Mi?rcoles, 27 de mayo de 2009

Incursión policíaca contra el plantón magisterial, popular y de familiares de presos políticos.

"Juan Chávez Palacios, de alrededor de 60 años e integrante de Brigadas Indígenas 94, fue detenido, amenazado de muerte y golpeado por la policía. Continúa el hostigamiento contra el plantón"

Daniel Arellano Chávez. Tomado de “Todo el Poder al Pueblo”.

Aproximadamente a las 2:20 de la madrugada de este lunes 25 de mayo de 2009, al menos tres camionetas de la Policía Preventiva Estatal incursionaron en el plantón magisterial de denuncia y por la libertad de los presos políticos, descendiendo varios elementos de las mismas intentando detener a integrantes del movimiento social de Oaxaca, tras ello fue detenido el compañero Juan Chávez Palacios de una edad aproximada de entre 60 y 65 años, integrante de Brigadas Indígenas 94, originario de Juquila.

El compañero Juan Chávez Palacios fue cercado y dada su avanzada edad no opuso resistencia alguna a la detención, siendo detenido por varios elementos, que lo obligaron a abordar la camioneta, partiendo con rumbo desconocido, tras esta detención, se iniciaron acciones de intimidación por parte de la Policía Estatal sobre el plantón, varias camionetas cercaron la plaza, al menos 3 camionetas por cada esquina, y bajo el cobijo de la noche los números de serie eran imposible de ser vistos, de las camionetas descendieron varios policías los cuales se ocultaron a lo largo de las calles, mientras otras camionetas empezaron a circular en las inmediaciones del plantón.

Aproximadamente a las 4:30 horas de la madrugada se logro encontrar al compañero Juan Chávez Palacios, quien esta detenido en el Cuartel de la Policía Estatal en Santa Maria Coyotepec, donde se impidió la entrada para poder verlo, estas acciones significan una grave intimidación y hostigamiento sobre el plantón magisterial, popular y de familiares y amigos de los Presos Políticos Víctor Hugo Martínez y Miguel Ángel García que se mantiene en el Zócalo de Oaxaca, aproximadamente a las 4 de la mañana la mayor parte de las camionetas de la Policía Preventiva se alejaron del Plantón.

Es liberado Juan Chávez Palacios integrante de la APPO detenido este 25 de mayo por la madrugada

Daniel Arellano Chávez

Aproximadamente a las 10 de la mañana de este 25 de mayo de 2009, el compañero Juan Chávez Palacios integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) salio del Cuartel de Santa Maria Coyotepec, tras ser detenido en las primeras horas de este día en el Plantón magisterial de denuncia y exigiendo la Libertad a los Presos Políticos Víctor Hugo Martínez y Miguel Ángel García.

El compañero fue golpeado en varias partes del cuerpo, por lo que se encuentra muy adolorido, denuncia que durante el recorrido al Cuartel de Santa Maria Coyotepec uno de los policías saco su arma, una pistola y le apunto recargando el cañón de la pistola en la cabeza del compañero.

Mientras el compañero fue liberado, el hostigamiento sobre el Plantón continua, con dos camionetas de la Policía Preventiva Estatal en la calle de García Viril y otras dos camionetas de la Policía Federal Preventiva (PFP), una de matricula 12 407 que circularon aproximadamente a las 10 de la mañana en las inmediaciones del Zócalo, mientras otras tantas se encuentran a unas cuadras de la Plaza, mismas camionetas de la Federal que se encuentran acantonadas en el Hotel Parador Crespo.

El estado sigue jugando su papel represivo contra el movimiento magisterial y popular, con operativos de hostigamiento alrededor del Plantón por lo que se hace la denuncia que tanto el asesino gobierno estatal y federal ha enviado a sus represores a las inmediaciones.

Amenaza Elpidio con “cobrar facturas”.
 
Huautla de Jiménez, Oax. (AGENCIA JM).- A pesar de utilizar la maquinaria del Gobierno estatal, de coaccionar, amenazar a seguidores, y de contar con la clara anuencia del presidente municipal perredista, Agustín Sosa Ortega, el mitin del candidato priísta Elpidio Concha Arellano se vio deslucido.

La falta de acarreados irritó al candidato priísta quien regañó a sus coordinadores de campaña y dirigentes locales. A las once de la mañana del 23 de mayo, Elpidio Concha esperaba unas cinco mil personas en la explanada de Huautla, el principal municipio de la región, pero con todo y acarreados y maquinaria gubernamental, a lo sumo se reunieron unas mil 200.

Esta falta de respaldo molestó al candidato y arremetió en contra de sus colaboradores Jacinto Pineda Casimiro y Valeriano García Ortiz, éste último Presidente del Comité Municipal del PRI.

Y es que la gente de este Municipio, el más grande de la Sierra Mazateca, no olvida el asesinato vil y cobarde cometido por las hordas priistas en contra del profesor Serafín García Contreras el 27 de Julio del 2004, encabezados precisamente por Elpidio Concha, Jacinto Pineda, Jorge Pineda (a) Los Diablos, así como los Quiroga, por lo que los mismos priistas les están dando la espalda.

Ante el azoro y aceptación de Agustín Sosa Ortega se llevó a cabo el mitin en la explanada de la cancha Municipal, así como de los líderes del PRD y del Frente Único Huautleco, quienes manifestaban a los cuatro vientos que no permitirían a Elpidio realizar ningún acto político.

Y es que la mayoría de los habitantes de Huautla y que eran afines al PRD, consideran que se llevó a cabo el mitin del priista con la anuencia del edil Agustín Sosa, ya que unos días antes, este acudió al evento que presidió el gobernador Ulises Ruiz en Teotitlán de Flores Magón, tomándose la foto con su otrora acérrimo rival.

Eso derivó el descontento del Magisterio Democrático, quien ha impulsado el voto de castigo en contra del PRI, PAN y el mismo PRD, por traicionar a este importante sector.

Demandan cancelación definitiva de proyectos de presas.

Difusión Cencos México D.F.

- Comunidades campesinas e indígenas afectadas
exigen al presidente Calderón la cancelación de cuatro presas

- 1145 adhesiones de 28 países, se suman a la demanda por
la cancelación definitiva de los proyectos de presas

Los campesinos y las comunidades indígenas y afromestizas amenazados por los proyectos de presas, La Parota en Guerrero, Paso de la Reyna en Oaxaca, Arcediano y El Zapotillo en Jalisco y los desplazados por la presa El Cajón en Nayarit damos a conocer los resultados de la campaña de Adhesiones al Manifiesto “En Defensa de Nuestras Tierras, el Territorio y el Agua”: Organizaciones de 28 países y adhesiones en lo individual se unieron a nuestra demanda por la Cancelación Definitiva de los proyectos de presas, La Parota, Paso de la Reyna, Arcediano, El Zapotillo, así como el resarcimiento a los desplazados por la presa El Cajón.

Total de Adhesiones 1145
Total de Organizaciones con su responsable 523
Total de adhesiones personales 622

México, organizaciones 347
México, adhesiones personales 453

Continente Americano, organizaciones 124
Continente Americano, adhesiones personales 101

Europa y África, organizaciones 52
Europa y África, personales 68

Para nuestros movimientos de resistencia de cinco y seis años, las 1145 adhesiones a nuestro Manifiesto significan un importante respaldo y solidaridad con las luchas por defender nuestras tierras, el territorio y el agua. Hemos dicho que nuestras tierras no son mercancías a ser compradas y vendidas, sino son tierras comunales, ejidales y pequeñas parcelas que significan la vida y la cultura de nuestros pueblos.

Nos han dicho que nos oponemos al desarrollo. Les respondemos que si un proyecto no toma en cuenta la vida, la integridad de los pueblos, nuestros recursos naturales, y si no se basa en el derecho y la justicia, no es desarrollo. Nadie puede planear el despojo de comunidades enteras donde viven los más pobres, para satisfacer sus intereses personales. Esto no lo aceptaremos de ningún modo.

Hemos demostrado que nuestra lucha es justa y digna; que tenemos la razón, además de haber ganado litigios agrarios y ambientales contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las autoridades agrarias, que impiden a esas instituciones seguir moviéndose en la ilegalidad para arrebatarnos la tierra, el agua y los recursos naturales.

Nuestra demanda por la Cancelación Definitiva de los proyectos de presas sigue en pie, ahora con el respaldo y la adhesión de 1145 organizaciones y personas de 28 países. Reiteramos nuestro rechazo a ser desplazados y despojados de nuestras tierras, lo cual quedó plasmado en el Manifiesto que entregamos al Presidente Felipe Calderón el 19 de marzo de 2009.

Damos ahora a conocer que con fecha de hoy, jueves 21 de mayo de 2009, le entregamos de nueva cuenta un documento en el cual reiteramos la solicitud de audiencia que hicimos en esa fecha, documento que acompañamos ahora con el resultado de la campaña de adhesiones.

Nuestra exigencia sigue siendo la Cancelación Definitiva de los cuatro proyectos de presas y el resarcimiento a las compañeras y compañeros despojados de sus tierras por la presa El Cajón.

¡ LA TIERRA NO SE VENDE !

CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA (CECOP)
CONSEJO DE PUEBLOS UNIDOS POR LA DEFENSA DEL RÍO VERDE (COPUDEVER)
COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO
COMITÉ DE RESISTENCIA CONTRA LA PRESA DE ARCEDIANO
AFECTADOS POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA “EL CAJÓN”.

 

El otro ecologismo y los derechos humanos

 

Luis Hernández Navarro

La Jornada

 

 

 Promover la justicia ambiental en México es una actividad arriesgada. Que lo digan si no quienes conocieron al campesino Aldo Zamora, balaceado por cuatro talabosques; que lo cuente Verónica Hernández, acosada judicialmente por Granjas Carroll; que lo platiquen Santiago Pérez, preso durante meses por defender el agua de las comunidades mazahuas, o Agustín Ríos, salvajemente golpeado por la policía oaxaqueña por luchar contra la operación de una mina.

Aldo Zamora, comunero tlahuica del estado de México y defensor de los bosques, fue asesinado el 15 de mayo de 2007. Su hermano Misael quedó gravemente herido. Ambos fueron emboscados por talamontes cuando se dirigían a Santa Lucía, Ocuilán, estado de México.

Desde 1998, Ildefonso Zamora, padre de Aldo Zamora y presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo, denunció la explotación ilegal de los bosques de su pueblo, ubicado en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Casi dos meses después del crimen, el 12 de julio de 2007, el presidente Felipe Calderón le prometió que habría justicia. “Se compromete mi gobierno, por mi conducto –dijo en aquella ocasión–, a que junto con las autoridades del estado de México persigamos sin descanso hasta dar con los culpables e imponerles el castigo que se merecen.” Meses después, el 7 de enero, la Presidencia de la República envió una carta a Ildefonso en la que le señala que el caso es competencia del gobierno estatal y el Presidente de la República no está facultado para intervenir de manera alguna en la resolución del mismo.

Los bosques de San Juan Atzingo se encuentran dentro del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, que alberga 2 por ciento de la biodiversidad mundial, abastece tres cuartas partes del agua que se consume en la ciudad de México y dota del líquido a los ríos Lerma y Balsas. Sin embargo, la zona de las Lagunas de Zempoala-Huitzilac está severamente amenazada por la tala ilegal.

Aldo Zamora es uno más de los activistas ambientales víctimas de la represión. En un recuento provisional a propósito de la criminalización de la protesta en México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos documentó en los últimos dos años, al menos 41 casos de agresiones policiacas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y asesinato contra defensores del ambiente.

Apenas el pasado 6 de mayo fueron brutalmente desalojados por la policía oaxaqueña integrantes del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y de la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del valle de Ocotlán, que protestaban contra una explotación minera. Cinco de sus miembros están acusados de los delitos de lesiones, despojo y ataque a las vías generales de comunicación.

Quienes son agredidos defienden su agua, sus bosques, sus recursos naturales, sus comunidades, su biodiversidad, su salud, su tierra y territorio frente a la voracidad depredadora de empresas inmobiliarias, plantas procesadores de basura, desarrollos turísticos, mineras trasnacionales, complejos agroindustriales, talabosques, compañías farmacéuticas y proyectos hidroeléctricos.

Con regulaciones ambientales débiles y autoridades gubernamentales corruptas, con tratados comerciales –que como parte de las ventajas comparativas ofrecen la destrucción impune del ambiente–, los grandes consorcios multinacionales tienen licencia para devastar. Con frecuencia, disponen del uso de la fuerza pública para acallar la resistencia de las comunidades afectadas.

La inmensa mayoría de estas luchas se libran en el agro. Sus protagonistas principales son campesinos, indígenas y asentados en poblaciones rurales o semirrurales, asociados en ligas de resistencia de reciente creación. Sin embargo, salvo raras excepciones, no participan en ellas ni organizaciones campesinas tradicionales ni partidos políticos. Mucho menos quienes defienden los tucanes y piden la pena de muerte para seres humanos.

Esta resistencia forma parte de lo que Joan Martínez Alier ha llamado el ecologismo de los pobres. Como señala el economista catalán, las movilizaciones rompen con el falso mito de que la defensa y conservación del ambiente son una especie de lujo para las sociedades ricas. Por el contrario, son uno de los principales terrenos de confrontación social actual, como pudo verse en las denuncias de los habitantes de la comunidad La Gloria, en Perote, Veracruz, contra Granjas Carroll.

Según Martínez Alier, muchos de los conflictos sociales de hoy, y en la historia, tienen un contenido ecológico, al intentar los pobres mantener bajo su control los servicios y recursos ambientales que necesitan para su vida, frente a la amenaza de que pasen a ser propiedad del Estado o propiedad privada capitalista. A veces los actores de tales conflictos son todavía reticentes a llamarse ambientalistas o ecologistas que, por otro lado, son términos recientes en la historia social. Los pobres luchan contra los impactos ambientales que los amenazan, convirtiéndose en defensores de los ecosistemas al luchar por sus tierras, su patrimonio, su cultura, su paisaje y su lugar de habitación.

Estas movilizaciones –y la represión en su contra– están presentes en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Yucatán. Según la Red Todos los Derechos para Todos, se han producido violaciones a los derechos humanos en: el plan turístico de la sierra Tarahumara; la construcción de las presas El Tigre y la Cabeza; el Centro Industrial para el Manejo de los Residuos Industriales y Disposición Final en Coahuila; el proyecto de la hidroeléctrica en La Parota, Guerrero; el confinamiento de deshechos tóxicos en Zimapán, Hidalgo; la edificación de plantas de etanol en Oaxaca y Veracruz.

La defensa del ambiente por los pobres es, en México, una actividad peligrosa. Se trata de un riesgo que los partidos políticos de todo signo prefieren ignorar.

 

¿Sumar paramilitares privados al ejército en las calles?                                                                            

 

Escrito por Pedro Echeverría V.   

 

1. Las organizaciones sociales, los dirigentes campesinos, obreros, populares, así como los luchadores izquierdistas, tienen que preocuparse, con mucha seriedad, ante el incremento de organismos militares y civiles de represión en México. No solamente el ejército ha ocupado las calles en decenas de estados de la República “persiguiendo el narcotráfico”, sino que además se han estado aprobando leyes que legitiman el cateo de domicilios sin una orden, la intervención de teléfonos privados y la prohibición de manifestaciones callejeras de protesta. Sumando a lo anterior se han comenzado a recibir apoyos de los EEUU por el llamado Plan México y a cerrar las fronteras del norte y del sur del país para evitar que “terroristas” entren a ese país.

 

 

2. Hoy los medios informativos han publicado que el presidente ilegítimo Felipe Calderón se ha negado a suscribir la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios, porque el mandatario panista es el principal promotor de la contratación de servicios de seguridad privada, formada por ex militares extranjeros. “Calderón abre las puertas para que compañías militares privadas operen en el país. Viola la soberanía nacional, pone en riesgo la seguridad y al Ejército Mexicano, y con el pretexto del combate al crimen organizado permite la conformación de grupos paramilitares con la anuencia y protección de la administración pública federal”, expuso en la Cámara el diputado Suárez del Real de la oposición.

3. Según datos publicados en La Jornada, la fuerza privada, armada y entrenada, corresponde a 10 por ciento del Ejército Mexicano y  más de 50 por ciento de la Policía Federal Preventiva. En México, según los datos proporcionados por el propio gobierno federal, existen 2 mil 20 empresas privadas, 475 con autorización federal y otras mil 545 con autorización de los gobiernos locales. Su fuerza operativa total alcanza los 21 mil 525 elementos. Sin embargo, las más peligrosas, son las organizaciones políticas y paramilitares que funcionan “al margen de la ley” y responden a poderosos grupos de poder tal como sucede en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz donde han provocado asesinatos de gente civil; los han denunciado como asesinos al servicio del poder.

4. En el combativo estado de Oaxaca, según se ha denunciado, al amparo del ex secretario general de gobierno, Franco Vargas, el presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, armó un grupo paramilitar a su servicio, para mantener en su poder el predio donde se ubican las bodegas del periódico NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, para atacar a los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y agredir a periodistas. El equipo de sicarios cuenta con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, drogas y vehículos que les proporciona Franco Vargas, el dirigente estatal de la CROC, Aguilar Robles a través de su lacayo Juan Luis Martínez, y un narcotraficante de la zona identificado como "El Loco". Sigue la denuncia, además de la preocupación.

5. Además, según publicó Proceso en 2005, más de12 mil campesinos conforman un cuerpo armado de “fuerzas o guardias rurales” que se distribuyen en 21 estados de la República seleccionados por el ejército nacional por ser puntos de rebeldía o conflicto; el objetivo de esos cuerpos armados de campesinos (que al parecer existieron desde mediados del siglo XIX y fueron creados por el mismo Benito Juárez), es el de vigilar y comunicar sobre movimientos de insurrección y, al mismo tiempo, el de intimidar a los pueblos humildes de campesinos e indígenas para que no se atrevan a insurreccionarse. Esta es, sin duda, una situación de amenaza y provocación que ha instrumentado el gobierno buscando “garantizar las condiciones de gobernabilidad”..

6. Mientras tanto el ejército federal “enfrenta” a los llamados Zetas (el ejército de los narcotraficantes) que cuando pertenecieron al ejército federal se capacitaron en la Escuela de las Américas cuyo objeto aparente era entrenar a los mejores oficiales mexicanos para combatir la contrainsurgencia y narcotráfico. Pero pasado un tiempo un número creciente de ellos pasó de combatir el narcotráfico a formar parte de una red propia de narcotráfico que competía con otras organizaciones existentes. Se dieron de alta en el ejército federal en 1992 y cinco años después, bien entrenados por militares y paramilitares israelíes, desertaron y se llevaron a algunos integrantes del 70° batallón de Infantería, del 15° regimiento de caballería motorizada y de los fusileros paracaidistas.

7. Carlos Fazio, uno de los más destacados analistas en cuestiones militares, escribió en La Jornada en 2003 sobre Colombia acerca de los planes del Pentágono yanqui, el Plan Colombia y los fondos millonarios de la Defensa y del Congreso estadounidenses. Dijo –como si hablara del Plan México- que esos planes comprenden la formación -bajo asesoría estadounidense y de empresas de “contratistas”- de nuevos batallones contrainsurgentes de elite en zonas bajo control de la guerrilla o de importancia geo económica previstas para el desarrollo de megaproyectos de capital multinacional (explotación petrolera, hidroeléctricas, canal interoceánico, agro industrias); la reestructuración del estamento castrense en áreas de planeación, logística, entrenamiento, doctrina, estrategia, inteligencia, reclutamiento y técnicas de interrogatorio.

8. Es indudable que el gobierno de Calderón, al ordenar la salida del ejército de sus cuarteles y aprobar la organización privada de paramilitares, cuenta con asesoría de los EEUU. El gobierno de Obama, así como en su tiempo el de Bush o Clinton, no puede dejar de intervenir para ayudar a un gobierno vecino que le ha abierto las puertas del país y está dispuesto a aceptar su dirección. México, además de traspatio yanqui, es país clave para garantizar la seguridad económica y militar del vecino del Norte, por eso la asesoría militar es obligatoria. Estamos caminando la mismísima ruta que los EEUU trazaron en el Plan Colombia hace nueve años que consistió en pretextar el combate al narcotráfico para luego convertirlo en combate contra las FARC y los grupos radicalizados de izquierda

 

Afecta IP ecosistema de la Costa sin reparar daños
Sayra Cruz. Tiempo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), afirmó que las empresas inmobiliarias, así como proyectos de construcción siguen atentando en contra del ecosistema, sobre todo en las áreas de Huatulco y Puerto Escondido, situación que se abona además porque no existe una costumbre en cuanto a la justicia ambiental.
Por esta situación la instancia realiza un operativo constante en la costera oaxaqueña a fin de alejar de las playas y espacios naturales los complejos turísticos y habitacionales, cuando los empresarios incumplen con las medidas de resarcimiento.
En entrevista con la delegada de la instancia, Laura Ernestina Aguilar Chagoya, abundó que el operativo que inició en diciembre de 2008 detectó la presencia de 14 proyectos los cuales carecían de los requisitos para su desarrollo, por lo cual fueron clausurados.
Si se da una autorización, es previo a un estudio de parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instancia que además dicta las medidas de compensación a fin de permitir la construcción de un hotel o condominios.
Además un estudio de impacto ambiental, cuyo objetivo es verificar que el proyecto se hará con cuidado al medio ambiente, sin que se dé la extracción de esta o se atente contra los recursos naturales de la zona, dijo.



Publicado por solaripa69 @ 10:25
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