras que al cierre del 2008, el monto total de la deuda representaba el 1.9%.

Afirmó que el documento de la SCHP remarca que el saldo de las obligaciones financieras del gobierno estatal, incluye una emisión bursátil garantizada con los ingresos derivados del impuesto sobre nominas y derechos vehiculares.

 

 

Santiago Chepi testifica liberación de cuatro presos de Ocotlán.

Boletín Sec 22.

Ignacio Alejandro Vásquez Gómez, José David Hernández Álvarez, Hilario Ignacio Vásquez Gómez,  Joaquín López Gonzales  acompañados del Secretario General de la sección 22 Azael Santiago Chepi  salieron  del penal de Ixcotel totalmente libres del cargo de despojo del que eran acusados.
Santiago Chepi ratificó el compromiso que tiene la sección 22 con el pueblo, detalló que desde el día 6 de mayo que fueron arbitrariamente desalojados y detenidos  23 habitantes de San José, el magisterio salió a las calles a manifestarse y expresar el repudio que generó  este evento.
Resalto que esto es una muestra más de los 28 años que tiene el movimiento magisterial, y de las organizaciones sociales, subrayó  que esta lucha por la defensa del pueblo debe hacerse de manera coordinada y estratégica, “Hay principios establecidos de no permitir mayores agresiones ni políticas neoliberales, y ante ello responderemos saliendo a las calles y haciendo lo necesario  para apoyar totalmente al pueblo”.
El secretario General reconoció el esfuerzo del equipo jurídico de la sección 22 para agilizar estos trámites dilatorios, y precisó  “Vienen muchas batallas por librar pero se debe hacer de una manera coordinada”.
El secretario de asuntos jurídicos Gustavo  Hernández Cruz  informó que la situación de estos cuatro habitantes que faltaban por liberar,  es de absoluta libertad y reconoció la labor de la equipo de abogados que encabeza la licenciada  Alba Gabriela Cruz Ramos en la defensa de los casos que está llevando este equipo jurídico  y resaltó la importancia de las movilizaciones para concretar esta libertad.
 A las afueras del penal se encontraban los familiares de los presos y fueron recibidos con un rotundo ¡Sí, se pudo, Sí se pudo!.


ATENTAMENTE
PROFESOR GABRIEL MELITON

SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA

 

San José del Progreso: La lucha por la  autodeterminación de los pueblos.

 

Víctor Raúl Martínez Vásquez (IISUABJO). 13/05/09. La historia de los pueblos de Oaxaca está llena de luchas por la defensa de sus territorios y la autodeterminación sobre sus recursos naturales. Ahí están por ejemplo la defensa de las salinas por el pueblo juchiteco en el siglo XIX, la defensa de los bosques de la Sierra Juárez en el siglo XX.

“Con mi solidaridad a Marcelino Coache Verano y Juan Manuel Martínez  Moreno y sus familias, víctimas de la política endemoniada”

Los hacendados, el capital extranjero, los políticos rapaces, etc. siempre han sido una amenaza para los pueblos oaxaqueños y frente a ellos, estos han resistido de una u otra manera a lo largo de la historia. El caso de San José del Progreso es un episodio más de esta larga cadena.

 La minera Cuzcatlán, subsidiaria de una empresa extranjera, la Compañía Canadiense “Fortuna Silver  Mines ltd”, verdadero poder tras el capital neoliberal de Cuzcatlán, pretende explotar yacimientos de oro y plata en una extensión de terrenos que abarcan varios miles de hectáreas y que se estima le redundarán alrededor de 12 mil millones de pesos.

Como ha ocurrido en otros momentos, se encuentra una red de funcionarios de distintos niveles de gobierno que solícitos y displicentes otorgan concesiones, tramitan expedientes,  “apoyan” en nombre del PROGRESO. ¿Del progreso de quien?.

La experiencia dejada por muchas empresas mineras, pongo por ejemplo, la mina de Natividad en la Sierra Juárez, ha sido la contaminación de las aguas y por ende, de las tierras. De eso saben bastante los pueblos serranos. Muchos ciudadanos han visto deteriorada su salud por ello.

Resulta entonces que no solo son unos cuantos los que se beneficien de estos proyectos de PROGRESO, sino que generalmente son muchos más  los afectados.

Tienen razón por ende, quienes  en San José del Progreso y en lugares circunvecinos, demandan los estudios de impacto ambiental, pues la aplicación de ciertas sustancias y luego sus desechos afectan la calidad de la tierra y el nivel de vida y bienestar  de los pobladores.

Se trata de un asunto que no solo incumbe a los habitantes de San José del Progreso, que en el nombre pueden llevar la penitencia, sino de un ecosistema que puede ser dañado. Como la destrucción de la capa de ozono afecta no solo a quienes ven arrasado sus bosques en alguna localidad, sino a todo el planeta.

El tema de la minera de Cuzcatlán tiene diversas aristas y debe verse en toda su complejidad por parte de la autoridad. No es solo si la minera tiene la propiedad de un predio, o si un funcionario del gobierno federal les otorgó una dudosa concesión (¿donde están los estudios de impacto ambiental?), sino otros varios aspectos entre los cuales por cierto se encuentran los derechos de los pueblos indígenas a la defensa de sus territorios y la libre determinación sobre sus recursos, que también están amparados por convenios suscritos por el estado mexicanos ante organismos internacionales y adquieren por ello carácter de Ley en nuestro país, como es el caso del Convenio 169 suscrito con la OIT o la más reciente declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales aprobada por la ONU.

Hasta el  momento, no ha habido un diálogo franco entre la empresa, los funcionarios encargados del ramo  y los pueblos que se verán afectados. En Oaxaca, señores funcionarios, señores empresarios, hay que conocer la historia de las resistencias de los pueblos indígenas.  

No es mediante la criminalización de la lucha social por la defensa de la tierra y sus recursos naturales, que son  vida para nuestro pueblos, como se encauzará el conflicto social que se vive en esa región, que insisto no se reduce solamente a San José del Progreso y por ende, no es argumento que en la protesta hay gentes que no son nativos de ese lugar. La globalización nos ha hecho también preocuparnos por los impactos que lo local puede tener en relación con lo global. Todos ahora estamos obligados a pensar en la sustentabilidad del planeta y de quienes lo habitamos y lo habitarán, entre ellos, por supuesto,  nuestros hijos y nietos.

Mucho menos es con soluciones policiacas y encarcelamiento de personas que se acabará el conflicto.  La reacción a la fuerza desmedida de la policía ya no funciona en Oaxaca. La expresión  solidaria e inmediata de diversos pueblos circunvecinos y la sección 22 se hizo evidente el mismo día 6 que ocurrió el desalojo de quienes protestaban en la mina. Miembros del colectivo de organizaciones en defensa del territorio oaxaqueño y otras fuerzas sociales también se han manifestado. Los pueblos ya no están solos en sus luchas, existe un contrapoder popular  a los excesos de las fuerzas policiacas y las políticas demoniacas del gobierno. La sección 22 ha anunciado que se radicalizará si no son  liberados todos los detenidos en el desalojo de la mina. Aun permanecen cuatro en prisión.

Solo el diálogo constructivo y el consenso permitirán arribar a una solución al conflicto social que ahí se vive, para ello es necesario tomar en cuenta a todas las partes. ¿Tendrán la capacidad los funcionarios de los distintos niveles de gobierno para lograrlo?,  o ya no están en condiciones  de hacerlo pues comprometieron su voluntad con el poder del dinero.

Confirman 29 casos positivos de influenza; van tres muertes
A nivel nacional, el DF encabeza el número de víctimas con 30 

Yadira SOSA
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), confirmaron ayer que en total se han acumulado 29 casos positivos de influenza A H1N1 en la entidad, de los cuales, tres son defunciones.

La muerte por influenza humana de un joven de 18 años de edad, de la Cuenca del Papaloapan, se suma a las otras dos defunciones en el estado por la misma causa, señaló el subsecretario de Innovación y Calidad de los SSO, Marcelo Noguera Sánchez.

La primera defunción fue el pasado 13 de abril en el Hospital “Dr. Aurelio Valdivieso”, la segunda en el Hospital de Especialidades el 5 de mayo, y la tercera, del joven de 18 años, fue el día 3 del mismo mes, pero hasta ayer se confirmó.

El diagnóstico del joven que murió en el Papaloapan fue por neumonía y anemia. “Tuvo curso rápido y sucedió el fallecimiento exactamente el día 3 de mayo”, precisó.
De los casos positivos de influenza y la distribución por grupo de edad, Noguera Sánchez explicó que el 59 por ciento corresponde a los de 15 a 59 años; 29 por ciento a menores de 15 años y 12 por ciento a pacientes de 60 años y más.

Van 58 muertos en el país
A nivel nacional, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, dio a conocer que hasta la mañana de ayer, la Secretaría registraba 2 mil 282 casos confirmados de influenza A H1N1 en el territorio nacional, de los cuales 58 habían muerto.

El 79.3 por ciento de los fallecidos tenía entre 20 y 54 años y el 51 por ciento vivía en el Distrito Federal, de donde eran oriundas 30 víctimas de la epidemia, seguido del Estado de México, con 14; San Luis Potosí, con cinco; Tlaxcala, con tres; Hidalgo, con dos; y Aguascalientes, Chiapas y Baja California, con uno, respectivamente.

El último fallecimiento se presentó el 7 de mayo pasado en Baja California, pero los síntomas, dijo Córdova, iniciaron antes del 23 de abril, día en que la Secretaría declaró la alerta epidemiológica a la población.

Baja California Sur y Coahuila son los únicos estados del país en donde no se ha confirmado la presencia del virus. (Con información de Agencia Reforma).

Colapso del ejército: los defensores galvanizados de la “disciplina” militar

José Francisco Gallardo Rodríguez

Rebelión.

Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, es una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos. Al concentrar la atención mundial en los lugares donde son violados, da voz a los oprimidos y exige cuentas a los opresores por sus crímenes. Las investigaciones rigurosas y objetivas, la incidencia política, estratégica y focalizada, generan una intensa presión para la acción gubernamental y eleva el costo político por los abusos cometidos en contra de la humanidad. Trata tenazmente de sentar bases jurídicas y morales para un cambio profundo en el que las personas del mundo disfruten de mayor justicia y seguridad.

Una investigación reciente de HRW señala al gobierno de México como responsable de 17 casos de graves abusos militares con más de 70 víctimas, en los cuales, soldados asesinaron presuntamente al menos a 12 civiles desarmados en los últimos dos años, violaron a unas 20 mujeres y detuvieron ilegalmente y torturaron a otras 50 personas, según denunció en abril pasado la organización en su informe “Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”. (http://www.hrw.org/es)

El documento presentado ante altos funcionarios del gobierno y del ejército --que causó gran irritación--, precisa que en la totalidad de los casos registrados en operativos contra el crimen organizado, los militares responsables permanecen impunes.

El organismo señala que en doce casos, los soldados dispararon contra civiles desarmados después de que éstos no acataron la orden de detener sus vehículos. Ninguna de las víctimas tenía vínculos con las drogas ni con los grupos armados que operan en la región. La CNDH, con más de 2000 quejas contra soldados en su haber, confirma que los militares han torturado a civiles detenidos durante los operativos anticrimen. Estos abusos aberrantes atentan directamente contra el objetivo de terminar con la violencia vinculada al narcotráfico y de mejorar la seguridad pública, subraya el informe. ¿Tenemos un ejército de asesinos?

HRW explicó que el gobierno de México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares, y sostiene que la impunidad es favorecida por la justicia civil y solapada por el sistema de justicia militar que es parcial y dependiente, así como una estructura cerrada y sin transparencia. Es una justicia de mando que tiene como doctrina la lealtad institucional a cambio de impunidad. La Ong recomienda promover reformas a las leyes castrenses para que la autoridad civil pueda juzgar a los militares que violan derechos humanos: la abrogación de la jurisdicción militar y el sometimiento del ejército al poder civil del Estado.

Lejos de atender este reclamo, arguyendo asuntos de seguridad nacional, el ejecutivo federal presenta ante el Congreso, iniciativas de ley en la materia, que pretenden dar sustento legal a la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico y legalizar el “estado de excepción” de facto que creó desde el inicio de su gestión por medio de la “guerra” contra las drogas. Se afirma que “el Estado exige redefinir los conceptos de seguridad nacional, interior y pública, para construir fundamentos que permitan garantizarlas cabalmente”, pero lo que en realidad se promueve no es el fortalecimiento de la seguridad, si no leyes de inmunidad para los militares que encaminan al país a un estado policiaco-militar; al umbral de un golpe de Estado que en las circunstancias del colapso institucional que padece México, con gusto sería apoyado por Washington.

La acusación de HRW en contra del ejército, la presentación de las iniciativas a las leyes de seguridad, como el caso de las muertas de Juárez, que se ventila ante la Corte Interamericana contra el gobierno por crímenes de lesa humanidad, como otros escándalos políticos y de corrupción, (entre los que se encuentran los de la familia de Fox y su esposa), se encubren con el anuncio del brote epidémico A/H1N1, ¡pamplinas! Estamos ante una política de miedo impuesta por la derecha en contra de la Constitución y la democracia, en el quicio de las elecciones federales, para someter a la sociedad y obligarla a que acepte reformas legales represivas, de entrega de soberanía, cambios políticos, económicos o sociales que de otra manera no aceptaría como es el fracaso de la política económica o un gobierno de corte militar. Además, encaja en un ambiente político de incredulidad y de alta corrupción partidaria.

Que no yerre Calderón en su estrategia, el ejército representa un poder real, un bastión de nacionalismo muy mellado pero con sectores activos, que pese a la represión contra el pueblo, mantiene una alta credibilidad social. Si dentro de una crisis de salud global pharma-provocada, Calderón se proclamó “salvador del mundo”, en el contexto de un agravamiento del colapso institucional que vive nuestro país, con una sociedad desgastada, desconfiada e incrédula, el ejército apoyado en el shock social incitado por las crisis, igual se puede proclamar “salvador de la patria” a través de un quirúrgico golpe de Estado institucional, incluso con un cierto apoyo social.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:31
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