Lunes, 18 de mayo de 2009

La justicia sí tiene un precio.


* Matar a una persona en un accidente de tránsito no es un delito grave en la entidad, tampoco lo es para quien lo hace bajo los influjos del alcohol o alguna droga 

 

Nadia ALTAMIRANO DÍAZ. “El Imparcial”.

Hace una semana Teresa vio morir a su madre, con quien compartía el nombre. El conductor que las atropelló -junto con sus tres hijos- podría reparar el daño que causó al pagar lo equivalente a 790 días, “calculados sobre el triple del salario mínimo vigente”.

Ese es el “precio” que ante la Ley tiene una vida… menos de 120 mil pesos.

En Oaxaca matar a una persona en un accidente de tránsito no es un delito grave. Tampoco lo es para quien lo hace bajo los influjos del alcohol o alguna droga. El dinero es el factor que determina si un conductor enfrenta su proceso penal en libertad o en prisión.

Juan José Meixueiro Orozco, presidente de la Barra Nacional de Abogados, filial Oaxaca, no encuentra firmeza en las sanciones que para este tipo de delito culposo establece el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, al cual le urge una reforma.

Después de revisar los artículos de dicha Ley y hacer unas simples operaciones matemáticas obtiene la posible sentencia que un acusado debería purgar en prisión: de 4 a 8 años con 4 meses si hay un fallecido… de 6 a 12.5 años si hay más de dos muertos.

Entrevistado por separado, el doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Félix Rosario Martínez, señala que La Ley sólo considera grave este tipo de homicidio cuando quien lo cometió es el operador de un vehículo del servicio público; causa más de una muerte al encontrarse ebrio o drogado, o el delito sea reiterado en esas circunstancias.

Empero lo que constatan los deudos es otra cosa, los responsables de una muerte en un accidente de tránsito, aún bajo los influjos de alcohol o droga, enfrentan su proceso penal o su condena en libertad. “Si observáramos y cumpliéramos con la Ley estarían encerrados, hasta los del servicio público que con frecuencia atropellan gente pero ahí andan tranquilamente por la calle”.

Su experiencia como abogado litigante le permite asegurar que los familiares de la persona fallecida “por la necesidad de no ir a los juzgados, carearse o hacer la mecánica de hechos, opta por aceptar la reparación del daño”, una decisión acertada que no exime al conductor de su responsabilidad penal ni el pago de la multa, “pero a veces eso se aprovecha para que el sujeto activo del delito solicite una caución y quede en libertad… desafortunadamente así se maneja esto”.

Ambos juristas coinciden en que el solventar el pago de fianzas, multas y reparaciones de daños, junto con los beneficios preliberacionales o sustitutivos, permiten que la mayoría de los casos, los acusados enfrenten su proceso penal y su sentencia en libertad.

“En la cárcel como tal es mínimo el número de personas que por el homicidio culposo de tránsito de vehículos están privadas de su libertad. De cien tal vez uno, el que no puede resolver su problema desde el punto de vista económico, es el que está en la cárcel”, es como Meixueiro Orozco sintetiza la realidad de la actual impartición de justicia.

Contrarrestar ese cálculo con las cifras del Tribunal Superior de Justicia del Estado no fue permitido. Aunque se solicitó una entrevista con algún juez o magistrado, no fue posible recibir una explicación de cómo se determinan las sentencias para quienes son responsables de matar a una persona mientras conducen su vehículo en estado de ebriedad o drogados.

Mientras, a fuerza de trámites burocráticos, personas como Teresa terminarán por corroborar que lo que para ella es invaluable para la Ley - la justicia la vida de su madre y la libertad de quien se la arrebató- sí tiene un precio.

 

 

Parten APPO y Sección en ‘caravana motorizada’ a Ocotlán

 

Jesús OLMEDO. De “Todo el Poder al Pueblo”

Profesores de la Sección 22 del SNTE y militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) salieron en ‘caravana motorizada’ del crucero de Trinidad de Viguera a San José del Progreso, Ocotlán para respaldar la jornada de lucha de los activistas que se oponen a la apertura de las mineras Cuzcatlán y Nativitas.


Un aproximado de 200 personas transportados en tres autobuses y 16 camionetas se sumaron a la protesta que tiene como objetivo frenar las acciones de represión emprendidas por el gobierno federal y estatal en contra de ambientalistas que se niegan a la explotación de sus recursos naturales.

Alfredo Martínez Jiménez, representante magisterial de los Valles Centrales, explicó que la marcha motorizada pararía en varios puntos de la capital oaxaqueña donde llevarían a cabo mítines, como es: el Zócalo capitalino, la Central de Abastos, la avenida Símbolos Patrios, el parque Central de Ocotlán de Morelos, Magdalena Ocotlán y finalmente en San José del Progreso, Ocotlán.

El representante de la Sección 22 advirtió que los trabajadores de la educación se sumarán a la lucha del pueblo de San José del Progreso y no permitirán más abusos y excesos por parte de empresarios extranjeros y los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz.

“Vamos en apoyo del pueblo de San José del Progreso que fueron brutalmente reprimidos por granaderos estatales y federales; ni un paso a tras en la lucha porque no vamos a permitir que extranjeros saquen los recursos naturales de los oaxaqueños; la Sección 22 del SNTE está en pie de lucha y nos hermanamos con todos los pueblos de Oaxaca”, sentenció.

A pregunta expresa, Martínez Jiménez sostuvo que la Sección 22 del SNTE no claudicará en la lucha hasta lograr la libertad de los presos políticos de la APPO, Loxicha, Guevea de Humbold, San Blas Atempa, Xanica, que siguen siendo rehenes del gobierno. Además que seguirán demandado la presentación con vida de los desaparecidos y el castigo a los culpables de la represión.

 

 

Vuelve la APPO al zócalo
* Clases hasta el martes; miércoles hay paro de 24 horas 

Carlos Alberto HERNÁNDEZ. “El Imparcial”.


La mañana de hoy, integrantes de las organizaciones sociales y de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se plantarán en demanda de la liberación de presos.

El secretario general de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, manifestó que este día no se contempla la suspensión de actividades escolares, en las más de 13 mil planteles.

Toda vez que se ha dado un plazo de siete días a los gobiernos estatal y federal, para que respondan de forma satisfactoria al pliego petitorio de demandas, pues de lo contrario accionarán de manera contundente.

Asimismo, hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para iniciar una mesa de diálogo con el ISSSTE, la SEP y el SNTE, encargadas de dar respuesta a varios de los puntos de su pliego.

La asamblea estatal determinó la madrugada del sábado, que llevará a cabo paros escalonados a partir de la próxima semana, sin descartar el entallamiento de un paro indefinido.

Hoy de forma representativa participará en la instalación de un foro de denuncia en el Zócalo de la ciudad, en donde darán a conocer sus principales demandas; entre las que se encuentra la rezonificación por vida cara, la devolución de escuelas, la cancelación de módulos y libertad de presos políticos.

Mientras que para el miércoles 20 del presente, el magisterio oaxaqueño llevará a cabo un paro de actividades de 24 horas, bajo la modalidad de rondas de asambleas sectoriales.

Cabe señalar que el magisterio oaxaqueño amagó con decretar un paro de labores de manera indefinida en caso de no obtener respuestas concretas, después de la Asamblea Estatal a celebrarse el 26 del presente mes.

 

 

ESTÁ LATENTE OTRO CONFLICTO SOCIAL: SECCIÓN XXII.

 

Tomado de “Revolucionemos Oaxaca”.

 

  • El magisterio no descarta paro de labores
  • Familiares de presos políticos ya instalaron plantón en el Zócalo

 


Con motivo del Día del Maestro-a, el magisterio de la Sección 22 continuó con su Jornada por la Educación y la Justicia con una mega-marcha que inició desde cuatro puntos de la Ciudad de la Ciudad de Oaxaca, dicha manifestación le permitió al secretario General de la Sección, Azael Santiago Chepi, enviar un mensaje al gobierno estatal: si no hay solución a demandas, "arribarán las protestas sociales”, otro conflicto, pues las heridas continúan, advirtió.



La protesta partió desde el Crucero de la Procuraduría General de Justicia, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la gasolinera de Xoxocotlán y el mercado zonal de Santa Rosa, con la participación de maestros y maestras de las 7 regiones del estado.

En la marcha también estuvieron presentes, organizaciones de la APPO y representantes de comunidades de Ocotlán y Zaachila, que se verán afectadas por proyectos mineros y carreteros que el gobierno estatal pretende realizar.


La marcha finalizó en el Zócalo de la Ciudad, donde comenzó un mitin, en el que se expusieron demandas del pueblo de Ocotlán que se opone a la instalación de minas en su territorio; se leyeron cartas de los presos políticos del Penal de Ixcotel; y se presentó una disputa verbal contra dirigentes de la Sección 22, encabezada por anarquistas.

 

Al término del mitin de la manifestación, parte del Comité Ejecutivo Seccional  (CES) de los docentes dio una conferencia de prensa, donde expuso en voz del secretario General, Azael Santiago Chepi, que las demandas al pliego petitorio que el magisterio entregó a autoridades estatales y federales han sido respondidas de forma ambigua, lo cual no es ningún avance.

“No queda descartado el paro de labores”, aseguró Santiago Chepi, y será la Asamblea Estatal del magisterio, quien lo decida esta tarde.

“El Gobierno tiene que ser inteligente, de lo contrario arribarán las protestas sociales, existe la inconformidad de muchos  sectores sociales, están ahí las heridas, están los desaparecidos, los presos políticos, el magisterio ha sido agredido, reprimido y partir de eso estamos con la exigencia de no permitir mayores agresiones, de lo contrario esto generaría otro conflicto”, enfatizó Santiago Chepi.

También expuso que de las más de 23 demandas de la Sección 22, la más importante es el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación y al mismo tiempo “nosotros proponemos  programas de infraestructura, de mejoramiento, de equipamiento y  para mejorar las condiciones de nuestros alumnos“ dijo.

Las y los trabajadores de la educación, además exigen anteriores demandas que no fueron cumplidas, como la recuperación de espacios educativos, la cancelación de los módulos irregulares abiertos por la Sección 59 y el castigo a los responsables de los asesinatos de simpatizantes de la APPO en el 2006.


Lo anterior, porque el total de escuelas recuperadas es hasta el momento de 50 y 36 módulos cancelados, de más de 50 que fueron abiertos en 2006 por la Sección creada por disidentes de la Sección 22 y apoyada por el gobierno estatal para restarle fuerza al movimiento social en 2006.


Santiago Chepi, dijo que otra demanda es la exigencia de libertad para los presos políticos y que ya no se ejecuten las órdenes de aprehensión contra más activistas del 2006, las cuales están siendo utilizadas como política de Estado.


De forma alterna pero coordinada con el magisterio, se instaló un plantón de familiares de los presos políticos de Oaxaca, para exigir su  libertad.
Dos de los presos políticos del movimiento popular del 2006 son Miguel Ángel García y Víctor Hugo Martínez, quienes fueron detenidos el 3 de noviembre del 2006, un día después de haber participado en el enfrentamiento con la Policía Federal Preventiva en Ciudad Universitaria (conocida como la Batalla de Todos los Santos).

El cargo del que son acusados es, violación tumultuaria de una mujer, quien jamás se ha presentado a ratificar su declaración ni a los careos.
Por este delito, los dos presos fueron sentenciados a 7 años y seis meses de prisión.


En tanto, la APPO informó que el 17 de mayo se realizará una caravana motorizada que partirá del Crucero de Viguera a la comunidad de Ocotlán para respaldar el foro nacional “Por la vida, defendamos a nuestra madre tierra”, y que el 18 de mayo,  instalará un plantón estatal en el Zócalo capitalino, que también contará con la participación de la Sección 22, aunque la forma será establecida al término la Asamblea Estatal que inició hoy por la tarde.

 

ANTE EL PROYECTO MINERO DE OCOTLAN.

 

 

Luego del desalojo de pobladores de San José del Progreso Oaxaca e integrantes del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo(Codep), que rechazan la instalación de una mina en su territorio, policías estatales y federales mantienen cercado el lugar, “lo que ha servido como pretexto para mantener cierto control sobre la zona, porque hasta el día 13, hubo cateos en algunos domicilios en búsqueda  de Agustín Ríos Cruz, quien es el representante visible de este movimiento”, aseguró Cástulo López, integrante de Codep.
 
 
Por ello, luego de la liberación de los más de 20 presos que fueron detenidos el día del desalojo, la Sección 22 (quien realiza la defensa jurídica) tendrá que acordar con el gobierno Estatal y Federal en una mesa política de trabajo,  “cuál será la mecánica para ir cancelando las ordenes de aprehensión y cuáles van a ser los acuerdos sobre el retiro de la empresa minera” mencionó en entrevista Cástulo López.

El también integrante de la APPO, aseguró que en tanto, “el gobierno o los que están en contra de este movimiento han desprestigiado y aislado los esfuerzos más firmes que existen contra el retiro de la empresa, para poder operar”.

Y agregó, “pero nuestra posición, como organización, es clara y el planteamiento contundente es no a la instalación de empresas mineras. No podemos cambiar el poco desarrollo o infraestructura que pretenden darles a las comunidades a costa de contaminación que va a afectar a varias generaciones  de los pueblos de esa zona”, no obstante, dijo que serán los pobladores quienes decidirán la mejor opción.

Cástulo López, enfatizó que este movimiento no nació en San José del Progreso, sino que fue ahí donde tuvo auge, ya que el problema de las minas ha estado desde tiempo atrás, “en Oaxaca hay más de 30 proyectos mineros que han ido aumentando en la lista, hay concesiones de diversos metales como oro, plata, zinc, uranio y carbón”.

Como ejemplo, se refirió a las minas que está tratando de operar en Tlacolula, Ejutla de Crespo y algunos lugares de la Mixteca, “Este  proyecto también tiene previsto instalarse en La Ventosa, lugar donde están los parques eólicos”.


Finalmente Cástulo López explicó que las minas son sólo una parte de los proyectos transnacionales pues además, “están las hidroeléctricas, las presas, libramientos que afectarán a comunidades... El asunto de fondo es que afectan la vida social comunitaria. Muchas veces por tener los recursos naturales somos condenados a vivir en una situación complicada y en lugar de tener los beneficios, quedan los agujeros, la contaminación, la desgracia para los pueblos”.


Publicado por solaripa69 @ 10:22
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